El necesario debate de la llamada “democratización del Poder Judicial” recién comienza. Si se quiere superar el mero oportunismo, no se puede cerrar ningún debate en unos pocos meses ni con medidas de corto plazo, cosméticas y retóricas. Por ello, hay varias puntos iniciales -y centrales- que deben guiar una discusión sobre el Poder Judicial, sus problemas y la vías de ampliar espacios democráticos dentro del sistema político.

1. La Justicia es un valor, una aspiración, un horizonte. El Poder Judicial una institución, con muchos problemas -muchos compartidos por el propio sistema político-. El Poder Judicial no es “la Justicia”.

Las palabras que usamos inocentemente pueden favorecer las confusiones y los malos entendidos, los disensos innecesarios, las disputas verbales. Sin embargo, a veces, también hay un uso estratégico de los términos “Poder Judicial” y “Justicia” para atribuirle una autoridad incuestionable, más sólida, a decisiones problemáticas. Dicho uso no es inocente.

Resulta contradictorio llamar “Justicia” al Poder Judicial que encubrió históricamente las violaciones de derechos humanos, justificó golpes de Estado, juró ante dictaduras, negó habeas corpus, cajoneó expedientes, omitió impulsar y  hasta obstaculizó investigaciones como en los casos AMIA, Embajada de Israel, Marita Verón, la explosión de Río Tercero, entre tantos otros casos testigos, históricos, símbolos de corrupción e impunidad conjugadas, propios de un “Museo de las Injusticias”. Sin mencionar, los infinitos casos que no consiguieron esa publicidad fugaz y resultaron invisibilizados por su número de expediente, archivados en el silencio de las prescripciones y se hundieron en la inercia del olvido. El hambre de verdadera justicia da paso a las ratas de los subsuelos de Tribunales.

Muchos jueces, operadores, funcionarios judiciales, penitenciarios -especialmente en el área del Derecho Penal- se esfuerzan diariamente para luchar contra una picadora de carne policial-judicial a la que difícilmente se pueda llamar “Justicia”. Su esfuerzos aislados, dignos, reservados, no son acompañados ni apoyados por las estructuras judiciales ni por las autoridades políticas responsables de dicha máquina inercial.

2. La Justicia es un valor crítico. Por sobre todas las cosas, “la Justicia” es una aspiración que nos permite criticar, exigir más y mejores decisiones, políticas, instituciones, acciones de gobierno, sentencias, fundamentos, etc. La justicia es parte de la razón pública. Justicia y democracia son valores críticos, nos permiten protestar, reclamar, denunciar; no legitimar una decisión. En todo caso, la Justicia nos permite criticar constructivamente una decisión para pedir que tenga más legitimidad, pero no será perfecta, nunca última, siempre mejorable.

Ninguna institución es “la Democracia” porque la democracia consiste en una práctica social (de expresarse, protestar, disentir, debatir, votar, agruparse, etc.) de todos, sociedad y políticos, pueblo e instituciones. De la misma forma, los Jueces no representan “a la Justicia” como ningún político ni institución representan a la democracia. Ningún jugador es el juego ni su última autoridad. El juego es la última autoridad.

3. La Justicia es un valor político y democrático. El Poder Judicial es una institución política no democrática pero es parte de las instituciones de cualquier democracia moderna.

- Es una institución política porque desde su presupuesto hasta sus miembros son establecidos, negociados por las instituciones políticas. La elección de los jueces, mal que le pese a muchos que lo niegan hipócritamente, siempre es y será política, intensamente política. Lo que es lamentable es que sea, en su etapa decisiva, un proceso secreto en el que los candidatos hacen “lobby”, en las adyacencias del Poder Ejecutivo y el Senado, para se los elija. Ese “lobby” en el proceso de elección debe ser reformado.

Nadie debe ser tan ingenuo para creer, mucho menos para pensar, que el Poder Judicial es independiente frente a las presiones políticas, económicas y corporativas. El Poder Judicial, como cualquier institución política, es interdependiente, tiene alianzas coyunturales y no debe ser parcial a nadie sino interactuar a la par. La elección de sus miembros demuestra que no lo es. Su remoción lo confirma. Pasamos a ese punto.

- Es una institución política no democrática porque los cargos de jueces son vitalicios, no dependen de mandatos electorales y la ciudadanía no los puede controlar fácilmente. Es claro que las garantías funcionales y los controles “republicanos”, el juicio político, pensados para el siglo XIX, ya no funcionan (o peor: nunca funcionaron).

Todo esto explica cómo ciertos jueces identificados con la parcialidad y el mal desempeño siguen en su función. Esto se debe a una decisión política de élites, un acuerdo, tácito o explícito, pero un acuerdo político de varias décadas que se traduce en una defensa corporativa pero de una corporación transversal, no meramente judicial.

Aquellos que defienden a un Poder Judicial aislado de la política querrán que no se politice su composición. Hacer una Justicia partidaria, politizarla, es indeseable -aunque eso es lo que hizo cada gobierno con mayorías legislativas: eligió a propios sobre ajenos, más allá de méritos- pero eso no significa que el Poder Judicial no requiera un cambio político y necesite una mejor política. Se puede hacer política democrática en el Poder Judicial sin politizarlo, sin hacerlo parcial a un gobierno. Esto nos lleva al siguiente punto.

4. La Justicia puede construirse en la política democrática. El Poder Judicial necesita más, no menos, política democrática para su reforma.

Justamente lo que necesita todo el sistema institucional es más política, pero no cualquier política (partidaria, elitista, corporativa, endogámica, oficialista u opositora) sino política democrática, esto es, debate y discusión abierta sobre los defectos del Judicial, audiencias con operadores, con la comunidades de actores y consensos trasversales sobre políticas de largo plazo para esa rama institucional sobre: ingresos, selección, modelo de funcionario, impuestos a la ganancia, problemas de clase y de género, prácticas endogámicas, acceso a los tribunales, transparencia y participación ciudadana en un etcétera extensísimo.

Aquellos que quieren aislar al Poder Judicial de la política adoptan una decisión política que -consciente o inconscientemente- reproduce una institución contramayoritaria, elitista, clasista, sexista, endogámica, con tradición y prácticas poco transparentes, lejana de los ideales republicanos y sin control democrático, muy sensible para los que tienen más poder político, económico y también poder legal.

A la actual situación del Poder Judicial se llega por responsabilidades políticas que cruzan varias décadas y todo el arco político de un sistema federal. La única forma de dar respuestas consistentes es a través de más y mejor política: la política democrática del debate y de los consensos transversales, entre niveles de gobiernos, instituciones y sociedad, para impulsar políticas de largo plazo. Sin esos acuerdos prácticos difíciles, complejos y árduos, pero nunca imposibles, todo será retórico.

Esos acuerdos son las vías para que el Poder Judicial, y todo el sistema político, sea más democrático. Todo esto, justamente, es lo que la sociedad, la Constitución y la idea de Justicia nos exigen.