La reciente polémica sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo merece un análisis cuidadoso. El cambio de base de medición del Producto Bruto Interno (PBI) que realizó el gobierno nacional, pasando a utilizar la base de 2004 en reemplazo de la de 1993, implicó que en esta nueva medición no se haya alcanzando una inversión del 6% del PBI en educación. Un análisis justo y balanceado debe incorporar varias dimensiones.
En primer lugar, estos cambios metodológicos son parte de un proceso de degradación de las estadísticas del INDEC que tiene graves consecuencias institucionales en el planeamiento estatal y el monitoreo ciudadano. La base de 2004 tiene ya 10 años, un tiempo larguísimo para actualizarla recién ahora. El cambio evidencia manipulaciones groseras en las estadísticas públicas y deja abiertos fuertes interrogantes sobre la consistencia de la nueva medición.
En segundo lugar, es incorrecto señalar que la Ley de Financiamiento Educativo se incumplió en su meta de alcanzar el 6% del PBI. La ley fue sancionada en 2005 utilizando el PBI con base 1993 que siguió vigente durante toda su implementación hasta 2010, año en que debía llegarse al 6%, y que se alcanzó con esa base del PBI. Los poderes ejecutivos y legislativos del gobierno nacional y de las 24 jurisdicciones (responsables últimos del cumplimiento de la ley) utilizaron esa base del PBI en sus leyes presupuestarias. Sería imposible decir que se incumplió algo que no se conocía.
Una metáfora quizás ayude. Hace unos diez años la comunidad científica determinó que Plutón no era un planeta. Si un alumno antes de ese cambio contestó en una prueba que los planetas eran 9, nadie se atrevería a desaprobarle la prueba retroactivamente.
En tercer lugar, es clave analizar el espíritu de la Ley de Financiamiento Educativo para ver si se cumplió con su pauta de crecimiento de la inversión. Al cambiar la base del PBI, cambió también el punto de partida: en 2005 ya no se invirtió un 4,6% (base del PBI 1993, vigente al sancionar la Ley), sino un 3,8% (base PBI 2004, recientemente definida). Por lo tanto, llegar al 6% hubiese sido mucho más difícil si se conocía esa base distinta. Quizás incluso no se hubiese definido esa meta tan ambiciosa.
En la práctica, con la nueva base del PBI la inversión educativa frente al PBI creció un 31% (del 3,8 en 2005 al 5% en 2010), exactamente el mismo porcentaje que había pautado la Ley de Financiamiento Educativo (del 4,6 en 2005 al 6% en 2010). Es decir que la proporción del aumento fue similar a la establecida por la ley.
En cuarto lugar, es importante afirmar que el financiamiento educativo efectivamente creció mucho durante el período en cuestión. La Argentina pasó de invertir un 3,4% de su PBI en educación, ciencia y tecnología en 2004 a un 5% en 2010. Si se actualiza el cálculo destinado a educación (sin contar ciencia y tecnología, que representan aproximadamente un 0,5% del PBI) en 2012 siguió aumentando hasta llegar al 5,3% solo para educación.
La Argentina fue el séptimo país (entre 108 que mide la UNESCO) que más aumentó su inversión frente al PBI entre 2004 y 2011, el segundo de América Latina luego de Uruguay. Es un gran logro y no debe ser menospreciado. Lo consiguieron las 24 jurisdicciones, que aumentaron su esfuerzo presupuestario por la educación, el gobierno nacional, los sindicatos docentes y la sociedad entera. Como consecuencia, la inversión por alumno es la más alta de la historia, al menos desde que existen estadísticas. Esto no dice nada acerca de la calidad y equidad de esa inversión, que merecería un análisis aparte. Y tampoco elude las inmensas necesidades pendientes en el sistema educativo: basta ver la situación crítica de los comedores escolares en varias provincias para comprobarlo.
En quinto lugar, la nueva base del PBI obliga a discutir cómo llegar al 6% del PBI para educación, que es una meta vigente por la Ley de Educación Nacional. Si la comunidad científica dice que Plutón no es un planeta, ese mismo alumno hoy debe contestar que los planetas son 8, no 9. También debe ser lo mismo el conjunto de gobiernos responsables de la educación. Moraleja: hay que llegar al 6% cuanto antes. Pero también cabe preguntarse si la base del PBI nuevo es confiable, no se puede caer en el mismo error de calcular grandes inversiones sin datos sólidos.
Esta es una gran oportunidad para realizar un mayor esfuerzo presupuestario por la educación y discutir el futuro de nuestras escuelas. Necesitamos proyectar un gran crecimiento de los salarios docentes, para hacer más atractiva la profesión y establecer mecanismos de selección de los candidatos a la docencia. Necesitamos incrementar los fondos nacionales para escuelas de jornada completa que ataquen la doble injusticia fiscal y social de la Argentina. Y necesitamos un plan de largo plazo que cumpla la ley y que establezca prioridades sociales para los fondos que aporte el ahorro de subsidios que significará Vaca Muerta.
Un diagnóstico justo asume las responsabilidades, los logros y las deudas que corresponden. Es la única forma de hacer de la educación una cuestión de acuerdos y esfuerzos simultáneos.