Hace unas semanas se realizó en el Senado Nacional una charla preparatoria para la sesión especial convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para formalizar políticas contra el narcotráfico (Ungass), a celebrarse en Nueva York esta semana y que contará con la presencia de las señoras ministras de Relaciones Exteriores y de Seguridad, Ing. Susana Malcorra y Dra. Patricia Bullrich, respectivamente.
Uno de los oradores en la sesión preparatoria fue el Dr. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Suprema Corte de Justicia. En su discurso subrayó que desde el fallo Arriola, fallo de naturaleza garanto-abolicionista zaffaroniano que el máximo tribunal suscribiera en el año 2009: “Era evidente que el narcotráfico seguía creciendo”.
Y no es para menos, recordemos que cuando el Gobierno anterior pretendió, de la mano de Aníbal Fernández, legalizar la tenencia para consumo de estupefacientes —aludiendo que así se dedicarían todos los esfuerzos a luchar contra los narcotraficantes—, no pudo hacerlo por vía de ley y, por lo tanto, trató de hacerlo mediante su presión ante la Corte, que cedió y emitió el fallo nombrado.
Los presupuestos del fallo eran, en ese momento, tan absurdos como la sorpresa actual del Dr. Lorenzetti. No sólo en el país no se perseguía a los consumidores de estupefacientes, sino que tampoco a los narcotraficantes. Lo máximo que sufría el “consumidor” era una citación a un juzgado federal, donde se le notificaba que su causa había sido archivada.
A partir de este pésimo y ambiguo fallo —que dicho sea de paso no legalizó la tenencia para consumo, ya que su alcance, como todo fallo, aún de la Corte Suprema, llega al caso concreto y similares, por ende, carece así de la posibilidad de legislar—, se creó en la conciencia social la idea de legalización, que drogarse estaba bien y no habría consecuencias.
¿Y entonces por qué sorprende al juez supremo el aumento del narcotráfico y del consumo de sustancias ilícitas? Si en el momento, en vez de recurrir a clichés, se hubiera estudiado el caso de Holanda, el primer país legalizador, se hubieran dado cuenta de que estaban abriendo la puerta a lo peor.
Cómo le fue a Holanda es conocido: si bien la venta a menores en ese país está prohibida, el uso de las drogas blandas (ya no tan blandas por la manipulación que se hace a los cultivos para aumentarles la capacidad tóxica) creció notablemente entre los adolescentes. Por ejemplo, en 1984, el 4% de los menores entre 14 y 16 años las habían probado. En 1996 pasaron a ser el 28% de los varones y el 21% de las mujeres. Y los adictos ya necesitados de tratamiento aumentaron al 25 por ciento.
Al momento de la legalización, Holanda era un país prácticamente libre de cárteles de droga. Hoy es uno de los mayores productores y distribuidores, constituye una verdadera amenaza a sus vecinos. En 1996, fecha aproximada cuando se produjo la introducción de drogas derivadas de anfetaminas, el 68% de las secuestradas en Francia eran producidas en Holanda. Y también el 80% del éxtasis.
¿Quién podía creer entonces que en Argentina autorizar el uso de una sustancia tóxica podía beneficiar a alguien, excepto al narcotraficante? No existe oferta de producto en el mundo que desaparezca si la demanda crece y sí, siempre crece de la mano de la legalización. ¿O de adónde creyeron que el adicto se proveería si no de los cárteles o las bandas criminales emergentes (bacrims)?
Los efectos sobre la salud pública han sido desastrosos, y sobre la seguridad pública, peores aún.
A veces la gente cree que el narcotráfico y sus usuarios son parte de un negocio que no lo afectará en la vida cotidiana. ¡Grave error! Estadísticamente hablando, si uno se encuentra, por ejemplo, en la vía pública, en medio de una balacera, hay alta probabilidad de que esté ante una banda de narcos resolviendo disputas (como se puede apreciar mayormente en Rosario), con resultados de muerte o de heridos inocentes ajenos a ella. O también quien nos roba por unos pesos, un celular o unas zapatillas, en la mayoría de los casos lo hace para financiar su adicción. Y quien nos atropella con su vehículo a alta velocidad seguramente lo hace bajo los efectos de algún tóxico. Estos tres grupos previamente descritos en los ejemplos producen del 30% al 70% del delito violento.
En un estudio realizado en Gran Bretaña, se concluyó que el 69% de los arrestados por delitos violentos dio positivo al menos de una droga ilícita. Conociendo esto, en vez de acostumbrarnos al mal, como lo ha expresado Francisco en numerosas oportunidades, curemos a nuestros adictos, aún en forma compulsiva, como lo piden a diario sus familiares a un Estado indiferente y, por el otro lado, luchemos contra los traficantes, mayormente con inteligencia, cuidando nuestras fronteras, quitándoles sus activos, extinguiéndoles el dominio de sus bienes y condenándolos a largas penas de prisión.
La buena noticia es que nuestras autoridades actuales aseguraron que no llevarán ninguna propuesta legalizadora a la ONU.