Por: Adam Dubove
Las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar son un tema recurrente en la estrategia de comunicación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Su relación con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como los juicios a militares involucrados en las actividades de ese período son dos de los estandartes del actual gobierno. Sin embargo, más allá del discurso oficial, las políticas del gobierno en materia de protección de los derechos individuales van en un sentido contrario.
En noviembre de 2011 Cristina Fernánez de Kirchner anunció como una “ampliación de derechos y seguridad de todos los argentinos” la implementación del Sistema Federal de Información Biométrica para la Seguridad (SIBIOS). Este sistema consiste en una base de datos centralizada en la que se registran datos personales de las personas como su nombre y apellido, estado civil, grupo sanguíneo, fotografía, huella dactilar, entre otras informaciones que el Estado obtiene desde nuestro nacimiento y a lo largo de nuestra vida.
La información volcada en el SIBIOS es accesible para las distintas fuerzas de seguridad como la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como también la Dirección Nacional de Migraciones, y policías provinciales, a través de acuerdos celebrados con el Estado Nacional.
¿Por qué es peligroso el SIBIOS y por qué lesiona los derechos individuales? En primer lugar se trata de una invasión a la privacidad. Los sistemas de vigilancia masivos recopilan información privada de los ciudadanos que es volcada en grandes bases de datos centralizadas, sobre las que no existen precisiones acerca de la facilidad para acceder, ni de su seguridad. En este sentido, los ciudadanos son tratados como presos de los que se tiene toda su información disponible.
Los peligros potenciales que representan este tipo de sistemas son aún más graves. Se trata de la posibilidad de que los gobiernos utilicen esta información para perseguir disidentes políticos, identificar participantes en manifestaciones en la calle, o incriminar a personas en delitos que no cometieron aprovechando la información que poseen. No es casualidad que el software utilizado para el almacenamiento de datos biométricos haya sido desarrollado junto a especialistas cubanos. Cuba es el ejemplo más claro de un Estado autoritario, donde no existe la privacidad y los movimientos de los ciudadanos se encuentran bajo una estricta vigilancia estatal.
El SIBIOS es una consecuencia lógica de lo que comenzó en febrero de 1968, con la “Ley de identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional”, firmada por el presidente de facto Juan Carlos Onganía, y a través de la cual se creó el Registro Nacional de las Personas y el Documento Nacional de Identidad. Ya desde el nombre mismo de la ley, queda en evidencia la concepción que tenía aquél gobierno militar: no eran ciudadanos, sujetos de derechos, sino “potencial humano de la Nación” que debía ser administrado eficazmente por el Estado. Hoy, cuarenta y cinco años más tarde, la exhibición del DNI es un requisito casi indispensable en cualquier trámite que uno quiera realizar, tanto en entidades públicas como privadas, e incluso para realizar compras mediante cualquier medio de pago. La privacidad, desde hace mucho años, es un concepto extraño a la vida diaria de los argentinos.
Para advertir los peligros que implican los mecanismos centralizados de identificación biométrica no es necesario hipotetizar acerca del poder destructivo que tendrían bajo gobiernos de corte totalitario. El Proyecto X, un programa desarrollado por la Gendarmería Nacional para recopilar información acerca de dirigentes de organizaciones sociales, es una realidad.
Las revelaciones de Edward Snowden, ex empleado de la National Security Agency de Estados Unidos, dieron el puntapié inicial a un debate global acerca de la recolección de información privada por parte de los gobiernos, su utilización y los peligros que esto implica. Lamentablemente, en la Argentina este caso no repercutió en una examinación de los programas vigentes que infringen la privacidad de las personas y lesionan su libertad. Será que, quizás, después de tantos años nos hayamos olvidado de qué se trata vivir como personas libres.