Por: Pablo Mancini
La inexistencia de una ley moderna de transparencia se hace cada vez más evidente en la Argentina. El acceso improbable, engorroso y lento a la información pública es un signo de decadencia democrática y subdesarrollo.
El 6 de noviembre pasado la Argentina se convirtió en el miembro número 58 de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), un esfuerzo global para impulsar la transparencia y el acceso a la información de los gobiernos.
Unos días antes, el 29 de octubre del 2012, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina se comprometía en una carta a “continuar trabajando para tener gobiernos más transparentes, con mayores grados de participación ciudadana y que combaten eficazmente la corrupción”.
La Argentina, en materia de transparencia, se parece más a Irán o a China que a cualquier democracia más o menos desarrollada.
En los foros internacionales existe consenso sobre cómo debe ser una ley de transparencia contemporánea: Se trata de diseñar leyes activas.
Las leyes de transparencia pasiva son aquellas que regulan la solicitud de información pública. Las leyes activas, por el contrario, garantizan que la información sobre los funcionarios y la gestión gubernamental, y sobre las empresas y organizaciones que trabajan para el Estado, esté disponible y actualizada en la Red. Y también garantizan un punto clave: que la consulta de esa información sea gratuita y anónima. Que pueda realizarse anónimamente es clave para evitar eventuales represalias y persecuciones.
Sería coherente que el Gobierno Nacional, tan obsesionado con la democratización de la información, y que la oposición, tan preocupada por la falta de información, inviertan tiempo en hacer realidad una ley moderna de transparencia. Ley que no sólo va a facilitar el control por parte de los ciudadanos y de los periodistas, sino que además promoverá la innovación en el país.
Es inexplicable que políticos y académicos, tan comprometidos algunos y tan críticos otros, con la ley de medios, todavía no vayan a la raíz del problema y hagan algo real por la transparencia y la libre circulación de la información.
Si lo hicieran, podríamos confiar en que están comprometidos con la democracia. En un mundo cada día más abierto, no garantizar la transparencia vuelve a los países cada vez más cerrados.
La carta del jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina enviada a Open Government Partnership:
OPG