No se trata de una muletilla extraída de los anales de los economistas liberales y de los movimientos libertarios que creen más en la fuerza del mercado como el mejor optimizador de los recursos escasos, por oposición a los estatitas que creen que el Gobierno central es el único capaz de asegurar una eficiente transferencia de ingresos de los que más tienen a los más carenciados.

Mucho más simple. Esa es la conclusión que, a menos en el caso argentino, surge de los datos oficiales, no sólo elaborados por un devaluado Instituto Nacional de Estadística y Censos, sino también por la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Se sabe que con un Gobierno que ha hecho de la política de precios administrados y contención de la suba de las tarifas públicas para las familias, con algunas excepciones “sólo un tonto o un vivo cree que el Gobierno aumenta precios”, de acuerdo a lo dicho por la Presidente a comienzo de semana.

Pero también cada trimestre el Indec difunde el comportamiento de los principales sectores de producción de bienes y de servicios, así como del consumo público y privado, junto con el del índice de precios implícitos en cada uno de ellos.

Este no es un dato menor, porque permite advertir cuál ha sido la tasa real de inflación que afectó al proceso productivo y comercial y quién ha sido más tolerante, al convalidarla.

Del lado de la oferta, la estadística correspondiente al primer trimestre indicó que el promedio de la economía acusó en doce meses una suba del IPI de 18% con 17,3% en el caso de los productores de bienes y 15,2% en el de los productores de servicios. Los parciales fueron menores a la media, porque estuvieron atenuados por un alza de sólo 13,5% en el componente importado.

Ahora bien, cuando se profundiza el análisis al interior de cada uno de esos dos grandes desagregados se observa que el mayor aumento del IPI se localizó en las actividades comunitarias y de servicio doméstico 26,6% y en la administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales 22,2%. Mientras que del lado de la demanda en el consumo privado el IPI se elevó 15,6% y en el consumo público 22,2 por ciento.

No se trata de una brecha circunstancial entre la variación de precios más alta tolerada por el sector público que la convalida por las familias y empresas privadas, sino que, por el contrario es una constante. En una serie de 20 años el fenómeno se verificó en 14 y en los últimos 11 años en nueve.

De ahí que en una serie de tiempos se advierte que en los últimos 20 años frente a una inflación implícita en el PBI de 445%, en el caso del consumo privado fue de 350% y en el sector público 600%, en contraste con apenas 255% que difundió el Indec en el caso del Índice de Precios al Consumidor.

En tanto que la brecha se acentuó en contra del IPI aceptado en los gastos del gobierno, en el agregado de sus tres niveles: nacional, provincial y municipal en los pasados 10 años, ya que mientras en ese caso el aumento fue de poco más de 459%, en los privados se limitó a 218%, determinando un promedio para el PBI de 271%, aunque el Indec reconoció en el IPC un incremento de 135 por ciento.

Desequilibrios de las empresas públicas
Otra forma de ponderar la calidad de la administración pública, además de la señalada tolerancia de una tasa de inflación superior al promedio de la economía, es observar el comportamiento del resultado final de las empresas a cargo del Estado, según muestra mes a mes la Secretaría de Hacienda en la base caja.

Después de 13 años, entre 1993 y 2005 de resultados virtualmente equilibrados, es decir las empresas públicas no acusaban ni grandes pérdidas ni grandes ganancias, comienza un ciclo de creciente déficit, pese a que desde 2007 el Gobierno nacional elevó en forma singular los subsidios para evitar el alza de las tarifas y financiar un insuficiente programa de inversiones.

Así, de apenas $387 millones de rojo acumulado en los doce meses de 2007 saltó al cierre del primer cuatrimestre del corriente año a una proyección anualizada de más de $11.700 millones, mientras que la masa de subsidios se extrapola a más de $100.000 millones en el corriente año, fuertemente localizado en la deficitaria matriz energética.

De ahí que si bien podría aceptarse, con gran esfuerzo intelectual, que el Gobierno no es el que aumenta los precios, pese a que fija las pautas de alza de salarios en las convenciones paritarias, y también fija la política cambiaria y regula el costo del dinero, no podrá sostenerse lo mismo cuando se advierte el creciente uso del poder de emisión del Banco Central para cubrir el abultado rojo fiscal y se abusa en el uso del financiamiento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Es justamente a través de ese manejo discrecional de la cantidad de dinero, con una inyección al mercado superior al deseado por las empresas privadas y las familias, como se presiona al alza de los precios, esto es se exacerba la tasa de inflación a un rango que ya comienza a ser intolerable por parte de los agentes económicos y afecta la capacidad de generación de riqueza.