Nueva capital, vieja historia

Mariano Caucino

La iniciativa lanzada por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, de trasladar la Capital al interior nos rememora automáticamente al proyecto del gobierno de Raúl Alfonsín de hace 28 años sobre el mismo asunto. Vale la pena recordarlo.

15 de abril de 1986. El presidente Raúl Alfonsín anuncia su plan de traslado de la capital a Viedma, con el objeto de descentralizar el poder político y económico del país, al tiempo que busca desconcentrar demográficamente el Gran Buenos Aires y promover el desarrollo de la Patagonia. Tildado de absurdo y faraónico, el proyecto tuvo gran rechazo en vastos sectores sociales y, en especial, fue duramente criticado por la prensa. Entusiasmado con la idea de imitar a Brasil, que a fines de los 50 y comienzos de los 60 construyó la imponente Brasilia, Alfonsín parecía soñar en grande. Otra visión hace suponer que el presidente, en rigor, quería “distraer” a la opinión en momentos en que el Plan Austral comenzaba a mostrar grietas.

El proyecto de instalar la capital del país fuera de la ciudad de Buenos Aires fue una repetida idea en la cabeza de varios gobiernos. Se sostiene que el propio general Julio Argentino Roca tenía la idea de una capital en Rosario (proyecto impulsado por el senador y ex gobernador santafesino Nicasio Oroño en las décadas de 1860 y 70) y la iniciativa contó al menos con media sanción del Congreso en un par de oportunidades. El plan de instalar la capital en Rosario quedó descartado después de la sublevación de Carlos Tejedor en 1880. Tras la resolución de ese conflicto, vencida la situación bonaerense, quedó instalada la necesidad política de establecer la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

Las contradicciones de entonces fueron señaladas por la oposición al gobierno de Alfonsín. Néstor Perl, en ese momento diputado nacional justicialista por Chubut, relata: “yo fui invitado a Viedma por el presidente Alfonsín pero no le creí cuando vi que al tiempo que se proyectaba trasladas la capital, al mismo tiempo se levantaba el edificio nuevo de la cancillería en la ciudad de Buenos Aires”.

Para concretar el proyecto el Congreso de la Nación sancionó la ley 23.512 y se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital – Empresa del Estado (EnteCap), que debía diseñar y planificar la construcción de los edificios donde funcionarían los organismos administrativos del Gobierno y las diferentes obras de infraestructura necesarias para el asentamiento de población y evitar el impacto demográfico negativo en los habitantes de las ciudades y pueblos ya existentes en el área federalizada.

El proyecto tuvo enorme rechazo de los sectores ligados a los intereses políticos y económicos de la ciudad de Buenos Aires y de los medios de comunicación porteños, los cuales lo tildaban de “costoso”, “faraónico” e “innecesario”.

También se critica a los funcionarios por él nombrados al frente del EnteCap de dilatar los tiempos haciendo estudios y maquetas y de diseñar un proyecto demasiado costoso, el cual le daba argumento a sus opositores. Este organismo además fue muy cuestionado por funcionar más en Buenos Aires que en Viedma, donde debía tener su sede.

La Prensa publicó un editorial al respecto años más tarde: “Entre los infaustos legados del gobierno anterior, noticias llegadas desde Viedma obligan a incluir el estado de emergencia económico-social en que esta ciudad se encuentra. El Concejo Deliberante local así lo declaró, ante la difícil situación provocada por la suspensión del proyecto de traslado de la Capital Federal, que actuó como estímulo para el asentamiento de muchas familias” (23 de julio de 1990).

Sin embargo, 20 años después del lanzamiento de su proyecto, Alfonsín afirmó en 2006: “¿Sabe por qué me quiero romper la cabeza contra la pared muchas veces? No haberme ido ni siquiera en carpa a Viedma…Yo me demoré porque quería hacer las cosas bien. Estábamos planificando la nueva ciudad, los nuevos edificios. Los nuevos edificios se podían construir y estaban prácticamente ya financiados por la venta que se iba a realizar de la Embajada en Japón, en Tokio. De modo que todo estaba listo para irse, yo creo que era muy importante para la Patagonia y para el país”.

Probablemente la idea haya sido aventurada, en 1986 como tal vez lo sea hoy. Pero también seguramente, las críticas fueron, al menos, apresuradas y desde un punto de vista estratégico, la idea merecía, al menos, un debate más profundo y desapasionado. El tratamiento del tema reprodujo entonces un vicio repetido en la política argentina de las últimas décadas: la ridiculización de los proyectos de transformación y la imposibilidad de debatir políticas de largo plazo.