Por: Marcelo Ramal
La catástrofe energética de estos días ha puesto en el tapete la fundición política y económica del régimen de rescate de las privatizaciones menemistas puesto en marcha a partir de 2002. La privatización eléctrica de los 90 -que en su momento apoyaron los K y sus actuales opositores- había sido un gigantesco operativo de endeudamiento externo, sustentado en generosas tarifas en dólares. Cuando este esquema se fundió, Duhalde-Lavagna-Kirchner lo reemplazaron por el régimen actual: a cambio de pesificarles las tarifas, le consintieron a las eléctricas la más completa desinversión, y también las compensaron con subsidios crecientes. Los empresarios utilizaron esos recursos para financiar un proceso de concentración empresaria, mientras Edenor y Edesur eran vaciadas.
Ahora, el gobierno ha insinuado una posible estatización del sistema eléctrico, que tiene como antecedente inmediato a la intervención a YPF. Allí, el gobierno desplazó a la fundida Repsol sólo para poner en marcha los acuerdos con Chevron. El lubricante de esa reprivatización ha sido el tarifazo en los combustibles -las naftas aumentaron un 80% desde que los “nac y pop” entraron a la petrolera. Esa seudoestatización, como rescate del capital en ruinas, se completa ahora con un acuerdo con los mismos vaciadores de YPF (Repsol). Pero la dolarización de los combustibles empujará, más temprano que tarde, a la de las tarifas eléctricas (las dos terceras partes de las usinas de Argentina se alimentan con gas o derivados del petróleo). Después de la fundición del régimen de los subsidios, los K –con el aval de toda la oposición tradicional– preparan el retorno a los 90.
Es este viraje en puertas el que explica la completa indolencia de los gobiernos y sus “entes reguladores” frente al colapso eléctrico. Las cámaras de distribución, cables o transformadores estallaron frente a la vista de los vecinos. Las distribuidoras, vaciadas de personal y de cuadrillas, no “saben” ni “contestan”. Estamos ante una clara extorsión contra el pueblo: “o aceptan el tarifazo, o seguirán sin luz y sin agua”.
En oposición al abandono del pueblo por parte de los gobiernos y las eléctricas, la banca del Frente de Izquierda en la Ciudad planteó una emergencia eléctrica fundada en una enérgica intervención popular. En primer lugar, un comité de emergencia integrado por todos los bloques legislativos, y representantes electos de los trabajadores y vecinos afectados. Planteamos la constitución de cuadrillas de obreros y técnicos electricistas para responder a los reclamos. Ello, junto a la provisión masiva de generadores para edificios y complejos habitacionales, a cargo del Estado. Para financiar este planteo, sostuvimos un impuesto extraordinario a las salas de juego, que acaban de ser beneficiadas con una condonación de deudas impositivas por parte de los bloques del macrismo y los K en la Legislatura. En otras provincias, como Córdoba y Santa Fe, nuestras bancadas tomaron iniciativas similares frente al desastre eléctrico e hídrico.
Mientras los legisladores de los partidos oficiales se negaban a deliberar, sus economistas recorrían los canales lamentando el “atraso o la insuficiencia de las tarifas”, como razón del colapso eléctrico. No pueden explicar, sin embargo, por qué en provincias como Santa Fe o Córdoba -que ya han aumentado fuertemente las tarifas- los cortes de luz estuvieron a la orden del día. Es que la discusión sobre la “razonabilidad” de las tarifas carece de sentido en el marco de un régimen que se funda en la confiscación del patrimonio público, del presupuesto y de los usuarios. Por el contrario, reclamamos que todos los costos y resultados económicos del sistema eléctrico y energético deben ser abiertos a la consideración popular. No es un secreto que los costos de extracción de hidrocarburos en la Argentina representan la cuarta o quinta parte de sus precios internacionales. En ese cuadro, la pretensión de “internacionalizar” las tarifas implica transferir integralmente esa renta extractiva a monopolios que sólo han comprometido inversiones ínfimas. Lo mismo vale para la energía eléctrica, cuyas tarifas se pretende dolarizar.
Una nacionalización de la industria energética, bajo el control y gestión de sus trabajadores, deberá permitir una reapropiación social de esa renta energética. Lejos de rescatar a los vaciadores –como ocurre con las estatizaciones kirchneristas- esa nacionalización deberá rescatar al patrimonio público a costa de quienes lo desfalcaron durante los últimos veinte años.