El reciente anuncio de envío al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo nacional de un proyecto de ley de blanqueo de fondos ha generado todo tipo de inquietudes y comentarios, en particular en lo atinente a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
En tal sentido, a grandes rasgos, se ha expresado que podrá acceder a este blanqueo toda persona física o jurídica, salvo los que se encuentran imputados penalmente, los funcionarios públicos y sus familiares y los que pretendan blanquear fondos provenientes del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Ahora bien, teniendo en cuenta que los ejes del sistema de prevención de lavado y financiamiento del terorismo que deben cumplimentar los bancos y sociedades de bolsa son el conocimiento del cliente y el conocimiento del origen de los fondos, se advierte la dificultad que tendrán estos, como sujetos obligados a informar, para discernir acerca del origen de los fondos que se pretenda blanquear. Sea mediante la modalidad del depósito o transferencia de divisas a cambio del certificado (CEDIN), o mediante la suscripción del Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BADE). Es decir, si esos fondos no provienen de actividades delictivas o, si así lo fueran, son producto de la evasión fiscal criminal y de la violación al régimen penal cambiario y no de cualquier otro delito, como podría ser el narcotráfico o aquellos asociados a la corrupción (como por ejemplo el fraude a la administración pública).
Porque de acuerdo con lo anunciado, el blanqueo de fondos que se efectúe bajo las reglas de la futura ley, no eximirá a los bancos y sociedades de bolsa de su deber de prevención, de acuerdo con las disposiciones de la ley 25.246 y, entre otras, de las Resoluciones UIF 121/11, 229/11 y 52/12; y consecuentemente, de reportar aquellas operaciones de fondos que se sospecha provenientes de algún ilícito que no sean los expresamente exceptuados.
Por otra parte en el orden internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue muy crítico en el 2009 con la anterior ley de blanqueo y probablemente lo sea con la futura ley. Habrá que ver cómo impacta esto en el proceso de seguimiento que viene haciendo de nuestro país durante los últimos tres años.
Será muy importante conocer en todos sus detalles el proyecto de ley y ver cómo se desarrollan las discusiones en el Congreso de la Nación, para profundizar sobre los mecanismos trazados para superar las dificultades antes marcadas.