Algunas precisiones sobre el desafuero parlamentario

A raíz de la condena perpetrada por la Sala I de la Cámara de Casación Penal contra el ex presidente y actual senador nacional Carlos S. Menem, “completada” con la imposición de la pena insólitamente impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, pese a ser el mismo que lo había absuelto anteriormente, se ha planteado nuevamente el tema de si corresponde su desafuero como legislador.

Considero pertinente efectuar algunas precisiones sobre el concepto, el alcance y la procedencia del desafuero, no sin antes dejar claramente establecido que la sentencia dictada por el Tribunal de Casación no se encuentra firme por cuanto se ha interpuesto en contra de ella el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia  por su notoria arbitrariedad e ilegalidad. De la misma forma tampoco está firme la sentencia del Tribunal Oral Nº 3, toda vez que  será recurrida dentro del plazo legal pertinente.

El desafuero es un mecanismo establecido por el artículo 70 de la Constitución Nacional en virtud del cual el legislador sometido a un proceso penal es privado de la inmunidad de arresto prevista por el artículo 69 del mismo cuerpo legal, por decisión de la Cámara a la cual pertenece, adoptada por los dos tercios de votos de sus integrantes.

Las citadas normas constitucionales han sido reglamentadas por la ley 25.320, denominada Ley de Fueros, sancionada, promulgada y publicada en septiembre del 2000, que ha aclarado diversas cuestiones que habían suscitado algunas polémicas sobre el funcionamiento de este mecanismo.

Una cuestión que ha quedado fuera de discusión es que el privilegio de la inmunidad de arresto del legislador no impide al juez interviniente en un proceso iniciado en su contra que prosiga con la tramitación del juicio hasta su total conclusión, es decir, hasta que se dicte y quede firme la sentencia absolutoria o condenatoria  dictada por el Tribunal competente.

Recién en el caso de que mediare sentencia condenatoria firme que imponga una pena privativa de la libertad, el Tribunal debe pedir el desafuero del legislador para que se pueda cumplimentarla. También deberá el tribunal interviniente solicitar esa medida si el legislador sometido a proceso se niega a concurrir al acto de indagatoria al cual haya sido legalmente citado.

Uno de los propósitos que persigue la citada Ley de Fueros es el de evitar que se repitan casos como el del senador Eduardo Angeloz, quien había sido privado de sus fueros a pedido de un juez de la provincia de Córdoba, donde se le sustanciaba un proceso penal, sosteniendo que por una disposición del Código Procesal Penal de esa Provincia  no podía avanzar en dicho proceso si la Cámara de Senadores no le retiraba esa inmunidad parlamentaria. Al concluir el juicio con su absolución, el senador Angeloz pudo volver a su banca, pero durante 28 meses no pudo ejercer su mandato, privando además a la provincia de Córdoba de tener a uno de sus representantes en el Senado de la Nación. Debe entenderse  al respecto que la inmunidad de arresto tiende principalmente a preservar la integridad de la Cámara a la que pertenece el legislador.

Cabe destacar que el criterio sustentado por la ley 25.320 no ha hecho más que seguir la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1873 en la causa “Procurador Fiscal c/Senador Nicasio Noroño”, en la cual estableció que “el juez debe adelantar el sumario, como si se tratara de un individuo particular, con la única excepción de la prisión que no puede ejecutar sin consentimiento del Senado”. De un modo similar expidió en la causa “Conte Grand”.

De lo que antecede surge en forma clara que el desafuero procede únicamente cuando el Tribunal interviniente debe privar de su libertad al legislador en razón de existir una sentencia condenatoria firme o cuando se niegue a comparecer al juicio ante una citación a prestar declaración indagatoria, nada de lo cual ha ocurrido en este caso.

Debo suponer que los que se han apresurado en pedir el desafuero lo han hecho por ignorar los antecedentes mencionados o actúan movidos por intereses puramente políticos. Así como los jueces que dictaron la condena lo hicieron por motivos extrajurídicos y violando los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y les leyes dictadas en consecuencia, que consagran la garantía del debido proceso legal, del derecho de defensa y el de disponer de una doble instancia en caso de mediar una condena.

En definitiva, contrariamente a lo que sostienen algunos legisladores, dirigentes políticos y “opinólogos”, antes  que por sus fueros el senador nacional Carlos S. Menem está hoy protegido por el principio constitucional de inocencia, que sólo puede ser destruido por una sentencia condenatoria firme y pasada en autoridad de cosa juzgada.

Contrabando de armas: un proceso aberrante y vergonzoso

El proceso penal al cual se lo está sometiendo al ex presidente Carlos S. Menem bajo la imputación de un supuesto contrabando de armas a Croacia y Ecuador constituye una aberración jurídica que quedará como una lacra en la historia de la justicia y de los responsables de llevar adelante este ignominioso juicio, violando cuanta norma procesal y penal se les pusiera al paso, con la manifiesta intención de dañar la trayectoria y la vida de quien ocupara por dos periodos la  más alta magistratura del país por la voluntad mayoritaria, democráticamente expresada por el pueblo argentino.

Una sintética explicación de los aspectos principales del caso, sin entrar en precisiones técnicas permitirá constatar la veracidad de la precedente afirmación:

1°) Los decretos suscriptos por el presidente Menem y los ministros competentes autorizando la venta de armas a otros países se hicieron observando estrictamente el procedimiento establecido anteriormente por el gobierno que lo precedió, con participación de todos los organismos de control y de asesoramiento determinados a tal fin.

2°) Pretender que sea responsabilidad del Presidente de la Nación controlar personalmente que las armas que cuya venta autorizó legalmente a determinados destinos sean efectivamente entregadas en esos destinos, no sólo viola elementales principios en materia de responsabilidad penal sino también de sentido común.

3°) No se aportó al proceso ningún elemento probatorio, directo ni indirecto, que demuestre que el Presidente Menem y los firmantes de los decretos hayan tenido conocimiento ni mucho menos participación alguna en la maniobras que pudieron haberse a otros niveles jerárquicos inferiores para cambiar el destino de las armas. Más aún, en el caso de las armas presuntamente desviadas a Croacia no había ningún impedimento para que los decretos hubieran indicado ese destino porque el embargo decretado por Naciones Unidas al respecto entró en vigencia con posterioridad a la firma de las resoluciones pertinentes, por lo que no se explican los motivos por los cuales se hubiera recurrido a una acción semejante.

4°) La sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Casación Penal, revocando la absolución resuelta por el Tribunal Oral y condenando al ex Presidente, además de hacer una arbitraria interpretación de los hechos, de las pruebas aportadas y del derecho aplicable, viola flagrantemente la garantía procesal de la doble instancia y por ende del debido proceso legal establecido por el artículo 14 inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, incorporado a la Constitución Nacional por su  artículo 75 inciso 22. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene categóricos pronunciamientos en ese sentido, inclusive en un caso en el que la República Argentina fue parte (caso “Mohamed vs. Argentina”). Más grave aún resulta esta violación por cuanto en la sentencia se incorporan nuevos argumentos respecto a los cuales los imputados no pudieron ejercer el derecho de defensa, transgrediendo el derecho de defensa en juicio consagrado por el artículo 18 de nuestra ley fundamental. Se trata en consecuencia de una sentencia absolutamente nula por su evidente arbitrariedad que no puede ser sostenida legítimamente en un sistema judicial democrático.

5°) La arbitraria e ilegal sentencia condenatoria no se encuentra firme  por cuanto sido recurrida mediante un recurso extraordinario federal  ante la Corte Suprema de Justicia de la Naciónpor lo cual sigue plenamente vigente el principio de inocencia en favor del imputado. No obstante ello y pese a no existir sentencia condenatoria firme en contra del ex Presidente, sigue recibiendo ataques y diatribas de todo calibre por razones eminentemente políticas  que  se inscriben dentro de la feroz campaña de demonización a la que viene siendo sometido desde hace tantos años, sin descartar que también se pretenda continuar presionando a la justicia para obtener una condena definitiva.

6º) No obstante encontrarse recurrida la sentencia condenatoria, la Sala I de la Cámara de Casación  ha devuelto la causa al  Tribunal Oral que absolvió al acusado para que proceda a determinar la pena a imponerle. No hace falta ser letrado para advertir la tremenda contradicción y el absurdo en que se incurre al obligar a imponer penas al mismo Tribunal que anteriormente sentenció la inocencia del imputado. No cabe duda que es evidente el propósito de seguir causándole gravámenes de todo tipo al ex Presidente, entre ellos seguir dando pié a los ataques de sectores políticos y mediáticos que siempre le fueron adversos.

7º) El Fiscal actualmente interviniente ante el Tribunal Oral  ha pedido, además de la pena, el desafuero como senador del ex Presidente. Sería suficiente con la lectura de la ley de fueros 23.520  y tener en cuenta los antecedentes jurisprudenciales existentes al respecto para advertir la improcedencia de ese pedido, porque de ellos surge en forma clara que el desafuero sólo procede cuando sea necesario privarlo de la libertad al legislador, ya sea porque exista condena firme y definitiva en ese sentido o cuando se niega a comparecer ante la Justicia, nada de lo cual ha ocurrido en este caso.

8°) Tener a un ex Presidente de la Nación bajo proceso durante 18 años, cambiando arbitraria y maliciosamente los delitos imputados y tergiversando los hechos para someterlos forzadamente a determinadas figuras penales, con intervención de algunos jueces y fiscales que buscaron la “gloria” por la hazaña de haber procesado a una figura de esa jerarquía institucional, o de otros que procuraron “despegarse” del gobierno que los nombrara o “desquitarse” por no haber obtenido los ascensos pretendidos  u otros beneficios inconfesables, sin olvidar a los que se prestaron a ser instrumento del poder político, resulta realmente aberrante y constituye una verdadera afrenta a la  verdad y a la administración de justicia. La triste y patética historia de este interminable proceso hubiera servido para otra apasionante obra de Franz Kafka.

9º) Finalmente no puedo dejar de manifestar que la resolución condenatoria perpetrada por la Sala I de la Cámara de Casación en contra del ex Presidente  me produjo la misma sensación de injusticia y arbitrariedad que cuando la Junta Militar de la dictadura, además de privarlo de su libertad el 24 de marzo de 1976, lo incluyó en el Acta de Responsabilidad Institucional que entre otras restricciones dispuso la indisponibilidad de sus bienes hasta que demostrara su legitimidad. Después de sufrir cinco años de cárcel y confinamiento en distintos lugares recuperó su libertad y sus bienes. Pero lo que nunca pudo ni podrá recuperar son esos cinco años de su vida, sometido a toda clase de vejámenes y sufrimientos que también los padeció su familia. Por cierto que no pongo a la par a la Junta Militar que asoló al país durante siete años con un Tribunal judicial, pero cuando una persona es víctima de tanta injusticia y arbitrariedad, produce los mismos daños, sin importar quienes hayan sido sus autores y responsables.

Los jueces tienen la palabra

La ley recientemente sancionada modificando la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura viola tan notoria y groseramente el artículo 114 de la Constitución Nacional, que resulta difícil pensar que ningún juez de la Nación  declararará su inconstitucionalidad.

La norma constitucional es tan clara que para determinar su alcance bastaría con una interpretación literal de su texto que entre otras cosas establece:

A) Que el organismo debe integrarse con representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular (es decir Congreso y Poder Ejecutivo, de los jueces de todas las instancias de la matrícula federal y de personas del ámbito académico y científico. Parece evidente que cuando la norma menciona la elección popular se refiere exclusivamente a los órganos políticos y no a los representantes de los otros estamentos que, por una elemental razón de sentido común, deben ser elegidos por sus pares. No puede concebirse racionalmente que los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos y científicos puedan ser elegidos por otros sujetos distintos a ellos mismos. Así se interpretó al sancionarse la ley 24.937 en 1997 y su ley modificatoria 26.080 en 2006.

La nueva ley al determinar que los representantes de jueces, abogados y académicos sean elegidos por sufragio universal, con el pretexto de democratizar la administración de justicia, vulnera abiertamente la letra constitucional.

Pero si alguien quisiera apartarse de la interpretación literal  e indagar cuál ha sido la voluntad e intención de los convencionales constituyentes que discutieron y sancionaron el artículo 114, bastaría con leer la versión taquigráfica del debate llevado a cabo en la Comisión del Núcleo de Coincidencias Básicas  de la Convención Nacional Constituyente, realizado el 11 de julio de 1994 [1] del cual surge en forma categórica e incontrastable que la intención de los convencionales fue la que vengo sosteniendo. Resulta ilustrativo al respecto un intercambio de opiniones entre los convencionales Eugenio Zaffaroni y Enrique Paixao, coincidiendo concretamente sobre este punto [2].

B) Que al integrarse el Consejo debe procurarse un equilibrio entre los distintos estamentos, debiéndose entender que no debe haber predominio de ninguno de ellos, sobre todo en cuanto a los representantes de los órganos políticos y los que actúan en el ámbito de la justicia. La exigencia de este equilibrio fue también ampliamente debatida en la Comisión antes mencionada como en el Congreso de la Nación al sancionarse la ley 24.937, la que logró concretar ese equilibrio. La ley 26.080, promovida por la senadora que ocupa actualmente la Presidencia de la Nación, alteró ese equilibrio en beneficio de la representación de los órganos políticos.

Pero la nueva ley elimina totalmente esa exigencia constitucional  al determinar que los representantes de los jueces, abogados y académicos deben ser elegidos por sufragio popular a propuesta de los partidos políticos y en los mismos comicios en que se eligen a los legisladores, por lo cual todos los integrantes del Consejo tendrán origen político, violando también por este motivo la letra y el espíritu de la norma constitucional de referencia.

Por otra parte no puede dejar de observarse la contradicción  en que se incurre con la nueva ley, porque mientras los representantes de los legisladores son elegidos por sus pares, a los restantes estamentos se los somete a una elección popular. Podrá argumentarse que los legisladores ya fueron elegidos por sufragio popular, pero también es cierto que lo fueron para desempeñarse en las Cámaras del Congreso y no en el Consejo de la Magistratura.

No cabe ninguna duda de que las reformas introducidas por la nueva ley procuran convertir al Consejo de la Magistratura en un mero apéndice del oficialismo político de turno, violando el principio de división e independencia de los Poderes del Estado, que constituye uno de los pilares básicos del sistema republicano de gobierno consagrado por el artículo 1º de la Constitución Nacional.

Los jueces tienen la palabra.

 


[1]  Obra de la Convención Nacional Constituyente, Ministerio de Justicia de la Nación,  tomo IV, (páginas 3247/3304)

[2] Obra citada, página 3257.

Una mala práctica parlamentaria

Una de las exigencias principales establecidas por los reglamentos parlamentarios para sancionar las leyes es que previamente sean tratadas y estudiadas en las comisiones competentes según la materia a la que se refieren los proyectos. También se requiere que los dictámenes que emitan esas comisiones sean impresos y distribuidos entre todos los integrantes de la Cámara y puestos a observación por un tiempo que el Reglamento de la Cámara de Diputados fija en 7 días hábiles y que ha sido también adoptado por los precedentes parlamentarios en el Senado. También se dispone que los dictámenes sean distribuidos a la prensa.

La exigencia reglamentaria tiene por objetivo que los legisladores conozcan debidamente y fijen posición sobre lo que posteriormente van a debatir en el recinto. En ese sentido el trabajo de las comisiones es fundamental, porque es ahí donde se pueden estudiar con mayor tiempo y profundidad los proyectos, con la asistencia de asesores, especialistas y la participación de entidades y personas vinculadas o interesadas en el tema.

En los casos en que los proyectos no cuentan con el correspondiente dictamen de comisión en las condiciones aludidas, sólo pueden ser tratados en el recinto mediante la decisión de una mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes y siempre que se haya reunido el quórum requerido para sesionar. Esta exigencia obedece al propósito de que antes de ser sancionados como ley los proyectos sean debidamente estudiados, para que las normas sean las que la sociedad realmente necesita.

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