Por: Adam Dubove
Casi de forma paralela al ascenso del autoritarismo económico que caracteriza al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se ha dado un proceso de constante deterioro en relación con el respeto a los derechos individuales y el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Lamentablemente, este tema ha sido relegado a un segundo plano en la agenda política de los principales integrantes de la oposición. Desde las imposiciones derivadas de la voracidad fiscal que desnaturalizan algunas de las garantías procesales básicas consagradas en la Constitución hasta la sanción de legislación que habilita a que se lleven a cabo detenciones de forma arbitraria, la población se ve sometida a diario al avance del Estado sobre su privacidad, su integridad física y sus derechos más fundamentales sin que nadie eleve la voz para defenderlos.
La semana en la que se cumplen cuatro años de la desaparición de Luciano Arruga, cuyo paradero se desconoce luego de que haya sido detenido ilegalmente y torturado en una comisaría de Lomas del Mirador, es un momento oportuno para recordar éste y otros acontecimientos que confirman la caída en desgracia de las bases fundamentales de una sociedad libre.
En 2012 se dio a conocer un video de cómo eran torturados en una comisaria salteña dos detenidos. Esto no se trata de una excepción, sino que representa fielmente el estado actual de las fuerzas de seguridad en todo el país. Los abusos policiales se replican en aquellos lugares donde la población es más vulnerable y desconoce sus derechos. Es importante tener en cuenta que estas situaciones no son “problemas del modelo”; en realidad, son características de un modelo político corrupto y autoritario que se trasladan a todos los ámbitos, incluso el de las fuerzas policiales, donde la corrupción es endémica y los abusos sistemáticos son fruto de un aparato policial que es organizado alrededor de los regímenes feudales provinciales y puesto al servicio del poder político.
Otro de los hitos en materia del menoscabo de los derechos civiles fue la sanción de la llamada Ley Antiterrorista. La ley, motorizada a instancias de organismos internacionales que muchas veces consideran necesario dejar de lado algunos de los derechos fundamentales en pos de la consecución de sus objetivos, brinda una herramienta al gobierno para reprimir expresiones políticas, y potencialmente puede vulnerar el derecho de las personas a peticionar ante las autoridades.
La represión que sufrió la comunidad Qom en el norte del país es otro de los hechos que podrían mencionarse. En efecto, ningún gobierno ha establecido la posibilidad de generar mecanismos serios de restitución de las tierras que ellos, y otras comunidades aborígenes, reclaman como propias. Al fin y al cabo, la defensa del derecho de propiedad debe realizarse en todos los ámbitos y, allí donde se produjo una expropiación o confiscación, debe haber una restitución. Sea La Rural o los Qom, la posibilidad de demostrar, mediante pruebas concretas, la legitimidad de sus reclamos debe estar disponible para todos y no puede ser desvirtuada por actos de violencia, como sucede habitualmente.
El derecho de propiedad ha sido subestimado por la mayoría de las organizaciones no gubernamentales que tienen como objeto la protección de derechos civiles. Es que, en la Argentina, pocos han podido evaluar la importancia que tiene el respeto a la propiedad privada en la protección de los derechos humanos. Es más, es una tarea imposible aislar al derecho de propiedad del resto de los derechos y tratarlos como si fuesen compartimentos estancos. La independencia del gobierno en todos los aspectos es una condición elemental para el ejercicio de la libertad y la elección de los proyectos de vida personales. Esto ya había sido advertido por el economista F.A. Hayek hace casi 70 años en su libro Camino de servidumbre.
Para el gobierno, las garantías procesales que enumera la Constitución son tratadas como una sugerencia, especialmente en asuntos tributarios. El famoso principio de “presunción de inocencia”, es decir que todos los ciudadanos deben ser considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario, se ha invertido. Esto, una vez más, no se trata de un aspecto que pueda ser corregido bajo la concepción estatista del actual gobierno y de la de muchos opositores, que conciben al Estado como el núcleo y a los individuos como engranajes necesarios para alimentar las arcas del Estado.
La voracidad fiscal, impulsada por el aumento constante e insostenible del gasto público, se tradujo en menor privacidad para el individuo. Hoy, desde bancos hasta colegios privados, desde medicinas prepagas hasta negocios de indumentaria, deben informarle al gobierno quiénes han realizado transacciones con ellos, qué tipo de transacciones y por qué monto. El propio director de la AFIP ha afirmado que su único límite en la tarea de recaudar es la tecnología disponible, es decir que, si tuviese la posibilidad de leer los pensamientos de las personas para cobrar más impuestos, no dudaría en hacerlo. La AFIP se ha convertido en los últimos años en una verdadera policía política, utilizando inspecciones fiscales como mecanismo de amedrentamiento.
La pérdida de la privacidad se ha expandido hasta ámbitos inimaginables. Desde la implementación de la tarjeta SUBE, los viajes de todos los argentinos quedarán registrados en los sistemas del Ministerio del Interior, ya que para obtener el boleto electrónico estatal es necesario asociarla a un DNI. Aquellos que quieran mantener su privacidad deberán abonar un boleto que duplica la tarifa con la tarjeta SUBE. Fue únicamente el Partido Liberal Libertario quien advirtió los peligros que implica el nuevo sistema. Mientras tanto, los que optan por caminar en la Ciudad de Buenos Aires quedarán registrados por las cámaras que desplegó el gobierno porteño en los últimos años. Aunque estos últimos se sentirán menos invadidos en comparación con los “robots voladores” que filmarán las calles y las casas de Tigre.
Uno de los argumentos más utilizados para defender el incipiente Estado policial, incluso por la presidenta, es que si uno tiene todo en regla no tiene por qué preocuparse. Esta postura tiene varios problemas. Por un lado, por más que uno tenga su situación fiscal en orden, existen áreas de la vida privada que uno las quiere mantener así: privadas. Esto lleva a preguntarnos, ¿cuál es la justificación por la cual los ciudadanos deben rendir cuentas de cada acto que realizan? Por otro lado, pocos tienen en cuenta que la legislación que habilita la intromisión en la vida de la gente subsiste a los distintos gobiernos. Entonces, todas estas herramientas invasivas, hoy al servicio del actual gobierno, podrían ser una estructura perfecta para otros gobiernos que decidan aumentar la apuesta y utilizarla para perseguir a determinadas personas.
Los abusos de poder son moneda corriente entre los gobiernos de todos los colores políticos, por ello lo más importante es neutralizar el poder de abusar. Esto es responsabilidad del pueblo, que es quien debe vigilar y controlar las acciones de los gobernantes, porque, como dijo Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.