Por: Victoria Donda Pérez
Esta semana, directivos de la Barrick Gold visitaron al secretario de minería Jorge Mayoral y al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, buscando respaldo y garantías para el proyecto binacional Pascua Lama, suspendido recientemente del lado chileno por decisión de la justicia. Las causas de la decisión: denuncias de comunidades originarias y de las propias reparticiones competentes del estado por afectación de glaciares y ríos aledaños. Luego de reiteradas sanciones, la suspensión causó fuertes cimbronazos a la empresa: en pocos días las acciones en bolsa bajaron y parte de su cúpula fue separada, debiendo asumir ante el gobierno los “errores” cometidos.
A partir de la decisión de la Corte de Copiapó un conjunto de diputados y diputadas presentamos en el Congreso un proyecto solicitando al gobierno nacional que obre en sintonía con lo dispuesto en Chile y constituya una comisión integrada por fuerzas del oficialismo y la oposición para investigar a la minera a través de una auditoría en completa transparencia. Lamentablemente, este tipo de proyectos ni siquiera son debatidos en comisión, por falta de voluntad de la fuerza mayoritaria, el Frente para la Victoria.
Por más que Gioja y Mayoral le ofrezcan el hombro a Barrick en estos momentos difíciles, sobran pruebas que demuestran que las cosas tampoco se hicieron bien del lado argentino. Menciono sólo algunas a continuación.
En diciembre del 2002, el Consejo de Minería de San Juan sancionó a la minera con una multa irrisoria de 80.000 dólares, tras la denuncia de un técnico ambiental de la empresa, Marcos Barragán, por “ocultamiento de información con el objeto de obtener la declaración de impacto ambiental, y contaminación del medio ambiente y del curso de ríos, falsificando las muestras de agua que se tomaban a la salida de las cámaras sépticas”.
Años más tarde, el sanjuanino Ricardo Vargas inició otra causa judicial, actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia, por los graves daños que Pascua Lama producirá a la Reserva de Biósfera “San Guillermo” cercana al proyecto, y a los glaciares y demás fuentes de agua de la región, en base a datos presentados por la propia empresa en su informe de impacto ambiental. A raíz de la suspensión en Chile, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas advirtieron recientemente a la Corte Suprema en el marco de esta causa, respecto al sospechoso resultado de la auditoría de glaciares realizada a principios de año por el Gobierno de San Juan, que indicó por supuesto que estaba todo OK con Barrick.
Ricardo Vargas y su abogado, Diego Seguí, entregaron la semana pasada al instituto encargado de realizar el inventario ordenado por la Ley de Glaciares, el IANIGLA, los mapas e información que dan cuenta de la cantidad de glaciares y periglaciares afectados por el proyecto del lado argentino. Repito: todo en base a datos presentados por la propia empresa.
Se me ocurre imaginar: ¿qué sucedería si Pascua Lama estuviera en una provincia gobernada por la oposición? ¿Cristina hubiera desplegado todo el arsenal del relato “antipatria”, o despotricado por la tala de árboles que hubieran sido necesarios para la puesta en marcha del proyecto? Difícil pensar en eso: sobradas muestras de compromiso con las empresas extranjeras ha dado el kirchnerismo, desde su llegada al gobierno de Santa Cruz a la fecha, consolidando lo que Menem y Gioja sembraron en materia minera durante la década del 90.
Resulta indispensable que el gobierno escuche de una vez por todas al reclamo de la ciudadanía de mayor transparencia y justicia, y permita el correcto funcionamiento de los tres poderes para el fortalecimiento de una verdadera democracia, especialmente en estas actividades tan cuestionadas, como es la megaminería en nuestro país.