Breaking Bad acá a la vuelta

La más triste nación/ en la época más podrida/

se compone de posibles/ grupos de linchadores”

Caetano Veloso

Les quiero contar la historia de un hombre que conocí hace poco. Es un hombre bondadoso, sinceramente bienintencionado. Sin dudas, su característica principal es la timidez. Habitualmente tiene bigote, lleva anteojos y zapatos negros. Les aseguro que no es Ned Flanders. Él es docente en una escuela secundaria, enseña química, y por las tardes trabajaba en un lavadero de autos. El tipo es un químico brillante al que su novia y su compañero de universidad le robaron el invento del siglo. Resultado: ellos se hicieron millonarios y él sigue dando clases en una escuela. Está casado hace unos diecisiete años, y esperando un bebe: su mujer esta embarazada de siete meses; además, tienen un hijo de 16 años con parálisis cerebral que le genera problemas motrices.

El hombre del que les hablo vive una vida como una persona sumamente honesta y sincera. Pero un día se entera que tiene un  avanzado cáncer del pulmón, que tiene poco tiempo de vida y que sólo podrá vivir un poco más con un tratamiento que no le cubre el seguro social y él, con su sueldo de docente, no puede pagar. ¿De dónde puede sacar la plata para asegurar el futuro de su hijo?

Donde vive este hombre no hay salud pública ni educación pública, pero sí una burbuja financiera que hace que su casa esté hipotecada por 15 años. O sea que además de pagar la universidad y el tratamiento de su hijo y el parto de su futura hija, necesita plata para dejarle a su mujer un techo donde vivir con su hijo y su pequeña cuando él ya no esté. Es decir, dentro de muy poco. ¿Cómo pagar el tratamiento que entre, quimioterapia y operación, salen cerca de 300 mil dólares? El hombre está desesperado. Entonces decide poner su conocimiento científico al servicio de la ilícita industria del narcotráfico y empieza a producir metanfetamina. Sí, estoy hablando del profesor Walter White, protagonista de la serie Breaking Bad.

Ahora, a este pobre tipo, que tiene un cáncer terminal, un bebe en camino, un hijo discapacitado y una hipoteca ¿lo condenamos por envenenar niños y jóvenes con esa basura que los destruye?

Les presento a otro buen hombre, a Juan. Juan vive en el conurbano. Todos los días se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar en un taller mecánico en un barrio de Buenos Aires. Apenas gana para pagar algunos gastos de la casita que le dejaron sus padres, tiene dos hijos que lleva a la escuela y una mujer que labura en la peluquería hasta los feriados para llegar mejor a pagar unas vacaciones en San Clemente.

Un día a Juan le roban en la calle; y Juan se cansa, porque ya es la vez número dieciséis que le roban. Entonces lo agarra al pibe que le quiso robar la billetera en el tumulto para subir al tren, le empieza a pegar cegado por la bronca y la impotencia de saber que ya no sirve para nada hacer la denuncia. ¿Qué hacemos con Juan?  ¿Lo condenamos?

Pensemos que sería de Walter y de Juan si ambos vivieran en un país donde se garantiza el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la seguridad; sí, la seguridad: un derecho social que es necesario para poder gozar del resto de los derechos.

Pensemos qué tipo de sistema político tenemos que te incentiva a actuar fuera de la ley. Vivimos en un país donde si sos vicepresidente y te comprás un empresa para fabricar billetes, parece que no pasa nada; si apretás jueces, no pasa nada; si lavás guita, mucha guita, toneladas de guita, no pasa nada. Donde te asociás con la delincuencia aunque tu uniforme diga que debés combatirla y liberás zonas. Donde ofrecés “seguridad”, pero no al pueblo: a los que deberías meter en cana. Nunca pasa nada. Durante muchos años siempre lo mismo: no pasa nada.

Vivimos en un país donde si encontramos un juez o un fiscal que hacen su trabajo hay que agradecerlo y protegerlo porque seguramente va ser blanco de todo tipo de operetas. Y así este juez se transforma rápidamente en un héroe o en un mártir.

Vivimos en un país donde quien desde un lugar de Gobierno le dice que no a las mafias tiene que aguantar tiros en la puerta de su casa. Sino pregúntenle al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, o a la intendenta de Rosario, Mónica Fein. Que les cuenten él y ella qué significa enfrentar de verdad el narcotráfico.

Enfrentar el narcotráfico significa enfrentar corporaciones poderosas pero también sostener, desde un despacho público, una batalla contra la supuesta lógica de un supuesto Estado ausente. Y digo supuesto porque cuando la ausencia es una decisión no es ausencia, sino una forma de concebir la realidad, un no hacer deliberado, de administrar. En este caso, el delito.

Empecé hablando de Walter White, de Breaking Bad. ¿Condenamos su forma de resolver el acceso a su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, derechos que el país donde vive no le garantiza? Recordemos el tipo que se paga su tratamiento con la venta de estupefacientes ilegales, que en el medio mata a unos cuantos, que es un narcotraficante. Mi respuesta es sí, definitivamente, lo condeno. No creo en el relativismo ético. Las circunstancias son terribles pero uno no puede relativizar la ética. Ahora, ¿se hubiera convertido en un narco si el Estado le garantizara el tratamiento a este señor siempre correcto y buen ciudadano? No, Walter estaría recuperándose de su quimioterapia y su operación, su hijo entrando a la universidad, su mujer feliz pariendo una hija feliz y su hipoteca pagada. Eso si viviera en un país donde la salud no fuera sólo para los ricos.

¿Condenamos a Juan por reaccionar con esa violencia ante un hecho que lo daña, que pone en riesgo su vida y que soportó una y otra vez? Sí, también lo condeno. Creo que la llamada “justicia por mano propia” es un delito. En una sociedad que funcione así, perdemos todos. Ahora ¿nuestro amigo mecánico habría reaccionado así si viviera en un país con un Estado que tome la decisión de tener política de prevención del delito?

Un país que quiera tener políticas contra el delito organizado como el narcotráfico, un país donde todos y todas respeten las leyes, donde el que roba esté preso aunque tenga plata para un buen abogado, donde los funcionarios públicos combatan la corrupción; en definitiva un país distinto al que tenemos, donde la honestidad sea un valor importante. Mi respuesta es no: Juan nunca hubiese matado al pibe que le quiso robar la billetera en el tren porque sabría que hay un Estado que vela por él. Un Estado que lo cuida, lo protege y hace Justicia.

En resumen: ¿cuál es la única vacuna para el “virus del vale todo”? Una activa presencia del Estado, que nos garantice a todos y a todas los ciudadanos y las ciudadanas el goce de nuestros derechos.

Fuera los Milani y los Berni

A treinta y ocho años del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina, nuevamente se van a realizar actos de diversas agrupaciones políticas y sociales en todo el país. No se si tanta atomización sea lo mejor, pero sí es muy bueno que el ejercicio de la memoria sea activo por sobre todas las cosas.

Así como la vida quiso ponerme en un lugar de la historia que no elegí al haber nacido en la ESMA, esta situación me llevó a compartir una elección de vida similar a la de mis padres -antes de saber que eran mis padres- y eso realmente me pone orgullosa. Pero también sé que a la gente hay que juzgarla por lo que hace todos los días y en ese sentido siempre tuve en claro que ser hija de desaparecidos no me dio una moral especial. Sí me dio el nacimiento en un lugar horrible y el ser parte de una historia dolorosa, nada más.

Como le dije en una carta a la presidenta Cristina Fernández hace unos meses, en este 24 de marzo más que nunca sigo sintiendo que la obediencia debida goza de muy buena salud en nuestro país. Y me duele oír de personas que respeto decir que Milani “firmó algo que no podía no firmar, porque tenía 20 años”, como para justificar el oscuro prontuario de quien, a pesar de todas las impugnaciones presentadas, nombraron Jefe del Ejército. La simple duda debería ser más que suficiente para que Milani deba enfrentar los juzgados y mirar a la cara a aquellos que declaran haber sido secuestrados por él.

Soy de las personas que valoran que este gobierno haya impulsado los juicios a los genocidas, derogado las vergonzantes leyes del Obediencia debita y punto final, y recuperado la ESMA como un espacio para la memoria. Pero también de aquellas que no les da tregua por haber permitido que tipos como Milani vuelvan a ocupar puestos institucionales importantes; por haber hundido al país en un proceso de corrupción enorme donde la mayoría de los funcionarios públicos tienen en su poder graves acusaciones y hasta juicios en curso por su mal desempeño en la función pública; por haber puesto en un lugar clave para la seguridad ciudadana a un ex carapintada como Berni, quien llevó detenidos a mujeres, niños y ancianos a Campo de Mayo sin orden judicial y al que la presidenta defiende públicamente como cumpliendo debidamente su trabajo; por hacer un festival obsceno con nuestros recursos naturales con multinacionales salvajes como la Barrick Gold y ahora Chevrón; y por la persecución a las comunidades indígenas, entre otras decisiones políticas que no comparto. Y reniego y lucho contra eso porque representan la Argentina del pasado, de la violación a los Derechos Humanos, de la corrupción, del saqueo y de la impunidad, a la que cuando recuperamos la Democracia, juramos no volver NUNCA MAS.

Hoy puedo firmar esta nota con mi verdadero nombre debido a que un pueblo y las Abuelas en algún momento decidieron ir a buscar la verdad y la justicia, y estoy orgullosa y agradecida por eso. La conmemoración del 24 de marzo es un buen momento para renovar el compromiso por los DDHH, tanto de los que se violaron en la última dictadura como los que hoy, en nuestro país, se violan todos los días. Por ese país, por el que mis viejos y su generación dejaron todo. Un país que, con los últimos actos de gobierno, vuelve a aparecer cada vez más lejos.

El gobierno pone en riesgo el empleo y el salario

Las últimas medidas del gobierno apuntadas a frenar la escalada del dólar y aminorar la pérdida de reservas estuvieron dominadas por un concepto ortodoxo de la economía en el que la devaluación de nuestra moneda y el enfriamiento de la actividad económica, en un marco de inflación elevada, son la fórmula elegida.

Este camino que decidió la presidenta Cristina Kirchner nos acerca peligrosamente a un contexto de creciente pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de riesgo para la conservación del empleo. Lamentablemente, otra vez se toman decisiones de este tipo sin reconocer responsabilidad alguna del gobierno nacional, sin atacar problemas estructurales que han persistido durante todos estos años y sin hacerse cargo de que dichas medidas están claramente contrapuestas con el discurso “de defensa de los intereses nacionales y populares” que el kirchnerismo dice representar.

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Una demostración de fuerza, antes que un Código de consenso

Asistimos, nuevamente, a una intentona del gobierno por hacer una demostración de fuerza que, en este caso, se traduce en la reforma y unificación del Código Civil y Comercial como una imposición sin consenso, poniendo a la oposición en la situación de votarlo en su conjunto por la positiva o por su rechazo absoluto, toda vez que no tomaron en cuenta casi ninguna de las observaciones hechas por las voces de todo el arco opositor.

Nuevamente, el gobierno no escucha, no acepta ninguna objeción, no concensúa, no concede, se impone con su caballito de batalla más utilizado: la mayoría absoluta, perdiéndose la posibilidad de obtener una normativa tan importante como es la unificación y reforma del Código Civil y Comercial por medio del consenso que trascienda la coyuntura postelectoral.

Para pasar y hablar en claro… ¿en qué se traduce la imposición y falta de consenso? Veamos

Principalmente, en la imposición de una ley especial que saca del Código Civil y Comercial la responsabilidad del Estado y la trata de manera autónoma en una norma de derecho administrativo, lo cual, en principio, no estaría mal ya que el derecho administrativo es aquel que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Pero no es ésa la discusión. La discusión pasa por la cuestión de fondo, para que se entienda, el problema es que cómo está redactada la ley se traduce en  una mera regla de “impunidad estatal”, la llamen como la llamen.

Por ejemplo: en este proyecto, se quita la equiparación que el actual Código establece entre un funcionario público y un ciudadano común, frente a un daño que hayan causado; además exime al Estado de toda responsabilidad frente a su incumplimiento de control de las concesiones sobre los servicios públicos, que tantos accidentes y muertes han causado en nuestra historia reciente.

Esta ley restringe derechos que los ciudadanos habíamos obtenido con mucho esfuerzo en los tribunales y que son reconocidos por la jurisprudencia actual de la Corte.

Por otro lado, tenemos la restricción de derechos en materia de derechos de los consumidores y usuarios. La Ley de Defensa del Consumidor fue reformada en 2008 por este gobierno, logrando, hay que decirlo, una ley de avanzada en la materia, y sumamente protectoria de los derechos de los consumidores. El tema de su escasa o casi nula aplicación lo dejamos para otro momento.

Ahora, el gobierno vuelvo sobre sus propios avances y reforma la ley, incorporándola al nuevo Código pero de una manera dañosa para los consumidores y usuarios, a quienes se les imponen una serie de requisitos para poder reclamar y elimina la figura del consumidor abstracto, además se le recortan el alcance de las indemnizaciones.

Claro es a quiénes beneficia esta reforma: sí, a las empresas prestadoras de servicios. Parece que los redactores nunca tuvieron problemas con el servicios brindado por su empresa de telefonía celular, o nunca sufrieron cortes sorpresivos de la electricidad, o nunca fueron engañados con publicidades mentirosas, o nunca se vieron frente a la situación de tener que firmar un contrato para tener un servicio al cual no se le puede modificar ni una coma, si no no te presta el servicio la empresa, que por cierto, es monopolio. Tuvieron suerte.

En las audiencias se escucharon voces del todo el país en relación al desastre que están haciendo con la ley de defensa del consumidor, pero parece que los redactores no las oyeron.

Otro tema es el de los pueblos originarios, en donde el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan les corresponderá sólo a las comunidades que tengan personería jurídica reconocida, legitimando la discrecionalidad que existe hoy en provincias como Formosa, Salta o Neuquén al momento de dar el visto bueno o no a algunas
comunidades.

Por su parte, la comisión redactora había propuesto que el acceso al agua sea conceptualizado como un derecho humano, con todas las garantías que ello trae aparejado a los ciudadanos. No lo vio así el kirchnerismo que ordenó que lo saquen del nuevo Código, pareciera que no es un tema fundamental el del agua, sin perjuicio de que en nuestro país existen miles de personas que todavía no tienen acceso al agua potable. Pero claro, reconocer esta situación no compatibiliza con el relato de la década ganada… mejor que salga del Código.

Por último hoy nos sorprendieron con la reforma del artículo 19, que define el momento en que comienza la existencia de la persona en la concepción. Logrando incluso la equiparación de los embriones con personas humanas. Ya conocemos la postura de la presidenta en contra del aborto, motivo por el cual no nos sorprendió que se mantenga el criterio de que la existencia de la vida comienza desde la concepción, definición que choca de frente con la lucha de millones de mujeres por la legalización del aborto.

Pero sí nos sorprendió entre “gallos y media noche” la modificación de último momento del artículo 19 por medio de la cual se eliminó el segundo párrafo que establecía que  “En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer” para que lo regule luego una ley especial; en una concesión descarada a aliados ocasionales ultracatólicos, de los que necesitan para aprobar esta barbaridad.

La lista de derechos que son recortados o restringidos en el nuevo código sigue, como también abundan, hay que reconocerlo, las cuestiones positivas como el llamado divorcio exprés, las uniones convivenciales y la adopción entre otros. Lo lamentable es que el gobierno no acceda a la menor negociación para obtener entre todos un nuevo código más democrático, con mayores derechos y avancemos hacia la constitucionalidad del derecho privado.

Entonces, el vicio del código que, seguramente, habrá de aprobarse la semana entrante es tanto de forma como de fondo, una nueva oportunidad pérdida para el país.

La solución no consiste en reducir la edad de imputabilidad

En estas últimas semanas electorales se puso sobre la mesa como recurso oportunista y desesperado -ante el legítimo reclamo social de mayor seguridad y justicia para los y las ciudadanas y los magros resultados electorales que obtuvo el oficialismo en los mayores distritos del país- la cuestión de bajar la edad de imputabilidad de los menores. No es la primera vez que esto sucede; por eso, allá por el 2009, diversos sectores políticos identificados con el amplio espectro que se autoproclama “progresismo” concretó un “acuerdo preventivo” sobre diez puntos, entre los cuales se abordaba esta cuestión. Justamente con el fin de que estos temas tan sensibles al conjunto de la ciudadanía y las instituciones democráticas no sean tratados a la ligera o para sacar réditos partidarios coyunturales, se establecieron un piso de acuerdos mínimos. Claramente el FpV, quien participó de ese acuerdo, pateó el tablero, borrando con el codo lo escrito con la mano.

El debate alrededor de la baja de la edad de imputabilidad dado por el candidato Martín Insaurralde (que no es lo mismo que discutir la creación del régimen penal juvenil) tuvo un fuerte sesgo “derechoso”, lo que demuestra que en esta materia también el Gobierno nacional cedió a la línea dura del gobernador Daniel Scioli, que además les impuso a Granados como ministro provincial de Seguridad, al que el resto de los kirchneristas tuvieron que salir a aplaudir dado la dependencia evidente que hoy tienen de ex motonauta para no perder más terreno político en la provincia de Buenos Aires.

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La lucha por un ambiente sano: un desafío para la democracia

Desde hace años, la conciencia ambiental en nuestro país ha dado pasos importantes en el conjunto de la sociedad. La mayoría de las veces muy por delante de la voluntad de funcionarios y autoridades a cargo de áreas estratégicas.

Esa conciencia es la que permitió por ejemplo, la sanción de la ley de bosques y de glaciares: ambas producto de la movilización de diversos sectores que se pusieron al hombro la tarea de extender el debate sobre su contenido y necesidad. Son parte del mismo proceso las leyes que prohíben la minería a cielo abierto sancionadas en nueve provincias y los cientos de ordenanzas a lo largo del territorio que restringen las fumigaciones aéreas y terrestres alrededor de las poblaciones.

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La década K: lo bueno y lo malo

En principio y antes de analizar estos diez años de gestión, tenemos que decir que el kirchnerismo fue el emergente de una situación política del país muy difícil y traumática para la mayoría de los/as argentinos/as, en la cual el sistema político nacional había entrado en crisis a partir de las masivas movilizaciones del 19 y 20 de diciembre del 2001 (y antes también). Al grito de “que se vayan todos”, la sociedad hizo un planteo contundente, fundamentalmente a la dirigencia política de la UCR y del PJ, por la situación extrema a la que arribamos. La salida no fue automática y así se llegó al 2003, donde tanto el PJ como la UCR se dividieron en tres candidatos cada uno.

En el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, pareció abrirse una posibilidad para romper ese bipartidismo retrógrado. Kirchner planteó la formación de una nueva fuerza política que llamó “transversalidad”, porque contemplaba la mejor parte de los partidos existentes y a los movimientos sociales que surgieron después del 2001, para cubrir los huecos que dejó el Estado neoliberal y resolver las necesidades más urgentes de los sectores más humildes de la sociedad.

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Ahora le toca a la Argentina

Esta semana, directivos de la Barrick Gold visitaron al secretario de minería Jorge Mayoral y al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, buscando respaldo y garantías para el proyecto binacional Pascua Lama, suspendido recientemente del lado chileno por decisión de la justicia. Las causas de la decisión: denuncias de comunidades originarias y de las propias reparticiones competentes del estado por afectación de glaciares y ríos aledaños. Luego de reiteradas sanciones, la suspensión causó fuertes cimbronazos a la empresa: en pocos días las acciones en bolsa bajaron y parte de su cúpula fue separada, debiendo asumir ante el gobierno los “errores” cometidos.

A partir de la decisión de la Corte de Copiapó un conjunto de diputados y diputadas presentamos en el Congreso un proyecto solicitando al gobierno nacional que obre en sintonía con lo dispuesto en Chile y constituya una comisión integrada por fuerzas del oficialismo y la oposición para investigar a la minera a través de una auditoría en completa transparencia. Lamentablemente, este tipo de proyectos ni siquiera son debatidos en comisión, por falta de voluntad de la fuerza mayoritaria, el Frente para la Victoria.

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Dicen que quieren democratizar y en realidad nos quieren vender un buzón

Cuando me pidieron opinión por los proyectos de Democratización de la Justicia, me pregunté: ¿De qué democratización hablan, si estos proyectos están lejos de garantizar una mejora en el servicio de justicia a los ciudadanos/as? Así que voy a hacer unas breves observaciones de cada uno, para que evaluemos el paquete, o mejor dicho, el buzón que nos están queriendo vender.

En términos generales, los tres proyectos que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, ante todo, no tienen demasiado de novedoso, ya que hace tiempo que las sentencias en las Cámara Civiles y Comerciales y en las Laborales se vienen publicando. Lo del acceso igualitario a la función judicial -por sorteo – no sé si es tan malo como lo de la familia judicial que se advierte en todos lados, pero también debería aplicarse a los demás poderes prioritariamente. Y lo de las declaraciones juradas, incluyendo además del Poder judicial, al Legislativo y al Ejecutivo, no es malo. Ahora, a la hora de ver los hechos y constatar las fortunas amasadas por los funcionarios oficialistas durante sus gestiones, vemos que esto no previene ningún tipo de usufructo de quienes ejercen la función pública. Nosotros votamos en contra de estas iniciativas porque eran la cara aceptable del mamarracho y avasallamiento de la Justicia que se armó en el Senado.

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Cristina en el país de las maravillas… sería tan lindo vivir ahí

Había una vez en un país muy, muy lejano… así debió haber empezado el discurso de la Sra. Presidenta, considerando que sigue utilizando los datos falsos del Indec, que esconden la inflación real. La afirmación de que la pobreza está por debajo del 7% y la indigencia o pobreza extrema no llega al 2% contrasta feo con la realidad. La negación del aumento de los precios es la causa por la que estas dos cifras- relevantes en cualquier diagnóstico social- están tan distorsionadas. Por lo demás, cerca del 80% de los trabajadores ganan por debajo de los $5.000 y encima al 20% restante le cobran impuesto a las ganancias. Ni que decir del 70% de jubilados que ganan solo la jubilación mínima -a pesar de los aportes de muchísimos de ellos- y que hoy no cubre la canasta básica. Tenemos un país con un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan… y así podríamos seguir enumerando la mentiras e inexactitudes que hoy fueron el común denominador en un largo y poco original discurso.

Uno de los momentos más fuerte del discurso fue cuando, a días del aniversario de la masacre de Once, se refirió a los ferrocarriles: “Para el año que viene, el Mitre y el Sarmiento van a estar totalmente renovados“, afirmó la Presidenta. Luego detalló que invirtieron 160 millones de dólares para adquirir 409 coches cero kilómetro, que conformarán 30 formaciones de la línea Mitre y 35 de la línea Sarmiento, y que “van a duplicar la capacidad del transporte“, según ella. Algún asesor o asesora debería decirle que después de tantísimos anuncios falaces de similares características, ya no encontramos nada creíble proveniente de su boca. Sin ir más lejos nos podría explicar, por ejemplo, qué pasó con el soterramiento del Sarmiento anunciado tantas veces con bombos y platillos.

Por otro lado, el tratado de entendimiento con Irán nos parece, como hemos dicho, una forma de dilatar y obstaculizar la Justicia. Ahora, para justificarlo, la Presidenta hasta incurrió en un “olvido” al recordar su participación en la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de los Atentados, como senadora y diputada. En uno de los tantos momentos autorreferenciales de su exposición, nos contó que  en el 2001 firmó un dictamen en minoría criticando la actuación del destituido juez Juan José Galeano, pero nos ocultó o se olvidó que antes había firmado dos a favor del magistrado. “Teníamos que destrabar esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no cumplen? Además de la condena internacional por no cumplir un tratado, lo peor que puede pasar es que vamos a estar igual que ahora. ¿Cómo no intentar? Siempre hay que intentar resolver los problemas de nuestra vida. Me niego a formar parte de seres pusilánimes, vegetativos, que están haciendo la plancha y no les importa nada“, también expresó vehemente. Se olvida la Señora Presidenta que una de las pocas cláusulas operativas del Memo es la comunicación de la firma del tratado a Interpol. Tal vez a ella no le parece grave que las alertas rojas se levanten, bueno, pero muchos de nosotros nos negamos a negociar 85 vidas, como ha hecho su gobierno.

Una de las preocupaciones de nuestra sociedad es sin dudas la inseguridad. Y otra vez, apenas la mencionó, pero sin siquiera esbozar alguna medida concreta para empezar a abordar el tema. En realidad, solo lo usó como una herramienta más en la pelea interna con Massa y Scioli; los problemas del pueblo, bien gracias, los dejamos para otro momento

Hoy lo que sí cambió fue el blanco de su ataque final. Ya no fue la “Corpo”, el periodismo o la “Opo”, ahora es la Justicia.  La Presidenta hizo mención a la idea de elegir los miembros del Consejo de la Magistratura por elecciones generales, con lo que, además del Ejecutivo y el Legislativo, se puede poder en manos de la mayoría electoral a la Justicia. Y habló además de muchas otras medidas, que nada parecen tener que ver seriamente con “democratizar”, sino más bien con un “apriete” a la Justicia en momentos en que se debe resolver la inconstitucionalidad o no de los artículos de la Ley de Medios apelados por Clarín.

Nosotros creemos que es fundamental construir un país distinto al que piensa la presidenta. Donde el equilibrio de poderes proteja al pueblo de los abusos de alguno de ellos, tal como lo señala nuestra Constitución.

Otras de las medidas anunciadas es un sistema de informatización para saber la situación de las causas judiciales en cada una de las instancias correspondientes. Nos parece bárbaro, pero mucho mejor sería que de una vez por todas tengamos una ley de acceso a la información pública, que ponga transparencia a los actos de gobierno. Algo que nunca han aceptado desde el oficialismo actual.

En fin, mucho chamuyo y doble discurso para un pueblo que seguramente quería escuchar algo más real del país y los problemas que vivimos. Se me vienen a la memoria el procurador de Santa Cruz, las causas de Oyarbide, la renuncia de Righi y de Rafecas después de la apretada de Boudou, la impunidad de Jaime, y me suena a verso el interés repentino por “democratizar la justicia”.

Las mentiras tienen patas cortas, alcanza con pisar la vereda.