Esta semana volví a presentar en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley para que nuestros jubilados cobren el 82% móvil. Lo hice reiterando el mismo proyecto presentado por la ex Diputada, también de la Coalición Cívica-ARI, Fernanda Reyes. Básicamente el proyecto obliga al Estado a ajustar semestralmente los haberes, como lo marca la ley de movilidad jubilatoria, para que estos alcancen el 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Reiteramos este pedido porque hace cinco años la Presidenta de la Nación vetó la ley, sancionada por el parlamento, que garantizaba ese derecho constitucional a todo el sector pasivo. Los argumentos que usó el gobierno nacional en ese momento intentaron demostrar de modo irresponsablemente exagerado y alarmante, que se trataba de “la ley que llevaría a la quiebra al sistema previsional de reparto”.
Hoy siguen con el mismo libreto pero las mentiras están quedando expuestas. Hace unos días la propia presidenta se mostraba alegre inaugurando la central nuclear de Atucha por cadena nacional obviando en su discurso que gran parte de los fondos para financiar semejante obra provenían de la ANSES, la caja “todo servicio”, según la consideración del oficialismo que echó mano a ella varias veces para financiar viviendas u obra pública a municipios afines al gobierno y también para sostener bonos que le permiten, cada tanto, tapar el déficit fiscal real. Solo hasta el año pasado el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES debió oficiar como sostenedor de bonos Discount por un total de más de dos mil millones de dólares para cubrir problemas fiscales.
En ese sentido observamos también que durante el 2014 se fijaron $28.000 millones para préstamos al tesoro nacional que cambia “promesas de pago” por plata fresca de los jubilados. Pero en realidad nunca terminamos de saber bien qué van a hacer con los fondos de la ANSES, es imposible anticiparse porque no brindan información precisa. Un trabajo presentado por la AGN en el 2013 titulado El Control Público en la Argentina, realidades y perspectivas señalaba que la ANSES no brinda la información necesaria para que los organismos de control puedan realizar su trabajo y que, fuera del financiamiento específico de gastos que corresponde a los fondos previsionales de acuerdo a la normativa vigente, la ANSES financió, solo en el 2013, casi 50.000 millones de pesos a otras áreas del gobierno, como la creciente y aparatosa publicidad oficial, quizás la peor utilización que se le pueda dar al dinero de los jubilados.
Cuesta entender por qué, para el gobierno, mejorar la vida de nuestros adultos mayores asignándoles una mejor remuneración con fondos específicos como son los de la ANSES, pone en peligro de quiebra a esta institución y usar los mismos para obras, publicidad e inversiones financieras, que nada tienen que ver con el sector previsional, no. Sobre todo si tenemos en cuenta que hoy la inflación real hace que sea necesario que el estado atienda la grave realidad de los haberes jubilatorios porque una remuneración media se encuentra apenas rondando 40% del haber mínimo del sector activo y la jubilación mínima no alcanza ni quiera a cubrir el 50% de la canasta familiar.
Por todo esto creemos que para impedir que en el futuro nos lamentemos de ver vaciadas las arcas previsionales en políticas y proyectos ajenos al sector, lo mejor sería que el congreso nacional sancione nuevamente la ley del 82% móvil, que ese dinero sea ahora y para siempre para los jubilados y de esa manera asegurarnos que ni éste, ni futuros gobiernos, puedan verse tentados a tomar estos fondos que, en definitiva, se recaudan y existen para garantizarles a nuestros adultos mayores la mejor calidad de vida. Como no tenemos dudas de que la caja previsional corre un mayor peligro de quebrar en la medida que se utilicen sus fondos discrecionalmente y de modo arbitrario para cualquier destino, es que estamos convencidos que los jubilados deben cobrar hoy y siempre el 82% móvil.