Los datos de las últimas encuestas en la provincia de Buenos Aires señalan que los bastiones del FpV en ese distrito son los sectores más pobres del conurbano y del segundo y tercer cordón metropolitano, como así también los sectores empobrecidos de las áreas rurales. Los sectores medios huyen del kirchnerismo en dirección a otras fuerzas. El fenómeno se repite también en la Capital.

El dato es interesante porque permite la posibilidad de intentar una mirada sobre la idea de la igualdad o sobre cómo ésta parece estar interpretándose fundamentalmente en la sociedad (sabemos que las “interpretaciones” de los políticos -en especial de los que, justamente, hacen de la igualdad el eje de sus discursos- distan mucho de ser sinceras y son, más bien, palabras estudiadas para ser dirigidas a aquellos que están esperando escucharlas).

Frente al aparente endoso de “los pobres” al FpV, cabe preguntarse ¿es ese voto, un voto “esperanza”, es decir un voto que se emite porque se cree que el FpV será la vía, justamente, para salir de la pobreza; o es un voto “de clase” que parece destinado, más bien, a atornillar a la gente en la condición que ya tiene?

El tema es también importante desde el lado de la política: ¿se ofrece el FpV como opción para sacar a esa gente de la pobreza o, al contrario, su interés es mantenerlos allí (y si es posible ampliar esa base) porque esa es justamente su materia prima electoral?

Parte de la oratoria oficial para conquistar esa porción de la sociedad es muy interesante desde el punto de vista sociológico. El argumento básico consiste en convencerlos de que ellos son desiguales a otros argentinos; que esa desigualdad es fruto de que esos otros argentinos los han perjudicado y que el FpV es la vía de su defensa, porque el FpV “son ellos”. Los destinatarios de esta línea de discurso parecen creerla.

Sin embargo, un análisis más detenido sobre la misma cuestión puede arrojar una interpretación diferente.

Efectivamente en la sociedad hay diferencias. Llamamos “diferencias” a las que se manifiestan en los ingresos materiales de las personas. Concretamente, unas ganan y tienen más que otras.

Según el discurso oficial, esa diferencia fue obtenida a expensas de los pobres porque gobiernos cómplices de los poderosos le permitieron a éstos apropiarse de una porción más que proporcional de la renta, en un típico caso de injusticia social. La teórica misión del gobierno “nacional y popular” sería retomar esa renta de los sectores “poderosos” y devolverla a los pobres que fueron “estafados” por aquellos.

Sin embargo, si bien uno se fija, las condiciones para que los así llamados “poderosos” se hicieran de sus diferencias estaban disponibles para todos los que quisieran usufructuarlas. Que unos las hubiesen aprovechado y otros no no puede ser reputado, a priori, con un acto “injusto socialmente”, sino simplemente como un costo de oportunidad del cual unos sacaron ventajas y otros dejaron pasar. Ese es, al menos en teoría, el esquema que rige en las sociedades consideradas “libres”.

Esos que hicieron “la diferencia”, a su vez, están sometidos a la misma ley y a las mismas autoridades que “los pobres”: deben acatar el poder de policía del Estado, y las leyes, los actos administrativos y los jueces pueden inclinar su suerte (incluso su suerte económica) del mismo modo que todo eso puede hacerlo con “los pobres”. “Los pobres” y “los ricos” son, en ese sentido, mucho más “iguales” de lo que parecen. Lo que los ha diferenciado son las decisiones que unos y otros han tomado en la vida; pero frente al Estado son más iguales entre sí de lo que los funcionarios del Estado lo son de los “pobres” (y, naturalmente, de los “ricos”).

Esos funcionarios (en tanto grupo y en tanto individuos) sí parecen disfrutar de un nivel de desigualdad y desequilibrio respecto de los ciudadanos comunes -sean estos “pobres” o “ricos”- realmente notorio. Por empezar, ellos, desde su lugar de poder, se instalan por encima y por los costados de la ley, haciéndola muchas veces inaplicable a ellos mismos, lo que los coloca en una zona de impunidad que es, por definición, bien distinta de aquella en la que están los ciudadanos, sean éstos “ricos” o “pobres”.

En segundo lugar (y esto tiene lugar paradójicamente en países como la Argentina, cuyo gobierno es discursivamente “pobrista”), desde su lugar de poder, son los funcionarios del Estado los que, muchas veces, transforman en “ricos” a ciudadanos comunes por entrar en connivencias espurias con ellos. Esas connivencias son las que explican la riqueza de ciertos “privados” que no se habría verificado si hubiera sido solo por las decisiones que el “privado” tomó. Con lo que, irónicamente, es muchas veces el gobierno “nacional y popular” el que fabrica “desiguales”, en lugar de que esa situación sea el resultado del éxito, la creatividad o el ingenio particular de un individuo.

Vistas las cosas así cabe volver a preguntarse si los pobres pueden tener esperanzas de que un gobierno como el de la señora de Kirchner los saque de su condición o al contrario lo que pueden esperar es que los hunda más en ella. Incluso uno podría preguntarse si al gobierno, siguiendo este criterio, no le convendría ampliar su base de pobres llevando a más gente a esa condición, antes de sacar de allí a los que ya están.

En ese sentido es notable lo que ha sucedido, por ejemplo, con los jubilados. Desde que el kirchnerismo llegó al gobierno la pirámide jubilatoria prácticamente se ha invertido: hoy 7 de cada 10 jubilados ganan “la mínima”. A esta situación se llegó, paradójicamente, de la mano de un discurso populista, de haber “favorecido” a los pasivos y de “aumentos como nunca antes se habían registrado”. Sin embargo, los jubilados son “igualitariamente” más pobres que antes. Lógico. El gobierno parece regirse por la máxima “si son los pobres los que me apoyan, pues que haya más pobres”, lección uno de cualquier manual de marketing.

La estafa intelectual que supone incentivar el odio de clases es un camino bien pensado para lograr varias cosas al mismo tiempo. Entre los principales objetivos que se consiguen siguiendo esa estrategia habría que consignar:

1.- Se trasmite la idea de que los funcionarios del Estado de un “gobierno nacional y popular” son “gente del pueblo”, mientras que si esos funcionarios no pertenecieran a un gobierno de ese tipo en lugar de favorecer al “pueblo” (palabra malintencionadamente usada para referirse a los “pobres”) favorecerían a los “ricos” y “poderosos” (Este argumento cae cuando los números y la realidad de las villas miseria muestran que los “pobres” han crecido en Argentina y la riqueza está más concentrada que hace 10 años. Es tanta la devoción del gobierno por los pobres que los multiplica por millones).

2.- Se expande la convicción de que hay “desigualdades” entre los ciudadanos que no derivan de las decisiones que unos y otros toman en la vida, sino de gobiernos cómplices con los poderosos (El punto cae cuando se contrasta la multimillonaria suma de subsidios -200 mil millones de dólares- que el gobierno derivó a manos privadas amigas durante los últimos 10 años; efectivamente el gobierno fabrica “desiguales”: se trata de sus socios).

3.- Se crea un escenario de “ausencia de responsabilidad por las decisiones propias”. La desgracia de la pobreza es el resultado de la acción de otro; no de la acción propia. De este razonamiento se sigue la idea de que el gobierno nacional y popular castigará a los que provocaron la pobreza de los pobres.

4.- Cuando una porción mayoritaria del electorado muerde estos anzuelos se logra que una nomenklatura verdaderamente desigual se instale en las poltronas del Estado, con el poder de hacer la ley, de ejecutarla y de juzgarla; casta que se pone por encima de los gobernados y que desde allí ejerce el poder con el solo fin de conservarlo; siendo válido, a esos fines, cualquier medio y cualquier método.

5.- Desde su desigualdad real esa nomenklatura le enrostra a la sociedad riquezas, impunidad, violaciones flagrantes a la ley a la que los demás deben someterse, uso de los recursos públicos como si fueran propios y una vida feudal de la que no goza ni el más millonario de los ciudadanos privados.

6.- Mediante la explotación de estas falsedades, se logra perfeccionar un enfrentamiento entre los “pobres” (a los que se les explota su voto) y los “ricos” algunos de los cuales -paradójicamente- terminará haciendo negocios con la nomenklatura.

El gobierno “nacional y popular” y la historieta de la “igualdad” y de los “poderosos” es, en fin, un cuento inventado por unos cuantos vivos que, como el cuento de la buena pipa, nos ha fumado a todos. Desgraciadamente no parece haber en la sociedad civil demasiada voluntad para dejar de fumar.