El censo educativo

Jorge Castañeda

El censo educativo ha arrojado datos importantes que habrá que estudiar con paciencia y prudencia. Es lógico que en un primer momento los medios y las organizaciones de la sociedad civil abocadas a la educación y a responsabilizar al SNTE del desastre educativo se centren en los resultados en apariencia más alarmantes: el número de comisionados, el número de aviadores, el número de fantasmas. Pero hay otros datos interesantes que una primera lectura ofrece y que convendría también tomar en cuenta. Si se quiere, empecemos con el escándalo y el escarnio para luego pasar a lo menos amarillista y más triste.

El secretario de Educación ya advirtió que, de los 30 mil comisionados, no se sabe cuántos tienen licencia con goce de sueldo, y cuáles no. Tampoco está disponible aún la información sobre su destino en tanto comisionados: a labores sindicales, políticas, a la “hueva”, o a otras tareas necesarias, mas no necesariamente frente a grupo. Algo semejante sucede con las 114.000 bajas por fallecimiento, jubilación o invalidez, donde se carece de explicaciones: ¿por qué un muerto sigue cobrando? Y podría argumentarse algo semejante en lo que se refiere a los aviadores que no son ni comisionados ni bajas. Por último, en el caso específico de los comisionados, sería importante saber si existe una figura equivalente en países con sindicatos poderosos (como Brasil, Estados Unidos o Francia) y cuál es el porcentaje correspondiente: 3% como en México, más, o menos.

Ahora bien, uno puede pensar que algunos de los otros datos del censo encierran implicaciones igualmente importantes para las políticas públicas. Van algunos, sin orden. Aunque el promedio de proporción de escuelas públicas y privadas del país es alrededor de 86% vs. 13%, en el DF es de 52% vs. 48%. Es un dato curioso, que explica el escándalo mediático de las clases medias capitalinas a colegiaturas, IVA y deducciones, pero que no se explica fácilmente. Quizás una razón consista en el ingreso per cápita más elevado del DF que en la mayoría de los estados, o en el hecho de que la educación pública en el DF sigue en manos del gobierno federal y no de la entidad federativa. Para los críticos de la “privatización”, he aquí una advertencia, que convendría correlacionar con 17 años seguidos de gobiernos de izquierda en la capital.

Otro dato: entre las escuelas públicas, el 98% son de turno matutino normal (cuatro horas y media en primaria). Para todos fines prácticos, desaparecieron las escuelas con turno vespertino. Pero al mismo tiempo, menos de 3% de los establecimientos son de tiempo completo o de jornada ampliada. Esto se supone que debe cambiar ahora, pero vemos aquí la hipocresía de las autoridades educativas en los últimos 25 años: uno de los argumentos esgrimidos contra la escuela de tiempo completo era el obstáculo del turno vespertino.

Otra perla: la diferencia entre el equipamiento de las escuelas en los estados “ricos” y los pobres es gigantesca. Aunque me cuesta un poco de trabajo creerlo, parece que en el DF el 95% de las escuelas públicas tiene internet; el siguiente estado es Baja California, con 78%. Oaxaca y Chiapas tienen 6% cada uno, Michoacán y Tabasco 12%. Los estados ricos tienen entre 7 y 15 veces más acceso a internet que los pobres: ¿cómo mantener unida a una sociedad con estas brechas?

Dejo dos preguntas en el tintero. ¿Cuánto costó este censo? Y más allá del amarillismo, ¿qué nos dice que no supiéramos o intuyéramos? Segunda: ¿por qué no se pudo aprovechar esta operación, inevitablemente costosa, para informarnos sobre quiénes son los maestros de México, y no sólo cuántos son? ¿Por qué no haber indagado cuál es su nivel educativo, de ingresos, de lectura, de acceso a internet, a telefonía celular, a automóviles, vivienda digna, si son hijos de maestros o no? En otras palabras, cuántos siguen siendo los maestros rurales y socialistas con guaraches de la época cardenista, y cuántas son maestras urbanas de clase media.