El Mundial y la seguridad en Brasil

Según una nota publicada en el sitio de ESPN el 23 de mayo, el Mundial de Brasil 2014 es el más lucrativo de la historia. También estaría siendo el más costoso: el gasto total estimado para el gobierno de Brasil sería de 14 mil millones de dólares. Gran parte de este total estaría destinada al mejoramiento de los estadios de las 12 ciudades en las que se juegan los partidos, los aeropuertos, el sistema de transporte y, por supuesto, la seguridad.

Brasil implementó el operativo de seguridad más grande jamás realizado para un campeonato de la FIFA. El presupuesto -mayor a 800 millones de dólares- que implicó la movilización de más de 150 mil policías y soldados fue, de acuerdo con Ralf Mutschke, director de seguridad de la FIFA, motivo de tranquilidad para el ente organizador del torneo, luego de los varios disturbios y manifestaciones acontecidos durante el tiempo previo al inicio del mundial.

Las medidas de seguridad que el Estado de Brasil tomó para este Mundial también están pensadas para las Juegos Olímpicos que se celebrarán allí en 2016. Además de la movilización de efectivos policiales y del ejército, se incluyó la compra de robots de Estados Unidos, drones de Israel y tanques de Alemania.

El modelo de robots utilizado es el packbot 510 y lo desarrolla una empresa estadounidense llamada iRobot. Son robots de asistencia militar equipados con cámaras y que pueden identificar artefactos explosivos improvisados, es decir, no convencionales en sentido militar. Cada unidad cuesta entre 100 mil y 200 mil dólares.

Por otro lado, los drones, más conocidos aquí en Argentina por la experiencia que se viene haciendo en el Municipio de Tigre, son vehículos aéreos no tripulados. Brasil compró a Elbit Systems, la empresa israelí de defensa, 2 ejemplares del modelo Hermes 900, que sobrevuelan el territorio.

En el medio de todo este despliegue de tecnología destinada a la seguridad, la policía de Brasil fue equipada con lentes de reconocimiento facial que sirven para identificar fácilmente entre una multitud la presencia de criminales buscados por la policía.

Cabe destacar que, junto con el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, Brasil ha sido recientemente sede de la cumbre medioambiental de las Naciones Unidas, los Juegos Mundiales Militares y la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en la que la visita del Papa Francisco convocó a  casi 4 millones de personas.

En el transcurso de los últimos años y con proyección a los que vienen, Brasil, un país que se perfila como potencia emergente ha sido el escenario de eventos internacionales que redimensionaron su necesidad de definir políticas de seguridad. Esto se vio cristalizado en el documento Garantía de Ley y Orden lanzado por el Ministerio de Defensa el año pasado. El mismo otorga potestad a las Fuerzas Armadas (ejército, prefectura y fuerzas aéreas) la capacidad de intervenir en conflictos de orden civil y establece los modos en los que pueden tener lugar sus intervenciones.

En definitiva, la militarización de la seguridad en Brasil, de la cual hemos dado cuenta en esta columna al referirnos a las Unidades de Policía de Pacificación que se vienen llevando a cabo en Río de Janeiro desde 2008, es una característica notable de sus políticas de seguridad en los últimos años.

Brasil es uno de los países de la región sudamericana con mayor cantidad de asentamientos precarios (favelas) donde operan los grupos de narcotraficantes más importantes de la región. Sus pretensiones de ascender globalmente como potencia mundial demandan un endurecimiento notable de su control securitario. En esta línea vienen sus iniciativas recientes en la materia para las cuales, la Copa Mundial de Fútbol, es sólo un desafío más que sólo una detallada evaluación posterior nos dirá qué tan bien supieron sortearlo.

La Cámpora, esos jóvenes prehistóricos

El enfrentamiento por el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou y la eventualidad de un juicio político va más allá de lo específico del caso y tiene que ver con los mecanismos para asegurar la transparencia de nuestros dirigentes.

Escribo esta columna a algunas horas de la reunión de la Comisión de Juicio Político. El kirchnerismo ya adelantó que votará en contra y se preocupó por congregar a los diputados más duros para convalidar su posición. Algunos son de La Cámpora, que ingresó a la “política grande” como promesa de renovación.

Que quede claro: la necesidad de modernizar muchos paradigmas históricos de la política no tiene signo partidario. Se puede percibir tanto con La Cámpora como con el PRO y algunas otras expresiones partidarias. La coyuntura pide no sólo gente joven sino mentalidades jóvenes, es decir, ideas que se correspondan con el mundo que vivimos hoy, donde la información circula libremente.

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La demagogia de La Cámpora y los valores villeros

La Cámpora está impulsando un proyecto de ley para hacer del 7 de octubre el “Día Nacional de los Valores Villeros”. La fecha elegida coincide con el nacimiento del Padre Carlos Mujica, quién tuvo una militancia ejemplar en los barrios pobres – especialmente en la Villa 31 – y un rol fundamental dentro de lo que fue el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. La labor del Padre Mugica lo convirtió en una figura emblemática de las luchas por la equidad social. Recibió críticas desde distintos sectores políticos (incluido el movimiento de los Montoneros, en cuya gestación Mugica estuvo de alguna manera involucrado) y finalmente fue asesinado en el barrio de Villa Luro a la salida de una misa, al parecer – ya que nunca estuvo del todo claro – a manos de la Triple A.

El legado social y político de Mugica es sin duda alguna digno de reconocimiento. El proyecto de ley, sin embargo, invoca una serie de ambigüedades alrededor de los supuestos “valores villeros”, concepto extraño que desde La Cámpora quieren instalar.

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Fallo Griesa: no hinchemos para el equipo contrario

El reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos sobre el canje de la deuda argentina tiene repercusiones importantes y es fundamental tomar posiciones claras respecto al problema. Por eso, me permito desviarme un poco de los temas que son más habituales a esta columna, principalmente cuestiones estrictamente referidas a la Ciudad de Buenos Aires, para expresar mi parecer respecto a este asunto que está dando mucho que hablar a políticos y periodistas.

Primero que nada, me parece importante que las pretensiones políticas a corto plazo no resuman la complejidad del asunto a cuestiones de cristinismo y anticristinismo. Esto no es un fracaso del Gobierno nacional ni mucho menos algo para celebrar. Cualquiera que, desde una postura opositora, que es válida, reivindique el fallo está cometiendo un gesto de irresponsabilidad política atroz. Para ponerlo en términos futbolísticos, ya que estamos también a tono con eso, el que celebre el fallo está hinchando para el equipo contrario.

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Villa Obelisco: negocios a puertas cerradas

La historia de las ocupaciones ilegales en la Ciudad de Buenos Aires se repite con una frecuencia que haría sonrojar hasta a los productores de Hollywood, quienes nos tienen ya bastante acostumbrados a la remake de la remake de la remake. Hace dos meses ese repetidísimo cuento obtuvo un escenario novedoso: de los creadores de Parque Indoamericano y Villa Papa Francisco llegó otra desopilante historia de impericias, Villa Obelisco. 

Las dimensiones del conflicto han ido mutando de manera poco clara. Primero se instaló una gran carpa que sigue allí hasta el día de hoy. Como al parecer eso no fue suficiente para llamar la atención de las autoridades se fueron instalando carpas chicas que llegaron a ser casi veinte. El Gobierno de la Ciudad, que no quería pagar el costo de desalojar a los ocupantes, cometió el error de creer que no habría costos en permitir que la ocupación siguiera. Es cierto que los porteños tienen una capacidad notable para acostumbrarse al deterioro, pero todo tiene su límite. Para la ciudadanía, la precarización de un punto neurálgico de la ciudad como la intersección de Corrientes y 9 de Julio es algo difícil de ignorar.

Al día de hoy las carpas chicas se fueron y sólo quedó la grande. ¿Qué es lo que negoció el Gobierno de la Ciudad con los manifestantes? No lo sabemos. Las negociaciones se vienen desarrollando a puertas cerradas, lo cual alentará las suspicacias de quienes creemos que tanto este gobierno como el Nacional enfrían los conflictos momentáneamente usando fondos públicos. Las decisiones que se están tomando a espaldas de la sociedad (es decir, de los contribuyentes) tendrán repercusiones para todos en dos sentidos: primeramente porque se utilizará dinero del Estado que no se implementará para otras cosas y en segundo lugar porque seguirá sin resolverse el problema de fondo por el cual se han vuelto cada vez más recurrentes las ocupaciones.

La solución a ese problema de fondo es la que propone nuestra Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires: sacar a los delincuentes de las villas y empezar la urbanización en un marco de absoluta legalidad. Es importante que el Gobierno aclare cómo es que persuade a los manifestantes para que se retiren del Obelisco. Si es con la implementación de una política habitacional seria, como la que nosotros proponemos (lo cual no ocurrirá de un día para el otro) o si es simplemente por la asignación de dádivas que financiamos todos.

El problema de las ocupaciones es recurrente porque nadie quiere hacerse cargo. Es mugre que los gobiernos prefieren esconder bajo la alfombra. La opción responsable es la de empezar a consensuar cuál es el equilibrio que queremos entre la legitimidad de ciertos reclamos y los castigos que se deben imponer por quebrar la ley, así como también definir cuánto de lo que ocurre es responsabilidad de los gobiernos, ya sea por acción u omisión.

Vivimos en una ciudad sin política habitacional, donde los que reclaman por la existencia de dicha política lo hacen quebrantando la ley y, para colmo, en vez de ser castigados son premiados por su transgresión. Esto es, como lo dije en otro momento, el reino del absurdo.

Claramente ni el gobierno de la Ciudad ni el gobierno de la Nación tienen estas cuestiones en mente. Desde esta columna espero poder compartirlas con ustedes para que las tengamos presentes a la hora de tomar las decisiones que se avecinan.

¿Qué tiene de malo el pacto Macri-Cristina?

Esta semana la presidenta Cristina Kirchner y el Jefe de Gobierno Mauricio Macri inauguraron juntos la extensión de la autopista Illia que representará grandes beneficios para los miles de conductores que a diario transitan por el área metropolitana. Esta obra, para usar las palabras de la Presidenta durante el acto era “objetivamente” necesaria; estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿qué necesidad había de remarcar esa objetividad?

La Presidenta quiere disipar la idea de que su actual acercamiento con Macri (quien fuera desde 2007 cuando asumió la Jefatura de Gobierno uno de los más grandes enemigos del kirchnerismo) es parte de un pacto en reacción a la creciente popularidad de la alternativa opositora del Frente Renovador. En otras palabras, quiere despolitizar el asunto con el argumento de la objetividad.

Efectivamente hay un pacto ¿qué hay de malo en reconocerlo? ¿Por qué tantos esfuerzos en disimularlo? Durante casi dos mandatos los porteños vienen esperando una comunicación más fluida entre la Nación y la Ciudad. Obras como ésta, que serán beneficiosas tanto para los habitantes de la Capital como de Gran Buenos Aires, nos encaminan hacia una ciudad más organizada. Si eso nace de un pacto, entonces me quedo con la Presidenta que pacta. Nunca es malo decir la verdad, en especial cuando se trata de buenas noticias.

Es cierto, no obstante, que las repercusiones de reconocer ese pacto son un poco más complejas de lo que se ve a simple vista. Para el Gobierno Nacional la presencia de Macri como un dirigente opositor de centro-derecha siempre fue funcional para sostener su reputación de centro-izquierda. Se trata de un esquema dual en el que Cristina se siente cómoda y que la aparición del Frente Renovador sin duda pone en crisis. Sin esa polarización centro-derecha / centro-izquierda el destino post-presidencial de Cristina queda en manos del justicialismo que nunca es muy benévolo con los que se van. Por eso es comprensible que haga énfasis en las diferencias: no quiere perderlo a Macri como antagonista ideológico porque eso supondría perder su lugar de centro-izquierda.

Sostener esa ficción no le va a ser fácil. Después de casi una década de enfrentamientos y disputas con el Gobierno de la Ciudad, cuando las diferencias que los separan no parecían hacer lugar ni siquiera a necesidades “objetivas” de ningún tipo, es hasta de perogrullo decir que las intenciones de fondo son lisa y llanamente políticas.

Siempre que su acercamiento con Macri redunde, como en este caso, en el beneficio de todos, me parece que no hay nada de malo en reconocerlo. Sin rasgarse las vestiduras ni hacer el papel de mártir, que a fin de cuentas están haciendo lo que hace rato deberían haber hecho: dialogar.

Ley de Pacificación: razones para participar

El Instituto de Políticas y Pacificación sigue juntando firmas para llevar ante la legislatura porteña la Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley es importante por varias razones: En primer lugar porque es hasta la fecha la única propuesta concreta para terminar con el problema creciente de las villas y el narcotráfico. Como lo he dicho en varias ediciones de esta columna, las villas y asentamientos, que expresan la forma más precaria e informal de vida en las grandes ciudades, han ido ganando terreno en nuestra ciudad aceleradamente.

Donde no hay condiciones normales de vida se rompen los códigos de convivencia pacífica a los que aspira cualquier sociedad. En nuestro caso esas aspiraciones se han visto constantemente frustradas por la adicción de los gobiernos (tanto nacional como de la ciudad) a medidas de contención que deberían ser pasajeras pero que son dilatadas en el tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de los subsidios, lo cual me lleva a la segunda razón por la cual es importante este proyecto de ley: es un camino para terminar con la cultura del subsidio. Frenando el subsidio a mansalva lograremos dos cosas importantes: en primer lugar una mejor administración de la economía pública y, en segundo lugar, revitalizar la cultura del trabajo que construyó a la clase media bonaerense.

Finalmente, la tercera razón de la importancia de este proyecto de ley radica en su condición de ser una iniciativa popular. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires contempla la posibilidad de que los ciudadanos (es decir, personas que no cumplen funciones legislativas) presenten proyectos de ley, siempre que estos reúnan una serie de requisitos. La Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires está encaminada a conseguir el último requisito faltante: 40 mil firmas que representan al 1,5% del padrón. Hemos estado juntando firmas en distintos puntos de la Ciudad. Pueden enterarse de la ubicación de nuestras mesas entrando a nuestro sitio oficial: www.politicasdepacificacion.org.

No obstante, quiero invitar a todo aquel que se sienta representado por nuestro proyecto de ley a colaborar con el Instituto de Políticas de Pacificación ayudándonos a conseguir más firmas. Estamos buscando voluntarios y creemos que, siendo esta una iniciativa popular, éstos deben ser ciudadanos comunes motivados por el deseo de mejorar nuestra querida Ciudad de Buenos Aires de cara al futuro.

Por eso, dejáme hablarte directamente: solamente en los casi cinco meses que van del año oíste hablar de numerosas ocupaciones de espacios públicos (en Parque Indoamericano, en Villa Lugano, en el Obelisco), de nuevos subsidios que empeoran la situación, de un clima de violencia social creciente con linchamientos a delincuentes y de discrepancias entre las voces oficiales sobre lo que está pasando. Vos sabés que esto no da para más. Así que te pido que por favor nos ayudes con lo que puedas, ya sea acercándote a nuestras mesas a firmar o juntando firmas en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en donde puedas. El Instituto de Políticas de Pacificación aceptará la colaboración de todos los que crean que la Ciudad de Buenos Aires se merece una vida mejor, sin violencia, sin delincuentes, sin subsidios, sin villas, con barrios.

Un programa para ordenar la Ciudad

El absurdo crece en detrimento del orden. El correr del año nos está dando una buena lección: hace falta planificar. Hasta ahora, se sigue confundiendo “alentar” con “tolerar”. Se toleran las ocupaciones cuando la inacción las alienta constantemente. Las autoridades tienen que frenar esta mala costumbre y sacar a los que ocupan ilegalmente el espacio público.

Como si no hubiese sido suficiente con las tomas en Parque Indoamericano y Villa 20 en Lugano, ahora tenemos gente acampando nada menos que ante el Obelisco. El mensaje que los ocupantes parecen querer dar a las autoridades es “o urbanizan las villas o convertimos al centro en una villa más”.

Por eso, lo primero, ante todo, es restablecer el orden. Lo segundo es dar una respuesta a estos reclamos que no sólo son legítimos sino que representan a muchas más personas que las que van a ocupar espacios ilegalmente. Es necesario planificar para terminar con la existencia de villas y asentamientos a lo largo de toda el área metropolitana.

El Instituto de Políticas de Pacificación que presido tiene un programa y una agenda de acciones concretas, bien programadas, para evitar ocupaciones ilegales que provoquen más violencia social. Para salir de una vez por todas del cortoplacismo del subsidio constante y de la impostura de dejar crecer a la pobreza y a la informalidad en nuestra Ciudad. Ahí sí que no vamos a tener la necesidad de decir que hay que reprimir las ocupaciones ilegales de espacios.

No se puede esperar a que haya urbanización para que luego haya orden. El orden se debe garantizar constantemente y en simultáneo al plan de acción que garantice, lo más pronto posible, que no haya razones para que nadie quiera reincidir en el absurdo.

Berni se equivoca, la pacificación no fracasó

Sergio Berni está equivocado. El martes, en Animales Sueltos, criticó la iniciativa que se está llevando a cabo en Río de Janeiro para combatir al narcotráfico y dijo que fue “un fracaso”. No es cierto.

El Instituto de Políticas de Pacificación, que presido, viene siguiendo muy de cerca el caso, principalmente porque en él se inspira nuestro proyecto de Ley de Pacificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Rio de Janeiro es la ciudad de Brasil con la mayor cantidad de favelas. En ellas operan muchos grupos de narcotraficantes, lo cual agravala precariedad de vida un clima de constante violencia. Cualquiera que haya visto la película Ciudad de Dios se hará una imagen. De hecho, la historia transcurre en La Rocinha, la única favela en Río que ocupa la totalidad de un área administrativa. Para hacer una analogía con Buenos Aires, sería como si una villa ocupara la totalidad de una comuna.

En el 2008 se implementó por primera vez el uso de UPPs – Unidades de Policía de Pacificación, en la favela de Santa Marta. Para el 2013, había bases en 38 barrios. Según datos del Instituto de Seguridad Pública, en esos 38 barrios se registró una disminución del 50% de los homicidios.

Los vecinos de los barrios pacificados reconocen los cambios y dicen estar conformes. En Santa Marta, según estudios de la Fundación Getúlio Vargas, las UPPs tienen la aceptación del 87% de la comunidad. En Ciudad de Dios, el 93% se muestra conforme. Las 17 comunidades que recibieron UPPs en los últimos años registraron aumentos notables de negocios y comercios.

Una investigación del Banco Mundial realizada en 2011 comparaba el estado de tres favelas con UPPs con una que, en ese momento, no tenía. En las favelas en vías de pacificación se registraba una mejor relación de los habitantes con las fuerzas policiales, comunidades más afianzadas y mayor integración de esas zonas con el resto de la ciudad. 

Estos datos se encuentran incluidos en un documento elaborado por IPP al que pueden acceder todos, inclusive Berni. www.politicasdepacificacion.org

Por eso, insisto con la necesidad de aprender de la experiencia brasileña. Nuestro proyecto de ley -que, vale decirlo, es la única propuesta concreta respecto a cómo combatir el narcotráfico e integrar las villas a la Ciudad- logra incorporar los métodos brasileros a la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, que aunque afortunadamente tiene menos villas y menos narcos, no deja de tener un escenario de profunda gravedad.

Pacificar también es tener un plan

Logramos instalar el debate sobre pacificación. Sin embargo, y lejos de celebrar la popularidad que ganó este vocablo en la discusión pública sobre inseguridad y delito organizado, es importante subrayar la raíz de su sentido, en particular a partir del “megaoperativo” contra narcos. El hecho de que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, hayan allanado los barrios periféricos no alcanza para asegurar que se esté pacificando Rosario. Entre otras cosas, porque fue un golpe esporádico, sin un proyecto a mediano plazo.
 
El despliegue fue enorme: 3.000 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura que realizaron 89 allanamientos. Los resultados acaso hayan sido menores a los esperados: apenas 26 personas detenidas y unas mil dosis de cocaína y de marihuana incautadas. Lo que hubo, entonces, parece más una “reacción” a las maniobras de los narcos que una iniciativa planificada. Los narcos están marcando el ritmo de esta batalla.
 
Además, existen posiciones encontradas en el propio gobierno nacional respecto a cómo conceptualizar el problema. La discusión se fue por las ramas: que si Argentina es o no un país de producción. En el medio, se pierde cuestión la cuestión central: cómo combatir el narcotráfico, flagelo que el Gobierno desconoció durante mucho tiempo. Al ministro de Defensa, Agustín Rossi, no se lo vio en este nuevo episodio de la incipiente lucha contra los narcos que tuvo su detonante en amenazas de muerte realizadas a finales de marzo al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini.
 
Para garantizar el avance del Estado sobre las zonas copadas por el delito, va a ser necesario maximizar recursos, disponer de ellos inteligentemente. Los 2 mil efectivos que quedaron en la zona tras el operativo de Rosario necesitan hacer un trabajo conjunto con la comunidad y el gobierno provincial. Si esto no pasa estaremos en presencia de un enorme dispendio de recursos humanos necesarios para el combate real del delito organizado. 
 
Pacificar es tener un plan, distinguir etapas de intervención y, sobre todo, tener la iniciativa para desbaratar a las bandas de narcotraficantes e incluir a las zonas excluidas a los derechos y obligaciones ciudadanos.