Por: Iván Carrino
Cada vez son más los economistas que coinciden en que lo verdaderamente relevante para el desarrollo de las sociedades es la calidad de las instituciones políticas y económicas que allí existen.
En esta línea, Daron Acemoglu divide a las instituciones en aquellas que son inclusivas y aquellas que son extractivas. Las primeras, que aseguran los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y premian la innovación, son instituciones que “crean una igualdad de oportunidades mediante las cuales una nación puede desplegar más efectivamente sus talentos”.
Por el contrario, las instituciones extractivas “no crean derechos de propiedad, no generan un orden legal, no crean ambientes seguros para los contratos ni recompensan la innovación”. Estas instituciones, en consecuencia, “no promueven un crecimiento económico sostenido”.
Teniendo esto en cuenta, ¿qué podemos decir de la Argentina? ¿Tiene nuestro país instituciones inclusivas o extractivas? ¿Cómo están protegidos los derechos de propiedad? ¿Qué pasa con estos en un contexto de inflación, control de cambios y trabas a las importaciones? ¿Cuán buena es la calidad de las instituciones cuando un gobierno está ampliamente sospechado de tener altos niveles de corrupción?
Según el Índice de Calidad Institucional de la Fundación Libertad y Progreso (que da una medida comparada de todas estas cuestiones), Argentina fue el país que peor desempeño tuvo desde 2007. Nuestro país se ubica en el puesto 127 sobre un total de 191 y está solo en mejor ubicación que Bolivia, Venezuela y Cuba si centramos el análisis en Sudamérica.
De acuerdo con el índice, en lo relativo a las instituciones económicas, Argentina solo supera a Venezuela y a Cuba, dos países donde la norma es la omnipotencia estatal en detrimento de la actividad privada. Por el lado de las instituciones políticas, Argentina se ubica por debajo de Perú, Brasil, Uruguay, y muy por debajo de Chile o Canadá, que lideran el ranking en América.
Causas y consecuencias
Las recientes denuncias de corrupción, la elevada inflación, la manipulación de las estadísticas públicas, el control de cambios y las trabas al comercio exterior pueden servir para explicar este desempeño. Las consecuencias son el alejamiento de las inversiones, el freno de la actividad económica y los escandalosos niveles de pobreza que afectan al 27% de la población y al 39% si consideramos a las personas menores de 18 años.
El hecho de que Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia y Suiza encabecen el ranking nos dan una idea de la importancia de tener una buena calidad institucional. En esos países la pobreza directamente no existe, el PBI per cápita es de 55.000 dólares al año y los niveles de educación, salud y esperanza de vida son los mejores del mundo.
Entonces, ¿qué esperamos para encarar los problemas que verdaderamente importan? ¿Entiende el gobierno que sin calidad institucional, todo es relato y cortoplacismo? ¿Lo entiende la oposición?
Y si finalmente llega el día en que sí lo entiendan, ¿se tendrá lo que hace falta para ocuparse del tema de fondo, o seguiremos preocupados por pesar euros y debatir en qué horario debe transmitirse el fútbol?
Esperemos que, en adelante, los gobiernos estén dispuestos a enfrentarse a los verdaderos problemas. Así la próxima década, la ganamos en serio.