Un empleado infiel roba una base de datos de mails sensibles de un estudio contable, de abogados o un banco en los que trabaja.

Un hacker —contratado ad hoc o no— roba igual material.

Cualquiera de los dos personajes ofrece en venta lo robado, primero, a la empresa despojada, luego, a sus clientes más importantes y luego, a los Gobiernos. Si no tiene éxito, vende lo robado a la prensa.

Si los Gobiernos compran el botín, también lo filtran a la prensa para presionar-atemorizar a quienes figuran en la base de datos.

Seguramente la gran mayoría de quienes figuran en esos listados han cometido algún delito en algún país, con diferentes niveles de gravedad. También lo han cometido los que robaron la información, para las leyes de cualquier país. Y también los Gobiernos que actúan de ese modo están vulnerando todo tipo de derechos y violando garantías procesales elementales que se les garantizarían a un carterista o a un asesino serial. Además de que la supuesta prueba es inusable e ilegal en juicio.

Cuando se le arroja parte del material al periodismo, que siente que está investigando los horrores de la Solución Final con una planilla Excel, el proceso se transforma en escándalo. Hasta aquí fue descripción.

Los Gobiernos argüirán que el nivel de los delitos cometidos justifica cualquier accionar. Una especie de ley del arrepentido no escrita. Una justificación legal al submarino, como ya ocurre en algunos países. Sería bueno, con tal criterio, aplicar el concepto a cualquier delito. A este columnista le daría lo mismo ser asesinado por un islamita que se vuela por el aire que por un motochorro que le hace una salidera.

Hace 30 años el consenso consistía en que lo que se perseguía sin límites de fronteras eran los delitos sociales aberrantes: fondos del tráfico de armas, trata, narcotráfico. El resto era aceptado por bancos, gobiernos, sociedades. El secreto bancario no era disputado, lo mismo que los derechos de cada uno. También el gasto del Estado era mucho menor que hoy y, consecuentemente, la necesidad de recaudar.

Día a día comenzaron a agregarse excepciones. Lavado de dinero, una causa sacrosanta, por ejemplo. También se fueron flexibilizando las pautas de información entre países. Pero al hacerlo en distintas etapas, lo que hasta ayer no era delito pasó a serlo, y con grandes penalidades.

La lucha contra el lavado de dinero, indisputable, en vez de ser un sistema de consulta secreta de cooperación entre países es hoy un mecanismo agobiante que ha transformado en sospechoso a todo cliente bancario. Cada ley nueva, cada requisito adicional, cada nueva directiva de las organizaciones supranacionales pone en infracción a quienes hasta un minuto antes no cometían delito alguno.

La evasión impositiva prácticamente se confunde hoy deliberada e injustamente con el lavado, tanto en lo legal como en la comunicación, a niveles que afectan la libertad y el derecho. Esto en un marco donde los Estados gastan anualmente más del 50% del PBI mundial y tienen una deuda mayor al PBI global. ¿Será coincidencia?

Quienes creemos que evadir es un derecho cuando la presión del gasto, la emisión y el populismo tiende al infinito vemos el futuro con un sistema impositivo mundial único y creciente, donde el contribuyente privado será exprimido hasta que se le extraiga todo lo necesario para pagar el gasto populista mundial.

Algunos economistas conocidos, como Thomas Piketty y Nouriel Roubini, igual que Warren Buffett, ya abogan interesadamente por un impuesto mundial, que obviamente se aplicará a las tenencias de las personas, no de las empresas ni de las tramposas fundaciones americanas, la nueva manera permitida de evadir, junto con la práctica de las trasnacionales que venden en Estados Unidos como domésticas, pero pagan solamente los impuestos baratos en Asia, usando los agujeros de la ley impositiva estadounidense.

Se recordará que para luchar contra su evasión doméstica, Estados Unidos obligó a todos los países a aceptar su ley Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca), un concepto peligroso de extraterritorialidad, un fatal mecanismo de información automática indiscriminada. Europa, enojada por la unilateralidad, reaccionó promoviendo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un mecanismo parecido, al que Estados Unidos no ha adherido. Aún.

Subyacentemente, se está jugando una pulseada entre Europa y Estados Unidos, acusado de que su sistema se beneficia con la no reciprocidad. También contra Panamá, que se venía resistiendo a la transparencia. Ahora sirve de ejemplo. Ahora el hackeo y el robo informático han pasado a ser políticamente correctos.

Y también debe recordarse el odio que tienen los países centrales a quienes cobran menos impuestos que ellos, como si gastar de más hubiera pasado a ser obligatorio y ser cuidadoso con el déficit fuera un delito de lavado, cosa que es probable que sea así tipificado muy pronto.

Cuando todo este partido termine y se fundan todos los que se tienen que fundir, surgirá una estructura única impositiva mundial, tanto de gasto como de impuestos, de la que nadie podrá eludirse, ni siquiera con la devaluada democracia, ya que el voto de cada país no afectará la presión fiscal. La democracia de cada nación, tras delegar todo su poder monetario, fiscal y judicial, pasará a ser un mecanismo municipal de recolección de residuos y transporte público.

La pesadilla orwelliana descrita tan gráficamente en su libro 1984, donde ilusamente creíamos que se refería al comunismo.