Los certificados de depósito inmobiliarios (Cedin) forman parte de los instrumentos financieros anunciados por el gobierno para instrumentar y dar operatividad a ley de blanqueo de capitales. Dicho “certificado” se emitirá con un encaje del 100%, es decir, que la totalidad de Cedines en circulación estará representado por un equivalente en dólares depositados en el BCRA. Esos dólares son precisamente los que la ley de blanqueo busca repatriar, y los que permitirán honrar la liquidación de dicho certificado. Es decir que los cedines son básicamente una nueva moneda transaccional con un uso relativamente acotado, ya que se destinarán principalmente para operaciones inmobiliarias.
Los motivos que han llevado al anuncio de esta ley deberían ser evidentes si uno observa el contexto económico actual y sobre todo el caos cambiario en el que se encuentra la Argentina. La virtual destrucción del mercado oficial y único de cambios ha obstruido fuertemente el flujo de divisas.
A esto se suma un importante drenaje de dólares generado por una incesante demanda minorista que ha sido empujada al mercado marginal o paralelo, y una demanda mayorista que utiliza instrumentos de deuda para hacerse de dólares a un tipo de cambio especial a esta operatoria, conocido en la “city” como “contado con liqui” (precio implícito que surge de los pesos desembolsados para comprar los bonos en la plaza local y los dólares finalmente obtenidos tras la venta de dichos instrumentos en una plaza extranjera).
Con la ley de blanqueo el gobierno intentaría cumplir varios objetivos a través de una sola medida. Por un lado, busca fomentar el ingreso de capitales al sistema (tanto los provenientes del exterior como los que se encuentran en cajas de seguridad o “bajo el colchón”) ya que permitiría el reingreso de dólares a través de los cedines sin la necesidad de justificar el origen de dichos fondos. A su vez, también busca dinamizar el golpeado mercado inmobiliario, que muestra signos alarmantes de desaceleración y fue herido de muerte tras la imposición de las restricciones cambiaras (el famoso “cepo”). Por último, el gobierno también confía en que la creación de estos instrumentos brindaría cierto aire al mercado paralelo al suministrar un nuevo instrumento que además de estar respaldado en dólares también sería endosable y que actuaría como sustituto de dicha moneda.
Hay varios aspectos a tener en cuenta.
En primer lugar, no hay cifras concretas sobre el monto que finalmente ingresará al sistema, ya que a diferencia a lo que ocurre con una colocación de deuda donde se hacen rondas de inversión con potenciales suscriptores, en este caso, se trata de dólares que en teoría están “en negro”. Fuentes oficiales hablan de un monto cercano a los 4 mil millones de dólares. ¿Cuán realista es dicha cifra? Imposible saberlo. Pero aun cuando tomemos el supuesto (muy fuerte por cierto) de que dicha cifra sea una buena estimación, fuentes del mercado inmobiliario aseguran que ese monto sería insuficiente para disparar una reactivación del sector. En el mejor de los casos serviría para apuntalar levemente la actividad y que el cierre del año no sea tan malo. Estamos hablando del mejor escenario.
En segundo lugar, veamos la pregunta que se hace un potencial inversor. ¿Es un buen momento para ingresar capitales y destinarlos a la compra de inmuebles o la financiación de proyectos inmobiliarios? El sector inmobiliario en la Argentina se encuentra en una etapa claramente recesiva, con poco volumen de operaciones, y con un mercado desinflado que ya empieza a corregir a la baja. Los inmuebles en la Argentina siguen siendo caros en comparación con otras plazas del mundo. Desde el punto de vista especulativo, ¿sería una buena decisión de inversión entrar al mercado justamente cuando se está iniciando su baja?
En tercer lugar, se trata de un instrumento que tendrá un ciclo de vida muy corto. Se trata de un sustituto extremadamente imperfecto para afianzarse en el mercado y sólo tiene razón de ser para instrumentar el blanqueo y mientras persista la imposibilidad de operar en el mercado único de cambios. Pero esto es algo que no durará por mucho tiempo. La unificación o normalización del mercado de cambios va a ocurrir indefectiblemente, más temprano (con este gobierno) o más tarde (con otro gobierno), pero así será. Cuando esto ocurra, ¿qué pasará con los Cedines?
Por último, tengamos en cuenta que como todo “certificado” se trata de un papel que representa “en teoría” un equivalente en dólares. No obstante, persiste el riesgo de que el emisor (o sea, el gobierno) finalmente no honre la cancelación de dicho papel (bien podrían racionar los dólares o incluir nuevas condiciones ad-hoc que dificulten la cancelación del certificado). En este sentido el propio Guillermo Moreno aseguró que “los dólares que suscribieron el Cedin quedarán en una cuenta especial de respaldo a dichos certificados”. Pero claro, éstas son sólo palabras, la palabra de un funcionario desacreditado, que pertenece a un gobierno en caída libre, con una economía que languidece, y con una preocupante escasez de dólares. ¿Qué puede llegar a pasar si la situación económica sigue agravándose? ¿Hasta qué punto pueden llegar si el drenaje de reservas continúa? Como el “pez por la boca muere” y dado que se trata de un gobierno que ya ha dicho en reiteradas ocasiones que “va por todo” (yo les creería) los eventuales tenedores de cedines deberían contemplar un escenario de “emergencia económica” que justifique eventualmente la no cancelación de dichos certificados. No es algo descabellado, ya que este gobierno cuidando nuestros ahorros ofrece una imagen similar a la de un gato cuidando a un canario.