Por: Adam Dubove
La discusión política de todos los días, y más en tiempos de campaña, se encuentra plagada de chicanas, argumentos superficiales y demagogos, y de políticas que intentan solucionar de una forma sencilla y rápida los problemas que se plantean, aunque luego terminen inexorablemente en rotundos fracasos. Los ejemplos abundan, desde los controles de precios, la política proteccionista y la monetaria, hasta las políticas antidrogas y los planes de seguridad.
La baja calidad del debate político no sólo nos ofrece propuestas estériles, sino que pocas de ellas son novedades. Muchas ya fueron intentadas a en el transcurso de la historia argentina y mundial, pero siempre deambula el espíritu de que “está vez va a salir bien”.
Nos encontramos con un claro ejemplo de esta situación con los intentos de lograr que “los alquileres sean accesibles para todos”. En este caso, los argumentos a favor de la regulación del mercado inmobiliario o la imposición de precios máximos a los alquileres acaparan el debate. A pesar de las buenas intenciones que pueden tener quienes hacen este tipo de propuestas, las consecuencias de estas medidas terminan generando un efecto contrario al que se buscaba. De esta manera, la imposición de un precio máximo en el mercado de alquileres logra una menor oferta de inmuebles, ya que los locatarios no están dispuestos a poner en alquiler a un precio por debajo del que esperaban recibir. Esto se traduce en menos una menor disponibilidad para los que buscan alquilar, perjudicando así a quien se busca ayudar, mientras en el camino se ignoran los derechos de propiedad.
Este tipo de normas son excelentes ejemplos de la manipulación a través de argumentos emocionales. Al mismo tiempo dejan en evidencia el desconocimiento total de las leyes básicas de la economía por parte de quienes redactan decretos y leyes. Ejemplos de malas políticas no sólo abundan, sino que se reiteran en el tiempo. Los controles de precios, la estatización o salvataje de empresas son políticas que se repiten cíclicamente más allá de los fracasos experimentados con anterioridad. La uniformidad del debate, y su superficialidad, son las principales causas, y la clase política su principal responsable.
Sin embargo, la mala calidad legislativa no es el único problema que genera un debate mediocre. El posicionamiento del Estado en el papel de una entidad omnipotente que puede intervenir como una “fuerza del bien” en cada aspecto de nuestra vida diaria nubla la visión acerca de los derechos que están en juego. En muchos casos, parece que la violación de derechos individuales no sea una cuestión a ser considerada.
Un ejemplo de estas políticas fue la propuesta que realizó el actual legislador y candidato por Izquierda Democrática Rafael Gentilli en un debate entre candidatos a legislador porteño que tuvo lugar en la Universidad Católica Argentina. El legislador Gentilli propuso la implementación de una historia clínica única para mejorar el sistema de salud. La historia clínica de cada paciente estará centralizada en una base de datos manejada por el gobierno, poniendo en manos del Estado información sensible y de índole privada. Esta iniciativa que a priori puede parecer novedosa, y que puede estar motivada por las buenas intenciones del legislador, se convierte en un arma de doble filo si se considera la posibilidad de que sea esa información pueda ser ventilada públicamente por hackers o utilizada para otros fines por este o cualquier gobierno. Si algo es seguro es que no nos gobiernan ángeles.
Otro ejemplo en el mismo sentido, pero a nivel nacional y que ya es una realidad, es la resolución 5/2013 de la Secretaría de Comunicaciones en la que establece requisitos de calidad en los servicios de telecomunicaciones. Allí dispone en el artículo 2º que los prestadores de telecomunicaciones, es decir las compañías de telefonía fija y celular, deberán “garantizar el libre acceso de la Comisión Nacional de Comunicaciones a las instalaciones y sistemas vinculados a la prestación del servicio, y brindar toda la información que les sea requerida en las formas y en los plazos que ésta fije al efecto”. Es decir, sin ningún tipo de orden judicial, un organismo estatal puede solicitar datos relativos a comunicaciones personales como la titularidad de líneas de teléfono celular, los llamados entrantes y salientes, la duración de las llamadas, y hasta su contenido. Desde una resolución de la Secretaría de Comunicaciones se le confiere a la CNC la posibilidad de vigilar líneas telefónicas sin ningún tipo de autorización judicial.
La legislación que genera efectos contrarios a los deseados, y las medidas que no contemplan la posibilidad de que se estén violando derechos son dos consecuencias directas de la escasez de argumentos sólidos en el debate político. Una voz que defienda sin concesiones los derechos individuales ante los avances del Estado, y repudie la legislación que pretende ignorar la realidad, está hoy ausente en el debate de la política argentina.