Por: Adam Dubove
Un antiguo proverbio español reza que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. Es que muchas veces la gente, con nobles motivaciones y en su afán de hacer el bien, termina generando sin quererlo una situación peor a la que existía previamente. La sanción de la Ley de Fertilización Asistida (LFA), aprobada la semana pasada con el voto de doscientos cuatro diputados a favor, nueve abstenciones y uno en contra, es un excelente ejemplo para demostrar cuánta verdad se encuentra contenida en aquel proverbio.
Con la nueva ley, se incorporará al Plan Médico Obligatorio (PMO) la cobertura total de un tratamiento de fertilización asistida para aquellos que lo requieran. Es decir, a partir de la entrada en vigencia de la ley, las empresas de medicina prepaga y las obras a sociales deberán incluir entre las prestaciones básicas de todos sus planes la posibilidad de que sus afiliados reciban este tratamiento de forma “gratuita”.
Las reacciones de alegría por la sanción de la ley fueron casi unánimes. La Presidenta Cristina Kirchner manifestó su satisfacción a través de Twitter; por su parte, Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que él “se hubiese abstenido” porque “en este momento, la prioridad es que el sistema de salud funcione en prestaciones en las que se va la vida de la gente”. Para el jefe de Gobierno porteño el problema de esta iniciativa es meramente temporal, su oposición no es por una disidencia de fondo con los que apoyaron la ley. Es más, la máxima autoridad del Ejecutivo porteño admitió que los diputados del PRO gozaron de “libertad de conciencia” para ejercer su voto, es decir que el partido gobernante de la Ciudad de Buenos Aires no tenía una postura definida acerca de este tema.
Tanto Cristina Kirchner, como los diputados que votaron favorablemente la iniciativa, como las organizaciones interesadas en que se sancionara esta ley, se mostraron eufóricos porque a partir de ahora los tratamientos de fertilización asistida serían gratuitos.
Ignorando el viejo adagio de que “no existe tal cosa como un almuerzo gratis”, los promotores de ley no tuvieron en cuenta las consecuencias de su aprobación. Ahora, los afiliados no deben desembolsar ni un peso para acceder a uno de estos tratamientos; sin embargo, esto no quiere decir que sean gratuitos. Sobre alguien recaerán los costos, por lo que la pregunta correcta en estos casos es ¿sobre quién impactará esta nueva ley?
Sin dudas, los primeros perjudicados serán aquellos de menos ingresos pero que aún pueden permitirse abonar por un servicio de medicina prepaga, ya que, con la incorporación de esta prestación al PMO, la cuota que abonan indefectiblemente aumentará. De esta manera, miles de argentinos deberán resignar la posibilidad de acceder a un plan de medicina prepaga y deberán optar por alguna de las alternativas estatales. Al mismo tiempo, la posibilidad de acceder a un plan de alguna prepaga para los millones de argentinos que no pueden hacerlo es cada vez más lejana.
Los defensores de la LFA argumentan que se trata de un derecho, que muchas mujeres se ven por diferentes causas imposibilitadas de concebir, y que la nueva legislación está “reparando una injusticia”. No obstante, nadie se ha detenido en analizar si no representa una injusticia que el costo de estos tratamientos deba recaer no sobre los beneficiarios de esta prestación, sino sobre todos los demás.
El debate acerca de este asunto puede ser eterno. Un primer paso para zanjar este tipo de discusiones es llamar a las cosas como son. La empresas de medicina prepaga, de carácter privado en los papeles, son en realidad empresas cuasi-estatales, cuyos aspectos más esenciales se encuentran dictados por el gobierno. Es de esta forma en la que funcionan las economías de los gobiernos de inspiración fascista: en los papeles está permitida la iniciativa privada, pero en los hechos el margen de acción en libertad es mínimo o nulo. Es hora de llamar a las cosas como son.
Las empresas de medicina prepaga están obligadas a cumplir el llamado Plan Médico Obligatorio, esto es un conjunto de prestaciones que deben estar incluidas en todos los planes que ofrecen a sus afiliados. El PMO es definido por el gobierno, y periódicamente se van agregando nuevos tratamientos. Para los defensores del actual sistema, el PMO brinda un piso mínimo para todos los afiliados y así quedan protegidos por una cobertura integral. Pero claro está, solamente los que pueden pagar la cuota mensual accederán a este tipo de seguro; para el resto, las regulaciones estatales son el principal obstáculo para acceder a una prepaga.
El PMO es el principal obstáculo para que más familias puedan acceder a una prepaga. Excluye a aquellas familias que estarían dispuestas a pagar una cuota más baja por un plan que no cubra todas las prestaciones que el gobierno dice que las prepagas deben cubrir, un plan que se ajuste a las necesidades y posibilidades de cada familia. El PMO restringe la posibilidad de elegir, y que los beneficios de contar con una prepaga sean “para todos y todas”.