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El presidente nos divide con su paz

El presidente Juan Manuel Santos decidió, en mala hora, dividir a los colombianos en amigos y enemigos de la paz.

Sin duda, se trata de un recurso de su improductiva campaña por la reelección con el que busca recuperar la imagen perdida. De esa forma, Santos compromete todo su capital político en una jugada desesperada (como en las partidas de póker), apostando al cañazo más difícil: que en La Habana, las FARC le den una ayudita con la firma de algún texto útil para vender la idea de que la paz está al alcance de la mano.

Varios y muy delicados son los problemas que se desprenden de este tipo de movidas. Por ejemplo, se pone en la mesa el destino de la sociedad colombiana y no el bolsillo o billetera del presidente cuando éste deposita una confianza total e incondicional en la supuesta buena voluntad de unas guerrillas que no han dado una señal certera y creíble sobre sus intenciones de ponerle fin al conflicto.

Esa experiencia la sufrimos trágicamente en la campaña electoral de 1998 cuando las Farc ayudaron al triunfo de Andrés Pastrana y luego cobraron, bien duro, ese apoyo para abrir un proceso de conversaciones que terminó en fracaso. La lección es contundente y clarísima. Un presidente o candidato al cargo no puede hipotecar su continuidad o su triunfo con fuerzas que se encuentran en la ilegalidad y que han causado tanto daño a la sociedad y al país. Significaría dar un paso más en la dirección de humillar el Estado.

También es sumamente grave, y por lo mismo irresponsable, que el jefe del Estado se rebaje al nivel de los politiqueros ordinarios que apelan a métodos engañosos para ganar el favor del elector. Santos está en la obligación ética y moral de explicar, más allá de cuñas simplonas y de mensajes románticos e ilusos sobre la paz, quiénes son amigos y quiénes enemigos de la paz.

Santos considera que es el líder del bando de amigos e incluye en él a la guerrilla fariana sin que ésta de muestras reales de estar de su lado. De manera que, sin mediar acuerdos ni compromisos de paz ni cese de fuego, las Farc obtienen el estatus de amigos de la paz mientras continúan matando soldados y destruyendo la infraestructura nacional. Los enemigos de la paz vienen siendo todos aquellos que critican los términos de una política de conversaciones de paz diseñados por un filósofo que no conoce el país. En conclusión, fuerzas políticas a las que perteneció Santos y políticas como la Seguridad Democrática, que él hizo suya cuando fue ministro de Defensa y respecto de la cual se comprometió a darle continuidad en la campaña del 2010, políticos, intelectuales, empresarios, líderes gremiales, víctimas de las guerrillas, son los enemigos de la paz.

No solo es grave que el presidente de todos los colombianos, en su afán por ganar la reelección y en su desespero por la caída en las encuestas, en vez de prestarse para el debate programático, de cara a la nación, de frente a los colombianos, opte por una maniquea división que no tiene lógica, que no es demostrable, que carece de asidero y de las más elementales pruebas que la lucha política requiere para hacer inteligible, argumental y sustentable una decisión.

No creo que la ciudadanía dispuesta a votar se deje impactar por ese tipo de argucias, pues no se precisa de pensamiento complejo ni de teorías o especulaciones filosóficas para entender que los enemigos de la paz no somos los críticos del entreguismo sino aquellos que se encuentran en La Habana impartiendo órdenes a sus frentes para cometer actos de terror. Cuando diversos matices de la institucionalidad afloran, con justas razones, es muy peligroso sembrar cizaña con ese tipo de dislocaciones.

Uno entiende que la lucha política tiende a la polaridad y a la simplificación de los bandos, pero, no se debe olvidar que en democracia, llevar a ese plan las bases de la institucionalidad, la Constitución y demás ideales y valores de la sociedad, puede conducir al camino de la disolución o del triunfo de quienes sí deben ser calificados como enemigos de ellos, como quiera que insisten en la violencia contra los que estamos del lado de la resolución pacífica de los conflictos.

La democracia como furgón de cola

¡Las vueltas que da la vida! ¿Quién creería, unos años atrás, que una tiranía hiciera las veces de anfitriona y locomotora de la democracia en Latinoamérica? Por donde se le mire, el caso es raro. La longeva dictadura de los Castro, imponiendo un fracasado experimento de instauración de una economía socialista, emerge a la cabeza de la lucha contra las desigualdades y por el bienestar de los pueblos de la región.

En Cuba, habrá que repetirlo una y mil veces, subsiste un régimen oprobioso que se aferra con terquedad a los modelos estalinianos, hoy en total bancarrota en el mundo. Gobierna un partido único, el partido comunista, no hay libertad de prensa, la oposición, si así se le pudiere llamar, es perseguida con cárcel y muerte, la educación está basada en la ideología marxista y en el culto a la personalidad. Una pequeña casta, nomenclatura de estilo soviético, una ínfima minoría, es la única que puede acceder a los productos y comodidades del mundo moderno. La inmensa mayoría vive en un mar de carencias materiales que la dictadura pretende justificar como el precio a pagar en la lucha contra el monstruo imperialista yanqui y el voraz capitalismo.

En Cuba no se lee literatura universal, es decir, diversa. Todos están obligados a asumir que el destino de su país está marcado y definido por el comunismo. El pueblo cubano se encuentra privado no sólo de bienestar material, sino del fundamental sentimiento de vivir en democracia y libertad.

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Y Petro creó… el caos

Se quitó la máscara de la democracia, que era eso y no otra cosa, con la que cubrió su faceta de revolucionario y agitador de multitudes en los últimos 22 años.

En su afán de convertirse en mártir en vida de las “oscuras fuerzas del fascismo”, Gustavo Petro arrasó, con grandilocuencia retórica, su compromiso con la paz y con la institucionalidad. Aunque acudió a la tutela, vía legítima, no desactivó la presión de calle. Se le olvidó que para ser demócrata hay que serlo y parecerlo.

En circunstancias que ameritan un interesante debate jurídico (destacable el espacio dedicado por El Tiempo al análisis) Petro reaccionó apelando a un tendencioso juego de palabras en el que se confunden amenazas e incitaciones a la rebeldía con declaraciones de fe en la democracia.

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Las FARC, jugadas por la reelección de Santos

Por todos los antecedentes que había en juego, el Acuerdo sobre Participación Política firmado en La Habana significa, en primera instancia, el lanzamiento de la candidatura de Juan Manuel Santos a la reelección presidencial. Como lo hemos sostenido algunos columnistas, desde hace rato la manija de los diálogos está en manos de las FARC y Santos, para reelegirse con algún margen de éxito, dependía de que le firmaran algún documento.

El texto adornado en una retórica grandilocuente reafirma, en buena medida, lo que ya figura en la constitución política de 1991. Pero, a los ojos de observadores extranjeros transmite una idea bastante equivocada sobre Colombia. En efecto, cualquier francés o norteamericano o japonés, medianamente informado, pensará con toda razón que en nuestro país no hay democracia ni libertades ni garantías para la oposición. Que las FARC son una guerrilla que lucha por esos ideales, que no nació como producto de un proyecto comunista, que no es terrorista, que representa los anhelos de justicia social y que no ha tenido espacios ni facilidades para hacer actividad política en la legalidad.

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Referendo sin paz

El presidente Santos continúa ensillando sin traer las bestias. Su mayoría parlamentaria acaba de aprobar la convocatoria de un referendo que tendría por objeto someter a consideración de la ciudadanía los probables acuerdos de paz que se firmen en La Habana. El Marco Jurídico para la Paz fue expedido para ser aplicado a las guerrillas en un eventual acuerdo de paz. Quiere decir esto que el Estado colombiano se atiene a legislar ante una probabilidad, un albur, que, cada día que pasa, se hace más inviable.

A las FARC nada de lo que ha hecho y concedido este gobierno les ha llamado la atención. No le hacen buena atmósfera a leyes que contemplen algún castigo penal o una consulta a la población. Piensan que en una negociación de iguales, el otro igual, el Estado, no puede imponerles penas. Y de votos, ¡ni locos que estuvieran! pues saben que llevan las de perder. Tampoco las llena la actitud regalona e incondicional consagrada en la política de paz que echó a caminar el presidente y su Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.

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Nunca habíamos avanzado tanto

En varias ocasiones, el presidente Santos, miembros del equipo negociador de paz, columnistas y políticos han dicho que nunca habíamos avanzado tanto en una negociación con las FARC. Son palabras para la galería, con las que se pretende oxigenar la esperanza, cada más escasa, de los colombianos de que ahora sí, de verdad, “estamos a un cacho” de la ansiada paz.

Nos las repiten como si ella dependiera de nosotros, de los colombianos pacíficos, trabajadores, honrados y magullados por el enorme dolor causado por grupos que han sobrepasado todos los límites de tolerancia. O como si dependiera de que el Estado colombiano realice el programa de unas guerrillas que nunca fueron acogidas ni seguidas por las mayorías nacionales. Se equivocan de público y de instancias quienes ponen el peso y la responsabilidad en la población, y además, creen que la gente es tan ingenua como para tragarse esa frase envenenada.

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