Berni se equivoca, la pacificación no fracasó

Sergio Berni está equivocado. El martes, en Animales Sueltos, criticó la iniciativa que se está llevando a cabo en Río de Janeiro para combatir al narcotráfico y dijo que fue “un fracaso”. No es cierto.

El Instituto de Políticas de Pacificación, que presido, viene siguiendo muy de cerca el caso, principalmente porque en él se inspira nuestro proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Rio de Janeiro es la ciudad de Brasil con la mayor cantidad de favelas. En ellas operan muchos grupos de narcotraficantes, lo cual agravala precariedad de vida un clima de constante violencia. Cualquiera que haya visto la película Ciudad de Dios se hará una imagen. De hecho, la historia transcurre en La Rocinha, la única favela en Río que ocupa la totalidad de un área administrativa. Para hacer una analogía con Buenos Aires, sería como si una villa ocupara la totalidad de una comuna.

En el 2008 se implementó por primera vez el uso de UPPs – Unidades de Policía de Pacificación, en la favela de Santa Marta. Para el 2013, había bases en 38 barrios. Según datos del Instituto de Seguridad Pública, en esos 38 barrios se registró una disminución del 50% de los homicidios.

Los vecinos de los barrios pacificados reconocen los cambios y dicen estar conformes. En Santa Marta, según estudios de la Fundación Getúlio Vargas, las UPPs tienen la aceptación del 87% de la comunidad. En Ciudad de Dios, el 93% se muestra conforme. Las 17 comunidades que recibieron UPPs en los últimos años registraron aumentos notables de negocios y comercios.

Una investigación del Banco Mundial realizada en 2011 comparaba el estado de tres favelas con UPPs con una que, en ese momento, no tenía. En las favelas en vías de pacificación se registraba una mejor relación de los habitantes con las fuerzas policiales, comunidades más afianzadas y mayor integración de esas zonas con el resto de la ciudad. 

Estos datos se encuentran incluidos en un documento elaborado por IPP al que pueden acceder todos, inclusive Berni. www.politicasdepacificacion.org

Por eso, insisto con la necesidad de aprender de la experiencia brasileña. Nuestro proyecto de ley -que, vale decirlo, es la única propuesta concreta respecto a cómo combatir el narcotráfico e integrar las villas a la Ciudad- logra incorporar los métodos brasileros a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, que aunque afortunadamente tiene menos villas y menos narcos, no deja de tener un escenario de profunda gravedad.

Pacificar también es tener un plan

Logramos instalar el debate sobre pacificación. Sin embargo, y lejos de celebrar la popularidad que ganó este vocablo en la discusión pública sobre inseguridad y delito organizado, es importante subrayar la raíz de su sentido, en particular a partir del “megaoperativo” contra narcos. El hecho de que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hayan allanado los barrios periféricos no alcanza para asegurar que se esté pacificando Rosario. Entre otras cosas, porque fue un golpe esporádico, sin un proyecto a mediano plazo.
 
El despliegue fue enorme: 3.000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura que realizaron 89 allanamientos. Los resultados acaso hayan sido menores a los esperados: apenas 26 personas detenidas y unas mil dosis de cocaína y de marihuana incautadas. Lo que hubo, entonces, parece más una “reacción” a las maniobras de los narcos que una iniciativa planificada. Los narcos están marcando el ritmo de esta batalla.
 
Además, existen posiciones encontradas en el propio gobierno nacional respecto a cómo conceptualizar el problema. La discusión se fue por las ramas: que si Argentina es o no un país de producción. En el medio, se pierde cuestión la cuestión central: cómo combatir el narcotráfico, flagelo que el Gobierno desconoció durante mucho tiempo. Al ministro de Defensa, Agustín Rossi, no se lo vio en este nuevo episodio de la incipiente lucha contra los narcos que tuvo su detonante en amenazas de muerte realizadas a finales de marzo al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini.
 
Para garantizar el avance del Estado sobre las zonas copadas por el delito, va a ser necesario maximizar recursos, disponer de ellos inteligentemente. Los 2 mil efectivos que quedaron en la zona tras el operativo de Rosario necesitan hacer un trabajo conjunto con la comunidad y el gobierno provincial. Si esto no pasa estaremos en presencia de un enorme dispendio de recursos humanos necesarios para el combate real del delito organizado. 
 
Pacificar es tener un plan, distinguir etapas de intervención y, sobre todo, tener la iniciativa para desbaratar a las bandas de narcotraficantes e incluir a las zonas excluidas a los derechos y obligaciones ciudadanos.

Linchamientos: síntomas de una enfermedad curable

La discusión pública sobre el delito y la inseguridad tiene ahora un nuevo concepto. El tema de los “linchamientos”, que está en boca de todos, debería ser un llamado de atención: el problema de la violencia en nuestras grandes ciudades está alcanzando proporciones alarmantes. Las actos de violencia espontáneos de ciudadanos contra delincuentes demuestran que la lógica de los segundos está empezando a infectar el comportamiento de los primeros. En otras palabras, la gente está sintiendo que su condición de víctima puede ser revertida por el mismo uso de la fuerza que emplean los criminales.

Estoy lejos de celebrar esto, aunque tampoco me tienta demasiado plegarme al coro de los que salen a condenar a rajatabla estas reacciones por el mero hecho de que van contra la ley (sobre lo último no caben dudas). ¿De qué ley hablamos cuando llegamos al punto en que el ciudadano entiende que reprimir al delincuente por mano propia es más viable y efectivo que recurrir a las vías formales que ofrece el Estado? Si, en definitiva, el que no se siente representado por sus leyes tarde o temprano deja de acatarlas. Cuando tengamos una sociedad de delincuentes, cuando todos hagamos lo que queramos, de nada les va a servir invocar las bondades de las leyes.

Afortunadamente aún no estamos ahí. Los casos de Rosario y Palermo pueden ser solamente dos síntomas esporádicos de una enfermedad todavía curable. Por eso, insisto, hay que pacificar a la sociedad y para ello hay que operar sobre los eslabones más débiles de nuestra cadena de derechos y deberes ciudadanos. Estos eslabones son las zonas de exclusión social, en otras palabras, de pobres. Las voces biempensantes insisten en decirnos que no hay que criminalizar a la pobreza cuando hacemos, discursivamente, esta asociación entre marginados sociales y delincuentes. No se dan cuenta de que son ellos los que criminalizan a los pobres, no discursivamente, sino en los hechos, al permitir que se sostenga su penosa situación de vida alimentando a la insaciable maquinaria del subsidio que, no solo no saca a los pobres de la pobreza sino que los acostumbra a vivir en ella, los amontona y los separa culturalmente del resto de la sociedad.

Por eso quiero recordarles que el Instituto de Políticas de Pacificación está buscando llevar ante la Legislatura Porteña un proyecto de ley para erradicar el delito de las villas y así poder integrarlas al resto de la ciudadanía. Queremos remover los tumores del delito organizado y empezar la recomposición del tejido social. Queremos que no haya más pibes que salgan a la calle re jugados. Queremos que no haya ciudadanos que se sientan también re jugados y maten a golpes a esos pibes. Queremos un Estado creíble y personas que crean en él.

Lo que tenemos de momento es una sociedad que se piensa y se vive en términos binarios: el drama de los ciudadanos contra los delincuentes es solo uno de tantos. Están los ricos contra los pobres, los opositores contra los oficialistas y tantos otros. El país se está desintegrando porque cada vez nos cuesta más identificarnos con el otro. Para que ello no ocurra debemos unificar nuestro modo de vivir, bajo las mismas reglas y con los mismos derechos. Todavía podemos curar esta enfermedad.

Iniciativa para pacificar las villas

Hace dos semanas lanzamos oficialmente el IPP (Instituto de Políticas de Pacificación), con la intención de ayudar a mejorar la convivencia en la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto tiene hechos varios trabajos de investigación sobre el problema de la inseguridad, similitudes y diferencias con los casos de otras regiones, y plantea una iniciativa para terminar con el delito organizado.

Tal iniciativa consiste en un proyecto de ley al que dimos en llamar Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires, que propone emular la experiencia realizada en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro. Río es una de las ciudades más pobladas de Brasil y es la que tiene la mayor cantidad de favelas. Desde 2008 el Estado interviene en estos asentamientos precarios a través de unas fuerzas especiales llamadas UPP -Unidades de Policía Pacificadora- que son escuadrones especializados en combatir el delito organizado. En otras palabras: echan a los narcos de las favelas.

¿Es comparable el problema de las villas en la Ciudad de Buenos Aires al de Río? Si bien nuestra problemática es de proporciones mucho más modestas, el crecimiento acelerado de la cantidad de villas y de la actividad delictiva dentro de ellas nos permite pensar que lo que pasa hoy en Río puede ser el futuro de Buenos Aires si no lo combatimos correctamente.

En Brasil la intervención de las UPPs viene dando buenos resultados. El procedimiento de “pacificación” consiste en dos etapas: primero se saca a los narcos de las villas, lo cual requiere un trabajo de inteligencia policial que tenga en cuenta las particularidades de cada zona (sociales, territoriales y de diversas índoles) de modo tal que se pueda garantizar la reducción del delito sin poner en riesgo a personas inocentes, que son la mayoría de los ciudadanos que habitan en villas y asentamientos. Una vez expulsados los delincuentes de las villas se procede a una segunda etapa, que según la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires consistirá en la instalación en el territorio de UPSs – Unidades de Pacificación Social. Estas estarán coordinadas por funcionarios de la Secretaría de Habitat de la Ciudad y contarán con equipos de trabajo comunitario cuya función será la de asegurar la llegada del Estado a esos territorios. A partir de eso podrá iniciarse el proceso de urbanización, que consistirá en dar servicios públicos, mejorar las condiciones habitacionales y permitir la aparición de escuelas, hospitales, comercios y demás establecimientos fundamentales para la vida de los ciudadanos.

Esto ya se está haciendo en Río de Janeiro y podemos hacerlo en Buenos Aires. Para que la Legislatura trate este proyecto de ley necesitamos reunir 40.000 firmas que equivalen al 1,5% del padrón electoral porteño. Los invito a visitar la página de IPP en Facebook, a leer el proyecto de ley y acercarse a nuestras mesas. Allí estuvimos recolectando firmas desde este fin de semana. Juntos podemos pacificar Buenos Aires y garantizar un mejor futuro: sin narcos y sin villas.

El desalojo en Villa Lugano y la responsabilidad de “los que dan derechos”

En algún momento de los próximos días quizá se lleve a cabo el desalojo del predio en Villa Lugano, recientemente bautizado por los ocupantes como barrio “Papa Francisco”. Veremos en qué termina. Es difícil prever si logrará hacerse efectivo o no. Sea cual sea el resultado, de lo que quiero hablar es de los obstáculos que vienen poniendo al desalojo distintos referentes de la política. Me voy a referir a ellos como “los que dan derechos”. No es que dar derechos esté mal, pero en este caso pareciera que los derechos nunca conllevan responsabilidades ni deberes. El que da derechos tiene un antagonista histórico, que es el que quiere solucionar todo a los palos. Ambos, mal que les pese, se parecen mucho en que tienen respuestas de antemano para los problemas más delicados y dilemáticos del país. Cuando el que quiere solucionar todo a los palos dice “hay que reventarlos a todos y que se dejen de joder” el que da derechos dice “hay que integrarlos, no hay que reprimirlos”. Es obvio que nos gustan más los que dan derechos, es más lindo hablar de derechos que de palos, pero basta con que nos corramos un poco de ese lugar para notar que las respuestas prefabricadas, vengan de donde vengan, son solo cortinas de humo para no ver la complejidad real de los problemas.

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Tu firma puede derrotar al narcotráfico

El narcotráfico se ha expandido en Buenos Aires. Cada año presenciamos más conflictos armados en villas y asentamientos precarios de la Ciudad. Por eso, ha llegado el momento de actuar para que el narcotráfico, la inseguridad y el delito dejen de ser temas del futuro.Con tu firma podés ayudar a la implementación del proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires.La iniciativa es impulsada por el IPP – Instituto de Políticas de Pacificación, una asociación civil encabezada por mí, Diego Kravetz.

A las villas llega a cuenta gotas el Estado y servicios básicos como luz, agua, gas, recolección de residuos o seguridad, entre otros. Los narcotraficantes se convierten entonces, en muchos casos, en la autoridad de esos territorios.

Así las villas se aíslan de la ley y de las normas de convivencia y se genera cada vez más injusticia.

Injusticia para los que viven en villas, porque no pueden vivir dignamente, no consiguen trabajo y no acceden a derechos básicos.

Injusticia para los que viven fuera de las villas, porque crece la inseguridad y porque la ciudad se vuelve cada vez más difícil.

Pacificar las villas es terminar con la injusticia en la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires se inspira en el plan de acción llevado a cabo en Río de Janeiro desde el 2008 y que ha mostrado grandes avances.

Consiste en la implementación de UPP -Unidades de Policía de Pacificación-, que son fuerzas de policía especialmente entrenada que intervienen para desmantelar a los grupos delictivos y expulsarlos del territorio.

Una vez recuperado el territorio, se instalan las UPSs –Unidades de Pacificación Social-. Se trata de unidades estatales que trabajan junto a los vecinos en la urbanización del territorio, la entrada de servicios formales y las condiciones aceptables de vida conforme a reglas claras.

Vuelven la ley y el orden.

El trabajo de pacificación se hace en conjunto con la comunidad, a través de una policía formada para ejercer el trabajo comunitario que atienda a las preocupaciones y problemas de los vecinos.

Es por eso que a partir del 19 de marzo vas a empezar a ver algunas mesas del Instituto de Pacificación Social donde podés acompañarnos con tu firma para hacer realidad este proyecto.

Ayudanos a impulsarlo. Ayudános a pacificar Buenos Aires. 

¿Derecho a qué? Más cuestiones sobre vivienda y subsidios

Empecemos como en las series (¿a ustedes les gustan las series?): “Previamente en esta columna”…

Veníamos hablando del conflicto en el Parque Indoamericano, de las villas, de los asentamientos, de las condiciones precarias de vida en la que siguen estando año a año miles de ciudadanos. También del mal hábito de subsidiar y de la relación simbiótica que se ha gestado entre los gobiernos y parte de la ciudadanía a la que tristemente la han habituado a vivir de dádivas estatales. De todo eso hablamos en las ediciones previas de esta columna.

Nos referimos además a la cultura de nuestros abuelos inmigrantes y del esfuerzo con el que construyeron sus vidas, la de sus hijos y sus nietos (o sea, la gran mayoría de nosotros). Parece un tema totalmente distinto, pero en la Argentina todo está conectado.

Cerca de Parque Indoamericano hubo otras ocupaciones. Más precisamente en el Barrio Pirelli, donde existe un complejo de viviendas que fueron asignadas a sus actuales habitantes durante el 2009. Son principalmente los hijos de estas familias quienes ocuparon el predio destinado a las 40 viviendas que aún no se han terminado de construir y que reclaman su “derecho” a ser beneficiarios de estos nuevos departamentos.

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Otro round en el Parque Indoamericano

Hace 9 años fui coautor de la ley 1770 que planteaba una solución integral al problema de la Villa 20. Por eso, cuando vi en la prensa la noticia de que se había reanudado el conflicto en Parque Indoamericano, que estalló en diciembre de 2010, me vi inclinado a escribir las líneas que siguen.

Para los que no recuerden el episodio inaugural de esta historia que quedó en suspenso, éste se desató cuando 6000 personas, muchas oriundas de la Villa 20, ocuparon el parque de Villa Soldati.

El inicio del conflicto trajo a los gobiernos nacional y porteño más motivos para continuar con su constante pase de responsabilidades. Finalmente se condujo una acción en conjunto tendiente a disolver la ocupación que fue, para algunos, una medida de reclamo por mejores condiciones habitacionales, para otros una forma de conseguir más subsidios, que es la forma mediante la cual el Gobierno Nacional y el de Ciudad realizan “contención social”.

Tomemonos un minuto para pensar en los subsidios. Si una persona tiene problemas graves de subsistencia (comida, techo, acceso al trabajo, salud o educación), está bien que el Estado intervenga de manera transitoria mientras se generan condiciones para terminar con la situación de emergencia. El problema en la Argentina es que los gobiernos no generan tal cambio de condiciones y hacen de la emergencia la realidad cotidiana de una enorme porción de la sociedad, que obviamente, después de tres generaciones ya naturalizó a los subsidios como forma normal de vida. El subsidio se ha vuelto un vicio, un mal hábito que comparten tanto los gobiernos que los dan como los ciudadanos que los perciben. Dejar los subsidios se está volviendo casi tan complicado como lo es para muchos chicos de la calle dejar la droga. Nos hemos vuelto adictos a subsidiar.

La ley que propuse apuntaba a la urbanización de la Villa 20. A darles servicios, calles, iluminación y con todo eso una normativa coherente con la que cumple el resto de la ciudadanía. De esto se habla muy poco cuando se refiere a la urbanización. La inclusión se trata de dar tanto derechos como obligaciones, igualar a todos en las mismas reglas, cosa que sabemos no ocurre en el far west del subsidio en que se han convertido complejos habitaciones como la Villa 20.

Volvamos al nuevo round de esta pelea. Ésta parece ser de todos contra todos: del gobierno nacional contra el gobierno de la ciudad, claramente, pero también de los vecinos de Soldati y Lugano (ciertamente no la porción más privilegiada de la población) con los ocupantes, e incluso de los ocupantes con habitantes de asentamientos lindantes, tal y como se expresó en el reciente asesinato de Osvaldo Soto.

También pudimos presenciar el pase de factura del secretario de Seguridad Sergio Berni al fiscal Carlos Rolero, quien solicitó el uso de la fuerza pública para disolver la ocupación.

En estos días, con el parque todavía ocupado (aunque algunos ocupantes se retiraron) la Policía Metropolitana censó a los ocupantes y muchos fueron incluidos en… adivinen… sí, más subsidios.

En tanto dejamos que el problema se perpetúe las esporádicas explosiones de este conflicto nos ponen una y otra vez en una disyuntiva estéril: la de los que bregan por la “inclusión” y minimizan la gravedad de multitudes ocupando terrenos públicos, y la de los que demandan solucionar todo con policías y palos.

Hablemos de los primeros, de los paladines de la inclusión, que suelen ser quienes siguen el acontecer de estos penosos hechos desde la televisión y los diarios pero que casi no transitan por las inmediaciones del parque. Los que desde un lugar supuestamente progresista minimizan el problema con ideas de inclusión social deberían replantearse hacia dónde creen que están “progresando”. Es decir, si el progresismo es permitir que familias que están en la lona ocupen espacios verdes para seguir viviendo en la precariedad, estamos todos muy mal. Y si encima el Estado los “recompensa” por eso, estamos muchísimo peor.

La función de un Estado presente es tanto la de garantizar el bienestar de todos como la de trazar límites. De hecho, ambas gestiones se deberían concebir como orgánicas y no excluyentes.

Ocupar terrenos públicos es una transgresión a las normas de convivencia fundamentales de cualquier ciudad. El Estado debe velar, ante todo, por preservar las normas en las que se sustenta. Es imprescindible disolver la ocupación.

Ahora, con solo disolverla no podemos esperar que la cosa no se repita. La intervención del Estado, que debe apuntar a la pacificación de estas zonas en conflicto, debe ser constante y estar localizada en el territorio para anticiparse a las nuevas ebulliciones de caos y violencia.

De momento parece que no prosperan las negociaciones entre las autoridades y los ocupantes. Mientras tanto se preserva la ocupación y la precarización de toda la zona. Ya se están construyendo viviendas en el parque. Esto es algo que no se debe permitir y los responsables de garantizar el cumplimiento de las reglas deberán pagar el costo de haber endurecido su postura demasiado tarde. ¿O cabe alguna duda de que este nuevo capítulo de Parque Indoamericano es el resultado de políticas que se han postergado y postergado por años?

Es fundamental que la siguiente etapa a la desocupación, sea como sea que se garantice (pero que se debe garantizar y de inmediato) sea la pacificación del territorio con supervisión e intervención constante del Estado. De otro modo veremos de acá a un tiempo más noticias (malas, seguramente) sobre el Parque Indoamericano.

 

Las voces oficiales y qué nos dicen sobre el narcotráfico

Uno de los temas de la semana, y que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en varias entregas de esta columna semanal, fue la “discrepancia” entre el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, sobre si la Argentina es o no un país de producción de droga.

La misma se desarrolló en el contexto de dos entrevistas radiales a cada uno de los funcionarios: primero Agustín Rossi aseguró en Radio Rivadavia que Argentina pasó de ser un país de tránsito y consumo a uno de elaboración. Además estableció la importancia de conducir un trabajo de inteligencia y reducción del delito organizado, el cual -según el ministro- tiene más larga data que el narcotráfico (antes los delincuentes se dedicaban a otros delitos y en cierto punto habrían “cambiado de rubro”).

Por otro lado, Sergio Berni fue entrevistado por La Red. Desconoció haber escuchado a Rossi hacer tales declaraciones y desmintió la clasificación de Argentina como un país productor debido a que, según la definición que maneja Berni de producción, ésta implica la elaboración de la materia prima, es decir la cocaína mayormente, para la cual no están dadas en el país las condiciones geográficas y climáticas. En una segunda entrevista en Rock & Pop, Berni se explayó sobre esta cuestión terminológica: la “producción” de cocaína se realiza en los países geográficamente aptos (Colombia, Bolivia y Perú); aquí se ejercen procesos adicionales como la adulteración (diluir la pureza de la materia prima para aumentar su cantidad y hacerla rentable), fraccionado y envasado (en el caso del éxtasis, cuya materia prima viene de Asia) y distribución. En esta segunda entrevista el secretario de Seguridad expresó su posición a favor de la despenalización de la marihuana y citó al narcotraficante Pablo Escobar para sostener que la lucha contra el narcotráfico tiene una desventaja numérica con respecto a los delincuentes. Esto último escandalizó a la prensa y varios periodistas, aunque si uno escucha la entrevista la idea fue sacada de contexto: Berni venía hablando de la ineficacia de los medios tradicionales de combatir al narcotráfico, pero no sentenció ninguna imposibilidad para hacerlo.

Lo que sí es motivo de preocupación es ver que no hay una visión unificada en el cuerpo de funcionarios del gobierno sobre cómo referirse al problema y mucho menos cómo tratarlo. No es de extrañarse pues que todo gire en torno a cuestiones puramente semánticas: lo que Rossi llamó “elaboración” para Berni es otra cosa. Hay que saber distinguir el carácter de ambos discursos. Rossi hizo una declaración política, Berni hizo una explicación técnica. Para calmar a las fieras, Capitanich declaró que se trató simplemente de interpretaciones distintas sobre lo mismo. Lo que realmente le interesa al Gobierno es dejarnos en claro que la Argentina no es un país productor. Muy bien, ¿y con eso qué?

Lo que tiene que ocupar nuestra atención son los modos de desmantelar el delito organizado en el país que viene creciendo desde hace varios años. Berni reconoce este aumento no sólo en el hecho de que cada vez es mayor sino que también más violento. Para el secretario de Seguridad esto es algo que no pasa solo en la Argentina sino que expresa una tendencia mundial. Nuevamente tiene razón, como también es cierto que aquí el problema no está tan avanzado como en Colombia o Brasil por citar dos casos. Sin embargo todavía seguimos preguntándonos qué acciones concretas se tomarán para evitar que lleguemos a ser como estos países. Y mal que nos pese, como venimos diciendo, hablar de narcotráfico debería obligarnos a hablar de las condiciones de vida precarias en las que viven cada vez más ciudadanos en villas miseria y asentamientos, tema que no fue señalado por ninguna de las voces que participan de este tira y afloje mediático. Ya es sabido que en estos complejos habitacionales opera la mayor parte de los cárteles y que la exclusión social es un caldo de cultivo para que los narcos recluten mano de obra.

Las declaraciones de Rossi apuntan más a proyectar su oposición política contra el Gobierno de Santa Fe que a un verdadero planteo de resolución de este conflicto que creció bajo la vista gorda de autoridades de diversos distritos y jurdisdicciones (empezando por el propio Gobierno Nacional).

Parece que el coro de las voces oficiales empieza a desajustarse y cada uno canta por su lado la melodía que más le conviene. Hace poco el Gobierno empezó a reconocer (por motivos puramente de fuerza mayor) la existencia en el país de problemas que aquejan a la población y cuya existencia negó por mucho tiempo: el narcotráfico es uno de ellos.

Si se produce o no se produce en el país es una discusión de segundo orden. Lo que está clarísimo es que Argentina es parte del circuito de la droga a nivel continental y que los medios para frenarlo no están dando resultado. Quizás no estamos apuntando al lugar correcto. ¿Qué puntería tendrá el Gobierno ahora que para todo le tiembla la mano?

Los jubilados, la historia y los números

Cristina Kirchner anunció la semana pasada, con bombos y platillos, el aumento del 11,31% para las jubilaciones. Fiel a su estilo habitual, criticó a los que la critican y pasó lista de todas las cosas que viene haciendo el Gobierno… desde 2003. Seguimos hablando de 2003.

Los números no mienten. La historia, por otra parte, puede ser bastante engañosa si no se la sigue atentamente. Según el Índice de Precios al Consumidor de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires desde septiembre del año pasado, mes en el que se implementó el último aumento a las jubilaciones, hasta enero de este año los precios aumentaron un 16,2%. Esto es, 5 puntos más de lo que el Gobierno está aumentando a los jubilados hoy. Es decir, incluso en el caso improbable de que la inflación se detenga, de ahora en más los jubilados ganarían menos de lo que ya perdieron desde el último aumento. Y no parece que la inflación vaya a detenerse.

Tendemos a pensar la historia como algo que ocurrió hace muchos años, pero la historia se escribe todos los días. Es cierto, como dijo Cristina en su discurso, que este Gobierno incorporó al régimen jubilatorio a muchas personas que antes no estaban incluidas. Ese es un logro de nuestra democracia cuya firma les corresponde y cuyas virtudes se pueden arrogar con justa razón. Pero el tiempo pasa y la celebración de lo que se hizo, por más bueno que haya sido, no debería impedirnos ver lo que se hace. Y lo que el Gobierno está haciendo actualmente es, lisa y llanamente, un ajuste encubierto.

No es muy dífícil de apreciar: el Gobierno actualmente necesita cerrar paritarias por debajo del 25%, cosa que disgusta a los gremios, como quedó puesto en evidencia con las declaraciones de Antonio Caló hace unas semanas. Para mantener su capacidad adquisitiva los trabajadores necesitan por lo menos un aumento del 35%. Para el Gobierno esa cifra es impensable, no puede financiarlo.

Los aumentos a las jubilaciones se deciden en proporción a los aumentos salariales, según la Ley de Movilidad Jubilatoria. Parece claro que, cierren como cierren las paritarias, los trabajadores van a perder plata y los jubilados también.

Este es un problema que la Argentina arrastra desde hace muchos años y que se debe a que el Gobierno se negó sistemáticamente a reconocer la inflación. Los salarios aumentan, sí. Las jubilaciones aumentan, también, pero no lo hacen en proporción con el aumento de los precios.

Es el salario real lo que no se condice con las declaraciones oficiales. Porque si bien los salarios aumentan no es reconocido el aumento de precios efectivo que puede constatar cualquier ciudadano con sus visitas semanales al supermercado. El cálculo en el que se basa la decisión del 11,31% se basa en el salario promedio, que si no estuviese desfasado de la realidad adquisitiva de las personas, estaría bien, pero no es el caso y los números resultantes (jubilación mínima de 2.757 pesos y media de 4.804 pesos), con la inflación y -más aún- con la reciente devaluación, se vuelven un chiste.

Estos números, salta a la vista de cualquiera, son insuficientes para la economía doméstica de cualquier ciudadano. Y lo que es insuficiente hoy, en Argentina, mañana será paupérrimo. Los voceros oficiales, cuyas palabras corren más rápido que sus ideas, se ve que no piensan en estos números. Están más preocupados por sus números, los que tienen que cerrar a como de lugar.

¿Cómo van a cerrar las paritarias? Habrá que esperar para verlo, pero el aumento a los jubilados ya está definido y aunque algunos no quieran verlo sigue atrás de las necesidades y de la realidad de los argentinos. Se ve que ya no estamos en 2003.