Por: Julio Burdman
La elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura trae algo nuevo al panorama electoral argentino: candidatos de orden y alcance nacional. Hasta ahora, de los 16 mil cargos electivos que existen en nuestro país, sólo dos, el presidente y el vice, son genuinamente nacionales. El resto -intendentes, concejales y consejeros escolares; gobernadores y legisladores provinciales; diputados y senadores- son votados sólo por los electores de sus correspondientes distritos locales. Esta ausencia de cargos de alcance nacional contribuye a explicar por qué es tan difícil construir líderes políticos conocidos en todo el país.
No sabemos aún qué grado de interés despertará en la gente la nueva figura del candidato al Consejo de la Magistratura. Podemos presumir que será menor que el de los cargos ejecutivos y legislativos. Pero seguramente algo cambiará en la formación de la oferta electoral, que es una parte muy relevante del mecanismo democrático.
En principio, la novedad de los consejeros con voto popular introduce un efecto nacionalizador en la matriz fuertemente local de las elecciones argentinas. Esto es así por tres razones:
1. Los consejeros se elegirán en distrito único único nacional, lo que significa que las mismas boletas de candidatos al Consejo estarán presentes en todos los centros de votación del país. Son cargos públicos electivos nacionales y se les aplicarán todas las normativas electorales vigentes, incluida la ley de primarias y de financiamiento de campañas. Asimismo, la selección de los candidatos estará en manos de los partidos políticos, como prevé la ley argentina para todos los cargos electivos de orden nacional.
2. La elección de los consejeros se hará simultáneamente con las elecciones presidenciales, cada cuatro años. Esto quiere decir que a la boleta de cada fórmula presidencial se le anexará un cuerpo con el listado de los candidatos al Consejo de la Magistratura.
3. Si quedaban dudas acerca de que el diseño de la ley está orientado a nacionalizar las elecciones, la cláusula transitoria aplicable a 2013 las despeja. La primera elección general del Consejo de la Magistratura tendrá lugar en octubre de 2015, junto a las próximas presidenciales, pero la ley dispone que este año se hará por única vez, en forma simultánea con las elecciones legislativas de octubre, una elección parcial para completar las seis sillas que deja vacantes la ampliación del número, de 13 a 19. Para esta única elección, la ley prevé replicar todo lo posible el efecto nacionalizador.
La oferta electoral de las elecciones legislativas se cocina en las provincias, ya que las listas se elaboran en y para cada distrito. Por eso, para 2013 la ley impone un prerrequisito de nacionalización para participar de la elección del Consejo: que el partido o frente electoral que quiera postular candidatos a consejeros esté conformado como tal, y con la misma denominación, para la elección de diputados nacionales en al menos 18 de los 24 distritos del país. Tiene una flexibilidad conveniente para la oposición, ya que en los seis distritos restantes, la misma lista de consejeros puede adherirse a partidos con otra denominación; los partidos están conminados a hacer los deberes y unirse en la mayoría de las provincias chicas pero pueden tomarse un descanso en las seis más grandes.
Si lo pensamos desde la coyuntura, esto tiene dos efectos nacionalizadores en el panorama político. Por una parte, con la ley en mano, el kirchnerismo tiene más elementos para homogeneizar las listas electorales de la amplia coalición que lo sostiene. El comando de la coalición oficialista, que como sabemos está en la Casa Rosada, tendrá más intervención en la formación de las listas provinciales a partir de su potestad de otorgar o no su aval vía la lista de consejeros, que estará bajo su control.
Por otro lado, a la oposición hoy fragmentada por provincias le brinda un incentivo extra para que se coaligue y forme ofertas electorales homogéneas (con el mismo nombre, nada más y nada menos) en la mayor parte del país. Los comandos centrales de los partidos y los frentes electorales, aquí también, tendrán más elementos para imponer y dar formato final a los armados de sus propios sectores, y los díscolos provinciales menos poder de rebelión. Los esfuerzos que realizan algunos dirigentes del FAP y la UCR por un lado, y del PRO y el PJ disidente por el otro, para hacer una alianza electoral, ahora se ven facilitados desde afuera: si no se unen, va a hacer difícil que puedan participar.
Por todo esto, podemos decir que esta nueva modificación al sistema de elecciones nacionales marcha en la misma dirección y sentido que la reforma de las PASO y la estatización de la publicidad electoral televisiva, de 2010: dotar de mayor poder a los partidos políticos nacionales y a la democracia de mayorías, en desmedro de los caudillismos locales.