La falta de austeridad en el manejo de la hacienda pública quedó una vez más demostrada a comienzos de la semana cuando a través de un decreto de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo dispuso un aumento de la partida de gasto autorizada para la última quincena de diciembre 2012 de $51.440 millones.

Para comprender la magnitud de semejante expansión de las erogaciones basta con observar que representa más del 10% de lo autorizado por el Congreso hace poco más de un año. El desvío respecto del monto original ya llegó a 16,2%. Es decir que en diez meses se gastó lo aprobado para todo el año.

Semejante descontrol presupuestario no sería inquietante si hubiera sido acompañado por la subestimación de los recursos a cobrar en un monto similar, de modo de no afectar el resultado final.

Pero no fue así: la política de sintonía fina con más controles, regulaciones y discrecionalidades que se siguió desde el aplastante triunfo electoral en octubre de 2011, más un escenario internacional un poco menos favorable, provocaron que la recaudación de impuestos apenas pudiera superar en 5% la pauta nominal.

Del ahorro al desahorro

La tasa de expansión del gasto más que triplicó a la del aumento de los recursos presupuestados, fenómeno que está lejos de corresponderse con un cuadro de disciplina fiscal y resguardo de las finanzas públicas.

La carencia de fuentes genuinas de financiamiento del gasto tuvo como principal repercusión la convivencia con una elevada tasa de inflación, que en las expectativas de las familias ya supera largamente el umbral del 35% al año, más la pérdida de reservas del Banco Central, más allá de las utilizadas para cancelar una deuda que se resiste a la baja y el aumento de la tenencia de títulos públicos en la cartera de la Anses.

Así se llega a un cierre de año en el que la ejecución presupuestaria terminará con un desequilibrio de más de $60.000 millones, equivalente a 3% del PBI, aproximadamente, en contraste con el leve superávit de $1.440 millones que había aprobado el Congreso, sólo en el caso de la Administración Central.

Si se agregan los déficits proyectados para el resto del sector público nacional, las provincias y los municipios, el desequilibrio consolidado de este año, bien medido, salta hasta el equivalente a 6% del PBI.

Claro que siempre Hacienda tiene la posibilidad de ejecutar los gastos pero también de diferir los pagos (libramientos impagos se los denominaba en los 70 y 80) y de ese modo mostrar en base caja un rojo menos dramático al cierre del año que el real o devengado.

¿Habrá ajuste el año próximo?

Con semejante antecedente, que podría resultar aún peor, si el Poder Ejecutivo sigue abusando de las decisiones administrativas, reguladas por decretos de necesidad y urgencia, no se podrá evitar que el Presupuesto 2013 ya haya quedado transformado en papel mojado.

Excepto que, contrario a la prédica de los últimos nueve años y medio, sean tiempos de bonanza, de receso o de estancamiento, y a contramano de todos los pronósticos privados por el año electoral, el Gobierno se atenga a cumplir una meta de gasto que ahora deja un margen de un modesto incremento de 7,1% respecto del final ejecutado en 2012. Es decir, opta por encarar una severa política contractiva en términos reales.

Si en cambio Hacienda extrapola para al próximo año el desvío de las erogaciones que ocurrirá en 2012 a las partidas autorizadas hace menos de dos meses para 2013 por el Congreso y la correspondiente a los ingresos, surgirá que sobre una pauta de un resultado final superavitario de menos de $600 millones pasará a un rojo de más de $76.000 millones.

Un monto tan significativo ya enfrenta serias dificultades de financiamiento a través de la ilusión monetaria que genera la inflación, en particular para quienes no tienen influencias corporativas, como los sindicatos y algunas empresas, para obtener aumentos nominales de salarios y de precios de dos dígitos altos, porque ha derivado en el estancamiento de la actividad agregada y en el resurgimiento de mecanismos de defensa.

Entre éstos ya surgen con nitidez en la lectura de las planillas de recaudación de impuestos, como de la Encuesta Permanente de Hogares, señales de intensificación de la economía en negro, que impiden que el ritmo de crecimiento de los recursos tributarios acompañen a la tasa de inflación.

Sólo la denominada contabilidad creativa que significa el manejo de las devoluciones y reintegros de impuestos, como el cobro anticipado del gravamen sobre la transferencia de combustibles, del lado de los recursos, y atrasar los pagos, o acudir al auxilio de las cajas de la Anses y del Tesoro del Banco Central, permitirá disimular ingresar a 2013 con un presupuesto que ya es incumplible y que vuelve a echar por tierra el rol del Congreso como responsable de asegurar el cumplimiento del mandato concedido al Poder Ejecutivo.

En la economía, como en cualquier orden de la vida, se pueden violar las reglas pero nunca se podrán evitar las consecuencias, las cuales siempre, siempre, son dolorosas.