Por: Gustavo Gallo
El presente artículo recoge el guante de la polémica instalada por el ex ministro de Educación del GCBA durante los primeros años de Mauricio Macri como jefe de Gobierno (2007-2009), Mariano Narodowski, en relación con la “privatización de la educación” que atraviesa la Argentina y el lugar que allí dentro ocupa el subsidio a las escuelas privadas.
En cuanto al primer punto, Narodowski alude a los “pobres resultados” en materia educativa como uno de los puntales del proceso de privatización, sin aclarar que las políticas educativas tienen efectos de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, un efecto de corto plazo de varias de las políticas del kirchnerismo (Ley de Educación Nacional, AUH, construcción de escuelas) es la escolarización. Pibes que antes no iban a la escuela ahora lo hacen. Las cifras del Censo 2010, comparadas con las de 2001, son bien ilustrativas. En sala de 4 años los datos indican que se pasó del 48% de acceso en 2001 al 70% en 2010. En los niños de entre 12 y 14 años se observa que en 2001 asistía a la escuela el 69,2%, mientras que en 2010 ese porcentaje aumentó hasta alcanzar el 96,5%. Y en el nivel secundario hay un crecimiento de la matrícula a partir de la Ley de Educación Nacional de un 8% con relación al año 2001. Estas estadísticas no hacen otra cosa que ratificar el desafío de continuar con la mejora de los indicadores de escolarización.
Por otra parte, existen otras políticas cuyos efectos se pueden ver en el mediano y largo plazo. Pensemos, por caso, que recién en 2011 y 2012 egresaron las primeras cohortes de alumnos de las escuelas técnicas reabiertas a partir de la Ley de Educación Técnica de 2005 o que, en los próximos años, las aulas serán pobladas por nuevos docentes que han cursado el plan de estudios establecido por la Ley de Educación Nacional.
Narodowski también sostiene que “la política educativa del Gobierno Nacional ha convalidado en los hechos este proceso de salida de las escuelas públicas y de privatización de la educación: resulta evidente que no hubo políticas pro escuela pública”. Seguramente para el ex ministro porteño la paritaria nacional, el Programa Conectar Igualdad, la construcción de más de 1.500 predios escolares, la implementación de los Centros de Actividades Juveniles e Infantiles, la creación de coros y orquestas, la distribución de más de 40 millones de libros, el Plan de FiNES, el Plan Nacional de Alfabetización, la recuperación de las escuelas técnicas, la creación del INFOD, etcétera, no son muestra de que sí existe una política nacional que intenta revalorizar la escuela pública, con toda la fuerza posible y siempre concertando las decisiones con cada jurisdicción.
Ahora bien, si no son estos, ¿cuáles son los resultados que debería tener una “buena” política educativa destinada al fortalecimiento de la escuela pública? ¿Lo “bueno” se reduce a un aumento en su tamaño respecto de la educación privada?
En cuanto al tema de los subsidios a la gestión privada, Narodowski plantea dos hipótesis sobre la eliminación parcial o total de los subsidios. Sostiene que “las familias parecen elegir salir de la educación pública más allá del precio de la privada” y que “la cuestión no es solamente cuánto dinero hay para educación, sino cuál es la estrategia para invertirlo”. Y concluye afirmando que “la idea de sacarle a la privada para que mejore la pública, así solita, ya se ha mostrado desde 2003 una idea políticamente muy precaria y difícilmente sus efectos convenzan a la clase media de que vale la pena volver a creer en la educación pública”.
Como buen consejero del PRO, su diagnóstico sigue responsabilizando al Gobierno Nacional de los problemas propios. Olvida conscientemente que son los gobiernos jurisdiccionales los que tienen competencias para regular el otorgamiento de los subsidios a los establecimientos de gestión privada y para decidir sobre el destino del presupuesto educativo.
Acuerdo en que el aumento de la inversión per se no garantiza la mejora del sistema educativo, sino que se debe observar dónde y en qué se concentra la inversión para complejizar la mirada del análisis. Y es aquí donde el GCBA tuvo desde 2007 una tremenda dificultad para que la inversión en educación fuera en beneficio del fortalecimiento de la educación pública.
Más bien diría que hizo todo lo contrario…
El GCBA ha aumentado los subsidios a los establecimientos de gestión privada sin transparentar los motivos de las transferencias y por qué esos establecimientos educativos son beneficiados. Al mismo tiempo, subejecuta las partidas para mantenimiento y reparación de la infraestructura escolar y reduce a lo mínimo posible la creación de nuevos establecimientos educativos de gestión pública. En el nivel inicial, año tras año, persisten 5.000 vacantes que no son satisfechas. En el nivel medio no existe una política ni una campaña jurisdiccional potente para fortalecer la permanencia y la terminalidad de los jóvenes en el sistema educativo. ¿Con este tipo de medidas el GCBA busca fortalecer las escuelas de gestión pública?
Desde mi punto de vista, sí es necesario quitar gradualmente los subsidios a los establecimientos de gestión privada y mantenerlos sólo en las escuelas cuya cuota mensual sea de un monto “accesible” o de oferta única en el distrito, y utilizar los recursos disponibles para ejercer políticas educativas que tiendan a mejorar la calidad de las escuelas de gestión pública.
Eso sí, llevarlas a cabo depende de una clara decisión política: invertir en donde más lo necesita el sistema educativo y la sociedad en su conjunto. Y también, de un compromiso para sostenerlas a lo largo de varios años, en tanto una medición seria del impacto de las transformaciones educativas sólo se puede ver en resultados concretos a mediano y largo plazo. Para debatir sin hipocresía, también hay que reconocer los avances.