Se necesitan medidas efectivas contra la violencia de género

Hasta los programas de TV sensacionalistas y la prensa amarilla están asombrados por la cantidad de material que tienen que editar día a día en una sociedad que cuenta vidas perdidas en espacios tan disímiles como estadios de fútbol, escuelas, lugares de esparcimiento nocturno o calles de cualquier barrio de la Ciudad. El Estado solo ofrece, como si fuera una respuesta mágica, incorporar mas policías y, por qué no, que sean mas violentos. Lamentablemente este es el contexto actual que encuentra en estos días como centro de la escena la escalada de femicidios que, gracias a los modernos sistemas de comunicación, son cada vez mas visibles.

Así, la sociedad mira atónita y no deja de conmoverse por el tremendo espectáculo diario de mujeres asesinadas en manos de sus esposos, parejas y padres de sus hijos. El hecho presenta la innegable capacidad de dejarnos perplejos, porque justamente suele ocurrir entre quienes han mantenido un vínculo afectivo, entre quienes son cercanos o lo han sido, en algún momento de su  historia de vida. Las historias sobre los femicidios nos impactan y nos hacen preguntarnos, por ejemplo, qué conduce a un hombre a matar a su compañera, a la madre de sus hijos.

La respuesta no es sencilla y como todo fenómeno de violencia está atravesado por muchas aristas. El primer mito que hay que derribar es que estamos ante la presencia de “locos” o de actos propiciados por personas con patologías psiquiátricas graves. Quienes reciben las denuncias de víctimas de violencia y trabajan diariamente con estos temas se cansan de ver informes psiquiátricos que dicen que la gran mayoría de estos hombres que ejercen violencia no padecen patologías psiquiátricas y que están en condiciones de comprender  perfectamente su accionar. Será entonces que estamos en presencia de una conducta repetitiva, habitual, de un hombre  que se siente con “poder suficiente para herir, dañar y hasta matar”, porque “el otro”- su mujer – es suya, es su propiedad, y puede hacer con ella lo que le plazca.

Así ocurrió con la joven Suhene, quien falleció con motivo de la feroz golpiza que le dio su novio y murió tiempo después de ese hecho,  porque las lesiones cerebrales fueron tan traumáticas que no pudo restablecerse.Hay que decir además que su victimario continúa libre, porque toda una serie de desdichados acontecimientos han sido  introducidos judicialmente para interrumpir el nexo causal entre la golpiza y la muerte de ella, y así favorecer la situación procesal de quien agredió a su novia con la violencia suficiente para causarle la muerte. Lo mismo acontece, pero de manera inversa, cuando las mujeres nos defendemos legítimamente de las agresiones sistemáticas y continuas: la Justicia siempre posa la mirada desde la óptima masculina, y víctimas de violencia terminan años y años presas porque no se termina de dimensionar la gravedad de la problemática.

A su vez, la Argentina tiene un marco legal de avanzada en materia de derechos de la mujer, pero toda una estructura administrativa y judicial que por sí sola resulta insuficiente para hacer frente a esta problemática extendida y generalizada. Hay provincias de nuestro país que aún no han adherido a la ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y muchas que han decidido no reglamentar normativa específica. Por otro lado, y luego de casi seis años de dictada la ley nacional, no se ha hecho operativo el observatorio de la violencia contra las mujeres que prevé la norma, ni contamos con los recursos necesarios para atender a las mujeres que deciden tomar la decisión de denunciar a los victimarios, aún a riesgo de quedarse sin sustento económico para ellas y para sus hijos. El Consejo de la Mujer no ha impulsado de manera efectiva la creación de refugios ni espacios aptos para la protección de mujeres y familias en alto riesgo.

Frente a esta terrible problemática debemos ser activos, cada uno desde su lugar. Desde el mío, el de diputada, en 2010 presenté un proyecto de ley para aprobar un protocolo de atención policial de víctimas de violencia, con la finalidad de poner en debate uno de los aspectos más trascendentes, que es justamente el momento en que se recibe una denuncia policial que involucra hechos delictivos en un contexto de marcada violencia de género. La contención de la víctima, la creación de un ambiente adecuado es importante y permite que los operadores judiciales cuenten con la riqueza de un relato ajustado a la realidad de lo acontecido y no con meros extractos o recortes de la historia familiar. También presenté un proyecto de ley para aumentar las penas de aquellos hombres que ejercen violencia e incumplen las medidas judiciales restrictivas dispuestas por jueces de familia, pues sabemos que las normas penales, en países con nuestra tradición ejercen una fuerte influencia simbólica.

Por otro lado, el proyecto de ley contra el acoso callejero que presentamos hace poco días, también surge como una manera de visibilizar el enorme daño que se les provoca a mujeres, adolescentes y niñas en la vía pública, pues esta conducta hostil por parte de los hombres impacta fuertemente en la subjetividad femenina, y colabora en la reconstrucción de un imaginario social donde la mujer es débil y dependiente, donde el hombre tiene más derechos para invadir espacios que hacen a la integridad de la mujer.   

Por último, también presentamos una iniciativa de implementación urgente frente a este espiral de violencia, el proyecto de emergencia publica en materia social por violencia de genero, en el que se delega al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la ley Nº 26.485, hasta el 31 de diciembre de 2017, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente, las que tienen como objetivo primordial paliar y revertir el número víctimas por violencia de género en todo el territorio nacional.

Necesitamos que haya una fuerte voluntad política de avanzar en forma efectiva para erradicar toda forma de violencia hacia la mujer, por eso todos tenemos que movilizarnos el próximo 6 de Junio y alzar nuestras voces. Ni una menos, es la fuerza que nos impulsa.

Le solicito a la Sra. Presidenta que reciba a los padres de estas mujeres víctimas para dar el puntapié inicial y aunar a todas las  fuerzas políticas en un camino unificado que permita poner en marcha medidas efectivas contra la violencia de género.

Por los derechos humanos que aún falta saldar

Este no será un 24 de marzo en el que solamente miremos para atrás y recordemos el comienzo de la noche más larga y cruel que haya conocido nuestro país. Este marzo de 2015 significa, además y luego de doce años del kirchnerismo en el ejercicio del poder, la posibilidad de reflexionar y realizar un balance acerca de una materia, los DDHH, sobre la cual el “gobierno nacional y popular” se apoyó simbólica y políticamente durante este período.

Ante todo, el kirchnerismo pretendió hacer de los DDHH una de sus banderas principales, incluso existiendo contradicciones tan dolorosas como inexplicables durante este ciclo. Para empezar, quiero decir que desde Libres del Sur entendemos a los DDHH en un sentido amplio. Luchamos de igual modo por los ultrajados ayer y hoy, porque entendemos que los DDHH son una categoría que encierra a los derechos civiles y políticos; al derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; como así también los derechos colectivos. No pareciera ser esta la concepción del kirchnerismo.

No obstante lo anterior, también debo decir que durante todos estos años existieron avances notables en esta materia. Pero me permito. a diferencia del Gobierno, remarcar el carácter colectivo de esos progresos. Son conquistas del pueblo; no pertenecen con exclusividad a ningún espacio político.

De hecho, cómo olvidar la derogación de las leyes del perdón, lo que permitió reabrir los juicios y condenar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. No quiero tampoco dejar de mencionar la emoción que significó la recuperación de la ESMA como espacio de la Memoria. O la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que nos entusiasmó y que muchos creímos implicaba que la Argentina entrara en una etapa de avances y conquistas.

Sin embargo, y frente a todos estos hechos, el gobierno de Cristina Kirchner tomó la triste decisión de impulsar a Cesar Milani como jefe del Ejército, desdibujando y amenazando todo el esfuerzo anterior y el avance institucional que aquello significó. Aun existiendo, al decir de la Justicia, “elementos suficientes” para llamar a indagatoria al general Milani, por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura, y estando imputado en la causa por la desaparición de un conscripto, el “gobierno de los DDHH” lo sostiene con esmero y entusiasmo. Todos miran para otro lado, incluso la juventud K que dice representar ideales del campo nacional y popular. Como tampoco se hacen cargo del Proyecto X, de la ley antiterrorista, del gendarme carancho, del pedido de mano dura para reprimir la protesta social y de la omnipresente presencia del “Rambo” Berni al frente de la secretaría de Seguridad, uno de sus principales abanderados.

Como sociedad tenemos la obligación de ver los “otros” DDHH que siguen violándose y para los cuales el kirchnerismo hizo la vista gorda. Durante la proclamada “década ganada” vimos atónitos la aparición de los desmontes masivos, la proliferación de agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Estos hechos traen aparejados, a su vez, desalojos, violencia institucional y vulneración de derechos a comunidades campesinas e indígenas. La persecución en particular a los QOM por parte de los gobiernos oficialistas del Chaco y Formosa es una muestra descarada de esto. ¿Seguirá “el Cuervo” Larroque entusiasmado en desalojar de la vía pública a quienes como los QOM reclaman al Estado?

Pero seguramente la deuda política más grande que nos deja el kirchnerismo es haberle sido tan funcional a opciones opositoras que sostienen que “los DDHH son un curro”, tal como señaló hace escaso tiempo Mauricio Macri, dirigente que jamás condenó públicamente la dictadura -tal vez por los jugosos negocios que hizo su familia en aquel período- apoyó los indultos y piensa que los DDHH son cosa del pasado. Con sus pistolas Taser (armamento que la Policía Metropolitana estrenará en breve) o la salvaje represión a los trabajadores del Borda, el PRO nos da inequívocas señales de su concepción última de los DDHH. Los hechos hablan más que los gestos. Y esto le cabe a ambos gobiernos.

Frente a generaciones enteras de argentinos que quieren trabajar en otro rumbo, con la renovación política, el reconocimiento y la garantía de más DDHH desde una mirada integral, no podemos conformarnos.  En un nuevo aniversario del último golpe honramos a los que ya no están de la mejor manera, teniendo memoria y peleando por un país verdaderamente para todos. Esto se logrará garantizando el respeto por los DDHH de ayer y de hoy.

La inseguridad no se resuelve con más armas

Un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) habilitó a la Policía Metropolitana a usar las pistolas taser. Este fallo llega luego de que otros dos de primera y segunda instancia, frenaban el uso de aquellas armas en base a antecedentes de la Convención contra la Tortura adoptada por el Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que recomendaba no utilizar ese armamento por considerar que podía llevar a la muerte.

Pero para entender mejor porque es absolutamente peligroso y erróneo el uso de las taser es bueno conocer qué ha sucedido en el mundo con su uso y que recomiendan otros organismos internacionales. Para empezar, entre junio de 2001 a marzo 2007, solamente en los Estados Unidos, 150 personas murieron bajo custodia policial después de que se usarán “tasers” contra ellas, principalmente debido a la restricción física y estrés que generan durante el arresto.

Por otro lado, Amnistía Internacional ha denunciado que mas allá de su letalidad, el uso del taser produce un fuerte dolor en la persona sin dejar grandes marcas, por lo que la policía puede emplearla como arma de tortura encubierta, prestándose así para cometer abusos policiales indeseables, ya que son fáciles de llevar y fáciles de utilizar. Los organismos internacionales las desaconsejan, tanto el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, que ha sostenido que el uso de estas armas ‘causa severo dolor que constituye una forma de tortura’ y ha recomendado a los estados miembros que ‘consideren abandonar el uso de armas eléctricas taser’; como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial sosteniendo que las armas de tipo taser han sido ‘burdamente mal usadas’, y empleadas ‘desproporcionadamente’ contra población negra y latina, por lo que también las rechaza. Finalmente, Laser International, una de las principales firmas fabricantes, admitió en el año 2005 que el arma puede ser letal.

He impulsado desde mi banca la ley de creación del Mecanismo Nacional Contra la Tortura que posteriormente el oficialismo ha impedido constituir y que serviría precisamente para prevenir y sancionar los casos de tortura y malos tratos. Creo además que este tipo de avances institucionales se hacen urgentes para poder tener un espacio que aconseje y asesore a gobiernos, como en este caso el de Mauricio Macri, para no avanzar con este tipo de medidas, ya que la inseguridad no se resuelve con más armas en la calle.

Un tema de agenda urgente

El nuevo Ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, fue desautorizado por Aníbal Fernández, en nombre del gobierno nacional, en su intención de abrir un debate maduro sobre la legalización del aborto.

No sé si este nuevo ministro se equivocó de gobierno donde llevar adelante sus ideas o simplemente ya es una práctica del kirchnerismo la de rodearse de actores a los que luego hace callar. Pero más allá de que no sea una decisión oficial la de poner este tema en la agenda publica, Gollán está en lo cierto con respecto a que es urgente e imprescindible abrir un debate maduro con respecto del tema de la interrupción voluntaria del embarazo.

El aborto es la primer causa de mortalidad materna en nuestro país. Este no es un problema jurídico, sino sanitario y por lo tanto el Estado en general y ese Ministerio en particular, deberían hacer algo de forma urgente.

Creo por otro lado, que sería útil considerar la experiencia de otros países como Uruguay, que ha hecho una experiencia positiva en la materia, evitando aspectos que obstaculicen las interrupciones voluntarias de embarazos cuando fueren necesarias.

En nuestro país hay alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año, como puntualizó Gollán. También se registran alrededor de 70 mil hospitalizaciones de mujeres por complicaciones en su salud en todo el país, cada año, y se estima que mueren más de 100 mujeres por año a consecuencia de complicaciones derivadas de abortos clandestinos. Es que este tipo de abortos se han constituido en un negocio millonario, por el cual se obtienen alrededor de 1.200 millones de pesos por año a costa de la vida, la libertad y la salud de las mujeres.

Sacar a esta dramática situación de la agenda publica, como pretende el nuevo Jefe de Gabinete, Anibal Fernández, es no darle importancia a todas esas mujeres que mueren cruelmente y al mismo tiempo seguir avalando una violación gravísima de sus derechos humanos.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos

Ayer se conoció la noticia de que Carlos García Muñoz, militante kirchnerista y actual funcionario de la Secretaria de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, fue condenado y detenido durante diez años en España por haber sido encontrado culpable del delito de violación en perjuicio de su ex esposa.

La abogada de la mujer, María José Varela, explicó al ser consultada por distintos medios que García Muñoz, antes de ser condenado por violación, tuvo denuncias y condenas previas en Barcelona por un delito de violencia habitual, un delito de amenazas y cinco faltas por lesiones leves; siempre contra su actual ex esposa. Luego, cuando cumplía condena por malos tratos, permaneció detenido, pero esta vez por el hecho ocurrido el 10 de Julio de 1999, cuando ingresó al domicilio de su ex esposa, le exigió mantener relaciones sexuales. Ante la negativa de la mujer, la amenazó con una navaja y la violó.

A pesar de estos antecedentes, y dando una clara muestra del “compromiso” que el Gobierno Nacional tiene con los derechos humanos de las mujeres, García Muñoz es funcionario de la Secretaria de Derechos Humanos y recorre el país dando testimonio de su experiencia como ex detenido en la Mansión Seré durante la última dictadura militar. Se difundió incluso un video donde la Presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre,  destacó su presencia y lo hizo poner de pie para que recibiese una ovación del público.

Manifiesto mi repudio a la designación de García Muñoz ante cualquier dependencia como funcionario público y exijo su destitución del cargo que ocupa en la actualidad.

Cómo debería ser la reforma del Servicio Penitenciario

Este fin de semana salió en Tiempo Argentino, un diario muy afín al oficialismo, una extensa nota que anticipaba que el Ejecutivo mandaría un proyecto de reforma de la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al Congreso. El artículo también adelanta algunas de las posibles características de la iniciativa. Para no perder la costumbre, las modificaciones que piensa impulsar el gobierno se vienen discutiendo a puertas cerradas.

La verdad es que este debate es muy urgente. Si pensamos que necesitamos instituciones acordes a un Estado de derecho y democrático, el servicio penitenciario debe ser parte de ese imaginario institucional, y es una deuda de la democracia que éste no se haya desmilitarizado aún. En este sentido, son varios los proyectos de ley sobre materia carcelaria que hemos elaborado con mi equipo de trabajo, y en particular, desde el año 2012 tiene estado parlamentario un proyecto de ley que presentamos para la reestructuración integral del SPF. Continuar leyendo

Quieren encubrir con demagogia la incapacidad para enfrentar el delito

Recientemente nuestra Presidenta envió al Congreso Nacional para su debate un nuevo proyecto de Código  Procesal Penal, que casualmente fue destacado desde el atrio oficial por sus defectos y no por sus virtudes. En lugar de situarse discursivamente en los aciertos que propone, la Presidenta elogió las bondades de una nueva ley que permitiría expulsar del país a los extranjeros, o que permitiría detener preventivamente por razones de conmoción social.

También en esa dirección se ha expresado el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien sostuvo que había que extraditar a los extranjeros que cometían algún delito.

El sistema judicial siempre ha sido objeto de numerosos debates y discusiones en nuestro país. Se tiene la impresión –sobradamente justificada – de que la justicia es muy lenta y especialmente que no llega nunca cuando los acusados son los poderosos de turno.

Por otro lado, salvo contadísimas excepciones, los funcionarios públicos que  han cometido delitos en ejercicio de sus funciones llegan a ser condenados. El procedimiento penal aún vigente posibilita un ilimitado derrotero recursivo que si no es resuelto con celeridad en audiencias públicas y orales, permite la prescripción de causas de renombrada gravedad institucional, como por ejemplo aquellas en que se investigan hechos de corrupción  por el  desvío de  recursos públicos que terminan en cuentas off shore. Continuar leyendo

Las escalofriantes cifras de femicidios en Argentina

El 4 de septiembre, Milagros, de 7 años, fue asesinada a cuchillazos por la ex pareja de su madre cuando esta decidió terminar con la relación. Débora Gómez (25) murió de un mazazo en la cabeza por su pareja Jesús Alberto Ayala, el 4 de agosto en Mendoza. Claudia Noemí Ponce murió consecuencia de un balazo en el cuello que le propició su pareja en Santiago del Estero, el 13 del mismo mes y el 14, una mujer de 49 años fue asesinada a puñaladas en el partido bonaerense de Pilar. Por este crimen buscan a su ex marido, quien se llevó al hijo discapacitado de ambos. Por último, Mariana Roby (45) murió de un tiro a manos de su pareja, con quien estaba en trámites de separación, en Provincia de Buenos Aires. La lista sigue y cada vez son más las mujeres víctimas de violencia de género que mueren víctimas de femicidio en la Argentina.

De hecho, las cifras son escalofriantes: en el 2013 se registraron 295 femicidios en el país, un 16 por ciento más que en el año 2012; una mujer es muerta cada 30 horas víctima de femicidio; en el año 2008 hubo 208 femicidios, en el año 2009 fueron víctimas 231 mujeres, en el año 2010, 260, en el 2011 la cifra subió a 282 y en el año 2012 los femicidios fueron 255.

El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Se trata de un término político que denuncia la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas., actualmente incorporado al diccionario por la Real Academia Española gracias a la antropologa feminista mexicana Marcela Lagarde.

En marzo del año 2009 se sancionó la ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Una ley que consagra un gran cúmulo de derechos que protegen a la mujer contra la violencia de género.

Ahora bien, los números, objetivos y ajenos a todo relato épico, nos muestran que la sola sanción de una ley cargada de derechos y reconocimiento no elimina este flagelo social. Los números evidencian que la política pública que se esté llevando adelante al respecto no está dando resultados positivos.

Quizás, ese sea el primer problema que evidencia la ausencia del Estado en esta materia: los números. Las cifras antes citadas son relevadas por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

En Argentina no existe organismo estatal alguno que brinde datos oficiales sobre femicidios. Entonces, los datos estadísticos, insumo indispensable para la construcción de políticas pública, dependen de iniciativas privadas que con gran esfuerzo llevan adelante una difícil tarea que el Estado no cumple y sin contar con las herramientas apropiadas (acceso a datos hospitalarios, policiales y judiciales).

No puede haber política pública exitosa si, en primer lugar, no contamos con un claro y preciso diagnóstico que nos permita atacar la conflictiva de la mejor manera. Para la elaboración de políticas públicas que protejan la vida de las mujeres es siempre necesario contar con el diagnóstico adecuado para así encontrar cuál es el abordaje necesario.

Allí nos encontramos con el segundo problema: los recursos económicos. No existe política pública que pueda tener éxito si no se destinan para su ejecución los recursos materiales y humanos necesarios para llevarlas adelante, una cuestión que, a primera vista, pareciera básica.

Quizás no lo vean así quienes hoy están encargados de elaborar y llevar adelante las políticas públicas contra la violencia de género. Aquí, nuevamente, pareciera que los números no acompañan la lucha contra la violencia de género: el monto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres en el presupuesto 2014 es de 16, 2 millones de pesos, dentro de los cuales el 71,6% (11,6 millones de pesos) son destinados al pago de los haberes del personal. Es decir, sólo el 28,4% del presupuesto del Consejo se destina al cumplimiento de la ley 26.485 de violencia contra las mujeres. A su vez, el presupuesto del Consejo representa tan solo el 0,0018% del presupuesto total,  lo cual significa un 33% menos de lo asignado en el presupuesto 2013.

La declaración de la emergencia nacional en materia de violencia de género es una necesidad imperiosa, repito, una mujer muere cada 30 horas a causa de la violencia de género en nuestro país. La no elaboración de estadísticas no va a ocultar el problema, la violencia de género y los femicidios no son una sensación: son una realidad que hay que combatir.

La protesta social es legítima y constitucional

El secretario de Seguridad de la Nación, Tte. Coronel Sergio Berni, ha exigido recientemente la aprobación de leyes tendientes a regular – anular, en realidad – la protesta social. No podemos acompañar ninguna de las iniciativas presentadas porque consideramos que esa forma de protestar contra las injusticias sociales es legítima y constitucional. Porque no estamos de acuerdo con el reduccionismo que realizan algunos dirigentes políticos que sostienen que “cuatro loquitos cortan una calle” y ponen el dedo acusador en los movimientos sociales o en quienes protestan, y nunca en los procesos políticos y económicos que han generado o motivado esas reivindicaciones.

Los despidos actuales en la industria automotriz -hasta hace poco tiempo mostrada como vedette del éxito de las las políticas oficiales- y en la ferroviaria, causada una vez más por el Grupo Cirigliano, socio de este Gobierno, los obliga a neutralizar toda protesta.

Le digo al señor Secretario que no podemos acompañar ninguna iniciativa que tenga como finalidad directa y expresa la censura y la invisibilidad de las partes más postergadas o vulnerables de nuestra sociedad. Aunque a rigor de verdad, los trabajadores registrados no lo son, pues al menos tienen un salario y jubilación. Mucho peor la pasan los millones de hombres y mujeres que en la década ganada no consiguieron incorporarse formalmente al mercado laboral, y ni siquiera tienen un interlocutor para sus reclamos. Compatriotas que están afuera del sistema, sin salario, sin aguinaldo, sin obra social, y sin sindicato (bueno o malo) que los represente.

Señor  Secretario, nos parece justo y constitucional gritar a los cuatro vientos que hay hombres y mujeres que no tienen satisfechos sus más mínimos derechos económicos y sociales. Por eso, en días tan especiales como estos, en los que se festeja el inicio de un proceso emancipador, sería de esperar que su gobierno al menos desista de la idea de solucionar la debacle causada con mayor represión hacia nuestro pueblo.

No es cierto que estemos ante derechos subjetivos equivalentes o que debamos priorizar el derecho a transitar. El derecho a la seguridad alimentaria, al trabajo, a la salud y a la libertad, están muy por encima del derecho a trasladarse rápido de un punto a otro de nuestra república. Este derecho, el de transportarse rápido y seguro de un punto a otro de nuestras ciudades, dejó hace tiempo de ser un derecho garantizado. Sólo ver los embotellamientos de tránsito que provocan autos y colectivos diariamente nos hace concluir que en esa materia también hay un déficit grave de ausencia del Estado.

En las villas y asentamientos de nuestro país, sus ocupantes tampoco tienen el derecho a que entre una ambulancia o a “no embarrarse para tomar un colectivo los días de lluvia”. Les pregunto a los autores de esos proyectos cuántos días soportaría algunos de los que se quejan vivir sin agua, sin luz, sin gas, o sin ingresos. Estos días de falta de agua, merced a la baja del Rio de la Plata, pueden haber sido un lindo ejercicio de conscientización para muchos de nosotros que vivimos en condiciones dignas el resto del año.

Cuantos días soportarían los que apoyan estos proyectos esperar desde la madrugada un turno médico para un hijo con fiebre y diarrea. O que no podamos parir nuestro hijo cuando nuestro cuerpo nos lo exige porque no hay médico de guardia. Lean las estadísticas de muertes durante nacimiento en algunas provincias argentinas, y escandalícense igual que lo hacen cuando se corta una ruta.

Cuantos días soportarían que a las maestras de sus hijos no les abonen un salario digno, o que asistan a una escuela sin bancos y sin calefacción.

Estos son argumentos políticos, pero también los hay desde el punto de vista legal. No lo digo yo, lo han expresado muchos Jueces de nuestra nación, que también comprenden que el ejercicio de petición a las autoridades debe estar por fuera de los tribunales y que es la dirigencia política la que debe dar respuestas.

Reprimir la protesta social no solo es jugar con fuego poniendo en vilo la necesaria paz social, en tiempos de crecientes dificultades económicas como el que atravesamos, en el que justamente el gobierno debería recurrir más que nunca al diálogo para velar por los intereses de los más afectados.

Reprimir la protesta social es anular un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Sin procesos de lucha y vindicación de derechos, no hubiera habido voto femenino, ni abolición de la esclavitud. Por eso, serán necesarias todas las protestas para que nosotros -sus funcionarios- actuemos y garanticemos el ejercicio de derechos humanos básicos.

Ley de “irresponsabilidad” del Estado

Mientras la justicia somete a proceso al Vicepresidente de la Nación por cohecho y tráfico de influencias, destacándose en el caso un sinnúmero de intervenciones de otros funcionarios del Estado que confluyeron en la compra de la empresa Ciccone Calcográfica por una empresa vinculada al círculo íntimo de Amado  Boudou, el Senado convirtió en Ley un inaceptable proyecto del Ejecutivo que impide que el Estado responda íntegramente  por los  daños causados por su actuación legítima e ilegítima. Dicha norma, conocida como “la ley de la irresponsabilidad del Estado”, fue anoche aprobada por 38 votos contra los 23 votos de toda la oposición, generando una fuerte polémica en el recinto, al igual que lo hizo el año anterior en la Cámara de Diputados, ya que esta desprotege al ciudadano frente al Estado y tolera la impunidad de los funcionarios públicos.

En otras palabras, mientras la ciudadanía se desayuna acerca de la manera en que funcionarios de este Gobierno habrían utilizado sus resortes de poder para apropiarse ilegítimamente de la imprenta que puede fabricar billetes de curso legal, un Congreso virtualmente paralizado, que sólo homologa los proyectos que manda el poder Ejecutivo e ignora los de los representantes del Pueblo de la Nación, busca restringir injustificadamente la forma en que el Estado debe hacerse responsable de sus actos frente a los ciudadanos con esta ley sancionada.

Este no es un tema menor, si se considera que la tendencia jurisprudencial nacional e internacional ha sido la de ampliar los supuestos de reparación -y no restringirlos-, en el marco de la normativa que surge del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que goza de jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994. Es una contradicción que pueda hablarse desde los palcos oficiales de “ampliación de derechos”, y que a su vez se restrinja injustificadamente el derecho a una reparación integral, cuando el autor del obrar ilícito es justamente el propio Estado. Estado que además es el garante ante los Organismos Internacionales del cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra República Argentina.

El kirchnerismo, gozando de mayoría propia en ambas cámaras legislativas, no permitió realizar ningún avance en ampliar los criterios en los casos de daños cometidos por empresas concesionarias de  servicios públicos, sino todo lo contrario.

Por dar un ejemplo concreto, este proyecto impide que el Estado Nacional responda patrimonialmente en un caso como el de  la masacre de Once, puesto que, en el artículo 6º, y a pesar de que la jurisprudencia venía flexibilizando el criterio acotado de los años 90, se excluye expresamente la reparación por parte del Estado, aún en forma subsidiaria, por perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos. O sea, los damnificados de este hecho aberrante no podrán reclamar al Estado y a los funcionarios, sino que deberían accionar directamente contra el concesionario. En este sentido, se puede verificar que ninguna de las víctimas de la masacre de Once ha contado con ningún tipo de ayuda oficial, tal como ellas mismas han relatado en las audiencias que se llevan adelante en la actualidad, en Comodoro Py.

De esta forma, podemos advertir cómo este gobierno pretende contar con todas las herramientas legales a su alcance para garantizar su impunidad, aunque ello implique un grave retroceso para nosotros, simples ciudadanos y ciudadanas, al aplicar leyes como esta “Ley de irresponsabilidad del Estado”.