Por: Nicolás Tereschuk
“Tengo en mis manos un video”, solía decir Jorge Rial en la apertura de su programa “Intrusos”. Y acá vamos otra vez con el mismo “gancho”. Un video.
¿De qué hablamos? En esta ocasión son imágenes que circularon ayer en las redes sociales y que, como también reflejó Infobae, corresponden a la audiencia del miércoles 27 de febrero pasado en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en la causa que fondos buitre impulsan contra la Argentina por la deuda pública.
El video fue publicado por el blog Manhattan Contrarian, del abogado neoyorquino Francis Menton, especialista en temas contractuales.
El contenido en sí no es novedoso. Los diarios argentinos reflejaron en su momento el fuerte cruce entre la jueza Reena Raggi y el abogado de la Argentina, Jonathan Blackman, en uno de los pasajes más tensos de la audiencia.
En ese segmento, la jueza le reclama al abogado de la Argentina que indique si es cierto que el país no aceptará otra solución que la que propone -eventualmente, que los holdouts ingresen al canje de deuda una vez más reabierto durante este año, en condiciones similares a la de los restantes bonistas-.
Blackman advierte que la “política pública” de la Argentina es “firme” en ese sentido. Y allí surge también la frase más fuerte de la audiencia, cuando el letrado indica que la Argentina no obedecerá “voluntariamente” el pago del 100% de lo exigido por los fondos buitre.
Las imágenes, como todo, tienen dos lecturas. Una es la que tienen el abogado Menton y varios analistas y periodistas argentinos proclives a avalar la posición de los fondos buitre: que con esa actitud la Argentina se pone en la posición extrema que tienen países como Cuba o Corea del Norte.
La otra mirada sería la de resaltar el choque de lógicas que está en juego en los tribunales norteamericanos. En este caso se trata de un país soberano el que es llevado a juicio. Un país democrático, con autoridades electas -tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo- que son las que definen las “políticas públicas”. Y al que se trata de colocar, como si fuera un comercio en un proceso de quiebra, en las manos de una altanera jueza republicana, sin importar las consecuencias sobre millones de argentinos.
“Este no es un hecho de todos los días en las cortes de Estados Unidos”, señala Menton, sorprendido por la firmeza de su colega Blackman, en representación del Estado nacional.
Es que, en última instancia, de eso se trata en este conflicto: de las “políticas públicas” que mejor permitan defender los intereses nacionales. Los de todos los ciudadanos, en este caso, argentinos. Parece que eso no es algo que se vea a menudo en los tribunales norteamericanos.