Acoso escolar: síntomas de la violencia social

La sucesión de casos de violencia en el ámbito escolar conocidos recientemente nos lleva a repensar las formas que adopta este fenómeno. Comprenderlo implica un análisis que trascienda la conducta individual y que busque sus respuestas en los comportamientos que tenemos como sociedad.

El líder, la gorda, el feo, el ganador y la cheta son algunas de las etiquetas que se convirtieron en determinantes del éxito o fracaso en los diferentes niveles de socialización de nuestra cultura. En este marco, la complejidad de la violencia escolar supera los límites de la escuela y requiere deconstruir los roles naturalizados del dominador como del dominado y desactivar las relaciones invisibles de subordinación que acompañan las interacciones diarias.

Conocidas son las teorías y estudios que analizan las causas múltiples y variadas de esta realidad; no obstante el origen de las conductas violentas va más allá de una forma agresiva de solucionar un conflicto o de la imposibilidad de apelar al diálogo para su resolución. Vivimos tiempos caracterizados por la disolución de las formas más elementales de coexistencia social y que nos exigen una nueva forma de entender la paz.

Resulta incuestionable que los medios de comunicación constituyen potentes instrumentos de creación y recreación de nuestras identidades convirtiéndose así en modelos de referencia para la sociedad. Las pantallas de cine, la televisión, internet o los videojuegos nos invaden con todo tipo de imágenes violentas favoreciendo, reforzando y perpetuando la conducta agresiva.

En la actualidad, los medios de comunicación nos alertan cada día con mayor intensidad sobre los casos de acoso escolar. Sin embargo, su tratamiento resulta inadecuado al generar una percepción distorsionada y trivial del problema. Asimismo, hoy la tendencia radica en acompañar estas noticias con testimonios de videos realizados por los mismos productores de violencia gestando así una doble victimización.

Visibilizar las situaciones de acoso escolar nos obliga a abordarlas de manera multidisciplinar y a crear estrategias de intervención que contribuyan a una convivencia más armónica y solidaria.

En nuestro país existe la Ley 26.892 de “Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”, que aún no fue reglamentada. En ese sentido y forzada por la opinión pública se lanzó la Guía Federal de Convivencia Democrática con intenciones de orientar a las instituciones educativas y a los docentes ante esta problemática.

Debemos ser conscientes de la importancia de propagar la tolerancia hacia lo distinto instaurando un cambio de actitud que adopte la diferencia y la diversidad como un valor en una escuela que se proclame como constructora de una sociedad más justa, menos violenta y más participativa.

La mala conducta de los funcionarios

Las acciones de los funcionarios públicos importan. No solamente como un dato de color sobre sus últimas vacaciones, dónde viven, sus amistades, sino porque son el motor del Estado y quienes administran los recursos de todos. Sus conductas, intereses y las influencias personales que pueden recibir y ejercer desde su trabajo determinan también la calidad institucional.

En estos tiempos y con mayor frecuencia, la realidad nos abre los ojos sobre el impacto de la corrupción en la vida cotidiana: el déficit energético y la crisis del sistema de transporte por la falta de control son algunos ejemplos. Pero, también ver parte del entramado de negocios con dinero que debería destinarse a servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la gente, hacen que siga subiendo la temperatura social y bajando la confianza en el país.

Esta realidad, lamentablemente, nos recuerda al final de la época menemista y el kirchnerismo logró reeditar ese escenario, pero con un ingrediente adicional: se habían podido crear mecanismos de control para prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción, que este gobierno se encargó de desmantelar. Lentamente el kirchnerismo fue tomando los distintos organismos de control, modificando las normas y aprovechando los baches preexistentes para armar una suerte de red de salvataje personal. Lograron no ser iguales ante la ley y tener privilegios especiales para no responder por sus acciones.

De esta forma, los funcionarios tienen influencia directa o indirecta sobre los organismos que deben controlarlos, como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas vacante hace cinco años; el Consejo de la Magistratura ocupado en disciplinar a los jueces y la Procuración General que hace lo propio con los fiscales “díscolos”, como Campagnoli y su equipo, por citar algunos casos.

Este esquema se repite a nivel normativo, pues sigue sin sancionarse una Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Ética Pública se convirtió en un compendio de buenas intenciones, al modificarse los requisitos de las declaraciones juradas y quitarse a la autoridad encargada de recibir denuncias, prevenir y controlar conductas antiéticas, nunca conformada por problemas políticos, pero que podría haberse mejorado y no amputado. Entonces, tenemos sospechas, podemos hacer denuncias, pero no hay ente que investigue y sancione. No hay canales institucionales que den garantía de control real.

Esto sucede a contramano de lo que ocurre a nivel internacional pues mientras que la Argentina sigue en los peores puestos del Índice de Percepción de la Corrupción ocupando el peldaño 106 de un total de 177 países, Uruguay se queda con el lugar 19. Pero también el Gobierno Nacional queda mal parado en la comparación respecto del nivel subnacional, que tiene un catálogo de provincias con leyes de acceso a la información pública y de ética pública, como por ejemplo, la Ley N°4895, promulgada recientemente por el Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

Este escenario es el indicio de que la etapa kirchnerista está llegando a su fin y que se abre la oportunidad de buscar alternativas nuevas, alejadas de las tradicionales que siguen haciendo mella en la confianza y en los recursos de los argentinos, tirando por la borda nuestra potencialidad. Es hora de animarnos a apostar por un nuevo modelo de país.

Actualizando el subte

El subte, su funcionamiento y su tarifa son temas cotidianos de miles de personas que viajan todos los días por la Ciudad. A fines de 2012, decidimos hacernos cargo del subte, después de una deplorable gestión del gobierno nacional que dejó en un grave estado de abandono a este medio de transporte. La política de transporte del kirchnerismo fracasó estrepitosamente. Fue esa política la que llevó a la Legislatura porteña a aprobar una ley declarando al subte en estado de emergencia, debiendo realizarse una serie de obras imprescindibles que ya se están haciendo y se prevén a futuro.

Hoy se busca cumplir con la responsabilidad que asumimos desde la Ciudad para proveer un mejor servicio y una red funcional de transporte a la gente. Para ello es necesario revertir la política nacional de desinversión en materia de transporte y generar más recursos para invertir en las mejoras de este servicio, en beneficio de todos. A partir de este mes los usuarios de subte contarán con un sistema de tarifa escalonada, con descuentos de hasta el 40%. Este tipo de tarifa, a diferencia de la actual, beneficia a quienes más usan el subte: los trabajadores y los estudiantes. Es decir, si viajás más, pagás menos.

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Estallidos y turbulencias

Este fin de año la temperatura social en la Argentina alcanzó picos extremos, no por el cambio climático, sino producto del corrimiento del velo que deja ver que la “década ganada” es beneficio exclusivo para las primeras figuras del kirchnerismo y una “década desvastada” para el país. Por el dolor de ver que el bienestar del que disfrutan unos pocos está apoyado sobre el creciente sufrimiento de la gente.

Diciembre 2013 fue atípico, pero sintomático. Desde 2001 que no ocurría con tanta intensidad que frente a cada conflicto la respuesta fuera salir a la calle como consecuencia de la falta de credibilidad institucional, de explicaciones y soluciones reales.

En los primeros días el protagonismo fue de las protestas de efectivos policiales en 21 distritos del país -quedaron al margen Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Santiago del Estero- que trajeron como consecuencia saqueos, cacerolazos, represión policial y más de una decena de muertos. El segundo turno se los llevaron los largos y extendidos cortes de luz que produjeron problemas de suministro de agua y al menos 13 muertos. La respuesta social se hizo escuchar con más de 250 cortes de calle sólo en Capital Federal.

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Por una Justicia al servicio de la gente

Al pensar en el Poder Judicial, se vienen a la mente imágenes de edificios laberínticos, oficinas colapsadas, papelerío, la necesidad de un traductor para entender qué hacer y disponer de plata y mucho tiempo -años tal vez-, para tener una respuesta. En pocas palabras, surge la idea de que la Justicia no es para todos. Esta percepción se confirma cuando vemos los resultados de la encuesta de Latinobarómetro de 2011: el 95,6% de los argentinos tiene algo, poca o ninguna confianza en la Justicia, siendo en este punto, el poder público menos exitoso. Entonces, las preguntas que naturalmente surgen son: si la Justicia está para garantizar los derechos constitucionales, actuar como contralor del Congreso y Ejecutivo, ayudar a resolver los problemas cotidianos, y todo esto para mejorar la vida de la gente, que es el fundamento de su existencia, ¿En qué está fallando? ¿Para quién es la Justicia?

Estoy convencido de que la Justicia es y tiene que ser no sólo un garante de la república haciendo equilibrio con los demás poderes, sino también un servicio para todos. Y es esta última tarea la que está incumpliendo. Nuestra Justicia, a nivel nacional, parece la del 1800, es arcaica. Es, en otras palabras, el único poder público que no se reformó a lo largo de los años –y eso que tuvo oportunidades- en ninguno de los dos planos claves: en la organización interna y en la gestión de los procesos. Esto, en la era de la tecnología de la información y la comunicación, parece impensado.

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Acompañar a los jóvenes

Ser jóvenes hoy nos abre posibilidades que nunca antes habíamos tenido. Si bien desde el último medio siglo ser joven está de moda, es recién en este tiempo que les llega la oportunidad de exigir y participar desde adentro de nuestro sistema político. La juventud no es rebeldía vacía que patalea para tirar todo por la borda, es una fuerza que reclama y está en un proceso de formación constante para pedir a los políticos y a la sociedad que los escuchen y les den respuesta a sus necesidades. Es una juventud distinta a las anteriores; más informada, con mayores recursos sociales y tal vez con un rasgo particular para la Argentina: es la primera que nació y creció en democracia, que entiende el sentido de la participación como una oportunidad y al país como un terreno para desarrollar sus potencialidades.

Días atrás se hicieron presentes en las urnas, de manera masiva. Pero no sólo es ahí donde hay que escucharlos, no es ésa la única herramienta de participación y ellos ya lo saben. Entienden, en definitiva, que la democracia debe ejercerse todos los días. Ellos conviven con los problemas que los afectan como la discriminación, la exclusión social, los niveles cada vez más elevados de violencia y la deserción escolar.

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El espejo de Cuba

La isla de Cuba es un país que puede ser visto bajo tres prismas distintos: sus paisajes, la vida de su gente y el sistema político instalado hace varias décadas. Cuba muestra todo eso y está en nosotros la elección sobre qué es lo que queremos ver.

Desde la perspectiva geográfica, es el destino turístico predilecto de muchos argentinos. Un paraíso natural de abundante vegetación y clima húmedo, de arena blanca y agua cristalina sobre el Mar Caribe. Desde una mirada histórica es, a su vez, esa remembranza romántica de la revolución; es ese pequeño que se le anima al gigante del norte.

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Sueldo en rojo para ellas

El mismo trabajo, pero con distinto salario es la regla entre varones y mujeres en la Argentina.

La desigualdad salarial es uno de los problemas más importantes y persistentes que hoy afecta la calidad del empleo de las mujeres. Es un fenómeno complejo y multidimensional y conocerlo y difundirlo es un paso fundamental para solucionarlo.

En la Argentina, la brecha salarial anual entre mujeres y varones es del 27%, esto quiere decir que en igual condición laboral, si la remuneración en un año fuera de de $1000 para el hombre, la de la mujer sería de $730. Esta situación indignante deviene en una clara discriminación, puesto que representa un incumplimiento de la Constitución que establece la regla de “igual remuneración por igual tarea”.

Sin embargo, ésta no es la única inequidad que deben afrontar las mujeres en el ámbito laboral. En nuestro país la tasa de actividad, es decir la cantidad de personas que trabajan efectivamente en relación a las que están en condiciones de hacerlo, en el caso de los varones es del 74%, mientras que en el de las mujeres ronda el 48%. De este porcentaje, casi la mitad de las mujeres lo hacen en situación de informalidad, sin protección social.

La simple observación de estas cifras lleva a resaltar los estereotipos implícitos que predominan en nuestra sociedad y que constituyen razones de índole cultural que perpetúan a lo femenino como inferior y legitima con ello su dominación, opresión y subordinación.

El denominado “techo de cristal” que imposibilita a las mujeres al ascenso a puestos de responsabilidad, la infravaloración de su trabajo y su preeminencia en trabajos temporales con reducción horaria son algunas dimensiones que subyacen a la diferencia salarial.

Las características del fenómeno y sus facetas obligan a considerar que cualquier intervención dirigida a reducir la desigualdad entre mujeres y varones requiere enfoques integrales, con responsabilidad compartida entre trabajadores, sindicatos, empresas, partidos políticos y gobiernos.

En este camino, desde la Legislatura impulsamos el 22 de abril como el “Día de la Igualdad Salarial“. Esta fecha es reflejo del período extra de días que deben trabajar las mujeres para obtener la mismas ganancia salarial que los varones obtuvieron el año anterior.

Así, Buenos Aires se convierte en la primera ciudad latinoamericana con normativa destinada a la sensibilización, concientización y comunicación a la sociedad sobre la realidad salarial de las mujeres.

Consolidando estrategias orientadas a la igualdad de oportunidades, a la formación en el trabajo en condiciones igualitarias de acceso garantizando también el derecho fundamental a la promoción profesional entre varones y mujeres, es que podremos garantizar una plena democracia.

Necesitamos forjar entre todos una nueva forma de ver al otro, para construir juntos una ciudadanía que se comprometa con un país más igualitario.