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La situación internacional y la economía de Kicillof

¿Y ahora qué hacemos? Durante doce años malgastamos una fortuna en demagogia barata y en un nacionalismo antiguo y ahora, que se viene la noche con las noticias que se conocen en materia económica en el mundo, vamos a la alcancía y nos encontramos con que no tenemos nada. ¡Extraordinario el modelo de inclusión con matriz productiva diversificada!

Usamos un capital enorme, echamos a los inversores y destruimos la infraestructura y, cuando deberíamos recurrir a todas esas reservas, nos encontramos con las economías regionales en la ruina, con un estrambótico esquema cambiario que se basa poco menos que en perseguir a la gente con perros por la calle y que ha estrangulado la producción y la competitividad productiva argentinas.

Contrastadas con esta realidad hasta suenan ridículamente patéticas las palabras de Daniel Scioli en sus avisos de propaganda hablando del trabajo, de la industria argentina y de los productos argentinos en el mundo. ¿Con qué especula? ¿Con la ignorancia de la gente? ¿Con el hecho de que el ciudadano de a pie no es un especialista y se cree el producto terminado cuando ya no hay alternativas?

Brasil ha instaurado un programa de ajuste a los desequilibrios que arrastra desde Lula da Silva y ello ha provocado una devaluación del real que ha colocado el precio del dólar en R$ 3,40 por unidad norteamericana. A esta situación debe sumársele lo que comentamos respecto de dólar como moneda mundial: su proceso de apreciación lo tiene en una paridad de 1,15 contra el euro, una de las más bajas desde que se creó la moneda común de la Unión Europea. Continuar leyendo →

De dictadores y autoritarios

¿Se excedió Mirtha Legrand cuando calificó a la presidente de “dictadora”? El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la conductora “perdió los frenos inhibitorios, quizá por la edad”, y el diputado Carlos Kunkel la llamó “hipócrita y despreciable”. Pero el kirchnerismo intentará imprimirle un sello parlamentario a la amonestación: la senadora nacional Sigrid Kunath, de Entre Ríos, presentó un proyecto de declaración para repudiar los dichos de Mirtha. “No podemos dejar pasar inadvertidos hechos como éste. Resulta grave pretender caracterizar a un presidente elegido por el voto popular como un dictador”, señaló Kunath.

Como resulta habitual con muchos políticos y funcionarios argentinos, se aprecia una ignorancia muy importante en estos comentarios. Es muy posible que Legrand se haya extralimitado en su apreciación, pero la explicación al hecho de que Cristina Fernández no es una “dictadora” no debe buscarse en el origen  “popular” de su elección o en el medio que le permitió alcanzar el poder. La mayoría de las dictaduras más atroces que conoció el mundo, las más sanguinarias y crueles, las que embarcaron al mundo en masacres esquizofrénicas, tuvieron, justamente, un origen “popular” y “democrático”.

Ni Hitler, ni Mussolini, ni Stalin tomaron el poder por la fuerza. Todos ellos llegaron al sitial del gobierno siguiendo las leyes electorales de sus países y refrendados por el voto popular.

Quizás el caso de Stalin pueda discutirse porque, obviamente, el líder de un movimiento que abiertamente confiesa que quiere instalar una “dictadura” (la del “proletariado”) no tiene muchos argumentos para discutir que no es un dictador, pero aun así, podríamos decir que Stalin no tomó (al menos él) el poder por la fuerza sino que llegó a la cúspide de acuerdo con el orden jurídico comunista impuesto por la revolución bolchevique años antes. Lo que ocurre es que la revolución bolchevique fue un movimiento dictatorial per se, con lo que todos sus jerarcas podrían caer en la descripción de “dictadores”. Pero ese es, en todo caso, un análisis que supera los límites de esta columna.

En donde no caben dudas respecto del origen democrático, legítimo y popular de sus gobiernos, es en los casos de Hitler y Mussolini. El Partido Nazi y el Fascismo ganaron las elecciones en Alemania y en Italia y sus líderes accedieron al poder de acuerdo al resultado de las urnas. Sin embargo, no hay lugar a ninguna duda que, por el ejercicio que hicieron del poder, ambos fueron dictadores que no tuvieron nada que envidiarles a muchos carniceros de la Edad Media.

Por lo tanto la calificación de un gobernante como “dictador” no debe remitir a cómo llegó al gobierno sino a cómo ejerció el gobierno. Y en ese punto, insistimos, Mirtha Legrand probablemente haya exagerado la nota, pero no caben dudas que existen severos alegatos en contra de las formas elegidas por la Sra. de Kirchner para ejercer el poder.

Claramente, un presidente que abiertamente confiesa su intención de “ir por todo” está entregando una definición casi gratuita que, desde el punto de vista que estamos analizando, casi lo condena.

En efecto, la referencia al “todo” no puede separarse del concepto de “totalitarismo” que describe los sistemas que van por el “total” del poder y que no admiten su división balanceada, tal como lo disponen la mayoría de las constituciones liberales de Occidente en resguardo de los derechos civiles del ciudadano y de sus libertades individuales. Resulta obvio que un poder “totalitario” o “todolitario” (lo que Cristina confesó buscar) está reñido con las libertades públicas y con los límites democráticos.

En ese campo, si bien la Sra. de Kirchner no sería una “dictadora” porque otras muchas de sus características no cierran con esa definición, la forma de ejercer el gobierno que tiene la presidente se asemeja bastante a regímenes alejados de la democracia, del equilibrio del poder y de la limitación de la autoridad del Estado.

Su relación con la Justicia, con la prensa independiente, con los Estados provinciales, con el copamiento abierto de todos los estamentos de la administración -incluidos los órganos de control- su manera inconsulta de tomar decisiones, su férreo control de áreas descentralizadas del Estado, su estatismo económico, la elección de sus socios mundiales (Rusia, Venezuela, China, Irán), su avance desmesurado sobre los medios de comunicación, su uso desmedido de los resortes del Estado para beneficio propio o partidario, su pretensión de autoridad y, por sobre todas las cosas, esa aspiración notoria a vivir por encima de la ley y de pretender que el orden jurídico normal aplicable al resto de los ciudadanos no se le aplique a ella y a su familia, tienen, en efecto un aire -si no dictatorial- cuando menos excesivamente autoritario.

Esa realidad no la puede borrar el origen electoral de su poder. Habrá sido muy elegida, pero una vez electa no se ha manejado ni siquiera por los palotes del más elemental Estado de Derecho.

Mirtha Legrand podrá haber pifiado la oportunidad y hasta la elegancia de sus dichos, pero no hay dudas de que la presidente no tiene una manera muy democrática (en el sentido del gobierno de la ley) de ejercer el poder. La democracia dista mucho de ser -como sistema de vida- un simple mecanismo de selección de candidatos, de modo tal que todos los seleccionados por sus métodos son automáticamente “democráticos”. Repetimos: los dictadores más oscuros de los que el mundo tenga memoria fueron seleccionados por mecanismos “democráticos” y eso no impidió, sin embargo, que se convirtieran en un estigma maligno que la humanidad aún recuerda con vergüenza.

Lecciones de las elecciones

Luego de las elecciones de ayer en varios distritos del país, pueden sacarse varias conclusiones interesantes.

En Córdoba, por ejemplo, llamó la atención cómo el candidato Juan Schiaretti se proclamaba ganador con el 1,30 % de las mesas escrutadas y cómo la mayoría de los candidatos a presidente y la señora de Kirchner se apuraban a llamarlo para felicitarlo, como si su caudal de votos fuera una especie de tesoro político nacional que pudiera llevarse el que llegara primero con la felicitación.

En comparativa, dicho sea de paso, hubo un contraste notable entre el sistema de boleta impresa y el de boleta electrónica: mientras en la capital a las 9 de la noche todo estaba terminado, en Córdoba casi ni había empezado.

Los temores que parte de los porteños y parte del país habían demostrado con la operación de las máquinas impresoras se diluyó en menos de una hora, cuando quienes votaban se convencían de la simpleza y la rapidez del funcionamiento. Si uno lo piensa retrospectivamente, resulta hasta medio patético el miedo que se le tenía a la máquina. Continuar leyendo →

El default judicial

Desde estas columnas hemos trasmitido incesantementew la idea -y la convicción- de que somos nosotros la principal causa de lo que nos pasa y de que somos nosotros los últimos responsables de lo que finalmente termina ocurriendo en la Argentina.

Eso está claro y surge hasta de la lógica democrática que, teóricamente, permite elegir. Pero también es cierto que algunos estamentos institucionales de la Argentina han fallado completamente a la hora de ejercer su función y no han sabido poner en funcionamiento los mecanismos que la Constitución prevé para que ciertos descalabros que hemos vivido en estos años se evitaran.

Nos referimos concretamente al deslucido papel que han jugado muchos jueces, empezando por la Corte Suprema de Justicia.

El último escalón de esa “sacada del (cuerpo) a la jeringa” ha sido la lavada de manos que se pegó el más alto tribunal cuando un fiscal lo convocó para que se expidiera sobre el caso de Luis María Cabral.

La Corte se sacó el balurdo de encima mediante una formalidad, que es como estar acomodando los cuadros del living en el medio de un incendio.

Resulta francamente triste ver tanta pusilanimidad y especulación política cuando los derechos y las libertades públicas están en juego. Uno no tiene demasiada noción acerca de qué más debería pasar en el país para que, quienes corresponda, se den por enterados de que lo aquí existe es un intento serio y profundo de instaurar un régimen de mano única en donde la división republicana de los poderes desaparezca. Se trata de un verdadero golpe constitucional con el aparente “respeto” por la Constitución.

En efecto, con la incomprensible anuencia de algunos jueces, lo que se intenta es saltear la Constitución, estableciendo un sistema paraconstitucional, que derogue lo dispuesto en 1853 y que lo reemplace por un nuevo orden diseñado por la hegemonía del Gobierno.

Se trata del más sofisticado intento de borrar el orden liberal, democrático y republicano de la Constitución sin pasar por los escabrosos procedimientos de reforma, para los que, los protagonistas de este anhelo, saben que no tienen los votos: “como no tenemos los votos lo vamos a hacer igual, haciendo como que lo hacemos dentro de la ley…”

El choque entre ese intento y la Constitución debería ser marcado por los jueces y es este el paso que está fallando. Es cierto que ya gran parte de la Justicia ha sido colonizada y que muchos casos que recaen en jueces partidistas son desechados precisamente por eso. Pero otros, que incluso han llegado al más alto tribunal, no han recibido el trato serio y preocupado que deberían haber tenido, sino que fueron respaldados, dándole el gusto a un Gobierno que no siente por las valoraciones republicanas el más mínimo respeto.

Se trata de una verdadera claudicación. El país no ha honrado su organización de reaseguro. Todas las precauciones habían sido tomadas por los constituyentes para que la Argentina no volviera a caer en el autoritatismo. Las mejores instituciones del mundo habían sido adaptadas en el texto de 1853 para que estuviéramos protegidos contra ese flagelo.

Pero quienes han tenido la responsabilidad de hacer funcionar ese sistema no has estado, evidentemente, a la altura de la circunstancias.

Es cierto que la sociedad tiene su parte gruesa de responsabilidad porque no se ha manifestado con su voto en contra de estos regímenes mesiánicos. Al contrario, ha votado a figuras carismáticas que han ido perfilando un gobierno de culto. Pero aquellas personas que se suponen formadas y que han llegado a ocupar los escaños reservados a la defensa última de la libertad, han defaulteado su deber. No se sabe si el miedo, si el amor a los sillones o si el matonismo han sido más fuertes que el amor por la dignidad y por la vigencia de los derechos civiles. Pero lo cierto es que el resultado práctico final es un páramo desierto cuando el ciudadano que aún le importa vivir en libertad levanta la mirada y busca casi desperadamente un auxilio.

El eslabón final para destruir la independencia de los poderes

En los últimos días de la pasada semana el Gobierno dio muestras acabadas de lo que es capaz de hacer con la Justicia y los jueces cuando considera que se afectarán sus intereses, sus conveniencias o sus temores más importantes. En una jugada cuya extensión no duró más de 96 horas, tiró por la ventana al juez Luis María Cabral que, como subrogante, ocupaba la vicepresidencia de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

Ese tribunal teóricamente iba a dar a conocer el lunes pasado su decisión de confirmar la inconstitucionalidad del pacto con Irán, tal como ya lo había afirmado la Cámara de Apelaciones. Sorpresivamente, y por un comunicado de su presidente, la jueza Ana María Figueroa, el mismo lunes se anunció que la lectura del fallo se posponía.

La Dra. Figueroa el día martes envío un escrito al Consejo de la Magistratura advirtiendo sobre el vencimiento del plazo de las subrogancias para el próximo 30 de junio. A las siguientes 36 horas, el Consejo de la Magistratura por mayoría simple (la mayoría automática del oficialismo) desplazó de su lugar al Dr. Cabral y nombró a Marcelo Vázquez, un abogado militante que había defendido en varios medios el llamado “proyecto de democratización de la justicia”.

La decisión de la sala 1 de la Cámara de Casación, cuya lectura se esperaba el lunes, iba a ser contraria a la constitucionalidad del pacto con Irán por los votos de los doctores Cabral y Geminiani. La Dra Figueroa iba a votar en disidencia respaldando el memorándum.

El oficialismo ignoró todas las previsiones legales y constitucionales para llevar adelante esta operación. Manejó el Consejo cono si fuera una agencia dependiente del poder ejecutivo: una secretaría de Estado aparece con más poder que esa institución independiente prevista en la Constitución. El Consejo acató las órdenes moviéndose a la velocidad del rayo. Se trata del mismo organismo que demoró tres años para estudiar el caso del dudoso juez Oyarbide para luego terminar respaldándolo.

Los jueces subrogantes, además, no pueden ser reemplazados por otros subrogantes: su lugar debe ser ocupado por un juez natural y definitivo. Nadie podía sacar a Cabral de ese lugar nombrando un nuevo suplente. Se debería haber puesto en marcha el mecanismo de selección y elección de los jueces que prevé la Constitución con intervención del Consejo de la Magistratura, la presidente y el Senado. Nada de eso ocurrió.

Lo que sucedió, en cambio, fue una veloz operación que pone en evidencia cómo el Gobierno piensa manejarse de ahora en más con la estructura que, a través de Justicia Legitima, el Consejo y Gils Carbó ha montado en la Justicia.

Desde la denuncia del fiscal Nisman, el oficialismo venía apuntándose varios “éxitos” en su derrotero de encubrir lo que ha ocurrido allí. En primer, lugar logró que la Justicia desestimara la denuncia del fiscal muerto en extrañas circunstancias. Luego de que Nisman apareciera con un tiro en la cabeza en el baño de su casa y de que el cadáver de una mujer apareciera incinerado a una cuadra de allí sin que hasta ahora nadie se haya presentado a reclamar por ella, los fiscales Pollicita y Moldes tomaron la causa y la mantuvieron viva hasta que los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, la mandaron a archivar sin siquiera tener el mínimo acto de curiosidad judicial de mandar a producir al menos algunas de las casi 50 medidas de prueba solicitada por los fiscales. El fiscal Moldes apeló a Casación pero sugestivamente ese pedido entró al tribunal a una hora en la que el fiscal de turno en Casación había cambiado. El expediente cayó en manos del ultrakirchnerista De Lucca que no respaldó la apelación de Moldes, con lo que la causa se archivó.

Respecto de la muerte de Nisman, el Gobierno logró crear un lodazal tan grande en la causa que ya casi nadie sabe dónde está parado. La escena del crimen se destruyó –con participación oficial- la misma noche del descubrimiento, la fiscal Fein no estuvo nunca a la altura de las circunstancias y el aparato de propaganda oficial desacreditó al fiscal, a su vida privada y a su familia para crear un barro del que hoy es muy difícil salir. No sería extraño que más pronto que tarde la jueza Palmaghini se incline por la tesis del suicidio y mande las actuaciones al archivo.

De todo este paquete, el cabo suelto que quedaba era la decisión sobre la intrínseca inconstitucionalidad del documento que dio origen a todo el entuerto. La Justicia estaba a punto de dar a conocer esa decisión en un fallo confirmatorio de Casación, pero el kirchnerismo apretó el acelerador, desplazó a quien tenía que desplazar y ahora, seguramente, dará a conocer por una de las tantas escribanías que fabricó durante su mandato (en este caso una de las salas de la Cámara de Casación Penal), la decisión de declarar constitucional el pacto con Irán.

Se trata de una situación de suma gravedad sobre la que no se sabe si existe suficiente conciencia en la sociedad. El Gobierno ha avanzado, justamente, sobre ese desdén. Dándole a la Justicia el valor que no le da quien más debería hacerlo -el ciudadano común, a la protección de cuyas libertades está dirigido en primer lugar el accionar de los jueces- el kirchnerismo entendió desde la primera hora que su proyecto de hegemonía y de absolutismo no sería posible con  una prensa y magistrados independientes. Por lo tanto dirigió sus cañones a terminar tanto con una como con la otra. Una incomprensible ceguera cívica hizo posible que avanzara enormemente en su ambición y en el logro de su objetivo.

Scioli-Zannini, ¿la fórmula para retener el poder?

La decisión de la presidente de colocar como candidato a vicepresidente de Daniel Scioli a Carlos Zannini comienza a develar parte de lo que ya muchos comentarios venían anticipando.

En efecto, desde que Scioli confesó querer ser presidente, comenzó un largo camino de chicanas y obstáculos a la que la presidente y sus “equipos” sometieron al gobernador y que, de alguna manera, quedaron claras en el único discurso público que se le conoce a Máximo Kirchner cuando en la cancha de Argentinos Juniors dijo que eventualmente podrían entregar el gobierno pero no el poder.

La designación de Zannini obviamente va en esa dirección. El Secretario Legal y Técnico es el cerebro gris del proyecto oficial. Wado de Pedro acaba de definirlo como el corazón del proyecto. Maoista de convicción, Zanini efectivamente representa la ambición de construir un modelo en el que se conforme, por un lado, un ejército de súbditos esclavizados (nosotros) y, por el otro, una casta privilegiada con acceso a todas las desigualdades de la vida (ellos). Ese es, en efecto, “el corazón del proyecto”. Continuar leyendo →

El kirchnerismo prepara un “Estado tomado” para después del 2015

El periodista Jose Crettaz escribió el día jueves en La Nación que el “Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto 677, que pone en marcha la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), la súper poderosa agencia de regulación de las telecomunicaciones que creó la ley Argentina Digital, sancionada el 16 de diciembre de 2014. El decreto prevé que el directorio de la AFTIC, que estará integrado por siete miembros, inicie sus funciones el 29 de mayo próximo. Los funcionarios, que deben ser designados por el Poder Ejecutivo, durarán en sus cargos cuatro años y su remoción se decidirá por mayoría de dos tercios de los integrantes del Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, otro órgano creado por el decreto publicado ayer. Ese consejo, compuesto de 34 personas, se integra a su vez por representantes de las 24 provincias y de entes públicos y privados del sector”.

La presunción es que el Gobierno se asegure al menos 5 miembros leales en la configuración de este Directorio que continuará en funciones aun después de las elecciones y de la asunción del nuevo presidente. Sólo dos directores representarían a fuerzas políticas opositoras (los de la primera y la segunda fuerza parlamentaria). El decreto no estableció un sistema de concursos y antecedentes para los directores ni para el resto de la plana de la autoridad, dice José en su artículo.

Esta nueva autoridad de aplicación reemplazará a la Secretaria de Comunicaciones, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a Arsat y al Correo Oficial, y todo indica que será una nueva pista de aterrizaje para miembros de la Campora, en consonancia con otras agencias creadas por el Gobierno, especialmente en materia de comunicaciones como así también en otras diversas áreas de las actividades del Estado

La noticia preocupa porque denota un despliegue más de una táctica militar para gobernar aun sin conservar la presidencia en manos propias. El gobierno y sus tácticos están identificando “cabeceras de playa” estratégicas para ocupar antes del 10 de diciembre y encargan a expertos legales un encuadre jurídico para asegurarse esos bastiones más allá del cambio de gobierno.

El establecimiento de períodos de “administración” que superen el límite de diciembre y la imposición de mayorías calificadas para conseguir la remoción de sus miembros parece ser el formato clásico que la Presidente está eligiendo para perpetrar “el modelo” en el centro del ring.

Cuando el 1 de marzo en la sesión de inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, aparecieron carteles que decían “El candidato es el proyecto” todo el mundo los interpretó como una frase de ninguneo para Scioli que, en ese momento, era aun seriamente criticado por el núcleo duro del cristinismo. Pero, ahora, con la revelación cada vez mas evidente de la puesta en marcha de un plan sistemático de copamiento de agencias claves del gobierno, aquella leyenda cobra otro significado.

En efecto, el kirchenrismo se propone gobernar más allá de diciembre de 2015 aun con un candidato que no responda a la pureza que algunos de sus propios sectores exigen.

Los candidatos de la oposición no se han manifestado –por lo menos de modo importante- respecto de esta cuestión. Pero no se si podrán soslayar el tema por mucho más tiempo. Cualquiera de los candidatos que llegue al gobierno (incluido hasta el propio Scioli) se encontraran con un Estado “tomado”.

La planta de empleados públicos consolidados del país realmente asusta. Vale recordar que el presupuesto total de salarios consolidados del sector público argentino era de 25 mil millones de pesos en 2002. Hoy supera los 560 mil millones. Toda esa es gente que ha sido nombrada por el kirchnerismo y que en gran medida le responde. Ahora, a esa estrategia de “inundación” de personal le sigue ésta, un poco más sofisticada, en donde se crean dependencias a las que se le hacen nombramientos políticos con periodos de gestión que van más allá de diciembre y para la que se prevén normativas muy complicadas de remoción.

Sé que existen varios estudios abocados a determinar la constitucionalidad de estos nombramientos, designaciones y creaciones de organismos. Pero de todos modos aun considerando una eventual inconstitucionalidad, el tema implica una severa capitis diminutio para el próximo presidente que verá seriamente recortado su poder y la posibilidad de establecer sus políticas respecto de amplios sectores de la administración.

El kirchnerismo ha sido la agrupación política con mayor criterio militar para gobernar el país de lo que recuerda la última parte de la historia argentina. En efecto, sus planteos estratégicos, el aprovechamiento al máximo de las debilidades contrarias y de las fortalezas propias, un sentido bélico de la confrontación política y el criterio de la ocupación de territorios son modalidades típicamente militares traídas a la política civil. Desde el punto de vista de la concepción del poder, hay que sacarse el sombrero. Pero desde el punto de vista de la libertad individual, no debería pasar un minuto sin que nos preocupemos.

El peso de las instituciones

La jugada presidencial que se supone realizaría con la Corte Suprema puede arrojar paradojas notorias en los años por venir. Como se sabe, la idea que amasa el Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y la Presidente es aumentar el número de miembros del máximo tribunal para luego llenar esos cargos con jueces adictos.

Hoy en día la Corte está integrada por cuatro miembros. De acuerdo a la ley que patrocinó la propia Presidente cuando era senadora, el número de jueces debía estabilizarse en 5 por la vía de no reemplazar las vacantes que se fueran produciendo desde que tenía nueve.

En su actual composición, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Fayt suelen votar en el mismo sentido (en contra de los intereses del Gobierno, aunque esto es solo una aproximación genérica, como demostró el crucial fallo de la ley de medios) y Highton de Nolasco en sentido diferente (más cercano al oficialismo).

La primera carta del gobierno se llamaba Roberto Carlés. Pero esa carta no pasará el corte del Senado. El voto para la ampliación en un voto simple del Congreso. El Gobierno tiene los votos para eso, aunque luego le volverán a faltar los dos tercios para llenar los cargos con jueces nuevos. La idea entonces sería colocar conjueces de la larga lista aprobada el año pasado en el Senado por simple mayoría, en una jugada considerada anticonstitucional por gran parte de la doctrina.

¿Cual es el objetivo de estas jugadas? Por supuesto, seguir teniendo el control de constitucionalidad de las leyes bajo manos confiables.

Si lograra eso y perdiera las elecciones a nivel presidencial, podríamos entrar en el escenario casi paradójico de ver al kirchnerismo llenarse la boca con la teoría de la independencia del Poder Judicial para defender una Corte “independiente” de un Poder Ejecutivo en manos de otro partido.

Veamos la cuestión desde el otro punto de vista. Supongamos que el Gobierno no logra ese ideal, que la Corte llega con cuatro miembros al 10 de diciembre y que el próximo presidente puede llenar esa vacante con un juez definitivo.

Esa posibilidad volverá a depender de que el que resulte electo tenga los dos tercios de los votos en el senado para aprobar a su candidato. Resulta muy difícil que eso vaya a ocurrir. Hay que tener en cuenta que ni siquiera el kirchnerismo con su actual situación de privilegio en el Congreso llega a cumplir ese requerimiento con votos propios. De modo que puede darse el caso de que el cuerpo funcione con uno o cinco conjueces, dependiendo de que el proyecto de ampliación efectivamente se presente y apruebe.

Una Corte de nueve jueces con cinco conjueces adictos y una jueza con votos históricos cercanos al gobierno, vuelve a presentarnos el escenario de la paradoja o el cinismo que describíamos más arriba.

Un horizonte mucho mas lejano es que el Gobierno no pueda imponer su criterio y que el nuevo presidente, por las razones que fueran, lograra designar jueces de su elección. Esa situación -lejana de por sí- sería, a su vez, diferente, si el número de jueces fuera de 5 o 9.

Si fuera de 5 estaríamos frente a una situación de virtual equilibrio. Nadie sabe cómo comenzaría a votar el juez Maqueda, por ejemplo, con un Macri presidente. Tampoco es seguro lo que hará Fayt después del 10 de diciembre si quien gana no es kirchnerista. Algunos dicen que el juez de 97 años finalmente se retiraría. Eso volvería a darle una oportunidad al futuro mandatario, pero con todas las restricciones que ya apuntamos.

Si fuera de nueve miembros, el nuevo presidente podría hacer dos cosas: enviar un proyecto para derogar la ley que elevó el número y enviar el pliego de un solo candidato propio; o mantener la ley y enviar cinco pliegos. Si milagrosamente, (de nuevo, por las razones que fueran) lograra nombrar esos magistrados y estos fueran realmente impecables, se podría estar frente a la inauguración de una especie de milagro en la Argentina, esto es, que comience a funcionar un atisbo de institucionalidad y de justicia independiente, aquella que muchos (no nosotros) creyeron ver en la Corte designada por Kirchner en 2003.

De todos modos, el solo hecho de que hayamos utilizado todas estas líneas para especular lo que podría pasar en uno y otro caso con la Coste Suprema de Justicia es suficiente evidencia de que la Argentina no es un país institucional y que el diseño de la Constitución para equilibrar el poder ha sido salteado por la política que, evidentemente, ha encontrado la manera de sujetar el balance judicial a sus gustos y conveniencias.

Esa debilidad institucional es el sello más distintivo del país. El hecho de que los gobernantes no sean esclavos de las instituciones sino que, al contrario, hayan encontrado la vuelta para atar las instituciones a sus preferencias, es lo que ha transformado al país de una nación desarrollada en el comienzo del siglo XX a un país subdesarrollado en el siglo XXI. Los flujos de capital que se precisan para multiplicar la abundancia huyen de países gobernados por caprichos y prefieren dirigirse a aquellos en donde el Derecho y la Ley imperan sobre la voluntad de los caudillos.

Resulta curioso cómo, finalmente, la pobreza y el nivel de vida de la sociedad no termina definiéndose por la aplicación de una u otra teoría económica sino por la vigencia o no de instituciones libres e independientes. En la propia región se demuestra que países que aplican teorías económicas que podrían decirse no son “capitalistas” de todos modos progresan porque garantizan la vigencia de instituciones imparciales. Es el caso de Chile (en manos de una alianza socialista), de Uruguay y de Perú, todos en manos de gobiernos de centro-izquierda.

Es el populismo caudillista el que genera pobreza y condena el empleo y el progreso económico de los países. Es la mentalidad militarista de las decisiones verticales impuestas por un “conductor” y obedecidas por una manada de sumisos lo que aleja el desarrollo y la multiplicación de la riqueza.

El intento de seguir cooptando la Corte bajo el ala de un caudillo es una muestra más de la rebeldía que el país tiene para con la modernidad institucional. Sin ella seguiremos hundiéndonos en una pobreza generalizada más allá de los esfuerzos que se hagan para que ella aparezca como mejor repartida.

El gran plan del kirchnerismo

De todas las estrategias tendientes a cumplir la máxima de Máximo (“eventualmente entregaremos el gobierno pero no entregaremos el poder”) la que empieza a desarrollarse en la Justicia es, sin dudas, la más ambiciosa de todas las ya emprendidas (y algunas ejecutadas) por el kirchnerismo.

En efecto, ni el copamiento de la ex SIDE, los órganos de control, la Procuraduría General, gran parte de la administración central a través del nombramiento de miles y miles de empleados, de varias fiscalías y estamentos inferiores de la Justicia, se compara contra el intento de colonizar la Corte Suprema.

El primer round de esa batalla está por empezar a ejecutarse en los próximos días, cuando comience el debate en la comisión de acuerdos del Senado del pliego de Roberto Carlés para ser designado juez del tribunal máximo.

Como se sabe, la Constitución establece que ese acuerdo necesite de los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara para que el postulante sea respaldado. Por otro lado, es de público conocimiento que los 28 senadores de la oposición han firmado un documento en el que se comprometen a no aprobar ningún candidato que el gobierno proponga en lo que le queda de mandato.

Un primer “lance” que el oficialismo se estaría tirando, dicen algunos, es repetir la estrategia “Reposo”. Esto es, mandar al frente -a propósito- a un impresentable para que sea efectivamente rechazado y con ello conmover la conciencia de algún senador de la oposición que no se atreva a rechazar dos candidatos consecutivos.

Esa táctica consistiría en tener, por detrás de Carlés, al verdadero candidato que el gobierno quiere colocar en la Corte (en este caso “candidata”), la jueza de Casación Ana María Figueroa, actualmente en Cuba, de vacaciones. Es lo que siempre sospechamos desde estas columnas respecto de Gils Carbo: ella era la destinataria final de la Procuración; Reposo fue una marioneta que se prestó a un juego humillante exponiéndose a que lo echaran a patadas para que, luego, un currículum más presentable fuera aprobado.

Otros entienden que no, que el sacapresos Carlés podría ser, en efecto, el candidato final y que la Casa Rosada estaría trabajando para hacer que de los 28 senadores opositores que firmaron el compromiso de no aprobar candidatos del gobierno den quorum pero misteriosamente se ausenten de la sesión una vez comenzada. Como la Constitución pide 2/3 de los miembros presentes, con 4 ausentes el oficialismo podría intentar tener el mínimo que precisa.

Otro conjunto de interpretadores considera que se puede estar frente a una combinación de todas estas opciones e incluso de un plan más ambicioso que tienda a aumentar el número de miembros del tribunal de cinco a nueve.

Resultaría una paradoja, porque el proyecto para reducir el número de jueces de 9 a 5 fue justamente una iniciativa de la entonces senadora Kirchner, que, ahora, por las razones políticas inversas impulsaría la idea contraria.

Si los senadores de la oposición que firmaron el documento de compromiso se mantuvieran fieles a él, entonces Carlés no será juez, y, por los mismos motivos, Figueroa tampoco. En ese caso el proyecto alternativo de aumentar el número de jueces cobraría más fuerza.

Para aprobar un proyecto como ese, el oficialismo no necesita mayorías especiales porque se trataría de un proyecto de ley común y silvestre, pero luego, obviamente, volvería a encontrarse con la dificultad de los senadores que firmaron el documento de compromiso y no podría designar los nuevos jueces para llegar a 9 miembros.

En ese caso, la especulación dice que el gobierno estaría en condiciones de argumentar que la Corte está en franca minoría (cuatro jueces activos contra nueve que la eventual nueva ley estaría disponiendo) y que por lo tanto es necesario nombrar conjueces.

Como se sabe, hace poco, el oficialismo aprobó en el Senado una larga lista de conjueces adictos con mayoría simple bajo el argumento de que, como justamente, no son “jueces” sino “conjueces”, entonces no se necesitaban los 2/3 de los miembros presentes.

Esta teoría fue discutida con fundamentos más que suficientes por varios constitucionalistas por el hecho de que lo que debe tomarse en cuenta es la función que esos jueces van a estar llamados a cumplir en el caso de que se los necesite: si van a sentarse en un escaño de la Corte, pues entonces precisan de los mismos requisitos que un juez de la Corte, por lo que un nombramiento con menos de los 2/3 de los votos no sería válido.

Naturalmente, como era de esperarse, los aprobaron de todos modos. Esos conjueces serían ubicados ahora en los sillones del más alto tribunal en el caso de que el proyecto de elevación del número prospere.

Obviamente de todos los planes tendientes a no entregar el poder, éste es el más importante, duradero y ambicioso. Si tiene éxito la próxima administración, escuchará como nunca el argumento de que la Justicia es un poder independiente y de que está allí para controlar y limitar la acción del Poder Ejecutivo. Delicias del kirchnerismo, que le dicen.

La presidente candidata

Seguramente Cristina Fernandez de Kirchner será candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. La Presidente no puede quedar a la intemperie de las amenazas judiciales. Su gobierno está recurriendo a todo tipo de retorcimiento jurídico para forzar un pronunciamiento favorable de la Sala 1 de la Cámara Federal; un pronunciamiento que desestime las denuncias de Nisman, Pollicita y Moldes. Cualquier jurista que se precie de tal deberá armarse de mucho valor para firmar un papel cuyo objetivo sea el archivo de las actuaciones. Lo han tenido otros -como Oyarbide, por ejemplo- en ocasiones y en causas anteriores. Pero Oyarbide es un caso perdido. El juez -si se lo puede llamar así- solo aspira a seguir cobrando su sueldo y a disfrutar del nivel de vida que ese ingreso le permite. Pero ha renunciado hace rato a la honra del puesto y a la dignidad de la magistratura. Continuar leyendo →