Por: Itai Hagman
La Argentina está en vilo por una disputa en la justicia norteamericana. Resulta que algunos fondos de inversión que viven de la especulación financiera y que compraron a precio de ganga bonos de la deuda argentina cuando estaba en default lograron fallos favorables y presionan a nuestro país para que les pague el 100% de la deuda sin reconocer las distintas reestructuraciones (2005 y 2010). Estos “fondos buitres” representan un porcentaje muy pequeño y su reclamo es por U$S 1430 millones en total, pero el principal problema es que en caso de prosperar, el restante de los acreedores podrá utilizar este precedente para reclamar el pago total de la deuda, situación que pondría a la Argentina al borde de un nuevo default. A su vez, este debate se da en un contexto en donde nuestro país se encuentra realizando grandes pagos por la deuda renegociada y por mecanismos como el “cupón PBI”, que explican la caída de reservas que se encuentran en su valor más bajo desde principios de 2007.
Esta situación permite poner en discusión dos grandes planteos del gobierno. En primer lugar la idea de que con la reestructuración de la deuda la Argentina “ganamos soberanía”, ya que por presión de un grupo de fondos especulativos y de los tribunales de nada menos que los Estados Unidos, el Congreso de la Nación se aprestó a votar la reapertura del canje (con voto del oficialismo, el PRO y la UCR-UNEN). Los canjes establecieron la jurisdicción norteamericana resignando soberanía, situación que es utilizada ahora por los acreedores. A su vez la Argentina sigue perteneciendo al CIADI, un instrumento del Banco Mundial presentado como “árbitro imparcial”, que no reconoce las legislaciones nacionales y que sistemáticamente defiende los intereses de las grandes empresas transnacionales contra los países del tercer mundo, especialmente latinoamericanos, situación que hizo que Ecuador, Bolivia y Venezuela renunciaran al organismo.
En segundo lugar se pone en discusión el planteo gubernamental de que la reestructuración de la deuda iniciada en 2005 habría permitido “resolver exitosamente” el problema de la deuda pública. Por ejemplo, en la primera mitad del presente año las reservas del Banco Central cayeron U$S 6.285 millones, mientras se pagaron U$S 7.513 millones en concepto de amortizaciones e intereses de deuda. Similar situación ocurrió durante el año pasado. Es decir que hoy el pago de intereses de la deuda se está comiendo nuestras reservas e intensifica la restricción que sufre nuestro país expresada en la falta de divisas. La contracara del llamado “desendeudamiento” fue convertirnos en “pagadores seriales”, lo que obliga a tomar el tema de la deuda como una discusión del presente y no sólo como una herencia del pasado.
La necesidad de replantear la estrategia, investigar y auditar la deuda
Al igual que ocurre con otros temas de la economía nacional, la discusión que aparece nos conduce siempre al mismo punto: ¿resuelve el crecimiento de la economía los problemas económicos y sociales estructurales de nuestro país? El gobierno se orientó bajo esta premisa y hoy chocamos contra la pared en numerosos asuntos. De la misma manera que el crecimiento de estos diez años no resolvió de por sí los problemas de pobreza estructural, los niveles de precarización laboral, los problemas de inversión o de matriz energética, tampoco lo hizo en relación a la deuda. El crecimiento trae beneficios indiscutibles que el gobierno ostenta permanentemente en la comparación con la situación del 2001, pero sin cambios estructurales no resuelve problemas del mismo orden.
En el caso de la deuda el gobierno apostó a esa estrategia. El famoso “cupón PBI” fue su expresión, ya que se trató de un mecanismo que compensa a los acreedores por la quita en función del crecimiento del producto bruto. Éste creció y lo que iba a ser un plan de pagos por treinta años se termina adelantando, situación que se agrava cuando se inflan los datos de crecimiento del Indec. En efecto, se pagó hasta el momento más de U$S 10.000 millones por este cupón, de los cuales entre U$S2800 y U$S3500 millones se pagaron de más si comparamos con el pago que resultaría de indicadores de actividad alternativos.
Pero lo que salta como evidencia es que pese a todo este crecimiento la Argentina no pudo evitar que la deuda siga siendo un problema de primer orden que hoy potencia la sangría de sus reservas. La caída de estas últimas se explican por muchos factores, entre los que se encuentran el déficit energético, el aumento de las importaciones y ahora el turismo. Pero claramente los dos principales fueron la fuga de capitales que sufrió nuestra economía desde el 2003 acumulando más de U$S 90.000 millones y el pago serial de deuda externa por U$S 48.894 millones (fundamentalmente intereses).
El pago sistemático de deuda, que implica permanente salida de divisas, presiona claramente para implementar políticas de ajuste, devaluación de la moneda o de apertura de nuestra economía, programa que exigen hoy las grandes empresas y que intenta representar políticamente las distintas alternativas de la oposición conservadora. El gobierno esgrime querer evitar este desenlace, pero no se replantea el modelo ni su política, lo que conduce peligrosamente a esa misma situación.
Replantear la estrategia en relación a la deuda es una de las claves para construir otra posibilidad para nuestra economía. Investigar y auditar la deuda permitiría establecer su carácter ilegítimo, ya sea por origen o por destino, y también conocer quiénes son los acreedores de los títulos de la deuda argentina, para discriminar entre capitales especulativos usurarios y bonistas legítimos. A partir de esta política, la Argentina podría dotarse de una estrategia de minimizar sus obligaciones y liberar a nuestra economía de una de sus principales restricciones actuales.
La posibilidad de una estrategia de transformación estructural de la economía argentina, que garantice un plan de desarrollo industrial, generación de trabajo de calidad, distribuir las riquezas y los ingresos, garantizar el conjunto de los derechos sociales, no puede claramente desprenderse de ninguno de los temas tomados aisladamente. Pero una condición importante es asumir que el tema de la deuda no es sólo una herencia del pasado. Por el contrario es un problema del presente y por sobre todas las cosas la posibilidad de no hipotecar nuestro futuro.