Empecemos por constatar una evidente paradoja: el gobierno kirchnerista, a quien opositores de todo tipo acusan de querer convertirse (o ya haberse convertido) en un partido hegemónico, en un partido único o ya directamente en un movimiento fascista, opina indudablemente que la oposición debe unirse, y por lo tanto, fortalecerse.
Que el gobierno kirchnerista viene intentando fijar incentivos institucionales para impulsar a los diversos partidos de la oposición a fundirse en expresiones electorales más grandes es indudable. El primer intento en este sentido fue la ley de las primarias obligatorias, o PASO. Esta ley establece la obligatoriedad de la participación en las primarias abiertas y obligatorias, y un umbral del 1,5% de los votos válidos emitidos en cada categoría para que el candidato de una fuerza pueda participar en la elección general.
A esto se agrega la reforma mediante nueva ley del procedimiento para elegir consejeros del Consejo de Magistratura. La nueva norma dice que los consejeros en representación de los partidos políticos serán elegidos por voto popular en una única circunscripción nacional; para poder presentar listas con candidatos a consejeros, un partido político o frente de partidos debe estar inscripto en 18 de los 24 distritos del país.
Entonces: el gobierno ha impulsado leyes para incentivar la fusión de los partidos pequeños basados en liderazgos personales y con presencia en sólo una o dos provincias, y alentar la conformación de frentes más amplios y con mayor anclaje territorial.
Hay que señalar que esta política del kirchnerismo no responde a una demanda de los partidos de la oposición, algunos de los cuales han denunciado los requerimientos como “proscriptivos.” Ni siquiera la UCR, que, como único partido opositor con efectiva implantación en todo el territorio nacional sería lógicamente beneficiada, parece decidida a aprovechar los nuevos incentivos institucionales.
¿Cuál puede ser la intención del gobierno al apostar decididamente por un sistema político con menos fragementación opositora? Existen dos explicaciones posibles.
La primera es que esté motivado por el cálculo instrumental de que un sistema político con menos fragmentación partidaria lo favorece electoralmente. Sin embargo, si miramos los resultados de la última elección presidencial, en donde puede observarse que, de haber competido juntos, el FAP y la UCR, que comparten un perfil ideológico similar, habrían obtenido 29% en vez de 17 y 12 por ciento respectivamente, no queda claro que la fragmentación opositora sea una estrategia que a priori perjudique al gobierno.
Tal vez sea que con estas iniciativas el gobierno intenta “tensarle la interna” a los partidos opositores; sin embargo, hay que señalar que las internas abundan en la UCR, el FAP, la CC y aun en el PRO (en donde una facción del partido santafesino anunció que se retiraba del partido por las prácticas “de la vieja política” de la conducción nacional) con o sin la intervención del kirchnerismo.
Otra explicación posible, sin embargo, es que el kirchnerismo gobernante haya decidido que el problema de un sistema partidario fragmentado es que en él la fuerza gobernante no cuenta con partidos con los cuales poder negociar acuerdos con una mínima legitimidad, sobre todo en el Congreso. En un sistema con tantos partidos pequeños, fuerzas con líderes fuertes y mucha presencia mediática tienen una influencia desproporcionada sobre las fuerzas “del centro” y sus denuncias tienen el efecto de imposibilitar las negociaciones parlamentarias que son una condición imprescindible en un sistema presidencialista con gobierno dividido. (Esta dinámica quedó revelada en las noticias sobre la negociación secreta entre el kirchnerismo y la UCR en relación a la última reforma judicial.)
Sea como sea, el impulso a reordenar el sistema político fortaleciendo un sistema articulado alrededor de cuatro o cinco partidos “que cuenten”, como decía Sartori, parece ser, a esta altura, una aspiración única del partido gobernante.