¿Cómo sería todo sin conspiraciones?

¿Cómo sería la vida de la Presidente si de pronto su mente dejara de estar dominada por la presunción de conspiraciones?, ¿cómo sería su gobierno si no creyera que todo lo que ocurre es el resultado de una conjura, por supuesto maquinada en su contra?

La respuesta es inasible, simplemente porque la situación planteada en la hipótesis es imposible. La Sra de Kirchner, su figura, su pensamiento, sus acciones y sus dichos están todos impregnados de convicciones conspirativas. Cuando no son los empresarios “dueños de la pelota”, son los sindicalistas que engañaban a los trabajadores; cuando no son ninguno de estos son los comerciantes que estafan al pueblo con la inflación, cuando no, son los buitres… Siempre hay alguien detrás de lo que sale mal, siempre están los que explican los motivos de su fracaso. 

El ya largo período presidencial de Cristina Fernández ha sido un extenso listado de excusas y acusaciones. Empezó con ellas y se está yendo con ellas.

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¡Que alguien le saque el Twitter, por favor!

El problema no son los contenidos, sino las dudas. Lo que preocupa no es lo que dice sino quien lo dice. El asombro no está causado por las palabras, sino por las responsabilidades que supuestamente asumió.

Los tuits de la señora de Kirchner revelan una notoria escasez de altura. Su exagerado personaje de mujer “común” denotan una actuación impostada -no porque Cristina no sea una mujer común (que lo es), sino porque no aprendió a aceptar que no puede hacer de eso un uso desubicado y pendenciero como si realmente se tratara de una señora discutiendo con su cuñada, haciendo uso de la tecnología.

La verborragia tuitera de ayer contra LAN, contra el presidente chileno, contra Brito, contra los medios, contra los holdouts, trasmite una formación pobre y, fundamentalmente, una enorme desubicación.

La presidente cree que esos arranques la acercan al hombre de a pie, cree que con eso entra en empatía cultural con él y que, por eso, cautivará su voto y su apoyo.

Y es posible que durante un tiempo esa táctica haya funcionado. Es posible, efectivamente, que mucha gente se haya comido el verso de tener a “una de ellos” en el gobierno. Pero ya no. Hasta la gente menos formada está ávida de tener una referencia respetuosa de las formas en el vértice más alto del poder. Las vulgaridades han hartado a medio mundo. La chabacanería ya no iguala a la presidente con el pueblo; ahora la pone en el lugar de los grotescos.

La presidente, además, ha herido gratuitamente al presidente de un país amigo que se desprendió de las acciones de la compañía LAN cuando dejó la vida privada. La señora de Kirchner eligió, para colmo, la vía de la ironía indirecta -que tanto aprecia- para poner en duda la venta de esas acciones. Usando un ácido entrecomillando en la palabra “vendido” dio a entender que no creía en esa operación. Detrás de las elucubraciones de Racalde están las convicciones de Cristina.

En cuanto a la deuda y los holdouts la presidente insiste en el concepto de que “el mundo” se quiere “llevar puesta a la Argentina”, como si realmente la dirigencia política y los popes de las finanzas mundiales estuvieran todo el día elaborando planes maléficos para hundir al país por la clara amenaza que su rotundo éxito significa. Señora presidente, con todo respeto, pero nadie se ocupa de nosotros; Usted hizo bastante para generar mucha de esa indiferencia y hoy la Argentina es un país básicamente intrascendente; nadie quiere producirle daños adicionales a los que ya se genera solo, sin que nadie lo mande; no existe ninguna confabulación mundial contra la Argentina; nosotros –en mucha medida gracias a Usted- no somos tan importantes. Creer que hay poderes ocultos que “nos quieren llevar puestos” es inventar una fábula enferma de importancia que ya nadie cree. Usted, señora, no es la Generala al frente de ninguna guerra. Es solo la presidente de un país endeudado cuyo acreedor ha demandado. No importa si ese acreedor fue el que confió originalmente en el país o un tenedor actual del bono. Su acreencia es legítima y el juzgado interviniente es el competente. No hay ninguna guerra y mucho menos una confabulación.

En lo que sí tiene razón la presidente es en cómo quedó en evidencia el grado de concentración mediática en las audiencias que organizó la Corte por la ley de medios. No hay dudas de que el aparato millonario que desplegó el gobierno con las señales directamente estatales más las que se encuentran en manos de sus amigos es tan abarcativo que la sola utilización de la palabra “monopolio” para referirse a una empresa privada de medios resulta francamente ridícula.

Está claro que los millones de la caja pública que fondean todos los argentinos no incluye el rating. Esos medios que nos cuestan millones a todos no los mira y no los escucha nadie, pero la torta de propiedad en manos del aparato de propaganda del gobierno asusta de solo verla.

Respecto del tema mínimo no imponible, la presidente no puede alardear. Las circunstancias electorales la forzaron a tomar una medida que nadie sabe si se prolongará más allá de diciembre. El límite de $ 15000 fue fijado por decreto. Para superar el límite del año fiscal precisaría de una ley. La ley aun no está, con lo que ese mínimo también es inseguro.

Finalmente la mención de la señora de Kirchner al “vaciamiento” de YPF por Repsol es más una imputación propia que una denuncia. ¿De haber existido semejante atropello quién fue el responsable de permitirlo? ¿Acaso no fue Néstor Kirchner quien ideó la alquimia financiera que permitió a los Eskenazi comprar parte de las acciones de la española con las propias utilidades de la empresa? ¿Quién era el dueño de YPF cuando sus acciones valían U$S 50 en NYSE y el país exportaba gas y petróleo, además de autoabastecerse? ¿Acaso esos “enemigos” de la Argentina que querían “llevarse puesta a la empresa” se habían tomado por aquellos años una vacación de su maldad?

La demagogia nunca es útil. Pero lo es menos cuando esconde una realidad vacía. No puede gobernarse sin un anclaje mínimo con la realidad y en guerra permanente con las mínimas formalidades que impone el ejercicio de un cargo.

Los avances de las comunicaciones de la era digital deben ser manejados con cuidado cuando uno es la autoridad máxima de un país. Los estragos que pueden ocasionarse creyendo que uno es un “igual” que puede hablar igual, escribir igual, comunicar igual y hacer un uso igual de la tecnología al que hace el hombre de pie, son de una magnitud tal que pueden herir las relaciones del país con sus vecinos, caer en el ridículo de la ignorancia y propagar le terminología de la vulgaridad.

La presidente debe saber ocupar su lugar. Ella no es una señora cualquiera tratando de hacerse la canchera simpática tuiteando con sus amigas del club. Sería bueno que contenga su verborragia en la red. No le queda bien.

Yendo al grano

Las audiencias que propuso la Corte Suprema a las partes en conflicto por la Ley de Medios sirvieron como escenario para un nuevo round de actuaciones que poco tienen que ver con lo único que importa en esta cuestión: saber si la ley supera el test de constitucionalidad.

Hacer ese análisis es bastante sencillo y queda muy lejos de las consideraciones incendiarias que se escucharon en las encumbradas salas del más alto tribunal del país.

Aquí no está en juicio el “ocultamiento de un genocidio” como afirmó actoralmente la defensora del público Cynthia Ottaviano, o la “violación de los derechos humanos” como aseguró la épica pomposa de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Aquí, de nuevo, lo único que se necesita saber es si la Ley de Medios viola o no la Constitución.

Los artículos discutidos de la ley son el 41, el 45 y el 161. Lo que hay que ver es qué dicen esos artículos y qué dice la Constitución. Todo lo demás es cartón pintado, como diría Kicillof.

El artículo 41 establece la prohibición de la transferencia de licencias de radio y televisión (abierta y por cable). El 45 impone límites a la propiedad territorial de licencias de radio y TV (abierta y por cable). El 161, finalmente, obliga a deshacerse de todas las licencias sobrantes a los que caigan en ese encuadre según la aplicación del 45. Este es el corazón discutido de la ley.

Veamos ahora el contraste de esos artículos con lo que dice y garantiza la Constitución.

El artículo 17 de la Ley Fundamental asegura que la propiedad es inviolable y garantiza a su titular su uso y disposición. En ese sentido, el artículo 41 es inconstitucional porque con su prohibición para transferir licencias borra el derecho del dueño de comercializar su derecho, de vender y de comprar. Pone fuera del comercio una actividad completa, una actividad a la que el titular ingresó legalmente y sin violar el orden jurídico.

Si bien en la Argentina los dueños de licencias no tienen la propiedad de la “onda” (que sigue en poder del Estado), sí son propietarios de su usufructo y ese derecho es susceptible de uso y disposición en los términos de la garantía constitucional del artículo 17. Por eso toda norma que lo restrinja viola esa garantía.

El artículo 45 es inconstitucional porque le prohíbe a unos lo que le permite a otros en igualdad de circunstancias. En efecto, el artículo establece límites a la titularidad de empresas de TV abierta y por cable (estas últimas que no ocupan espacio del espectro radioeléctrico) mientras que no establece ningún limite para las empresas de TV satelital. Se trata de una norma escrita poco menos que con nombre y apellido, lo cual es violatorio del artículo 16 de la Constitución. Además, el silenciamiento de las voces que hoy se escuchan por las señales que se cerrarían es violatorio del artículo 14 que garantiza la libre expresión de las ideas por la prensa, sin restricciones y sin censura previa.

El artículo 161 es inconstitucional porque por lo dispuesto en el artículo 19 de la CN, en la Argentina “nadie esta obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de los que ella no prohibe”. El Grupo Clarín -para hablar sin rodeos- adquirió todas las licencias de que dispone en un momento en el que la ley “no lo privaba de hacerlo”. Adquirir esos bienes no estaba prohibido por lo que nadie podía privar a nadie de adquirirlos. Por las garantías del artículo 14 (“las leyes deben ser anteriores al hecho del proceso”) una ley posterior no puede transformar en propiedad ilegal la propiedad que era legal al momento de ser adquirida y por lo tanto nadie puede obligar a su dueño a desprenderse de ellas.

Este es el análisis puro y simple de la “cuestión constitucional”. Los demás aditamentos son apelaciones panfletarias para la consecución de un fin. En ese marco deben ser analizadas las declaraciones poco felices de ayer de la presidente sobre las “balas de tinta” que utiliza el periodismo.

Un gobierno está en todo su derecho de ordenar las licencias de los medios audiovisuales. Pero no puede hacerlo violando los derechos adquiridos. Para eso hay que esperar que se venzan los plazos de las licencias actuales (que, en muchos casos, este mismo gobierno concedió) y aplicar el nuevo marco de allí en adelante.

El gobierno tendrá, en este aspecto, un poder de organizador, pero nunca podría bajo el ejercicio de esa excusa violar el artículo 32 de la Constitución que le impide al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa o establecer sobre ella la jurisdicción federal. Algún juez ultra expeditivo podría incluso fulminar toda la ley de medios por violar este último artículo, si no quisiera tomarse el trabajo de analizar puntualmente cada uno de los otros.

Entre la locura y el Tigre

Las PASO ya son historia. Pero su resultado recién comienza. La rotunda derrota del gobierno en prácticamente todo el país electoralmente útil plantea interrogantes serios para el futuro de la Argentina. Si estuviéramos frente a un gobierno normal, lo más lógico sería suponer una recepción del mensaje, un ajuste del rumbo para ponerlo más acorde a lo que la votación arrojó y una apuesta a que esa corrección sea percibida por la sociedad para recuperar, en la elección de octubre, algo de lo perdido ahora.

Pero el país no tiene un gobierno normal. El país tiene un gobierno sectario; un gobierno que, sentado en las instituciones de todos, gobierna para una facción. Como todo gobierno faccioso siempre se atribuirá el triunfo: cuando gana porque gana; cuando pierde porque esa es la señal de que su lucha contra los verdaderos poderes enquistados en el conservadurismo argentino no está terminada y que deben redoblarse los esfuerzos para vencerlos definitivamente.

Del discurso de la presidente de ayer por la noche se deduce eso. La señora de Kirchner no admite nada, ni un error, ni una culpa, ni una falla. Nada. Ellos ganaron, “porque estas eran elecciones nacionales” y porque “son el David que lucha contra todos los medios y gobierna todos los días”.

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La candidatura de Massa

El lanzamiento del intendente de Tigre como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires sólo sirvió para disparar docenas de especulaciones políticas. Porque en realidad, Sergio Massa no ha dado una sola pista acerca de lo que piensa. Salvo su categórica y bienvenida opción por la no-reelección -como concepto político y no como un “no” a Cristina-, en lo demás la nueva estrella política del país ha permanecido en la ambivalencia. Massa cree en el agotamiento de las personas y de las maneras pero no del rumbo. Supone que la sociedad está harta de las peleas y del enfrentamiento pero entiende que, en general, suscribe las líneas del gobierno.

Y puede no faltarle la razón al intendente. El pequeño detalle que él y, evidentemente, la gente que piensa así no están advirtiendo es que una cosa no es posible sin la otra: este tipo de personas, las peleas, la agresión y el atropello son la consecuencia irascible y necesaria de una línea de gobierno. La continuidad de esa línea generará las mismas consecuencias que las que Massa supone -no sin razón- tienen hastiada a la gente.

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