¿Conviene privatizar o estatizar?

El problema de una pregunta mal formulada es que puede esconder otras preguntas que deben ser respondidas previamente antes de poder responder cabalmente la primera.

En algún momento del debate político argentino abandonamos el pensamiento científico y el abordaje crítico y nos dejamos llevar por banderas, slogans y emociones. El crash del 2001 generó un daño institucional que todavía persiste: la pérdida de la racionalidad en las discusiones de políticas públicas. Dejamos de pensar qué es lo más eficiente para resolver los problemas que tenemos y también hemos dejado de discutir el alcance de los mismos.

La crisis trajo aparejada la desconfianza sobre las instituciones políticas y nos volvió susceptibles a discursos simplificadores donde la culpa de nuestro malestar era de estos o de aquellos. Y así, buscando culpables, nos fuimos volviendo cada vez más irresponsables y menos exigentes en torno a cómo se hacen las cosas. En ese marco, los políticos quedaron libres para resolver como mejor les parezca, se debilitó el control ciudadano y eso no suele ser una buena idea. Si bien hubo reproches acerca del rumbo, poco se dijo acerca de la forma en la que se hacían las cosas.

Horacio Rodríguez Larreta escribió un libro en 1998  llamado “domando al elefante blanco” donde planteaba varias reformas necesarias para mejorar la gestión gubernamental, muchas las ha llevado a la práctica en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que me llamó la atención es que planteaba que todavía no teníamos una palabra en español que permitiera traducir “accountability” (grado en que está obligado a rendir cuentas) que deriva de “accountable” (que puede ser llamado a rendir cuentas o explicaciones). La semana pasada (o sea 16 años después), durante una conferencia, escuché lo mismo. No dejemos que pasen otros 16 años sin una respuesta. Inventemos esa palabra que nos hace falta: omnicontar y omnicontabilidad. (Son un poco cacofónicas: podemos debatirlo, escucho alternativas).

Al analizar los organismos de auditoría interna del Estado, entre ellos la AGN y la SIGEN, los controles que realizan están orientados a verificar fundamentalmente la legalidad de lo actuado. Es decir, que las cosas se hayan hecho según los procedimientos adecuados y no se suele comprometer al funcionario público en torno a los resultados, la obligación se centra en cómo hace las cosas, no en si dichos métodos son eficientes ni en si se logran los objetivos para los que su función fue creada. No hay un compromiso con determinados entregables.Y sin dicho compromiso resulta difícil ver cómo pueden los burócratas cumplir bien su servicio público.

Al no comprometer empleado público con los resultados tampoco queda comprometido con la eficiencia de los métodos empleados. Gasta nuestro dinero sin parámetros. Sin una definición de cuáles son los entregables, resulta imposible evaluar si el método utilizado es el más eficiente. Los entregables pueden medirse y deben ser medidos para garantizar el acceso a la información pública. Es responsabilidad de cada departamento público presentar la información de su trabajo en torno a variables relevantes de fácil acceso para el ciudadano. Si bien es un primer paso vale aclarar que no alcanza procesen los datos y se definan métricas relevantes por área de gestión.

Hay que orientar la gestión pública a resultados, hay que retornar al debate en torno a cuáles son las mejores maneras de resolver los problemas que tenemos y abandonar los fetichismos. Sólo así podremos empezar a debatir cuáles son los medios más eficientes para resolver las necesidades de los ciudadanos. Sin definiciones de los problemas y cuáles serían las soluciones a dichos problemas con mediciones concretas el debate servirá para poco.

Los responsables de los destrozos en el Obelisco

La fiesta mundialista terminó súbitamente cuando un grupo de estúpidos decidió convertir la fiesta popular en un despliegue de violencia y destrucción. Esto no fue un accidente, esto no fue algo casual. La responsabilidad es del Gobierno Nacional. En concreto hay que analizar las leyes para saber quién se supone que haga qué cosa.

Antes que nada vale mencionar que en la Capital Federal persiste un problema de superposición jurisdiccional donde las funciones de policía se distribuyen entre la Policía Federal y la Metropolitana, quedando la primera a cargo de la mayoría de los delitos federales y la segunda a cargo de cuestiones contravencionales. Esto hace que en situaciones de desmanes como las que vivimos ayer la competencia rápidamente se vuelva concurrente, ambas policías deberían intervenir. Por ese motivo no corresponde que la Metropolitana actuase sola, mucho menos estando la Policía Federal también presente.

El problema de esta duplicidad de competencia es que no se pueden tener dos operativos policiales en paralelo. Para resolver este problema, la ley de seguridad interior (ley N° 24.059, a la cual la CABA adhirió según la ley 2.894 art 13) establece la responsabilidad del Ministro de Seguridad (art. 8) “ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de policía” y “Coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales, con los alcances que se derivan de la presente ley. A los fines del ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos precedentes, contará con una Subsecretaría de Seguridad Interior.”. Tenemos, entonces, dos responsables: la Ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y el Secretario de Seguridad Sergio Alejandro Berni.

Disturbios obelisco

La responsabilidad del susodicho queda confirmada cuando el artículo 17 de la ley expresamente contempla que será su responsabilidad “b) Planificar, coordinar, supervisar y apoyar las operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las instituciones que integran el sistema;”. Y aún si fueran insuficientes los efectivos el Secretario Berni podría haber recurrido a la intervención de la Prefectura y la Gendarmería. Por lo que no hay excusa para que no hubiese intervenido. Es el Secretario de Seguridad Nacional, una vez presente la PFA, el responsable de coordinar las fuerzas de seguridad.

Berni y la Ministra Rodríguez permitieron por inacción o inoperancia que destruyeran el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno Nacional permitió la destrucción contando con los medios y la responsabilidad de evitarlo.

Nuevos problemas políticos

¿Cómo pueden pensarse políticas de “largo plazo” cuando la tecnología transformará radicalmente nuestra capacidad de dar respuesta a los problemas?

La política suele ir en dirección opuesta al futuro. La tecnología evoluciona a pasos agigantados y mucho de lo que está por venir cuestionará fuertemente nuestra manera de pensar los problemas y las soluciones. Mientras escuchaba la charla “el futuro del futuro” de Santiago Bilinkis comencé a imaginar los desafíos que enfrentan las instituciones políticas y los políticos en general.

La burocracia es un instrumento de gobierno que generalmente va a contramano de los avances tecnológicos. A pesar de las buenas intenciones de las autoridades de turno, la capacidad de respuesta de la administración pública es por definición lenta y no suele alejarse mucho de lo que ya viene haciendo. Con lo cual nos encontramos con que la estructura gubernamental tiene un esquema de toma de decisiones que suele ser lento e incrementalista mientras que la tecnología avanza con una vertiginosidad enorme y con una lógica exponencial.

A pesar de la inercia burocrática, las nuevas tecnologías presionan a los gobiernos para que abandonen prácticas oscurantistas. Fomentan la supervisión cívica de los actos de gobierno, la penetración del periodismo y achican el margen para la discrecionalidad. Logran afectar la calidad de la gestión de manera indirecta.

Vale destacar algunos esfuerzos que buscan captar o conocer los beneficios y desafíos que presenta el futuro. En esta línea, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trajo en el marco del evento InnovatiBA a los investigadores de la universidad de la NASA, Singularity University, para que miles de empleados gubernamentales, académicos y vecinos puedan conocer algunas de las cosas que nos esperan.

Resulta imposible que las burocracias estén en condiciones de incorporar todos los beneficios que ofrecen los avances tecnológicos. Para poder hacerlo, debemos armar esquemas más flexibles donde se complemente la iniciativa pública con la privada. Por ejemplo, en Argentina impera el paradigma de financiar la oferta de los servicios públicos de salud y de educación. Si pasamos a financiar la demanda permitiremos que el Estado acompañe al progreso y que los fondos públicos se orienten a promover y premiar al progreso a la par de garantizar los beneficios de la Libertad.

El futuro se nos viene encima y corremos el riesgo de que aquel ente que procura garantizar el bien común, el gobierno, funcione más como una traba que como un promotor del progreso. Es responsabilidad de todos nosotros promover un Estado abierto a las oportunidades que nos ofrece el futuro. Podemos pelearnos con lo inevitable o tratar de surfear la ola desde temprano. Depende de nosotros.

Terminar con el centralismo político

El Papa Francisco sostuvo que “el problema de la política es que está devastada por la corrupción”. La percepción del Sumo Pontífice tiene un contundente eco en nuestra realidad local que encuentra al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en el banquillo de acusados y procesado por ser amigo de lo ajeno y lo público. Vale aclarar que el caso es sólo ilustrativo ya que en el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional Argentina sacó 34 puntos en una escala de 0 a 100 y quedó 106 de un total de 177 países auditados. Amado es ilustrativo del problema que enfrentamos.

Sobre este tema ha surgido un nuevo mantra. Una respuesta que muchos utilizan como una muletilla para responder cómo debe enfrentarse este asunto:“Necesitamos una CONADEP de la corrupción”.

La propuesta no es nueva, pero ha sido revivida por los dirigentes de FAUNEN, que pretenden que un grupo de notables reciban e investiguen las denuncias. Quien viene insistiendo hace años con este proyecto es el radical Ernesto Sanz, que ya la anunció como parte de su programa presidencial cuando amenazaba con candidatearse en el 2011. Por citar otro caso, en 1998 “Chacho” Álvarez señalaba que “Raúl Zaffaroni, Nilda Garré y Diana Conti”, entre otros, ya estaban investigando las fechorías del entonces presidente Carlos Ménem que no llegó a nada.

La vieja frase atribuida a Juan Domingo Perón -”para que algo no funcione nada mejor que formar una comisión” (que en realidad era de Napoleón, quien se la robó a Juana de Arco) quizás sirva como punto de partida para pensar esta solución. Veamos qué tal ha funcionado:

Algunas comisiones han sido exitosas. La Comisión liderada por Lisandro de la Torre entre 1934 y 1935 investigó la industria de la carne y el monopolio frigorífico dejando al descubierto maniobras de defraudación del Estado por parte del frigorífico Anglo. En 1940 otra Comisión a cargo de Alfredo Palacios, a instancias de una denuncia del Senador Benjamín Villafañe investigó y demostró los negociados tras la adquisición de unas tierras por parte del Estado en El Palomar que enriqueció a varios diputados nacionales durante la presidencia de Ortiz. A raíz de esto, los diputados Kaiser y Aguirrezabala fueron condenados por la Justicia pero lograron evitar la prisión exiliándose. Irónicamente, los corruptos lograron retornar al país en 1948 con un indulto de Perón.

Otras comisiones no fueron tan exitosas. Vale recordar la que investigó los contratos petroleros durante la presidencia de Illia que sólo emitió un dictamen. O la Comisión Especial que investigó un cheque librado por Isabelita con fondos presidenciales para compensar a hermanas de Evita por su sucesión que derivó el tema a la Justicia Penal y quedó en la nada.

Independientemente de las buenas intenciones, las comisiones no resuelven los problemas de fondo que están relacionados con la falta de transparencia (recordemos que el kirchnerismo ha boicoteado la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública) y la falta de incentivos y protecciones para que los ciudadanos puedan asistir a la Justicia en la lucha anticorrupción. Si bien valoro la intención de quienes proponen que la solución venga de mano de los políticos, creo que es fundamental que una comisión investigadora se vea complementada con reformas que permitan a quienes denuncian o aportan datos obtener un monto de los bienes recuperados y la debida protección.

Tenemos que empoderar a los ciudadanos para que ayuden a sacar al parásito de la corrupción del Estado. Terminemos con el centralismo político cuyo paradigma establece que los problemas sólo pueden ser resueltos por políticos en espacios políticos. Es hora de confiar en todos los argentinos.

Vamos Campagnoli

Querido Fiscal: usted es un héroe.

Su caso ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema constitucional argentino. Que un grupo de sinvergüenzas, liderados por Alejandra Gils Carbó, pueda ponerlo a usted en el banquillo de acusados muestra la deuda institucional que aún tenemos pendiente. Hemos fallado como sociedad al crear un sistema que sólo puede funcionar bien en manos de héroes y santos. Estamos en deuda no sólo con usted si no con todos los argentinos.

Su caso pone en evidencia por qué hay que tomar la mayor cantidad de resguardos posibles para limitar la discrecionalidad del Estado sin importar quién gobierne. No podemos depender del surgimiento de personas dispuestas a sacrificios extraordinarios para poder encontrar un poco de justicia en nuestro país. Hemos modelado un país que requiere de un insumo que no abunda.

No podemos volver el tiempo atrás. Pero le prometo que haremos todo lo que sea necesario para que en el futuro nadie más tenga que volver a sufrir el peso del Estado de la manera que usted lo está haciendo. Por más mundialistas que sean las distracciones que usen sepa que estaremos firmes junto a usted resistiendo a la pesada bota del Estado corrupto y corruptor.

(Nos vemos este lunes a las 10.30 en Av. de Mayo 760)

Gracias por todo.

Carta a los jóvenes rebeldes

La rebelión no se enseña, se aprende. La rebelión es un proceso solitario. Es un ejercicio de la voluntad que consiste en cuestionar una orden expresa o implícita. Consiste en no hacer lo que se debe hacer. En reemplazar el debo por el quiero. Esto resulta difícil. Nos pasamos la primera etapa de nuestra vida aprendiendo a obedecer la autoridad de turno: padres, religiones, profesores, grupos, televisión, son sólo algunos de los que te dirán qué hacer y cómo hacerlo. Y desviarse acarrea un castigo.

Para saber qué se quiere uno debe conocerse. Hay una diferencia entre ser humano y ser persona. Ser humano es un hecho fáctico, explicado por la biología. Alcanza con una foto.

Para poder rebelarse hay que ser autoconciente, hay que saber escucharse. En el hedonismo encontrarás probablemente el camino más eficiente para hacerlo. Aprenderás a escuchar tus apetitos. A asumir y querer a tu cuerpo como instrumento de placer y como el confín de tu existencia. No es casual que las morales del poder te piden que renuncies a tu cuerpo y a tus pasiones. Hay una fuerza expansiva, explosiva, vinculada al deseo.

Sin deseo es imposible rebelarse. Sin deseo ser obediente siempre es la fórmula que ofrece mayores beneficios. Sin deseo no hay angustia, no hay frustración, no hay tensión. Te van a enseñar qué decir y qué callar. Y probablemente tras un par de tensiones aprendas a reprimir tus diferencias en nombre del “orden” y otros sinónimos como normalidad, paz o estabilidad que esconden infinidad de intereses y presupuestos.

Tiananmen

Te tengo una buena noticia. Si los dispositivos del poder hicieron bien su trabajo ni llegarás a tener una idea prohibida. Probablemente aprendas a rechazarla antes de que nazca o la descartes antes de que llegue a sembrarte una duda considerándola fantasiosa o descabellada. Tu ignorancia te traerá paz y tu silencio salud.

Para que un problema exista, alguien tiene que identificarlo. Las circunstancias siempre están ahí, es cuestión de las personas interpretarlas y establecer las relaciones que permitan definirlos. Definir es una herramienta fundamental de la construcción de poder. Construir una voz lleva tiempo, ejercicio. Tener voz implica ser distinto a la masa, al montón, al colectivo. Los obsecuentes llevarán en alto la bandera de la decencia, de lo políticamente correcto y serán, sin saberlo, carceleros.

Los que se benefician de la masa procurarán taparte la boca, quitarle tinta a tu pluma y acusarte de loco o traidor. Pensar nunca será bien recibido a la larga dado que tiende a cuestionar las relaciones de poder que las personas, naturalmente, intentan constituir. Pensar el camino hacia tu propia identidad será tu maldición y tu condena será la libertad.

Hace muchos años un investigador, Stanley Milgram, demostró que si a una persona se la pone en una posición de crisis delegará la decisión al grupo y a la autoridad del momento asumiendo un rol pasivo conocido como “estado agéntico”. La ética personal es desplazada y prima la obediencia. La gran mayoría de las personas recurre a este mecanismo para someterse a cosas que no quiere y hacer lo que no desea. Deposita sus contradicciones en la masa y lava sus culpas. Hannah Arendt aportó también algunas ideas relacionadas al explicar la banalidad del mal y cómo alcanza con la obsecuencia para reproducir y fortalecer valores destructivos y enfermizos.

Vas a vivir tu vida solo. Sólo vos vas a experimentar tus dolores y tus alegrías. No podrás transferir ni una sensación. El mismo abismo te separa de los otros a quienes sólo podrás acceder por imágenes parciales, limitadas, efímeras. Deseo que podamos vivir la individualidad como la posibilidad única de dejar una huella y de disfrutar lo que nos rodea.

La meca de todo rebelde es construirse a uno mismo. En el camino te encontrarás a muchos que perdieron las alas y se arrastran. No dejes que corten las tuyas ni que te roben la pasión, aunque por suerte la pasión es contagiosa.

¿Quién quiere ser ciudadano ilustre?

¿Qué es un “ciudadano ilustre”? La historia nos traza un camino que comienza como personas que dieron su vida por salvar al prójimo como Roque Pérez, Manuel Argerich y Francisco Muñiz en la lucha contra el cólera entre 1867 y 1868 para terminar en la Tota Santillan, legendario presentador televisivo de la movida tropical.

Lo cierto es que la normativa relacionada con las distinciones públicas es caótica y pone en evidencia el manoseo que ha experimentado la institución. En abril del 2001 se sancionó la ley 578 que establecía las condiciones de existencia de la distinción. Tres meses después, el entonces legislador porteño Santiago de Estrada presentaba un proyecto para además de solicitar que se estipule un número máximo y un procedimiento que limite la proliferación. Decía en los fundamentos del proyecto presentado:

“La tarea legislativa se ve muy trabada por la necesidad de tratar un número muy grande de iniciativas de esta naturaleza, que absorben un tiempo considerable en las sesiones plenarias.

En una ciudad de más de tres millones de habitantes, es obvio que la posibilidad de declarar Ciudadano Ilustre a un ciudadano es prácticamente ilimitada. Actualmente, entre los proyectos de ley que aguardan para su sanción hay varios que propician estas distinciones, y puede presumirse que si no establece un límite el número seguirá aumentando.

La Tota Santillán, personalidad destacada

La única forma de limitar esta proliferación de distinciones consiste en establecer un número máximo cada año, de modo que pueda practicarse una verdadera selección entre las candidaturas propuestas y otorgar después las distinciones en un acto público que implique un reconocimiento a personalidades de trayectoria muy destacada.”

Dos años después, la ley 1173 del 2003 establecía una mayoría especial de dos tercios de votos y un máximo de diez personas para ser declaradas ciudadanos ilustres y creaba la figura de personalidad destacada declarada por mayoría simple de votos y con un límite numérico: “Sólo podrán ser otorgadas un máximo de veinte (20) distinciones anuales”.

Pero como los límites en Argentina sólo son para los giles, decidieron eliminar la restricción de veinte personalidades destacadas llevando la cantidad de distinciones “al infinito y más allá” liderados por el entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, mediante la ley 1895 del 2005. Esto provocó que se eliminen todos los incentivos para presentar oposiciones a las postulaciones y se potencian los incentivos para adoptar un espíritu de cuerpo en donde se van aprobando recíprocamente los proyectos sin mayor oposición. Como era de esperar la tendencia fue en aumento desde entonces.

Si bien reconozco que hay muchísimas personas con trayectorias destacables, entiendo que es preferible que las personas resuelvan esto de la manera más democráticamente posible, esto es, consumiendo sus productos y divulgando su opinión en las redes sociales.

Hoy por hoy, la declaración de Ciudadanos Ilustres corresponde a una visión de Estado que pronto se volverá obsoleta en donde un grupo de “notables” se reunía a honrar a quien merecía algún tipo de distinción. Creo que este paradigma está llegando a su fin. Inspirándonos en la plataforma del Partido de la Red (DOS) o en la plataforma Legislemos.org tranquílamente podríamos desplazar este tipo de declaraciones a plataforma interactivas donde los usuarios voten a quienes merezcan ser destacados quitándole la dura responsabilidad a los Legisladores.

Pero más allá de cómo se resuelva el procedimiento sobre cómo debe crearse la terna de personas a destacar, estoy totalmente convencido que una limitación del número máximo permitirá un debate más amplio, profundo y un mejor resguardo de los intereses de los ciudadanos.

El hombre que pudo ser presidente

27 de abril de 2003, concluía la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Carlos Saúl Ménem ganaba con la fórmula “Frente por la Lealtad – Ucedé” con el 24,45% de los votos. Detrás del caudillo noventista la fórmula “Frente para la Victoria” se alzaba con Néstor Kirchner con el 22,24% de los votos y tras de ellos Ricardo López Murphy llegaba con el 16,37% de los votos.

Tras la victoria en primera vuelta que no le alcanzaba para ser el vencedor definitivo, Ménem optó por abandonar la contienda, dejando afuera a López Murphy de la pelea por la segunda vuelta y regalándole así la victoria a Néstor Kirchner.

El artículo 151 del código electoral sotiene que: “En la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos.”

La fórmula es casi idéntica que la contenida en el Artículo 96 de la Constitución Nacional que establece: “La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior”.

La diferencia entre el código electoral y la Constitución Nacional es que mientras el código remite de manera directa a las dos listas que hubieran sacado más votos de todas las que compitieron. El ganador debe salir entre una de las dos más votadas permitiendo un ganador en caso de renuncia de alguna de las listas impidiendo una ratificación democrática.

La Carta Magna en cambio postula que sólo se gana obteniendo cierta diferencia ante el segundo y en caso de no cumplirse esa condición se procede hacia una segunda vuelta que se conformará con las dos fórmulas más votadas. O sea que el único criterio válido para reconocer un ganador en primera vuelta es que cumpla con las mayorías previstas.

La fórmula constitucional, tras la renuncia de Ménem, tomaría a Néstor Kirchner y a Ricardo López Murphy como las dos listas con más votos y por ende en condiciones de disputar la segunda vuelta. Situación excluida por el código electoral, siendo por ende inconstitucional tal solución en mi opínión.

Lopez Murphy pucherito

El criterio de “correspondencia” que establece la Constitución Nacional se da a partir de la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 97 y 98. Es decir, que si no se cumple alguna de las dos previsiones contenidas en estos artículos, debe interpretarse que corresponde una segunda vuelta.

En aquel entonces los voceros de Recrear jugaban con la idea de promover la inconstitucionalidad del artículo 152 (el cual establece que ante la falta de ratificación de alguna de las dos partes no ratifica su voluntad de competir gana la otra) y artículo 155 (que no le encuentro relación con el caso) del Código Nacional Electoral generando así una segunda vuelta con la participación de López Murphy. Lo estratégicamente conveniente hubiera sido objetar los artículos 151 y 152.

Uno de los dirigentes que participó de la campaña me comentó que no se avanzó porque habían salido terceros y se optó por evitar politizar una cuestión que podría haber deslegitimado al que ganara en aquel difícil momento de la Argentina.

Si bien nunca podremos saber cómo pudo haber salido la presentación judicial o cómo hubiera reaccionado el electorado ni cómo se hubieran distribuido los votantes, de lo que sí podemos estar seguros es de que hubo una posibilidad concreta de pelear por la presidencia y que, en nombre de la institucionalidad, algunos dejaron sus pretensiones en la puerta de la Casa Rosada procurando evitar un conflicto.

Más allá de poder entender la decisión de Ricardo y su equipo quien, además, difícilmente pudo anticipar que su performance electoral nunca sería la misma lo que no puedo entender es cómo ningún grupo de ciudadanos presentó esta petición ante la Justicia.

El Derecho de poder elegir candidatos presidenciales que cumplan con las prescripciones de la Constitución Nacional le corresponde a todo ciudadano argentino. En principio, cualquier votante (y con más claridad cualquier asociación de votantes) pudo reclamar judicialmente la posibilidad de tenerlo al bulldog en la segunda vuelta.

De haberse concretado la posibilidad, es de esperar que parte de los votos de Ménem junto a los votos de Carrió y los de otros candidatos radicales se hubieran concentrado en Ricardo dándole serias chances de ganar.

Si bien no podemos reescribir el pasado podemos aprender de las experiencias y tomar mejores decisiones a futuro. Hacia delante tenemos el desafío de pensar el poskirchnerismo. Personalmente considero que Ricardo es una persona sumamente valiosa que debe ser parte del frente republicano que debemos conformar entre Unión PRO y UNEN en las elecciones presidenciales del 2015.

¿Hay que arancelar la UBA?

A la pregunta del título mi respuesta es “no lo sé”, pero me pareció interesante reflexionar al respecto. Cualquiera que haya estudiado en la UBA sabe que hay margen para mejoras. Infraestructura anticuada e insuficiente, bibliotecas incompletas, miles de docentes que donan su tiempo y estudiantes que reciben un servicio deficiente esconden muchos de los costos ocultos de la UBA.

Según estadísticas oficiales, aproximadamente el 53% de los docentes de la Universidad de Buenos Aires desempeñan su función de forma ad honorem. O sea, que en relación al financiamiento del cuerpo docente, más de la mitad de la UBA se sostiene con donaciones de particulares lo cual cambia el paradigma. La UBA es una institución de financiamiento mixto donde una parte significativa del presupuesto es aportado por voluntarios y sponsors.

El trabajo que cada docente no remunerado realiza en su aula merece un homenaje individual. Pero debo reconocer que esta forma de suplir la insuficiencia presupuestaria pone en riesgo la calidad educativa de la institución. La falta de una paga y la ausencia de un proceso de selección riguroso genera fuertes incentivos para que los docentes más calificados tiendan a invertir menos tiempo en las aulas públicas migrando al sector privado. El costo de la insuficiencia presupuestaria es un cuerpo docente menos motivado y dedicado en promedio que el que pudiéramos tener con más recursos asignados y mejor administrados.

Que la educación sea pública no implica necesariamente que deba ser gratis para todos en cualquier circunstancia. Lejos de ser esta una muestra de progresismo, bien puede ser una forma regresiva de invertir en educación que puede generar efectos perjudiciales para la comunidad, como una menor calidad educativa o un menor acceso de las personas con bajos ingresos. Una idea superadora a la de acceso gratuito es la idea de acceso igualitario a los servicios públicos que implica que quien pueda pagarlo lo haga y que quien requiera una ayuda la reciba en la medida de sus posibilidades. Pensaré un modelo posible hacia el final de la nota.

Lamentablemente hemos naturalizado que un servicio público administrado por el Estado puede ser deficiente y que por ello no debemos alarmarnos ni escandalizarnos. Esto se explica porque existe un “mediador” en el pago que hace que aquello que se recibe no dependa, en principio, del que lo consume. La lógica de la dádiva o “regalo” que genera el Estado al asumir el rol de principal pagador tiende a generar un sesgo cognitivo en las personas beneficiarias del servicio público.

Uba Logo

La Dra. Gabriela Riquelme al estudiar la economía de la educación señala que en la década de los noventa la educación pasó en 1991 del 2,6% del PBI al 5% en el 2001 representando así una variación del 2,4% que luego cae a 4,1% en el 2002 datos que surgen del Ministerio de Educación. El kirchnerismo sanciona acertadamente la ley 26.075 de financiamiento educativo apuntando a llevar el gasto mínimo al 6% del PBI a partir 2006 que se termina materializando en 2010. Sin embargo, vale aclarar que la cantidad de dinero invertido no es un dato suficiente para analizar si la política educativa es suficiente y eficaz.

Junto a cuánto se gasta debe analizarse cómo se gasta para definir si una política pública es exitosa o no. En Argentina 23 de cada 100 estudiantes de universidades gubernamentales terminan sus estudios mientras 40 de cada 100 lo hacen en las del sector privado según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Yendo al análisis por país, en Argentina se gradúan solo 2,5 por cada 1000 habitantes, casi la mitad de los 4,3 que ostenta Brasil. El debate excede únicamente a las universidades públicas y debe medirse el éxito global de la política de educación superior del país.

La Ley Federal de Educación (Ley 24.195) estipula en su artículo 39 el principio general de gratuidad “en todos los niveles” que permitan que “el servicio se preste a todos los habitantes que lo requieran”. En otras palabras, el dinero nunca puede ser un impedimento para acceder a las instituciones públicas. Posteriormente, la Ley Nacional de Educación Superior (Ley 24.521) establece en su artículo 59 inciso c que las universidades podrán generar recursos adicionales de “derechos o tasas por los servicios que presten” y para aclarar el concepto agrega “Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes”. Es decir, la universidad pública puede cobrar una tasa por estudiar siempre y cuando la misma no sea obstáculo para el acceso.

La ley con excelente criterio establece que dichos importes no pueden ser destinados a “gastos corrientes”, asegurándose así que los aportes de los estudiantes no pasen a subsidiar el déficit presupuestario del Gobierno correspondiente y, en cambio, focaliza estos ingresos complementarios al armado de un sistema solidario de becas y apoyo estudiantil junto a inversiones que potencien el desarrollo didáctico. Permitiendo así la consolidación de un circuito financiero que permita que los estudiantes potencien la matrícula y las herramientas de estudio.

Reconozco que es un gran desafío instrumentar un sistema de este tipo. Para que funcione debería tomarse como prueba de ingresos una declaración jurada de cada estudiante que declare su aptitud para contribuir a conformar este “fondo solidario de desarrollo” priorizando siempre que nadie pueda resultar excluido si declara que no puede pagar una tasa por sus estudios.

En lo personal, creo que hay que trabajar fuertemente para garantizar un servicio de calidad que incluya a más argentinos. Para tal fin, no me parece descabellado que aquellos que pueden contribuir un poco más de lo que ya lo hacen indirectamente mediante sus impuestos ayuden a garantizar el éxito de la educación pública con sus aportes y demanden el servicio de calidad que todos nos merecemos.

Menos feriados, más vacaciones

Los feriados tienen sabor a vacaciones pero a diferencia de estas encierran daños que se distribuyen de forma despareja en la población. Los invito a pensar la diferencia entre un sistema y el otro. Vale aclarar que hay distintos tipos de feriados: los conmemorativos (que pueden subclasificarse en nacionales y religiosos) y los turísticos.

Feriados conmemorativos. En relación a aquellos que conmemoran fechas patrias (25 de mayo, 9 de julio, etc.) vale decir que su función cívico-educativa ha quedado desdibujada, casi nadie dedica el día a recordar el evento histórico, asistir a un desfile, ni por ellos se siente uno más o menos argentino. Si el argumento para sostenerlos es la conmemoración entonces el criterio para evaluar su conveniencia es el nivel de reflexión que generan y, en virtud de ello, sostengo que deben eliminarse por su ineficacia. Pedirle a las personas que paren sus actividades para dedicarle interés a algo que demostradamente no les interesa lo suficiente debe tenderse a su reducción.

Feriados religiosos. Celebro que tengamos la posibilidad legal de tomarnos un día de descanso para honrar nuestras tradiciones religiosas, pero dicho derecho no debe confundirse con una obligación para aquellos que no compartimos dicha creencia. Por eso deben eliminarse los feriados religiosos de alcance general como el 8 de diciembre y debe someterse dicho feriado al régimen previsto por el decreto 1584/2010 para feriados por festividades judías e islámicas.

Feriado turístico. Asumiendo que no corresponde tener feriados conmemorativos o que estos deben mantenerse en un mínimo sólo nos quedan los feriados vacacionales o el aspecto turístico de los anteriores. Estos resultan una forma de imponerle a los trabajadores la forma en la que deben administrar su ocio y proyecta una serie de costos a varios actores sociales.

Pienso en algunos perjudicados: quienes se toman el estudio seriamente pierden días de clase y la oportunidad de aprender; quienes son cuentapropistas o tienen algún pequeño emprendimiento pierden plata y tratan de trabajar igual para poder pagar las cuentas; los jornaleros pierden un día de paga; quienes trabajan a comisión o resultados con metas/objetivos deben aumentar su esfuerzo para compensar; quienes tienen hijos deben buscar la forma de entretenerlos y por lo general implican mayores gastos que un día laboral. Hay mucha gente que resulta directamente perjudicada por los feriados.

A diferencia de las vacaciones donde cada familia puede tomar la decisión en función de sus posibilidades, necesidades y tiempos los feriados resultan una imposición para todos a quienes se los fuerza a cesar sus actividades. ¿Qué ventaja trae obligar a descansar a quien no quiere hacerlo? Sin embargo, aún pagando los mayores costos que implica abrir un feriado muchos cuentapropistas y pequeños empresarios no podrían avanzar con su trabajo porque otros optaron por evitar trabajar.

El turismo interno genera una redistribución territorial de recursos, a diferencia del turismo que recibimos del exterior el interno no expande la riqueza de la sociedad. Por ende, tiene efectos de redistribución. Tal como explicaba Bastiat en la falacia de la ventana rota, si promovemos que más personas consuman de algo que no necesitan (en este caso ocio) terminaremos con una asignación deficiente de recursos. Esto incide de mayor manera en familias de ingresos bajos o medios que no cuentan con grandes excedentes y fomentar el gasto cortoplacista es una forma de robarles el futuro. Además, si bien los feriados no promueven el turismo desde el exterior parte de los nacionales optarán por irse fuera del país aumentando la fuga de divisas.

Otro problema asociado a los feriados es el costo que le representan al país, a diferencia de las vacaciones que le permiten a cada familia planificar junto a las empresas cuándo y cómo se tomarán un descanso los feriados fuerzan un freno general que genera grandes pérdidas a la comunidad. Las estimaciones varían según el método que se emplee pero las cifras que se mencionan son $2.400, $3.360, $4.430 millones… aún tomando la cifra más baja esto nos da una pérdida de $111 por argentino.

Además, los feriados son discrecionales y dependen del poder político de turno convirtiéndose en una dádiva mientras que las vacaciones son un derecho ganado por los trabajadores que, a su vez, puede ser negociado con sus empleadores en caso que requieran más fondos o su trabajo sea considerado especialmente útil en determinado momento.

Y así como los feriados son un derrotero que empobrecen tanto al trabajador como al resto de la sociedad, los días de vacaciones son un premio por todo el esfuerzo y la contribución que realiza a la comunidad. En este sentido Argentina se ubica como uno de los países con menor número de vacaciones para sus trabajadores pero es el país con más feriados del mundo. La eficiencia económica nos indica que deberíamos disminuir los días de feriados y, a cambio, aumentar los días de vacaciones. La forma en que debe realizarse este canje es un debate que debemos dar como sociedad procurando equilibrar las posibilidades de desarrollo con las necesidades de ocio y descanso.

Abandonar los feriados implica un acto de madurez como país que consiste en dejar de lado el paternalismo gubernamental que nos indica cómo y cuándo debemos descansar para abrirnos así el camino al ejercicio de la propia creatividad, la libertad y las negociaciones que nos lleven a estadios cada vez más altos de felicidad y responsabilidad.