Recurrentemente los economistas resaltan que el lubricante para generar empleos es el incentivo a la inversión productiva.

Sin embargo, en los últimos tiempos, en respuesta a las crecientes intervenciones del gobierno nacional en la vida de las empresas, de los bancos y también de las familias, con el cepo cambiario y el impuesto inflacionario, se asistió a una brusca desaceleración de la producción de bienes y servicios y destrucción de empleos privados.

Una de las consecuencias de ese punto de giro es la pérdida de consenso entre los economistas en sus pronósticos de actividad y empleo para el próximo año, a diferencia de lo que ocurría en los nueve años previos, cuando sólo existían diferencias de matices en las tasas de crecimiento, o de contracción en el caso de 2010.

Ahora, por el contrario, se observan distancias de más de seis puntos en las tasas de aumento del PBI, desde menos uno a más de cinco. Los primeros se justifican en una creciente incertidumbre, a la luz de los ajustes de política en los últimos doce meses y otros en la expresión de deseos de mejores cosechas y reactivación de la demanda de autos y de viviendas.

No obstante, el punto donde aparece mayor consenso es en lo referente a una tasa baja de inversión, puesto que en el caso extremo de mayor crecimiento se considera que se sustentará en la reactivación del aparato productivo más que en emprendimientos de envergadura.

Esto quiere decir que la creación de empleos netos deberá esperar, pese a que históricamente en los años electorales el gobierno de turno sigue políticas activas de expansión del gasto público como factor de persuasión al público esquivo para que le confíe su voto en respuesta a un crédito blando, la entrega de la casa, el arreglo de la escuela o la inauguración de salas de primeros auxilios, amén del arreglo de alguna calle o pavimentación de un barrio.

Pérdida de grados de libertad

Sin embargo, a diferencia de otros años, ahora el cuadro financiero y fiscal ya no muestra los grados de libertad del pasado.

En el primer caso, el sector público, nacional, provincial y municipal, junto a YPF, se han tornado tomadores de crédito y le sacan espacio al sector privado, que debe pagar más tasa de interés.

En el segundo, la retracción del consumo le ha quitado fuerza a la expansión de la recaudación tributaria, más allá del creciente cobro del impuesto inflacionario, mientras que del lado del gasto, el aumento de la nómina le puso límites al gasto en obras, para no agudizar el deterioro de la capacidad de generar ahorro para pagar los intereses de la deuda pública.

Mientras que del lado del ámbito privado, la destrucción de empleos, que provocó el freno del crecimiento de la actividad productiva, debilitó el consumo.

Y al no reactivarse las exportaciones, tanto por un contexto externo restringido como por la falta de fluidez en la autorización de importaciones, sea de insumos básicos como de bienes de inversión, llevó a que la capacidad ociosa en las plantas industriales se elevara en un año de 16,3 a 24,2 por ciento.

De ahí que, frente a un año de posible rebote transitorio de la actividad, si se cumplen los pronósticos de mejores cosechas y de tonificación del gasto público en construcciones, con el consecuente efecto multiplicador en el transporte, el comercio y las transacciones bancarias, la reacción esperada en materia de actividad fabril se sustentará en un uso más intensivo de los establecimientos que en la inversión en ampliaciones de plantas y en la creación de puestos de trabajo netos.

Para el 2014, entre los economistas hay consenso respecto de que, si no se corrigen los cambios de política económica de los últimos doce meses, el escenario será menos venturoso.