Por: Nicolás Tereschuk
“La regulación siempre existe: cuando no regula el Estado, regula el mercado”, enfatizó en varias ocasiones durante este año la presidenta Cristina Kirchner. Es apenas una frase, pero puede funcionar con una guía para entender lo que ha sido un “año bisagra” en la economía.
En el marco de una dinámica que la Casa Rosada puso en marcha tras las elecciones de octubre de 2011, durante el año que finaliza el peso del Estado en la economía aumentó. En algunos casos, recuperó resortes que había dejado de manejar en los años 90. En otras ocasiones concretó nuevas formas de intervención. Se trata en ciertos aspectos de formatos de acción con los que cuentan países vecinos. En otros, son equiparables a modalidades con los que cuentan los Estados en los países centrales. Y también hay novedosos cursos de acción.
Vale la pena repasar la cantidad de mecanismos que desde los últimos meses comenzó a manejar el sector público porque posicionan al Estado como un actor objetivamente con más poder, en comparación con el que también manejan y seguirán manejando influyentes sectores empresarios.
Al mismo tiempo, resulta ilustrativa la enumeración porque de los frutos concretos que el Gobierno pueda mostrar en la administración de estos “nuevos” ámbitos podría jugarse buena parte de su futuro político.
Como se verá, fue un año más que intenso en el terreno económico y que posiciona al Estado de manera diferente de cara a un período preelectoral:
- En enero, la Secretaría de Comercio Interior formalizó el régimen de declaración jurada anticipada de importación (DJAI), mediante el que siguió de cerca las operaciones de abastecimiento internacional.
- En marzo, el Congreso convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que le otorgó más poder a la autoridad monetaria para el manejo de las reservas, el control de los bancos privados y el redireccionamiento del crédito. Además, esa norma puso fin al corazón de la Ley de Convertibilidad, que aún permanecía vigente: era el que indicaba que “las reservas de libre disponibilidad” del Banco Central en oro y divisas debían ser equivalentes al cien por cien de la base monetaria.
- En mayo se promulgó la ley que nacionalizó el control de YPF, la mayor empresa privada del país. La norma también declaró “de interés público nacional” el “logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y en concreto “la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización” de combustibles fósiles, negocio en el que actúan distintas compañías privadas.
- También ese mes, la Secretaría de Minería estableció obligaciones a las empresas del sector para sustituir productos que importaba con elementos de producción nacional. Y también dispuso que esas compañías exporten su producción mediante empresas de transporte marítimo y aéreo nacionales.
- En junio se presentó el plan ProCreAr, con el objetivo de otorgar créditos para la construcción de 100 mil viviendas nuevas en cuatro años. La Anses y el Banco Hipotecario apuestan a convertirse en motorizadores de la construcción: el Gobierno evalúa que cuando esté en pleno funcionamiento el año próximo podría aportar 1,5 puntos del producto extra.
- También ese mes se creó el Ministerio de Transporte, a cargo de Florencio Randazzo: a partir de entonces el Estado aplicó más controles a las concesionarias de los servicios de trenes y colectivos. Por caso, intervino la empresa TBA y el Belgrano Cargas.
- En julio, el Banco Central suspendió por tiempo indeterminado la compra de divisas para fines de atesoramiento.
- Ese mismo mes, la autoridad monetaria obligó a los bancos privados a destinar el 5% de sus depósitos para otorgar créditos para que las empresas amplíen su capacidad productiva. Las operaciones se concretaron a una tasa de 15% a tres años. Se volcaron en total 15 mil millones de pesos.
- En agosto se dispuso que los consumos que se paguen en el exterior con tarjetas de crédito comenzaran a abonar un adicional del 15% como anticipo a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias o a los Bienes Personales.
- En septiembre, el Ministerio de Planificación Federal dejó sin efecto una licitación de frecuencias 3G y asignó esas frecuencias a la estatal ArSat. Luego se anunció la creación de una nueva proveedora de telefonía móvil: Libre.ar. La operadora utilizará el 25% del espectro radioeléctrico que fue devuelto por Movistar tras adquirir a Movicom en 2004.
- En octubre, el Gobierno dispuso que las compañías de seguros destinen parte de su cartera de inversiones en fondos para el sector productivo y para infraestructura a largo plazo. La presidenta Cristina Kirchner evaluó que así “se destinarán 7.000 millones de pesos para inversiones productivas y de infraestructura hasta el 31 de mayo”.
- En noviembre se convirtió en ley una nueva regulación del mercado de capitales: la Comisión Nacional de Valores cuenta ahora con más poder sobre los títulos y acciones que negocian las empresas.
- También ese mes, la nacionalizada YPF tomó el control de Metrogas.
- Este mes, el Banco Central renovó la obligatoriedad a los bancos privados de destinar una parte de sus carteras a préstamos productivos. Calculó que en los primeros seis meses de 2013 más de 17 mil millones de pesos se destinarán a préstamos al sector productivo.
- Durante todo el año, el Gobierno dispuso que grandes empresas se concentraran en reinvertir sus utilidades en lugar de distribuir dividendos o girarlos al exterior -en el caso de las compañías de origen extranjero-. Como consecuencia de esa política, en los últimos días se conoció que las empresas locales que cotizan en la Bolsa porteña repartieron en el 2012 un 78,5% menos dividendos que el año pasado; en el caso de las extranjeras la caída fue del 61%: se trató del menor monto distribuido desde el 2002. En forma directa, el Gobierno actuó a través de los directores que ahora integran las conducciones de grandes empresas -en función de las acciones que poseían las AFJP y ahora maneja la Anses-.
Arranca 2013 entonces con un Estado que aparece posicionado de otra forma frente al manejo de distintas variables económicas. Cómo traducir ese protagonismo en niveles adecuados de apoyo político será la tarea central del oficialismo en el año que comienza.