Hace escasos días, el gobierno reconoció que la inflación de enero alcanzó el 3,7%. La admisión oficial surge como consecuencia del lanzamiento de un nuevo índice de medición de inflación, tras siete años de mentiras sistemáticas sobre la misma. “Algo pasó con los precios en enero”, reconoció el ministro de Economía.
En efecto, desde enero de 2007, el Indec comenzó a falsear descaradamente los índices de variación de precios en la infantil y absurda pretensión de querer tapar el sol con la mano. El gobierno entonces creyó que mintiendo sobre los índices lograría bajar la inflación. En términos talleyrandianos diríamos que cometieron algo peor que un crimen: incurrieron en un error.
En 2010, siendo quien esto escribe titular de la Asociación Dirigentes de Empresa, fuimos multados por supuesta violación de la Ley de Lealtad Comercial, y se nos pretendió aplicar una sanción de medio millón de pesos (entonces más de cien mil dólares). También fueron multados destacados economistas como Jorge Todesca, Rogelio Frigerio, Carlos Melconian, Carlos Rubinstein, Orlando Ferreres, la ex experta del Indec Graciela Bevacqua, Marco Lavagna y Miguel Bein, entre otros. Recuerdo que en aquel momento cuestionamos la autoridad del Estado para decir quién puede opinar o no sobre un determinado tema y no sobre el sistema de medición. La cuestión medular no era si hacíamos bien o mal los cálculos sino que el gobierno nos había llevado a tener que reemplazar la tarea que hasta entonces hacía con calidad y reconocimiento internacional el Indec.
El gobierno no sólo había incurrido en el pecado de haber falseado las estadísticas oficiales sino que buscaba limitar además la libertad de opinión y de publicar sus ideas. No conforme con haber falsificado papel moneda hasta límites increíbles -pensemos que el billete de mayor denominación hoy representa ocho o nueve dólares-, haber aumentado el gasto público y la presión tributaria hasta récords históricos y haber hecho todo lo posible por cancelar toda idea de inversión, siendo estas las verdaderas causas de la inflación, pretendió mentirle al mundo entero queriendo hacer creer estadísticas carentes de la más mínima realidad.
Siete años de mentiras serán difíciles de revertir. Se necesitará una política de seriedad, respeto por los contratos, cumplimiento a rajatabla de las obligaciones contraídas por el Estado y en todo momento recordar que como dijo Nicolás Avellaneda: “la Nación no tiene más que un nombre y un crédito y honrarla es el deber del gobierno”.
La destrucción del Indec es la prueba más cabal de una política deliberada de destrucción del Estado detrás de un discurso oficial maniqueo de aparente reconstitución de “lo público” sobre “los intereses privados”. Al final del día descubrimos que no tenemos Estado, sino mero gasto público.
Hasta el cambio de gobierno, el Congreso y el Poder Judicial deberán intentar restringir con todos los recursos institucionales y políticos el avance del despliegue de atropellos legales a los que esta administración nos tiene acostumbrados.
A partir de 2015, quienes gobiernen la Argentina deberán poner en práctica un programa de seriedad y cumplimiento de la ley y los tratados internacionales que restauren la confianza en el país para lograr inversiones de capital que generen trabajo y producción para los argentinos. Será esta la manera de reducir el maldito impuesto inflacionario que castiga especialmente a los que menos tienen.
En Otelo, Shakespeare anota: “La reputación es la parte inmortal del alma”. Ojalá hayamos aprendido la lección.