Por: Julián Obiglio
A comienzos de junio se conoció un dato alarmante: dos millones y medio de jóvenes argentinos no tienen trabajo o están en situación laboral precaria. Esto equivale a más de la mitad de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años. El relevamiento no fue confeccionado por la oposición ni lleva la firma de algún medio crítico de la gestión del Gobierno nacional, sino que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec; entidad insospechada de cualquier sesgo contrario al oficialismo.
La precariedad laboral, pero especialmente la falta de capacitación y entrenamiento de los jóvenes, será uno de los peores legados que nos habrá dejado la autoproclamada década ganada.
Tradicionalmente, una de las herramientas más eficaces para acercar a los jóvenes al mundo del empleo ha sido el sistema de pasantías, pero el Gobierno nacional lo ha modificado en un sentido tal que su regulación actual desalienta por completo al empresariado a ponerlo en práctica.
Hace pocos días varios diputados de distintos bloques hemos presentado un proyecto de ley que propone reformar en forma integral el régimen de pasantías, procurando convertirlo en la plataforma a través de la cual muchos jóvenes puedan acceder a su primera experiencia laboral.
La iniciativa otorga a los pasantes la facultad de acordar períodos de práctica profesional de hasta un año, con posibilidad de prorrogarlos por un año más. En cambio, el plazo máximo actual nunca puede superar el año.
Respecto de la carga horaria, el proyecto extiende el máximo actual de veinte horas semanales a treinta, aumentando las posibilidades de aprendizaje para el joven y brindando mayores incentivos al empleador para ingresar al régimen de pasantías.
Asimismo, el texto propuesto establece que a los pasantes se les debe brindar la cobertura de un servicio médico asistencial y un seguro de riesgos del trabajo. Para el seguro de salud se establece libertad de elección y no se obliga al empleador a contratar determinada obra social.
En cuanto al programa formativo, se propone un nuevo mecanismo por el cual aquél debe estar desarrollado y supervisado por el Ministerio de Educación, con plena interacción de las empresas y cámaras empresarias. Se coloca a dicho Ministerio en el mismo grado de fiscalización que actualmente detenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, garantizando de esta forma que lo central es el espíritu formativo de las pasantías.
Sin obviar el salario mínimo legal que nunca podrá ser dejado de lado, el texto propuesto hace hincapié en la prescindencia de los convenios colectivos de trabajo para la fijación de la asignación estímulo, dejándose indicado que ella deberá establecerse en relación a la responsabilidad, grado de especialización, dificultad y tiempo de dedicación que implique la actividad.
Las reformas introducidas durante la última década olvidaron que los jóvenes precisan realizar prácticas, perfeccionarse y profesionalizarse para poder afrontar el competitivo mercado laboral de nuestro país y del mundo. El acceso a las prácticas profesionales que ofrece un adecuado sistema de pasantías constituye un derecho humano esencial. Si queremos que nuestros jóvenes puedan desarrollarse debemos igualar las oportunidades de acceso al empleo y a las primeras experiencias de responsabilidad laboral.
Este proyecto de ley corrige los errores de las dos décadas pasadas y abre la puerta al futuro de muchos jóvenes. No podemos seguir condenando a más generaciones a vivir en la pobreza y la informalidad. El legado de la próxima década no puede volver a ser el desempleo juvenil.