#Ñoquicracia: plaga política

“Es el primer deber de todo ciudadano cuestionar a la autoridad”

Benjamin Franklin

El otro día decidí ver el acto de Máximo Kirchner y reconozco que sentí una combinación de pena y admiración. Pena porque transmitió un mensaje con claro espíritu de derrota, pero a pesar de eso la admiración que merece el esfuerzo de lucha de quien está vencido. Claro que es difícil definir hasta dónde se trata de una proeza y dónde empieza a ser una necesidad psicológica de negar el porvenir y cerrar filas para evitar panquequeadas o buchoneadas.

El acto me hizo reflexionar además acerca de los ñoquis. El principal problema del sistema político argentino es el apalancamiento gubernamental de la actividad político-partidaria. Se emplean millonadas de recursos de los contribuyentes para impulsar tal o cual propuesta política, financiar militantes, espacios en medios y compensar favores aumentando innecesaria e improductivamente la burocracia y el gasto público en el proceso.

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Hay que eliminar el impuesto a los IIBB

Todos los impuestos son peligrosos, algunos son más peligrosos que otros. Hay cuatro preguntas obligatorias que debemos hacernos al hablar de impuestos: ¿Cuánto se cobra? ¿Cómo se cobra? ¿A quién se le cobra? ¿Por qué se le cobra? Argentina presenta la peor combinación posible: hay una altísima presión tributaria (más del 50% de tu sueldo se lo lleva el Estado), hay muchos impuestos distorsivos y procíclicos (que afectan negativamente la economía afectando conductas productivas), es un esquema regresivo (donde pagan más los pobres que los ricos) y se cobra fundamentalmente para sostener un aparato político antes que para beneficiar a los argentinos.

Hay pocas cosas más distorsivas en el mundo económico que el impuesto a los ingresos brutos (IIBB). Básicamente, consiste en un impuesto por facturar independientemente de que la empresa gane o pierda plata en un territorio determinado. Es un freno de mano en cualquier economía. Lo más cercano a un impuesto a respirar, en términos empresariales. Además, tanto el impuesto de sellos como el de ingresos brutos son impuestos procíclicos que generan fuertes incentivos para que el gobierno tienda a adoptar una estructura operativa sobredimensionada que luego resulta difícil de sostener.

Hubo un momento de grandeza intelectual en nuestro país que culminó en el Pacto Federal Para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, sancionado por el decreto 14/94, que planteaba la eliminación progresiva del impuesto a los IIBB, entre otras cosas importantes, como la disminución del IVA al 18% y la eliminación del impuesto de sellos. En la mayoría del mundo, el impuesto a los IIBB ha sido reemplazado por el IVA. En nuestro país eso estaba previsto que pase a mediados de los setenta, pero en Argentina los impuestos son mimosos: una vez que llegan no se quieren ir más.

Lamentablemente, los esfuerzos por avanzar hacia un esquema tributario más eficiente terminaron fracasando debido a la ley más destructivas del país: la ley de coparticipación federal. Las fallas del federalismo fiscal llevan a un pacto nefasto entre la administración central y las provincias forzando que estas deban financiarse con impuestos distorsivos e ineficientes como el impuesto a los sellos o a los IIBB redundando en un aumento general de impuestos además de una desaceleración de la economía e informalidad.

A pesar de sus efectos distorsivos, debemos entender que no hay posibilidad de renunciar a este impuesto hasta tanto no se redefina el sistema tributario en general. Por ejemplo, el presupuesto de la CABA se sostiene en un 91% por ingresos recaudatorios propios y sólo en un 9% se sostiene por la coparticipación federal. De ese porcentaje, aproximadamente el 70% depende del impuesto a los IIBB. Para poder pensar en una reforma tributaria que no implique redefinir la forma en la que las provincias se financian.

Una solución posible sería permitir que cada provincia establezca una sobretasa provincial sobre el IVA como reemplazo a los IIBB, es decir, permitir que cobren un plus sobre el IVA. Este impuesto sería menos distorsivo y generaría una transferencia automática hacia el fisco provincial. Otra posibilidad sería modificar el funcionamiento de la coparticipación haciendo que la plata que les corresponda se transfiera de manera automática (y no discrecionalmente como ocurre hoy) y aumentando los fondos que se distribuyen entre las provincias disminuyendo el porcentaje de la administración central mientras se eliminan los impuestos más perjudiciales.

En ambos casos se aliviaría al sector productivo, permitiendo recuperar algo la actividad económica en blanco y ampliando la base impositiva. Esto es importante dado que, mientras los ingresos del Estado dependan tan abrumadoramente de ciertos impuestos, bajar la presión tributaria nunca será una posibilidad política.

Todo este debate sobre el esquema tributario no nos exime de dar el debate complementario de cómo se gastan los fondos públicos y en qué se gastan. Es necesario fomentar un gasto público moderado, responsable y transparente con el consumidor. Más allá de cómo se ejerce, hoy la presión fiscal es insoportable y resulta necesario un acuerdo de toda la sociedad que nos permita abandonar un modelo que sólo puede garantizarnos el camino al fracaso.

Necesitamos un nuevo pacto y creo que es deber de todos los actores políticos tomar responsabilidad sobre el hecho de que los impuestos excesivos representan pérdida de oportunidades para el país. Trabajemos juntos para tener un pacto tributario que permita el desarrollo económico del país sin descuidar las necesidades comunitarias, trabajemos en conjunto más allá de los espacios políticos.

Pasemos del baldazo a la ley

Internet tiene una capacidad maravillosa para volver visible lo invisible. Hace pocas semanas una ingeniosa campaña conocida como el #IceBucketChallenge (Desafío del balde de agua helada) puso en el centro de la web a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y desató una reacción viral que hizo que artistas, políticos y miles de ciudadanos se sumaran al desafío del balde para generar conciencia y promover las donaciones para ayudar a las asociaciones vinculadas a esta enfermedad. Por sus características, la ELA es considerada una enfermedad poco frecuente (EPF) dado que afectan a “pocas” personas con una prevalencia inferior o igual a 1 persona cada 2.000 habitantes.

Más allá de la repercusión mediática de la campaña, a mi me toca de cerca dado que uno de los miembros de mi equipo, Edgardo Marano, posee una EPF llamada mielomeningocele que, como la mayoría de ellas, posee un origen congénito. Edgardo lucha hace años con la obra social Unión Personal para que le provean la silla de ruedas modelo Sauerbruck que necesita para poder desenvolverse. La Obra Social del personal civil de la Nación viene presentando todo tipo de excusas para eludir su responsabilidad.

El problema es que, si bien Edgardo se encuentra amparado por las leyes de discapacidad y la obra social estaría obligada en virtud de la misma (y vamos a hacer que cumpla), existe un bache jurídico al que las empresas de medicina prepaga suelen recurrir para evitar cubrir los diagnósticos, tratamientos, medicamentos y tratos que requieren las personas con EPFs. El asunto radica en que si bien a mediados del 2011 se sancionó la ley de enfermedades poco frecuentes, desde entonces la misma no posee reglamentación y por ende carece de aplicabilidad.

Por vía de esta omisión reglamentaria, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en particular el Ministerio de Salud, a carg del Dr. Luis Mansur, le privan a una gran cantidad de familias (aprox. 3,2 millones de personas) la posibilidad de recibir la atención que requieren. Ya pasaron casi tres años y seguimos sin respuesta. Es increíble que habiendo tanta gente afectada por EPFs el Gobierno Nacional aún especule con la necesidad de familias que no logran alcanzar la masa crítica suficiente para poder defenderse y reclamar la reglamentación como corresponde, aunque hay que destacar la labor de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF).

Por ese motivo hemos decidido tomar cartas en el asunto haciendo todo lo que esté en nuestro poder para lograr la reglamentación. Hicimos a pedido de Edgardo un video para concientizar, recurrimos a los Diputados y Legisladores de Unión PRO para que emitan declaraciones y tomen el tema como prioridad, presentaremos un pedido de acceso a la información pública para conocer por qué hay millones de argentinos que aún no acceden a los derechos que la ley le reconoce, iremos de visita al Ministerio de Salud a la brevedad e iremos escalando los métodos de reclamo. Entre todos podemos sacar esta ley adelante.

Ya generamos conciencia. Ahora generemos justicia.

 

¿Liberales de izquierda?

El liberalismo es una corriente política tan rica y diversa que sus expresiones llegan incluso a contradecirse. Quisiera dedicar algunas líneas para responderle a Alberto Benegas Lynch (h) por su nota “Liberales de izquierda,” donde intenta dar cuenta de esta escuela de pensamiento y creo deja margen para algunas explicaciones adicionales.

“Al final, ¿qué es ser un liberal?” así se llama la nota de Mario Vargas Llosa que procura responder la pregunta afirmando, entre otras cosas, que “para los liberales no hay verdades reveladas. La verdad es, como estableció Karl Popper, siempre provisional, sólo válida mientras no surja otra que la califique o refute”. Sin entrar en el debate epistemológico que nos habilita Popper, quisiera hacer énfasis en la demanda de humildad que se nos exige por ser portavoces de esta escuela que se hizo grande dudando de los postulados absolutistas y mediante la búsqueda insistente de las luces con una finalidad clara: la búsqueda de la felicidad. Smith mismo planteaba que “ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichada”.

Rodolfo Alonso en Página/12 recuerda la afirmación de León Trotsky: “El liberalismo fue, en la historia de Occidente, un poderoso movimiento contra las autoridades divinas y humanas, y con el ardor de la lucha revolucionaria enriqueció a la vez la civilización material y la espiritual”. En síntesis: contrahegemónicos. Fuimos los impulsores de un marco de oportunidades para todos aquellos dispuestos a trabajar promoviendo el intercambio de ideas y la multiplicidad de perspectivas. Habíamos logrado soñar un sistema que creciese a partir de las diferencias.

La pretensión de las luces pronto se encontró con las pasiones humanas y los sistemas pensados para promover la diversidad se convirtieron en bastiones conservadores de oligarquías. No lograron adaptarse a tiempo a las demandas sociales y pusieron al liberalismo de espaldas a los ciudadanos protegiendo intereses sectoriales. Renegaron de la inclusión política y la seguridad y permitieron que el populismo ganase terreno levantando reclamos sociales mientras impulsaba modelos económicos ineficientes o autodestructivos. La miopía conservadora dio lugar a la emergencia de los demagogos.

Los costos que algunos pueden estimar como ineficiencia, otros consideramos que son las condiciones de posibilidad para la existencia de una democracia republicana y liberal sostenible en el tiempo. Todo sistema político posee costos de transacción asociados en función de la cantidad de personas que posean capacidad de veto o voto. Cuanto más atomizado esté el poder, será mayor la cantidad de personas que habrá que satisfacer para sostener determinado esquema normativo.

Considerar que las normas jurídicas se sustentan mediante algún mecanismo mágico ajeno a la voluntad popular o mayoritaria es una ilusión o un deseo. En una democracia, las reglas de juego se sustentan logrando el apoyo de la mayoría de los sufragantes o actores. Es el desafío de los liberales compatibilizar las ideas de la libertad con propuestas viables que permitan la transición hacia modelos cada vez más eficientes que garanticen el máximo de felicidad para las personas con la menor cantidad de fuerza posible.

Mario Vargas Llosa

Es cierto que la libertad es indivisible: la libertad económica sin libertad política es inviable y viceversa. Una sociedad que no le permita a sus ciudadanos elegir su propio camino a la felicidad e internalizar los beneficios de sus decisiones acertadas fomenta el statu quo. También es cierto que si no garantizamos las condiciones suficientes para que las personas puedan competir pronto nos quedaremos sin libertad. No es menor que algunos de los liberales más políticamente exitosos como Erhard en Alemania hayan apostado a pensar un modelo que compatibilizara el bienestar para todos con un esquema de incentivos basado en la competencia, la libertad de elegir y la búsqueda de la estabilidad sistémica. No reniego de que existe una tensión inevitable que vuelve inestable al sistema político y que siempre hay riesgos latentes, pero así es la política. Hay que construir y renovar los consensos diariamente.

Creo en el mote de liberal de izquierda como forma de diferenciarse de ese liberalismo que tiene todas las respuestas, dogmático, que puede tomar decisiones y juicios morales en abstracto. En una entrevista del filósofo Luis Diego Fernández a Guy Sorman, el autor francés plantea justamente que “el liberalismo es una visión experimental de la vida, es una filosofía que no pertenece a un partido político ni a un líder”. Casualmente plantea que “En el caso de la Argentina, trato de convencer a los jóvenes que dejen de leer a esos intelectuales liberales latinoamericanos bizarros y manipuladores. No sé de dónde viene eso, quizá de la influencia del catolicismo, de ahí viene el dogmatismo”.

Prosigue: “¿Cuál es el régimen político que ayuda a la prosperidad y felicidad de la gente? No es una aproximación doctrinal sino experimental, ver qué funciona y qué no funciona. No hay liberalismo doctrinario, no partimos de un libro sino de la realidad”.

Han cuestionado el rigor científico de esta escuela diciendo que no posee una autonomía sustancial respecto al liberalismo y que sólo enfatiza ciertos aspectos. Sin embargo, esos aspectos entiendo son suficientes para marcar una diferencia. La característica fundamental del liberalismo de izquierda es su posición crítica ante el pensamiento dogmático, la apertura a las verdades contradictorias que aparecen en la visión de Isaiah Berlin o del último Rawls. Le sumaría como característica adicional que piensa al poder y lo incluye en su análisis. Eso hace inevitable que se piense en la libertad positiva, en sus límites, su alcance y sus riesgos.

La libertad es inestable y conflictiva. Es una búsqueda constante que debemos emprender a diario en nuestro interior y que luego debemos llevar con la humildad de quien porta creencias y verdades parciales al debate político. Sin embargo, no debemos confundir humildad con vergüenza o temeridad, aspiremos a tener la mayor solidez posible para impulsar un sistema que conjugue felicidad, bienestar, perdurabilidad y libertad.

Hijos de la Libertad, Padres de la República

Inglaterra, 1765, en el medio del debate sobre la ley de sellos (impuestos sobre todo tipo de documentos como patentes, periódicos, registros legales, etc.) que habrían de aplicarse en la colonia norteamericana el congresista Isaac Barré pronunció un fogoso discurso en contra de gravar a los “hijos de la libertad” de esa manera. El agente americano Jared Ingersoll, presente en el debate, tomó nota de las palabras de Barré y las envió en un informe a Connecticut. La apología de los colonos fue publicada en la “New London Gazette” y pronto fue divulgada como panfleto a lo largo y ancho de las colonias. Quienes se opusieron a la ley de sellos adoptaron la identidad de “Hijos de la Libertad” para entablar la resistencia.

Ingersoll volvía de Inglaterra sin saber lo que pasaba en el América y habiendo aceptado el cargo de agente distribuidor de sellos en Londres. Allí, otro agente colonial, un tal Benjamin Franklin, le había sugerido que acepte el encargo. Al regresar se encontró con aquellos a quienes su informe había inspirado, los Hijos de la Libertad, que lo persiguieron y armados con una pluma y un papel lo obligaron a renunciar a su cargo cuatro meses después de haber asumido y sin haber podido vender siquiera un sello.

La ley de sellos golpeaba, como el impuesto inflacionario en nuestros días, tanto a pobres como a ricos lo cual permitió que pongan sus diferencias de lado y se pusieran un objetivo común: resistir. Así, en Boston, fue que una mañana apareció colgada de un árbol la imagen de Andrew Oliver, administrador de sellos y regente de la provincia. Esa tarde cargaron la figura hasta la oficina de distribución de sellos y luego a la casa del Echegaray de aquel entonces, destrozando ambas propiedades en su paso.

La Asamblea de Massachusetts convocó a una asamblea en Nueva York para definir las acciones coordinadas frente a la ley de sellos. Nueve de las trece colonias estuvieron presentes. El documento producto de dicho encuentro estableció que los impuestos sin representación parlamentaria eran una violación a los derechos de los súbditos. Enviaron también misivas a las autoridades británicas pidiendo la derogación de la ley.

En Nueva York, un día antes de la puesta en vigencia de la ley de sellos, un grupo de ciudadanos decidió organizar la resistencia y destrozó la casa del mayor. En Boston el día de su puesta en vigencia fue recibida con el sonido lúgubre de las campanas en un franco día de duelo, las banderas a media asta, los locales cerrados. Las asociaciones de Hijos se multiplicaban a lo largo del territorio mientras que los sellos se quemaban y hacían renunciar a los delegados. Eran extremadamente eficaces para generar problemas y lograron mover la opinión pública contra la ley de sellos.

Tal como narra Bradford Smith en “El arte de asociarse en libertad”, la red de intercambio epistolar y de organización que formaron los miembros de la Resistencia asentó las bases de las acciones futuras contra la corona. En 1766 la red permitía convocar a miles de hombres en pocas horas. Finalmente los británicos decidieron derogar la ley de sellos, los colonos brindaron en nombre del rey y la red de Hijos empezó a desmembrarse.

La historia, sin embargo, no terminó ahí y poco tiempo después decidieron inventar un impuesto para gravar los artículos importados. Ante este nuevo avance sobre el bolsillo de los ciudadanos los americanos se reunieron y definieron que no respetarían una ley donde no tuvieran representación. Los británicos finalmente decidieron retirar todos los impuestos salvo para el té. Los Hijos decidieron prohibir la importación de té advirtiéndole a los comerciantes que no debían aceptar esta mercadería inglesa.

Cuando se supo que un barco iba a atracar con té en Boston, los Hijos disfrazados de indígenas fueron a recibirlos tirando 342 cajas de té al agua. Este evento es el que se conoce como la fiesta del té de Boston o el Boston Tea Party, hecho que provocó que Inglaterra decidiera clausurar el puerto. Poco tiempo después el evento del té se repitió en Nueva York e Inglaterra inició una avanzada legislativa contra las colonias llegando a prohibir las reuniones en las ciudades.

En el cénit de la opresión los colonos decidieron convocar un Congreso Continental. Mientras el Congreso de Massachusetts se disponía a elegir a sus representantes los británicos invadieron el lugar. El mensaje que resonó en dicho Congreso fue “libertad o muerte” y desde entonces los oprimidos encararon la lucha amparándose en la red de coordinación montada por los Hijos de la Libertad para hacerle frente a sus “padres” y esclavistas. En honor a estos miles de héroes la bandera de los Estados Unidos de América se hizo tomando como base la de los gloriosos Hijos de la Libertad.

Discapacidad: ¿cómo integrar?

Tener algún tipo de discapacidad en América Latina hoy día puede condenarte a una vida de sinsabores más allá del padecimiento que te toque. Por distintas circunstancias de la vida conozco la temática de cerca: familiares con discapacidad, convivencia durante unos meses en un hogar de chicos con discapacidad y víctimas de violencia doméstica; también fui docente integrador en el secundario y llevé adelante algunas causas contra el Estado en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Conozco lo que se sufre y los esfuerzos extraordinarios que realizan muchas familias por darle la mejor vida posible a quienes padecen alguna complicación.

Las personas con algún tipo de discapacidad no son improductivas más allá de la limitación específica que posean. Sin embargo, pesa sobre ellos una sospecha general o desconfianza que no tiene sustento fáctico. Este no es un dato menor, siendo que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. En Argentina hay aproximadamente 5 millones de discapacitados (12,5%). Y buena parte de ellos vive en zonas rurales con nulo o bajo acceso a programas de integración y desarrollo.

Tomando una variable, en América Latina más del 70% de las personas con discapacidad no poseen empleo. En Argentina dicha variable llega al 75%, es decir, 3 de 4 personas con discapacidad son desempleadas. En los países desarrollados la diferencia suele ser poco significativa entre la población que posee alguna complicación y la que no. Vale aclarar que varios de estos países poseen leyes que obligan a las empresas a cumplir ciertos cupos con personas con discapacidad. Este sistema compulsivo se suele complementar con un sistema de incentivos fiscales para ayudar a revertir la tendencia.

Quitando casos específicos de éxito, como el caso de la cooperativa de masajistas En Buenas Manos, cuyos emprendedores son personas con discapacidad visual, es muy raro ver a personas con discapacidad al frente de alguna organización.

En Argentina, para acceder a la mayoría de los beneficios que la ley le reconoce a esta población, hace falta tramitar el Certificado Único de Discapacidad (comparto guía de La Usina). Los beneficios van desde el derecho a viajar gratis a la cobertura integral médica (que rara vez se cumple), subsidios y ayudas para ser empleado. Sin embargo, los problemas de acceso a la información, la falta de presupuesto o las burocracias suelen impedir el funcionamiento adecuado de las políticas públicas del sector. Es muy cuestionable el éxito de las medidas nacionales en torno a la problemática por lo que merecen un serio replanteo.

En-Buenas-Manos

Yendo a un caso específico de éxito relativo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires posee una de las normativas más inclusivas en la materia (la Constitución de la CABA sostiene que el 5% de los empleados públicos deben ser personas con discapacidad y una batería de leyes complementarias pone sobre el gobierno porteño la carga de hacer cumplir dicha normativa). Lo cierto es que a lo largo de los últimos años el GCBA ha hecho un gran esfuerzo tendiendo a dicho objetivo y es común cruzarse en dependencias públicas con personas con algún tipo de dificultad. Si bien el proceso viene dando buenos resultados, encontré algo que permitiría mejorar el rendimiento del proceso.

Actualmente, el proceso diseñado plantea que las personas se inscriban primero en un registro único laboral a cargo de la COPIDIS, generando una base de datos a la cual luego se remiten las búsquedas que se asocien a los perfiles relacionados. El problema es que no aparecen publicadas las búsquedas activas y eso impide que personas que se encuentran por fuera de la base de datos puedan acceder al servicio. La propuesta es modificar el sistema y convertirlo en una bolsa de empleo virtual como Búmeran, donde las dependencias públicas puedan cargar directamente sus búsquedas laborales al igual que los contratistas del gobierno porteño (que también están obligados a respetar el cupo). De esa manera se evitan los intermediarios y se aceita el funcionamiento.

El otro día conocí el portal Incluyeme. Ellos han desarrollado una herramienta que permite a cualquier organización subir sus búsquedas laborales en un portal destinado a personas con discapacidad. Sin necesidad de desarrollar otra plataforma, podría implementarse dicha herramienta y de ésta manera simplificar el proceso de búsqueda laboral para personas con discapacidad. Podría acordarse, además, usar la base de datos para promover programas y capacitaciones para fortalecer a la comunidad.

En mi opinión, debemos trabajar en conjunto articulando a actores del sector privado junto con entidades gubernamentales para poder ayudar a quienes lo necesitan. Hoy tenemos una herramienta en nuestras manos que nos permitiría potenciar la eficiencia de las políticas públicas vinculadas con discapacidad. La tecnología nos abre las puertas para transformarle la vida a muchas personas. Depende de nosotros dar un paso hacia el futuro y promover que el Estado esté cada vez más al servicio de las personas y no al revés.

¿Conviene privatizar o estatizar?

El problema de una pregunta mal formulada es que puede esconder otras preguntas que deben ser respondidas previamente antes de poder responder cabalmente la primera.

En algún momento del debate político argentino abandonamos el pensamiento científico y el abordaje crítico y nos dejamos llevar por banderas, slogans y emociones. El crash del 2001 generó un daño institucional que todavía persiste: la pérdida de la racionalidad en las discusiones de políticas públicas. Dejamos de pensar qué es lo más eficiente para resolver los problemas que tenemos y también hemos dejado de discutir el alcance de los mismos.

La crisis trajo aparejada la desconfianza sobre las instituciones políticas y nos volvió susceptibles a discursos simplificadores donde la culpa de nuestro malestar era de estos o de aquellos. Y así, buscando culpables, nos fuimos volviendo cada vez más irresponsables y menos exigentes en torno a cómo se hacen las cosas. En ese marco, los políticos quedaron libres para resolver como mejor les parezca, se debilitó el control ciudadano y eso no suele ser una buena idea. Si bien hubo reproches acerca del rumbo, poco se dijo acerca de la forma en la que se hacían las cosas.

Horacio Rodríguez Larreta escribió un libro en 1998  llamado “domando al elefante blanco” donde planteaba varias reformas necesarias para mejorar la gestión gubernamental, muchas las ha llevado a la práctica en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que me llamó la atención es que planteaba que todavía no teníamos una palabra en español que permitiera traducir “accountability” (grado en que está obligado a rendir cuentas) que deriva de “accountable” (que puede ser llamado a rendir cuentas o explicaciones). La semana pasada (o sea 16 años después), durante una conferencia, escuché lo mismo. No dejemos que pasen otros 16 años sin una respuesta. Inventemos esa palabra que nos hace falta: omnicontar y omnicontabilidad. (Son un poco cacofónicas: podemos debatirlo, escucho alternativas).

Al analizar los organismos de auditoría interna del Estado, entre ellos la AGN y la SIGEN, los controles que realizan están orientados a verificar fundamentalmente la legalidad de lo actuado. Es decir, que las cosas se hayan hecho según los procedimientos adecuados y no se suele comprometer al funcionario público en torno a los resultados, la obligación se centra en cómo hace las cosas, no en si dichos métodos son eficientes ni en si se logran los objetivos para los que su función fue creada. No hay un compromiso con determinados entregables.Y sin dicho compromiso resulta difícil ver cómo pueden los burócratas cumplir bien su servicio público.

Al no comprometer empleado público con los resultados tampoco queda comprometido con la eficiencia de los métodos empleados. Gasta nuestro dinero sin parámetros. Sin una definición de cuáles son los entregables, resulta imposible evaluar si el método utilizado es el más eficiente. Los entregables pueden medirse y deben ser medidos para garantizar el acceso a la información pública. Es responsabilidad de cada departamento público presentar la información de su trabajo en torno a variables relevantes de fácil acceso para el ciudadano. Si bien es un primer paso vale aclarar que no alcanza procesen los datos y se definan métricas relevantes por área de gestión.

Hay que orientar la gestión pública a resultados, hay que retornar al debate en torno a cuáles son las mejores maneras de resolver los problemas que tenemos y abandonar los fetichismos. Sólo así podremos empezar a debatir cuáles son los medios más eficientes para resolver las necesidades de los ciudadanos. Sin definiciones de los problemas y cuáles serían las soluciones a dichos problemas con mediciones concretas el debate servirá para poco.

Los responsables de los destrozos en el Obelisco

La fiesta mundialista terminó súbitamente cuando un grupo de estúpidos decidió convertir la fiesta popular en un despliegue de violencia y destrucción. Esto no fue un accidente, esto no fue algo casual. La responsabilidad es del Gobierno Nacional. En concreto hay que analizar las leyes para saber quién se supone que haga qué cosa.

Antes que nada vale mencionar que en la Capital Federal persiste un problema de superposición jurisdiccional donde las funciones de policía se distribuyen entre la Policía Federal y la Metropolitana, quedando la primera a cargo de la mayoría de los delitos federales y la segunda a cargo de cuestiones contravencionales. Esto hace que en situaciones de desmanes como las que vivimos ayer la competencia rápidamente se vuelva concurrente, ambas policías deberían intervenir. Por ese motivo no corresponde que la Metropolitana actuase sola, mucho menos estando la Policía Federal también presente.

El problema de esta duplicidad de competencia es que no se pueden tener dos operativos policiales en paralelo. Para resolver este problema, la ley de seguridad interior (ley N° 24.059, a la cual la CABA adhirió según la ley 2.894 art 13) establece la responsabilidad del Ministro de Seguridad (art. 8) “ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de policía” y “Coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales, con los alcances que se derivan de la presente ley. A los fines del ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos precedentes, contará con una Subsecretaría de Seguridad Interior.”. Tenemos, entonces, dos responsables: la Ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y el Secretario de Seguridad Sergio Alejandro Berni.

Disturbios obelisco

La responsabilidad del susodicho queda confirmada cuando el artículo 17 de la ley expresamente contempla que será su responsabilidad “b) Planificar, coordinar, supervisar y apoyar las operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las instituciones que integran el sistema;”. Y aún si fueran insuficientes los efectivos el Secretario Berni podría haber recurrido a la intervención de la Prefectura y la Gendarmería. Por lo que no hay excusa para que no hubiese intervenido. Es el Secretario de Seguridad Nacional, una vez presente la PFA, el responsable de coordinar las fuerzas de seguridad.

Berni y la Ministra Rodríguez permitieron por inacción o inoperancia que destruyeran el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno Nacional permitió la destrucción contando con los medios y la responsabilidad de evitarlo.

Nuevos problemas políticos

¿Cómo pueden pensarse políticas de “largo plazo” cuando la tecnología transformará radicalmente nuestra capacidad de dar respuesta a los problemas?

La política suele ir en dirección opuesta al futuro. La tecnología evoluciona a pasos agigantados y mucho de lo que está por venir cuestionará fuertemente nuestra manera de pensar los problemas y las soluciones. Mientras escuchaba la charla “el futuro del futuro” de Santiago Bilinkis comencé a imaginar los desafíos que enfrentan las instituciones políticas y los políticos en general.

La burocracia es un instrumento de gobierno que generalmente va a contramano de los avances tecnológicos. A pesar de las buenas intenciones de las autoridades de turno, la capacidad de respuesta de la administración pública es por definición lenta y no suele alejarse mucho de lo que ya viene haciendo. Con lo cual nos encontramos con que la estructura gubernamental tiene un esquema de toma de decisiones que suele ser lento e incrementalista mientras que la tecnología avanza con una vertiginosidad enorme y con una lógica exponencial.

A pesar de la inercia burocrática, las nuevas tecnologías presionan a los gobiernos para que abandonen prácticas oscurantistas. Fomentan la supervisión cívica de los actos de gobierno, la penetración del periodismo y achican el margen para la discrecionalidad. Logran afectar la calidad de la gestión de manera indirecta.

Vale destacar algunos esfuerzos que buscan captar o conocer los beneficios y desafíos que presenta el futuro. En esta línea, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trajo en el marco del evento InnovatiBA a los investigadores de la universidad de la NASA, Singularity University, para que miles de empleados gubernamentales, académicos y vecinos puedan conocer algunas de las cosas que nos esperan.

Resulta imposible que las burocracias estén en condiciones de incorporar todos los beneficios que ofrecen los avances tecnológicos. Para poder hacerlo, debemos armar esquemas más flexibles donde se complemente la iniciativa pública con la privada. Por ejemplo, en Argentina impera el paradigma de financiar la oferta de los servicios públicos de salud y de educación. Si pasamos a financiar la demanda permitiremos que el Estado acompañe al progreso y que los fondos públicos se orienten a promover y premiar al progreso a la par de garantizar los beneficios de la Libertad.

El futuro se nos viene encima y corremos el riesgo de que aquel ente que procura garantizar el bien común, el gobierno, funcione más como una traba que como un promotor del progreso. Es responsabilidad de todos nosotros promover un Estado abierto a las oportunidades que nos ofrece el futuro. Podemos pelearnos con lo inevitable o tratar de surfear la ola desde temprano. Depende de nosotros.