Por: Victoria Donda Pérez
El secretario de Seguridad de la Nación, Tte. Coronel Sergio Berni, ha exigido recientemente la aprobación de leyes tendientes a regular – anular, en realidad – la protesta social. No podemos acompañar ninguna de las iniciativas presentadas porque consideramos que esa forma de protestar contra las injusticias sociales es legítima y constitucional. Porque no estamos de acuerdo con el reduccionismo que realizan algunos dirigentes políticos que sostienen que “cuatro loquitos cortan una calle” y ponen el dedo acusador en los movimientos sociales o en quienes protestan, y nunca en los procesos políticos y económicos que han generado o motivado esas reivindicaciones.
Los despidos actuales en la industria automotriz -hasta hace poco tiempo mostrada como vedette del éxito de las las políticas oficiales- y en la ferroviaria, causada una vez más por el Grupo Cirigliano, socio de este Gobierno, los obliga a neutralizar toda protesta.
Le digo al señor Secretario que no podemos acompañar ninguna iniciativa que tenga como finalidad directa y expresa la censura y la invisibilidad de las partes más postergadas o vulnerables de nuestra sociedad. Aunque a rigor de verdad, los trabajadores registrados no lo son, pues al menos tienen un salario y jubilación. Mucho peor la pasan los millones de hombres y mujeres que en la década ganada no consiguieron incorporarse formalmente al mercado laboral, y ni siquiera tienen un interlocutor para sus reclamos. Compatriotas que están afuera del sistema, sin salario, sin aguinaldo, sin obra social, y sin sindicato (bueno o malo) que los represente.
Señor Secretario, nos parece justo y constitucional gritar a los cuatro vientos que hay hombres y mujeres que no tienen satisfechos sus más mínimos derechos económicos y sociales. Por eso, en días tan especiales como estos, en los que se festeja el inicio de un proceso emancipador, sería de esperar que su gobierno al menos desista de la idea de solucionar la debacle causada con mayor represión hacia nuestro pueblo.
No es cierto que estemos ante derechos subjetivos equivalentes o que debamos priorizar el derecho a transitar. El derecho a la seguridad alimentaria, al trabajo, a la salud y a la libertad, están muy por encima del derecho a trasladarse rápido de un punto a otro de nuestra república. Este derecho, el de transportarse rápido y seguro de un punto a otro de nuestras ciudades, dejó hace tiempo de ser un derecho garantizado. Sólo ver los embotellamientos de tránsito que provocan autos y colectivos diariamente nos hace concluir que en esa materia también hay un déficit grave de ausencia del Estado.
En las villas y asentamientos de nuestro país, sus ocupantes tampoco tienen el derecho a que entre una ambulancia o a “no embarrarse para tomar un colectivo los días de lluvia”. Les pregunto a los autores de esos proyectos cuántos días soportaría algunos de los que se quejan vivir sin agua, sin luz, sin gas, o sin ingresos. Estos días de falta de agua, merced a la baja del Rio de la Plata, pueden haber sido un lindo ejercicio de conscientización para muchos de nosotros que vivimos en condiciones dignas el resto del año.
Cuantos días soportarían los que apoyan estos proyectos esperar desde la madrugada un turno médico para un hijo con fiebre y diarrea. O que no podamos parir nuestro hijo cuando nuestro cuerpo nos lo exige porque no hay médico de guardia. Lean las estadísticas de muertes durante nacimiento en algunas provincias argentinas, y escandalícense igual que lo hacen cuando se corta una ruta.
Cuantos días soportarían que a las maestras de sus hijos no les abonen un salario digno, o que asistan a una escuela sin bancos y sin calefacción.
Estos son argumentos políticos, pero también los hay desde el punto de vista legal. No lo digo yo, lo han expresado muchos Jueces de nuestra nación, que también comprenden que el ejercicio de petición a las autoridades debe estar por fuera de los tribunales y que es la dirigencia política la que debe dar respuestas.
Reprimir la protesta social no solo es jugar con fuego poniendo en vilo la necesaria paz social, en tiempos de crecientes dificultades económicas como el que atravesamos, en el que justamente el gobierno debería recurrir más que nunca al diálogo para velar por los intereses de los más afectados.
Reprimir la protesta social es anular un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Sin procesos de lucha y vindicación de derechos, no hubiera habido voto femenino, ni abolición de la esclavitud. Por eso, serán necesarias todas las protestas para que nosotros -sus funcionarios- actuemos y garanticemos el ejercicio de derechos humanos básicos.