Por: Nicolás Tereschuk
La Argentina es el país del continente americano en el que los ciudadanos tienden más a considerar que los compatriotas que reciben ayuda proveniente de programas sociales del gobierno son “vagos”.
¿Resulta polémica la afirmación? Surge con claridad del informe “Cultura política de la democracia en la Argentina y en las Américas 2012. Hacia la igualdad de oportunidades”, realizado en el marco de la quinta ronda del Barómetro de las Américas, la encuesta principal del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por su sigla en inglés) de la Universidad de Vanderbilt, difundido hace pocos días en el país.
Según esta encuesta realizada a más de 1.500 personas en todo el país, en una escala de 0 a 100, la Argentina sumó 63,7 puntos en cuanto al acuerdo de que son “vagos” quienes reciben ayuda social. En el continente le siguen Uruguay (57,5), Chile (54,5) y Venezuela (52,4). Muy por debajo se ubican Estados Unidos (44) y Brasil (43,4).
El sondeo reveló que los argentinos que reconocen recibir fondos provenientes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) son en la actualidad una porción nada despreciable: el 18,6 % de los consultados. Más del doble de quienes reciben este tipo de asistencia en Chile (9 %) y casi igual que la proporción de ciudadanos que participan de estas Transferencias Condicionadas en México y Brasil (18,9 %).
Las respuestas de los argentinos a la encuesta revelaron también si no un “doble discurso”, al menos algún tipo de inconsistencia entre opiniones. Es que la Argentina es a su vez uno de los países de la región en el que más se cree que el “Estado debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres”. En una escala de 0 a 100, en el país suman 86,4 puntos en cuanto al acuerdo con esa frase. Apenas por debajo de la opinión de los uruguayos y algo por encima de la de chilenos, brasileños, mexicanos y colombianos (en una franja de entre 85 y 81 puntos). Y muy por encima de los estadounidenses, que se mostraron a favor de esa afirmación sólo con un puntaje de 47,2.
El informe fue claro en sus conclusiones con respecto a esta situación: “Si bien existe un nivel comparativamente alto de acuerdo con la idea de que el Estado debe intervenir para reducir las desigualdades económicas, una proporción considerable de los entrevistados en Argentina (y en el continente en general) manifiesta actitudes abiertamente discriminatorias hacia los receptores de planes de asistencia social implementados por el gobierno nacional”.
El dato puede servir. Porque en contra de esta discriminación deberá trabajar el actual Gobierno, que instrumentó y ahora distribuye la Asignación Universal por Hijo, pero también deberán hacerlo los sucesivos gobernantes, si es que se pronuncian a favor de mantener o profundizar este programa que llega con efectividad a 3,5 millones de niños.