Por: Adrián Ravier
Juan Domingo Perón ofreció un discurso el 30 de noviembre de 1973, por Cadena Nacional, respecto del sistema previsional. Decía entonces lo que se puede ver en este video:
“Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal-cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde este sistema lo he conocido, que hay en varias partes. Bien señores, ¿qué paso después? En 1956, el Estado acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas, es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las Cajas de Jubilaciones y Pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces naturalmente que después de ese asalto los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario, ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en 1955, el dólar estaba en el mercado libre a 14,50 y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un dólar de 1400 pesos. Entonces era lógico, señores. Cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera esto no tenía arreglo. Lo que pasa es que se habían desfalcado las cajas. ¡Las habían asaltado! Y las cajas como todas las organizaciones económicas y financieras tienen sus límites. El límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera.”
Lo que decía Perón es una muestra de lo que hoy es sabido por todos. El sistema de previsión social “de reparto” que experimentó la Argentina hasta 1994 es el principal responsable de la precariedad con la que han vivido los jubilados y pensionados. La característica central de este sistema es que la contribución de los trabajadores se destina a financiar las prestaciones de los jubilados. Este sistema, que ha quebrado sucesivamente a lo largo de nuestra historia y que podríamos denominarlo como “coactivo”, no ha sido en el pasado, y no es en el presente, ni previsor ni social. Los actuales jubilados reciben sumas de dinero que no guardan relación con las contribuciones que han ido realizando durante su vida activa.
El cambio introducido al sistema en 1994, si bien lo reformó en cierto modo, conservó la naturaleza “coactiva” del sistema, ya que se le negó al trabajador la posibilidad de decidir sobre su patrimonio. Es cierto que se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que han tenido como objetivo la administración de las contribuciones de los trabajadores. Sin embargo, estas agencias no compitieron en el mercado libre con otras posibles inversiones previsionales dentro y fuera del país, sino que recibieron compulsivamente una porción fija de los salarios de todos los trabajadores, cobraron comisiones astronómicas en relación con los sistemas vigentes en otros países del mundo y lo más importante: no se les permitió gestionar el cien por cien de los fondos según sus propios criterios, sino de acuerdo a las directrices aprobadas por el Gobierno. En definitiva, fueron más bien gerentes del Estado, que empresas privadas.
Cristina Kirchner envió en su momento un proyecto al Congreso para intentar modificar este sistema. Pero en lugar de girar hacia la dirección correcta, es decir, hacia un sistema privado voluntario, decidió empeorar la situación eliminando las AFJP y volviendo a un sistema de reparto.
En lugar de eliminar la “coacción” que obliga a los trabajadores a elegir o bien por las AFJP locales (aprobadas por el Gobierno) o bien por el sistema de reparto, la propuesta pasó por suprimir las AFJP y, con ellas, el ínfimo espacio con el que contaba el mercado. El proyecto tuvo como objetivo apropiarse de los fondos acumulados en el sistema, esto es, casi treinta mil millones de dólares e impagar la deuda de los últimos catorce años. Al mismo tiempo, los más de nueve millones de trabajadores debieron contribuir de forma obligatoria al sistema de pensiones de reparto público, lo que equivale a una cifra superior a los trescientos millones de dólares mensuales. Recordemos que un año antes de presentar este proyecto de ley, se ofreció la posibilidad a los trabajadores de pasar de las AFJP al sistema público, y sólo entre un 20% y un 30% aceptó el cambio (es decir, entre el 70 y el 80% de los trabajadores permaneció en el sistema de las AFJP). Los argentinos no deseaban regresar a los sistemas de reparto justamente porque conocen sus consecuencias tan bien explicadas por el propio Perón. Ya en 2009, los legisladores de la oposición denunciaron lo que era lógico, que la ANSES estaba manejando los fondos con arbitrariedad, sin informes públicos y sin los controles que se prometieron a la hora de conseguir rápidamente los votos en el Congreso.
¿Cuánto del dinero transferido de las AFJP hoy mantiene ANSES? ¿Que proporción de esos activos son bonos del gobierno (de difícil cobro en el futuro)? Son preguntas simples, que hasta el momento nadie responde. Lo cierto es que ante la crisis fiscal en la que ya está el gobierno, y que lamentablemente se profundizará en los próximos años, los que sufrirán serán precisamente nuestros viejos. Hay quienes dicen que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del mercado. Yo pienso que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del Estado. En una sociedad libre, el Estado no debería imponer ningún sistema de jubilación. En su lugar, tendría que permitir que hubiera tantos como los que establezcan los interesados según sean sus preferencias y sus situaciones económicas.