Por: Diego Rojas
Los tramos finales del juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra -cuyo tribunal dictará sentencia este jueves 19 de abril- cobran, por obra de la voluntad y del destino, una cierta vertiginosidad en la que se cristalizan datos (hechos concretos de la realidad), manifestaciones culturales surgidas por la conmoción que sigue produciendo el crimen y posiciones políticas bien definidas, de uno y otro lado.
I. Cierto revuelo fue provocado por el estreno del film ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, dirigido por Alejandro Rath y Julián Morcillo y basado en el libro de investigación homónimo publicado por este cronista en editorial Planeta. La película, protagonizada por el escritor y periodista Martín Caparrós, incurre en la ficción para que su trama –en la que un periodista interpretado por Caparrós investiga el caso– presente a los espectadores los hechos documentales que dan cuenta de las causas profundas, y económicas, que motivaron el homicidio. También presenta una reconstrucción de los hechos de aquel 20 de octubre y realiza un retrato íntimo de Ferreyra a través de los testimonios de familiares, amigos y compañeros de militancia. El film fue reseñado en casi todos los medios de comunicación. Sólo uno eligió no hacerlo. Página/12, esa reedición kirchnerista del “diario de Irigoyen”, decidió no publicar deliberadamente nada sobre la película, hecho admitido por el editor jefe de espectáculos de ese diario. “Sign o’ the times”, diría Prince. ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, pese al ninguneo del medio “progre” y de una serie de escollos que introdujo el Incaa, quedó primero en el promedio de espectadores por sala en la primera semana de su estreno.
II. En este mismo sitio, Jorge Asís –uno de los escritores más interesantes que existe en el país, agudo polemista y exponente de aquel sector que podría denominarse como la derecha más ilustrada de la Argentina– publicó el texto “Pedraza en la hoguera”, que plantea una serie de puntos de vista polémicos sobre el rol del sindicalista preso, acusado de ser el instigador del ataque que terminó con la vida del militante del Partido Obrero.
Asís toma los argumentos de la defensa de José Pedraza y compañía y aduce que Ferreyra habría sido asesinado no como parte de un plan criminal que tenía como objetivo escarmentar a los tercerizados (tal como señalan las querellas) sino como producto de un “homicidio en riña” –figura descartada desde los primeros días de la investigación judicial–. Plantea, en sintonía literal con uno de los abogados defensores de la patota, que Pedraza podría ser plausible de sospechas por su enriquecimiento, su gusto por el champagne, por su departamento en Puerto Madero, pero no por asesinato, y le reprocha a sus colegas sindicales que no se movilicen para impedir su encarcelamiento. Asís esgrime que el Estado no se hace cargo de uno de sus roles, que sería reprimir la protesta social, y que esto habría obligado a que se actúe del modo en que se actuó aquel 20 de octubre de 2010. Estima que la izquierda se conforma con poco, con Pedraza preso, y que no avanza hacia los verdaderos responsables estatales. A lo largo de todo el escrito –y con ese incomparable estilo que Asís supo cultivar– señala supuestas similitudes con el caso Fuentealba, el docente neuquino asesinado, y la responsabilidad endilgada por el homicidio al gobernador Jorge Sobisch.
Los razonamientos de Asís sufren de variadas inconsistencias.
No fue un “homicidio en riña”. Fue una acción planificada desde la cúpula del sindicato ferroviario, que tiene en José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández a sus máximos exponentes, quienes monitoreaban permanentemente el curso de acción de aquel 20 de octubre de 2010. Si bien la causa fue caratulada de ese modo, a las pocas horas se desechó que Ferreyra hubiera sido asesinado de un modo casual: existían muchas pruebas e indicios para afirmar la planificación. Así lo demuestran los entrecruzamientos de llamadas que dan cuenta de la planificación del plan y la ejecución del ataque de manera permanente ya que Fernández –que se encontraba todo el tiempo junto a Pedraza– llamaba a Pablo Díaz (delegado sindical y jefe de la patota), quien se comunicaba con Cristian Favale (uno de los tiradores), que llegó acompañado por un grupo de lúmpenes armados. Otro entrecruzamiento telefónico demuestra que, mientras Favale estaba en la clandestinidad con pedido de captura, Pedraza llamó al estudio de abogados de Esteban Righi –el “camporista” ex procurador de la Nación–, de allí llamaron al teléfono de Favale y luego de cortar volvieron a llamar a Pedraza. El plan y sus consecuencias era monitoreado antes, durante y después por el propio José Pedraza. El sindicalista –además de la condena social por su departamento de un millón de dólares en Puerto Madero y su rol empresarial que dejó en la calle a decenas de miles y que en la actualidad lo tenía como explotador de tercerizados en una cooperativa ferroviaria– debe ser condenado por haber sido el instigador del plan criminal que terminó con la vida de Mariano Ferreyra.
Hasta Asís lo admite. “Para impedir la patología del corte, no quedaba otra alternativa que conseguir algunos muchachos fortachones. Con deseos de hacer méritos, más que daños”, escribe. Pedraza impulsó o contrató a esos “muchachos fortachones”. Las pericias científicas demuestran que se dispararon por lo menos cuatro armas de fuego desde el grupo agresor. Los testimonios de los testigos permiten señalar hasta ocho tiradores. Fue un plan criminal.
Los señalamientos de Asís sobre el rol del Estado son atendibles, pero refutables. El marco jurídico se basa en la fantasía de la igualdad de los ciudadanos. Desde ya, la sociedad dividida en clases desmiente esta fantasía. Esta división produce el conflicto. La Constitución garantiza dos derechos, el de la libre circulación y el de la protesta. Pero uno y otro, a veces, chocan. Corresponde evaluar en términos estratégicos cuál derecho debe prevalecer sobre otro: sin el derecho a la protesta, no tendríamos destino como sociedad.
Se equivoca Asís cuando dice que la izquierda se conforma con poco. En realidad, va por más. La querella de Correpi y el PO ha planteado que se investigue el rol de Aníbal Fernández en la liberación de la zona cometida por la policía. Un abogado defensor de uno de los comisarios acusados señaló que su defendido no tenía la capacidad política de decidir las acciones que se tomaron ese día, sino que tales órdenes provenían del área comandada por Aníbal Fernández en esa época. Hay que recordar que Fernández al día siguiente de los hechos dijo a Radio 10 en el programa de Marcelo Longobardi que la actuación de la policía había sido impecable. Hoy son siete policías sentados en el banquillo de los acusados. Todo esto no tiene en cuenta las reveladoras grabaciones de los diálogos entre Tomada, Rial y Pedraza.
III. Es estremecedor. Todo. Desde el trato cordial, la confianza extrema y cariñosa, el “¡Querido!” con el que saluda el ministro Carlos Tomada a José Pedraza tres meses después del asesinato de Ferreyra y cuando no quedaban dudas sobre el rol del sindicalista en la cuestión. Todo eso se podría obviar. Lo que no puede ser desdeñado es la intensa alianza entre el más alto poder del Estado –el Ejecutivo– con una burocracia sindical podrida a la que asesora sobre cómo debe actuar para mantenerse en el poder. “Hay que laburarlos políticamente”, le dice el ministro al sindicalista hoy preso, “hacer cursos de formación laboral para hacerles la cabeza”. Se refiere a los tercerizados que ingresaban al ferrocarril mediante la lucha. “No son todos del PTS o del PO”, caracteriza Tomada, que frente a los izquierdistas fortalece su alianza con Pedraza para que siga al frente del ferrocarril. Un mes después, el día que se allanaba el piso de Puerto Madero de Pedraza, el sindicato, la casa del Gallego Fernández y otros lugares donde la gendarmería encontró pruebas inculpatorias del asesinato de Ferreyra, la viceministra Noemí Rial llama a Pedraza. “¡A la flauta!”, le dice, “¡a la miércoles!”, mientras Pedraza le cuenta los allanamientos. “¿No tenés nada raro en el sindicato, no?”, pregunta la actual viceministra. “José, tenés el teléfono de mi casa o el de mi celular, llamame por cualquier cosa que necesites este fin de semana”, se pone a su disposición la viceministra. Pocos días después, Pedraza quedaría preso.
Hasta el momento ni la viceministra que se solidariza con el burócrata criminal ni el ministro que asesora al mismo delincuente emitieron declaraciones sobre estas escuchas reveladas a la sociedad. Sin embargo, después de la medianoche del viernes Tomada empezó a tuitear. No dijo nada de esas conversaciones, nada sobre su vínculo con Pedraza tres meses después del asesinato de Ferreyra y nada sobre su alianza para que el sindicalista permaneciera en el poder. Como acostumbra el kirchnerismo, decidió emitir loas y alabanzas a la presidenta, reafirmar su profesión de fe cristinista. Pobre tipo.