Imaginando un eventual gobierno de Scioli

A principios de mayo pasado publiqué una nota imaginando la política económica de un eventual gobierno de Mauricio Macri y el PRO. Hoy me propongo hacer lo mismo con el otro candidato a presidente que lidera las encuestas, aunque la información en este caso es más limitada.

Daniel Scioli ha intentado en los últimos años alinearse en su discurso con el modelo kirchnerista, aunque al evaluar su gobierno en la provincia de Buenos Aires, o los comentarios y las entrevistas que han ofrecido sus asesores, se puede advertir cierta confrontación con el kirchnerismo puro, que es en definitiva lo que provoca cierta desconfianza aun entre sus propios seguidores.

Sostenemos aquí que la política económica de Scioli estaría en una posición intermedia entre la que representa Axel Kicillof, como continuidad de la política económica actual, frente a los comentarios de sus asesores, y en particular del consultor Miguel Bein y el expresidente del Banco Central Mario Blejer, que es, en definitiva, corregir los desequilibrios y tomar un nuevo rumbo. Continuar leyendo

Cuatro motivos explican la baja transitoria del dólar

Las tapas de los distintos diarios nos muestran en los últimos días una baja en el dólar informal que sorprende a muchos analistas, sin embargo, analizando las tres variables centrales de este mercado podemos explicar su dinámica.

Oferta

En primer lugar, debemos analizar la mayor oferta de dólares que se observa en el mercado, dado por aquellos compradores de dólares formales que rápidamente los ofrecen en el mercado informal para obtener una ganancia por el diferencial. Continuar leyendo

La reestructuración completa está en juego

El ministro de Economía Axel Kicillof estuvo ayer en el lugar soñado. De aquellas clases sobre economía marxista que recibí de él en la Facultad de Ciencias Económicas a su conferencia en Wall Street se identifica esta única melodía. Disfrutó como un niño hablar de la crisis de 2008, culpar a los especuladores y a la falta de regulaciones, apuntar a las calificadoras de riesgo y maltratar a todos aquellos que participaron de la negociación. La ensalada verbal sólo puede comprenderla quien se acerque a su biografía. No fue tan explícito como Jorge Capitanich, quien señaló a Griesa y al mediador como agentes de los fondos buitres, pero lo dejó entrever. Resumiendo, señaló que nadie entiende las restricciones a las que se enfrenta la Argentina.

Lo que no dijo Kicillof es que esas restricciones, como las cláusulas RUFO, las firmó el mismo gobierno argentino. Y no los gobiernos anteriores a 2001, sino esta misma administración en las dos reestructuraciones de 2005 y 2010 que calificó de exitosas. Tampoco dijo que si estamos negociando en una jurisdicción norteamericana, esto se debe a que Argentina no habría podido colocar esos bonos bajo jurisdicción propia, por la falta de independencia judicial que tiene nuestro país.

Por supuesto que Kicillof cargó contra las gestiones previas a 2001, exaltó que este gobierno no necesitó tomar nueva deuda y enfatizó la exitosa política de desendeudamiento, que nos dejaría hoy con una deuda sobre PIB de alrededor del 40 %. Pero hay que agregar dos cosas: i) el dato es incompleto, al menos hasta que la reestructuración se complete; ii) no fue la austeridad la que permitió este desendeudamiento, sino las expropiaciones varias y una extraordinaria fortuna con la evolución de los precios de los commodities.

Kicillof no parece comprender los costos a los que se enfrenta el país. Es cierto que la deuda de los holdouts representa el 1 % de la deuda a reestructurar después de 2001. De todas formas, el incumplimiento del fallo, avalado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos –que a la vez es el Tribunal al que Argentina se sometió cuando colocó aquellos bonos-, pone en riesgo toda la deuda reestructurada por un posible incumplimiento de pago.

No es que Argentina mañana decida no pagar los bonos reestructurados. Es que las “reglas de juego” indican que se le puede impedir a la Argentina pagar intereses de los bonos reestructurados. Si esto ocurre, podría surgir una avalancha de juicios de los tenedores de esos bonos. Kicillof puede gritar contra estas “reglas de juego” que su agónico marxismo promueve, pero el mundo se rige por estas reglas y conviene no contradecirlas. Durante el discurso de ayer, por un momento, parecía que el ministro volvía al aula y se olvidaba del lugar de representación que estaba ocupando.

La única salida que hoy se visualiza en la Argentina es la que ofrecieron los banqueros privados –independientemente de que hayan sido presionados o no por el Presidente del BCRA-, comprando la deuda de los holdouts. Sin embargo, es muy difícil que los banqueros arriesguen comprar el 100 por ciento de esta deuda sin garantías de que podrán recuperar en 2015 el capital total.

Si esta salida no prospera parece muy difícil encontrar un acuerdo hasta enero de 2015, cuando las cláusulas RUFO pierden vigencia. Empezará entonces una carrera contra reloj por llegar a esa fecha sin sobresaltos, sabiendo que la Argentina no podrá tomar deuda para hacer frente a sus compromisos, y sólo podrá responder con sus limitadas reservas.

“Todo pasa”, decía ayer el ministro. Pero su liviandad, en un momento tan delicado como este, muestra cierta incomprensión por los costos de la falta de un acuerdo. Que quede claro: esta negociación no sólo pone en juego el 1 % de la deuda a reestructurar, sino toda la reestructuración de la deuda. Será difícil afrontar el déficit fiscal, la inflación, la recesión y el creciente desempleo sin acceso al crédito externo, y especialmente si se mantiene un modelo que rechaza cualquier ajuste fiscal.

Lecciones de historia de la deuda externa argentina

La historia de la deuda externa argentina nace en 1824 con el empréstito de la firma Baring Brothers. Podríamos ofrecer un prolongado detalle de su evolución, pero lo cierto es que en 1976, el monto total de la deuda externa sumaba apenas 4000 millones de dólares. Sobrevaluación cambiaria y “Tablita” mediante, Martínez de Hoz termina su gestión el 31 de marzo de 1981 dejando una deuda pública externa de 17.170 millones de dólares.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts, parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.