Por: Eduardo Amadeo
El documento de los obispos no podía llegar en un momento más apropiado, cuándo todas las evidencias acerca del problema de la droga se han desbandado casi sin control.
204 muertos en Rosario en lo que va del año por ajustes de cuentas asociados a la droga; las polícias provinciales infiltradas sin límites; el sicariato instalado como modo sofisticado de resolución de conflictos entre narcos; presencia abierta de capomafias; el tamaño promedio de los decomisos en permanente aumento; las cifras de consumo han explotado. Y todo ello en medio de una parálisis oficial que ya lleva 10 años y que se ha ido profundizando con el paso del tiempo.
El primer gran impulso a la penetración narco fue el blanqueo de 2010, que permitió quemar 4000 causas por lavado de dinero que estaban en los juzgados. A ello se sumó la inacción y la escandalosa lenidad en el control del lavado de dinero; la falta de radares; la carencia de recursos de los organismos de seguridad; la ruptura de relaciones con los servicios de inteligencia de otros países. No hay prácticamente ninguna referencia estructurada en el discurso K al problema que nos angustia; y ello se concreta en la decisión de la Presidenta de no nombrar secretario de Sedronar desde hace más de 6 meses. Más allá de obvias cuestiones administrativas, la falta de una cabeza en la secretaría implica que no existe un responsable que mueva el Ejecutivo, que sea abogado ante la Presidenta, que presioné a otras áreas, que piense estratégicamente. El resultado está a la vista; y como bien lo plantea el documento de los obispos, a medida que el tiempo pasa se hace cada vez más difícil volver atrás.
Cuando la corrupción del narco entra en las fuerzas de seguridad, la infección de consolida y se hace dificilísimo revertirla. La droga va dejando droga en su camino y eso aumenta el consumo y la dependencia, en especial de los más pobres.
Frente a este drama, no hay soluciones instantáneas. La legalización es una suerte de atajo frívolo, que supone que un problema de esta densidad se puede resolver permitiendo que nuestros hijos y nietos compren cocaína legal en el kiosco de la esquina. Es comprensible que ante la desesperación, los hombres recurran a pensamientos mágicos, pero está probado que eso de nada sirve.
Lo único que sirve es una clarísima decisión política de encarar un programa integral con el mayor profesionalismo, usando todos los recursos del Estado, lo que incluye una acción definida sobre el lavado de dinero y maximizar la cooperación internacional. El gobierno ha roto los lazos con los organismos de inteligencia internacionales, no sólo por su diplomacia aislacionista, sino por la paranoia de preservarse de intromisiones indeseadas, a un enorme costo.
En el campo de la prevención, la palabra del Papa Francisco es la guía: reducir el consumo de drogas sólo puede lograrse con un trabajo de base comunitaria, basado en la cercanía y la com-pasión que entienda las razones sociales de la adicción. En esta línea,
la complementacion entre la capacidad del Estado y la capilaridad y amor que pone la sociedad civil es la fórmula más efectiva. Lo mismo con las acciones para ayudar a la recuperación de los adictos.
Pero hacer todo esto implica para el Gobierno un cambio copernicano en muchas de sus ideas y políticas. Significa despolitizar toda su relación con la sociedad civil; poner en el centro de sus preocupaciones a la familia; evaluar el impacto de sus acciones; profesionalizar sus cuadros técnicos, dialogar con las organizaciones, aunque estas no le respondan políticamente.
Finalmente, creo que luego del documento de los obispos, debemos trabajar para que a la energía negativa y perversa de los narcos, se oponga una enorme energía social positiva, a través de acciones sociales -despolitizadas, de inspiración gandhiana en sus métodos-que expresen con claridad la decisión de la sociedad de exigir a todos los niveles del poder que frenen esta situación, que se viene anticipando, pero que se ha acelerado hasta niveles ya insoportables