La protesta social es legítima y constitucional

El secretario de Seguridad de la Nación, Tte. Coronel Sergio Berni, ha exigido recientemente la aprobación de leyes tendientes a regular – anular, en realidad – la protesta social. No podemos acompañar ninguna de las iniciativas presentadas porque consideramos que esa forma de protestar contra las injusticias sociales es legítima y constitucional. Porque no estamos de acuerdo con el reduccionismo que realizan algunos dirigentes políticos que sostienen que “cuatro loquitos cortan una calle” y ponen el dedo acusador en los movimientos sociales o en quienes protestan, y nunca en los procesos políticos y económicos que han generado o motivado esas reivindicaciones.

Los despidos actuales en la industria automotriz -hasta hace poco tiempo mostrada como vedette del éxito de las las políticas oficiales- y en la ferroviaria, causada una vez más por el Grupo Cirigliano, socio de este Gobierno, los obliga a neutralizar toda protesta.

Le digo al señor Secretario que no podemos acompañar ninguna iniciativa que tenga como finalidad directa y expresa la censura y la invisibilidad de las partes más postergadas o vulnerables de nuestra sociedad. Aunque a rigor de verdad, los trabajadores registrados no lo son, pues al menos tienen un salario y jubilación. Mucho peor la pasan los millones de hombres y mujeres que en la década ganada no consiguieron incorporarse formalmente al mercado laboral, y ni siquiera tienen un interlocutor para sus reclamos. Compatriotas que están afuera del sistema, sin salario, sin aguinaldo, sin obra social, y sin sindicato (bueno o malo) que los represente.

Señor  Secretario, nos parece justo y constitucional gritar a los cuatro vientos que hay hombres y mujeres que no tienen satisfechos sus más mínimos derechos económicos y sociales. Por eso, en días tan especiales como estos, en los que se festeja el inicio de un proceso emancipador, sería de esperar que su gobierno al menos desista de la idea de solucionar la debacle causada con mayor represión hacia nuestro pueblo.

No es cierto que estemos ante derechos subjetivos equivalentes o que debamos priorizar el derecho a transitar. El derecho a la seguridad alimentaria, al trabajo, a la salud y a la libertad, están muy por encima del derecho a trasladarse rápido de un punto a otro de nuestra república. Este derecho, el de transportarse rápido y seguro de un punto a otro de nuestras ciudades, dejó hace tiempo de ser un derecho garantizado. Sólo ver los embotellamientos de tránsito que provocan autos y colectivos diariamente nos hace concluir que en esa materia también hay un déficit grave de ausencia del Estado.

En las villas y asentamientos de nuestro país, sus ocupantes tampoco tienen el derecho a que entre una ambulancia o a “no embarrarse para tomar un colectivo los días de lluvia”. Les pregunto a los autores de esos proyectos cuántos días soportaría algunos de los que se quejan vivir sin agua, sin luz, sin gas, o sin ingresos. Estos días de falta de agua, merced a la baja del Rio de la Plata, pueden haber sido un lindo ejercicio de conscientización para muchos de nosotros que vivimos en condiciones dignas el resto del año.

Cuantos días soportarían los que apoyan estos proyectos esperar desde la madrugada un turno médico para un hijo con fiebre y diarrea. O que no podamos parir nuestro hijo cuando nuestro cuerpo nos lo exige porque no hay médico de guardia. Lean las estadísticas de muertes durante nacimiento en algunas provincias argentinas, y escandalícense igual que lo hacen cuando se corta una ruta.

Cuantos días soportarían que a las maestras de sus hijos no les abonen un salario digno, o que asistan a una escuela sin bancos y sin calefacción.

Estos son argumentos políticos, pero también los hay desde el punto de vista legal. No lo digo yo, lo han expresado muchos Jueces de nuestra nación, que también comprenden que el ejercicio de petición a las autoridades debe estar por fuera de los tribunales y que es la dirigencia política la que debe dar respuestas.

Reprimir la protesta social no solo es jugar con fuego poniendo en vilo la necesaria paz social, en tiempos de crecientes dificultades económicas como el que atravesamos, en el que justamente el gobierno debería recurrir más que nunca al diálogo para velar por los intereses de los más afectados.

Reprimir la protesta social es anular un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Sin procesos de lucha y vindicación de derechos, no hubiera habido voto femenino, ni abolición de la esclavitud. Por eso, serán necesarias todas las protestas para que nosotros -sus funcionarios- actuemos y garanticemos el ejercicio de derechos humanos básicos.

Ley de “irresponsabilidad” del Estado

Mientras la justicia somete a proceso al Vicepresidente de la Nación por cohecho y tráfico de influencias, destacándose en el caso un sinnúmero de intervenciones de otros funcionarios del Estado que confluyeron en la compra de la empresa Ciccone Calcográfica por una empresa vinculada al círculo íntimo de Amado  Boudou, el Senado convirtió en Ley un inaceptable proyecto del Ejecutivo que impide que el Estado responda íntegramente  por los  daños causados por su actuación legítima e ilegítima. Dicha norma, conocida como “la ley de la irresponsabilidad del Estado”, fue anoche aprobada por 38 votos contra los 23 votos de toda la oposición, generando una fuerte polémica en el recinto, al igual que lo hizo el año anterior en la Cámara de Diputados, ya que esta desprotege al ciudadano frente al Estado y tolera la impunidad de los funcionarios públicos.

En otras palabras, mientras la ciudadanía se desayuna acerca de la manera en que funcionarios de este Gobierno habrían utilizado sus resortes de poder para apropiarse ilegítimamente de la imprenta que puede fabricar billetes de curso legal, un Congreso virtualmente paralizado, que sólo homologa los proyectos que manda el poder Ejecutivo e ignora los de los representantes del Pueblo de la Nación, busca restringir injustificadamente la forma en que el Estado debe hacerse responsable de sus actos frente a los ciudadanos con esta ley sancionada.

Este no es un tema menor, si se considera que la tendencia jurisprudencial nacional e internacional ha sido la de ampliar los supuestos de reparación -y no restringirlos-, en el marco de la normativa que surge del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que goza de jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994. Es una contradicción que pueda hablarse desde los palcos oficiales de “ampliación de derechos”, y que a su vez se restrinja injustificadamente el derecho a una reparación integral, cuando el autor del obrar ilícito es justamente el propio Estado. Estado que además es el garante ante los Organismos Internacionales del cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra República Argentina.

El kirchnerismo, gozando de mayoría propia en ambas cámaras legislativas, no permitió realizar ningún avance en ampliar los criterios en los casos de daños cometidos por empresas concesionarias de  servicios públicos, sino todo lo contrario.

Por dar un ejemplo concreto, este proyecto impide que el Estado Nacional responda patrimonialmente en un caso como el de  la masacre de Once, puesto que, en el artículo 6º, y a pesar de que la jurisprudencia venía flexibilizando el criterio acotado de los años 90, se excluye expresamente la reparación por parte del Estado, aún en forma subsidiaria, por perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos. O sea, los damnificados de este hecho aberrante no podrán reclamar al Estado y a los funcionarios, sino que deberían accionar directamente contra el concesionario. En este sentido, se puede verificar que ninguna de las víctimas de la masacre de Once ha contado con ningún tipo de ayuda oficial, tal como ellas mismas han relatado en las audiencias que se llevan adelante en la actualidad, en Comodoro Py.

De esta forma, podemos advertir cómo este gobierno pretende contar con todas las herramientas legales a su alcance para garantizar su impunidad, aunque ello implique un grave retroceso para nosotros, simples ciudadanos y ciudadanas, al aplicar leyes como esta “Ley de irresponsabilidad del Estado”.

Boudou no puede seguir siendo Vicepresidente

Finalmente, el juez Ariel Lijo dictó el auto de procesamiento del Vicepresidente de la Nación. La defensa de Amado Boudou no logró refutar la cantidad de pruebas que demuestran que el Vice no estaba ajeno a la operatoria de compra de la empresa Ciccone Calcográfica; más aún, con su  defensa, al parecer reafirmó el convencimiento del Magistrado de que debe continuar atado a un proceso penal por haber sido la pieza clave para que la Administración Pública (Afip- e IGJ  incluidas) actuase de manera inédita  e  incoherente con una empresa privada a la que se le solicitó la quiebra para luego negociar su compra con la intervención de amigos prestos a realizar todo tipo de negocios.

Algunas voces oficiales, por cierto muy pocas, y el propio Vicepresidente, destacan el interés de otros factores de poder sobre la compañía de los billetitos, pero esas acusaciones, fundadas o no, no motivaron ningún accionar legítimo por parte del Estado. Recordemos que la expropiación llegó luego de que el Vice se encontraba acorralado por la causa judicial en la que se acumulaba prueba y más prueba en su contra. Boudou pensó que su mejor defensa era un buen ataque,  que  podía ensayar una defensa política en el escenario de los medios de comunicación. No se quiso enterar de que sus movimientos habían dejado muchas huellas, que en un proceso penal se llaman PRUEBAS.  Ninguna de las pruebas fue rebatida por Boudou con argumentos serios, es decir, lo que cualquier mortal llamaría una explicación verosímil y con cierto grado de sensatez.

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El Estado como botín de guerra de los que ganan una elección

Lamentablemente y como es de público conocimiento, en lo más alto de los niveles de responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional viene avanzando la investigación que involucra al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone Calcográfica.

Es sabida nuestra postura respecto de esta situación: Boudou, actualmente citado a declarar por el Juez Lijo, debería pedir licencia a su cargo y prestar su colaboración para que la justicia vaya a fondo con la investigación en el corto plazo. De determinarse que tiene responsabilidad en la causa por incumplimiento con los deberes de funcionario público, el Vicepresidente debería renunciar inmediatamente y someterse a lo que dictamine la sentencia del juez.

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La Argentina debe dejar de ser el reino del revés

Hoy en día es evidente que la sociedad tiene razones para sentirse confundida. Asistimos impávidos a la destitución de José María Campagnoli, Fiscal de la Nación, por razones que no se dan a conocer públicamente,  ni se sostienen frente a la ciudadanía. Pero no se trata de cualquier fiscal, sino de uno que ha dado muestras de “querer meterse con los poderosos”, de querer investigar, aún cuando ello lo comprometa personalmente y caiga quien caiga. Es interesante advertir que no hay figuras públicas que “acusen a Campagnoli de alguna irregularidad” o que apoyen la medida promovida por la defensa de “su acusado”.

Por otro lado, la autonomía del Ministerio Público se asienta en la división de Poderes y pretende que los acusadores públicos tengan la libertad para promover la defensa de la legalidad aún contra los poderosos. Para eso es importante que ejerzan su labor tranquilos, despojados de presiones adicionales a las que suelen venir acompañados los casos de trascendencia pública.

A su vez, la procuradora Alejandra Gils Carbó fue votada  y designada en su cargo por sus agallas como funcionaria judicial, pero curiosamente encaminó una cruzada contra un fiscal a quien debería respaldar. Es un disparate que las causales que promueven la destitución de Campagnoli no estén claras para nadie, como también lo es, que se la prive de conocer qué ocurre puertas adentro de la audiencia de juicio político.

Como contrapartida los argentinos vemos gozando de buena salud a jueces cuyas sentencias parecen ser dictadas por fuera del Palacio de Tribunales.

La Argentina debe alguna vez dejar de ser el reino del revés.

Empecemos a contar otra historia

Venimos a ofrecer una esperanza de cambio, donde empecemos a contar otra historia.

Este martes 22 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, lanzaremos -un conjunto de ocho partidos y diversas destacadas personalidades políticas- un frente progresista cuyo objetivo primordial en una primera etapa es llegar al gobierno del país, triunfando en las presidenciales de 2015.

Luego de meses de diálogo, distintos sectores hemos arribado a la unidad. Con opiniones diversas en varios temas, pero con convicciones comunes. Venimos a presentar una opción de la mano de la honestidad, la transparencia y el compromiso por tener una nación justa, sin impunidad. Que resuelva en serio el problema del hambre y la exclusión social.

Necesitamos ofrecer a nuestra ciudadanía una nueva esperanza poniendo las coincidencias por encima de las diferencias. Es preciso que este conjunto de 8 partidos pueda brindar una salida a este modelo mentiroso que nos ha ofrecido el kirchnerismo durante once años.

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Breaking Bad acá a la vuelta

La más triste nación/ en la época más podrida/

se compone de posibles/ grupos de linchadores”

Caetano Veloso

Les quiero contar la historia de un hombre que conocí hace poco. Es un hombre bondadoso, sinceramente bienintencionado. Sin dudas, su característica principal es la timidez. Habitualmente tiene bigote, lleva anteojos y zapatos negros. Les aseguro que no es Ned Flanders. Él es docente en una escuela secundaria, enseña química, y por las tardes trabajaba en un lavadero de autos. El tipo es un químico brillante al que su novia y su compañero de universidad le robaron el invento del siglo. Resultado: ellos se hicieron millonarios y él sigue dando clases en una escuela. Está casado hace unos diecisiete años, y esperando un bebe: su mujer esta embarazada de siete meses; además, tienen un hijo de 16 años con parálisis cerebral que le genera problemas motrices.

El hombre del que les hablo vive una vida como una persona sumamente honesta y sincera. Pero un día se entera que tiene un  avanzado cáncer del pulmón, que tiene poco tiempo de vida y que sólo podrá vivir un poco más con un tratamiento que no le cubre el seguro social y él, con su sueldo de docente, no puede pagar. ¿De dónde puede sacar la plata para asegurar el futuro de su hijo?

Donde vive este hombre no hay salud pública ni educación pública, pero sí una burbuja financiera que hace que su casa esté hipotecada por 15 años. O sea que además de pagar la universidad y el tratamiento de su hijo y el parto de su futura hija, necesita plata para dejarle a su mujer un techo donde vivir con su hijo y su pequeña cuando él ya no esté. Es decir, dentro de muy poco. ¿Cómo pagar el tratamiento que entre, quimioterapia y operación, salen cerca de 300 mil dólares? El hombre está desesperado. Entonces decide poner su conocimiento científico al servicio de la ilícita industria del narcotráfico y empieza a producir metanfetamina. Sí, estoy hablando del profesor Walter White, protagonista de la serie Breaking Bad.

Ahora, a este pobre tipo, que tiene un cáncer terminal, un bebe en camino, un hijo discapacitado y una hipoteca ¿lo condenamos por envenenar niños y jóvenes con esa basura que los destruye?

Les presento a otro buen hombre, a Juan. Juan vive en el conurbano. Todos los días se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar en un taller mecánico en un barrio de Buenos Aires. Apenas gana para pagar algunos gastos de la casita que le dejaron sus padres, tiene dos hijos que lleva a la escuela y una mujer que labura en la peluquería hasta los feriados para llegar mejor a pagar unas vacaciones en San Clemente.

Un día a Juan le roban en la calle; y Juan se cansa, porque ya es la vez número dieciséis que le roban. Entonces lo agarra al pibe que le quiso robar la billetera en el tumulto para subir al tren, le empieza a pegar cegado por la bronca y la impotencia de saber que ya no sirve para nada hacer la denuncia. ¿Qué hacemos con Juan?  ¿Lo condenamos?

Pensemos que sería de Walter y de Juan si ambos vivieran en un país donde se garantiza el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la seguridad; sí, la seguridad: un derecho social que es necesario para poder gozar del resto de los derechos.

Pensemos qué tipo de sistema político tenemos que te incentiva a actuar fuera de la ley. Vivimos en un país donde si sos vicepresidente y te comprás un empresa para fabricar billetes, parece que no pasa nada; si apretás jueces, no pasa nada; si lavás guita, mucha guita, toneladas de guita, no pasa nada. Donde te asociás con la delincuencia aunque tu uniforme diga que debés combatirla y liberás zonas. Donde ofrecés “seguridad”, pero no al pueblo: a los que deberías meter en cana. Nunca pasa nada. Durante muchos años siempre lo mismo: no pasa nada.

Vivimos en un país donde si encontramos un juez o un fiscal que hacen su trabajo hay que agradecerlo y protegerlo porque seguramente va ser blanco de todo tipo de operetas. Y así este juez se transforma rápidamente en un héroe o en un mártir.

Vivimos en un país donde quien desde un lugar de Gobierno le dice que no a las mafias tiene que aguantar tiros en la puerta de su casa. Sino pregúntenle al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, o a la intendenta de Rosario, Mónica Fein. Que les cuenten él y ella qué significa enfrentar de verdad el narcotráfico.

Enfrentar el narcotráfico significa enfrentar corporaciones poderosas pero también sostener, desde un despacho público, una batalla contra la supuesta lógica de un supuesto Estado ausente. Y digo supuesto porque cuando la ausencia es una decisión no es ausencia, sino una forma de concebir la realidad, un no hacer deliberado, de administrar. En este caso, el delito.

Empecé hablando de Walter White, de Breaking Bad. ¿Condenamos su forma de resolver el acceso a su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, derechos que el país donde vive no le garantiza? Recordemos el tipo que se paga su tratamiento con la venta de estupefacientes ilegales, que en el medio mata a unos cuantos, que es un narcotraficante. Mi respuesta es sí, definitivamente, lo condeno. No creo en el relativismo ético. Las circunstancias son terribles pero uno no puede relativizar la ética. Ahora, ¿se hubiera convertido en un narco si el Estado le garantizara el tratamiento a este señor siempre correcto y buen ciudadano? No, Walter estaría recuperándose de su quimioterapia y su operación, su hijo entrando a la universidad, su mujer feliz pariendo una hija feliz y su hipoteca pagada. Eso si viviera en un país donde la salud no fuera sólo para los ricos.

¿Condenamos a Juan por reaccionar con esa violencia ante un hecho que lo daña, que pone en riesgo su vida y que soportó una y otra vez? Sí, también lo condeno. Creo que la llamada “justicia por mano propia” es un delito. En una sociedad que funcione así, perdemos todos. Ahora ¿nuestro amigo mecánico habría reaccionado así si viviera en un país con un Estado que tome la decisión de tener política de prevención del delito?

Un país que quiera tener políticas contra el delito organizado como el narcotráfico, un país donde todos y todas respeten las leyes, donde el que roba esté preso aunque tenga plata para un buen abogado, donde los funcionarios públicos combatan la corrupción; en definitiva un país distinto al que tenemos, donde la honestidad sea un valor importante. Mi respuesta es no: Juan nunca hubiese matado al pibe que le quiso robar la billetera en el tren porque sabría que hay un Estado que vela por él. Un Estado que lo cuida, lo protege y hace Justicia.

En resumen: ¿cuál es la única vacuna para el “virus del vale todo”? Una activa presencia del Estado, que nos garantice a todos y a todas los ciudadanos y las ciudadanas el goce de nuestros derechos.

Fuera los Milani y los Berni

A treinta y ocho años del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina, nuevamente se van a realizar actos de diversas agrupaciones políticas y sociales en todo el país. No se si tanta atomización sea lo mejor, pero sí es muy bueno que el ejercicio de la memoria sea activo por sobre todas las cosas.

Así como la vida quiso ponerme en un lugar de la historia que no elegí al haber nacido en la ESMA, esta situación me llevó a compartir una elección de vida similar a la de mis padres -antes de saber que eran mis padres- y eso realmente me pone orgullosa. Pero también sé que a la gente hay que juzgarla por lo que hace todos los días y en ese sentido siempre tuve en claro que ser hija de desaparecidos no me dio una moral especial. Sí me dio el nacimiento en un lugar horrible y el ser parte de una historia dolorosa, nada más.

Como le dije en una carta a la presidenta Cristina Fernández hace unos meses, en este 24 de marzo más que nunca sigo sintiendo que la obediencia debida goza de muy buena salud en nuestro país. Y me duele oír de personas que respeto decir que Milani “firmó algo que no podía no firmar, porque tenía 20 años”, como para justificar el oscuro prontuario de quien, a pesar de todas las impugnaciones presentadas, nombraron Jefe del Ejército. La simple duda debería ser más que suficiente para que Milani deba enfrentar los juzgados y mirar a la cara a aquellos que declaran haber sido secuestrados por él.

Soy de las personas que valoran que este gobierno haya impulsado los juicios a los genocidas, derogado las vergonzantes leyes del Obediencia debita y punto final, y recuperado la ESMA como un espacio para la memoria. Pero también de aquellas que no les da tregua por haber permitido que tipos como Milani vuelvan a ocupar puestos institucionales importantes; por haber hundido al país en un proceso de corrupción enorme donde la mayoría de los funcionarios públicos tienen en su poder graves acusaciones y hasta juicios en curso por su mal desempeño en la función pública; por haber puesto en un lugar clave para la seguridad ciudadana a un ex carapintada como Berni, quien llevó detenidos a mujeres, niños y ancianos a Campo de Mayo sin orden judicial y al que la presidenta defiende públicamente como cumpliendo debidamente su trabajo; por hacer un festival obsceno con nuestros recursos naturales con multinacionales salvajes como la Barrick Gold y ahora Chevrón; y por la persecución a las comunidades indígenas, entre otras decisiones políticas que no comparto. Y reniego y lucho contra eso porque representan la Argentina del pasado, de la violación a los Derechos Humanos, de la corrupción, del saqueo y de la impunidad, a la que cuando recuperamos la Democracia, juramos no volver NUNCA MAS.

Hoy puedo firmar esta nota con mi verdadero nombre debido a que un pueblo y las Abuelas en algún momento decidieron ir a buscar la verdad y la justicia, y estoy orgullosa y agradecida por eso. La conmemoración del 24 de marzo es un buen momento para renovar el compromiso por los DDHH, tanto de los que se violaron en la última dictadura como los que hoy, en nuestro país, se violan todos los días. Por ese país, por el que mis viejos y su generación dejaron todo. Un país que, con los últimos actos de gobierno, vuelve a aparecer cada vez más lejos.

El gobierno pone en riesgo el empleo y el salario

Las últimas medidas del gobierno apuntadas a frenar la escalada del dólar y aminorar la pérdida de reservas estuvieron dominadas por un concepto ortodoxo de la economía en el que la devaluación de nuestra moneda y el enfriamiento de la actividad económica, en un marco de inflación elevada, son la fórmula elegida.

Este camino que decidió la presidenta Cristina Kirchner nos acerca peligrosamente a un contexto de creciente pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de riesgo para la conservación del empleo. Lamentablemente, otra vez se toman decisiones de este tipo sin reconocer responsabilidad alguna del gobierno nacional, sin atacar problemas estructurales que han persistido durante todos estos años y sin hacerse cargo de que dichas medidas están claramente contrapuestas con el discurso “de defensa de los intereses nacionales y populares” que el kirchnerismo dice representar.

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Una demostración de fuerza, antes que un Código de consenso

Asistimos, nuevamente, a una intentona del gobierno por hacer una demostración de fuerza que, en este caso, se traduce en la reforma y unificación del Código Civil y Comercial como una imposición sin consenso, poniendo a la oposición en la situación de votarlo en su conjunto por la positiva o por su rechazo absoluto, toda vez que no tomaron en cuenta casi ninguna de las observaciones hechas por las voces de todo el arco opositor.

Nuevamente, el gobierno no escucha, no acepta ninguna objeción, no concensúa, no concede, se impone con su caballito de batalla más utilizado: la mayoría absoluta, perdiéndose la posibilidad de obtener una normativa tan importante como es la unificación y reforma del Código Civil y Comercial por medio del consenso que trascienda la coyuntura postelectoral.

Para pasar y hablar en claro… ¿en qué se traduce la imposición y falta de consenso? Veamos

Principalmente, en la imposición de una ley especial que saca del Código Civil y Comercial la responsabilidad del Estado y la trata de manera autónoma en una norma de derecho administrativo, lo cual, en principio, no estaría mal ya que el derecho administrativo es aquel que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Pero no es ésa la discusión. La discusión pasa por la cuestión de fondo, para que se entienda, el problema es que cómo está redactada la ley se traduce en  una mera regla de “impunidad estatal”, la llamen como la llamen.

Por ejemplo: en este proyecto, se quita la equiparación que el actual Código establece entre un funcionario público y un ciudadano común, frente a un daño que hayan causado; además exime al Estado de toda responsabilidad frente a su incumplimiento de control de las concesiones sobre los servicios públicos, que tantos accidentes y muertes han causado en nuestra historia reciente.

Esta ley restringe derechos que los ciudadanos habíamos obtenido con mucho esfuerzo en los tribunales y que son reconocidos por la jurisprudencia actual de la Corte.

Por otro lado, tenemos la restricción de derechos en materia de derechos de los consumidores y usuarios. La Ley de Defensa del Consumidor fue reformada en 2008 por este gobierno, logrando, hay que decirlo, una ley de avanzada en la materia, y sumamente protectoria de los derechos de los consumidores. El tema de su escasa o casi nula aplicación lo dejamos para otro momento.

Ahora, el gobierno vuelvo sobre sus propios avances y reforma la ley, incorporándola al nuevo Código pero de una manera dañosa para los consumidores y usuarios, a quienes se les imponen una serie de requisitos para poder reclamar y elimina la figura del consumidor abstracto, además se le recortan el alcance de las indemnizaciones.

Claro es a quiénes beneficia esta reforma: sí, a las empresas prestadoras de servicios. Parece que los redactores nunca tuvieron problemas con el servicios brindado por su empresa de telefonía celular, o nunca sufrieron cortes sorpresivos de la electricidad, o nunca fueron engañados con publicidades mentirosas, o nunca se vieron frente a la situación de tener que firmar un contrato para tener un servicio al cual no se le puede modificar ni una coma, si no no te presta el servicio la empresa, que por cierto, es monopolio. Tuvieron suerte.

En las audiencias se escucharon voces del todo el país en relación al desastre que están haciendo con la ley de defensa del consumidor, pero parece que los redactores no las oyeron.

Otro tema es el de los pueblos originarios, en donde el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan les corresponderá sólo a las comunidades que tengan personería jurídica reconocida, legitimando la discrecionalidad que existe hoy en provincias como Formosa, Salta o Neuquén al momento de dar el visto bueno o no a algunas
comunidades.

Por su parte, la comisión redactora había propuesto que el acceso al agua sea conceptualizado como un derecho humano, con todas las garantías que ello trae aparejado a los ciudadanos. No lo vio así el kirchnerismo que ordenó que lo saquen del nuevo Código, pareciera que no es un tema fundamental el del agua, sin perjuicio de que en nuestro país existen miles de personas que todavía no tienen acceso al agua potable. Pero claro, reconocer esta situación no compatibiliza con el relato de la década ganada… mejor que salga del Código.

Por último hoy nos sorprendieron con la reforma del artículo 19, que define el momento en que comienza la existencia de la persona en la concepción. Logrando incluso la equiparación de los embriones con personas humanas. Ya conocemos la postura de la presidenta en contra del aborto, motivo por el cual no nos sorprendió que se mantenga el criterio de que la existencia de la vida comienza desde la concepción, definición que choca de frente con la lucha de millones de mujeres por la legalización del aborto.

Pero sí nos sorprendió entre “gallos y media noche” la modificación de último momento del artículo 19 por medio de la cual se eliminó el segundo párrafo que establecía que  “En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer” para que lo regule luego una ley especial; en una concesión descarada a aliados ocasionales ultracatólicos, de los que necesitan para aprobar esta barbaridad.

La lista de derechos que son recortados o restringidos en el nuevo código sigue, como también abundan, hay que reconocerlo, las cuestiones positivas como el llamado divorcio exprés, las uniones convivenciales y la adopción entre otros. Lo lamentable es que el gobierno no acceda a la menor negociación para obtener entre todos un nuevo código más democrático, con mayores derechos y avancemos hacia la constitucionalidad del derecho privado.

Entonces, el vicio del código que, seguramente, habrá de aprobarse la semana entrante es tanto de forma como de fondo, una nueva oportunidad pérdida para el país.