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Cambiemos la política agroindustrial

Comenzamos a defender al campo con Elisa Carrió desde Afirmación para una República Igualitaria (ARI) y Coalición Cívica hace más de diez años. En aquel momento todas las actividades aún estaban en pleno auge, y el propio sector soportó sin mayores reclamos sucesivos aumentos de los derechos de exportación (retenciones). Los números daban bien y la política parecía poco importante. En 2006, días después de que prohibieran las exportaciones de carne, advertimos lo que generaría esa medida: menos producción, menos empleo y, a la larga, aún mayores precios internos de los alimentos. En 2007 nuestra propuesta se tituló “Dejar en paz al campo”, contó incluso con la firma del socialismo y de Margarita Stolbizer, pero aun así el interior del país votó principalmente al kirchnerismo.

Las líneas centrales de aquella propuesta guiaron la acción de toda la oposición en el Congreso y luego se transformaron en el núcleo de las 13 iniciativas agroindustriales del PRO. Esta propuesta es un compromiso público de Mauricio Macri, firmado en abril de 2014, un año y medio antes de estas elecciones. Eliminar los Registro de Operaciones de Exportación (ROE) y abrir las exportaciones, eliminar todas las retenciones (en carnes, granos, productos regionales) y avanzar en la rebaja para la soja, invertir en infraestructura, eliminar trabas internas al comercio y hasta persecuciones que han sufrido muchos productores, son el centro de nuestro plan. Esta propuesta fue además la primera en poner en agenda a las economías regionales para verlas como un verdadero motor de desarrollo en todo el interior, en lugar de ser actividades de subsistencia, siempre olvidadas en la agenda de los candidatos a presidente. También nos comprometemos a mejorar los planes de fomento para que dejen de ser una caja política de gobernadores y funcionarios que perpetúan a los pequeños productores en el atraso y la pobreza. Queremos usarlos como verdaderos planes de reconversión productiva, que estimulen el arraigo rural, la incorporación de tecnología y el mejor manejo de recursos naturales. Esto se puede hacer con un Ministerio de Agroindustria que trabaje con toda la cadena de valor y que tenga también en cuenta las cuestiones de alimentación interna y seguridad alimentaria global, uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy la humanidad. Continuar leyendo →

Promesas y protestas

Hasta el kilómetro 214 de la Autopista Buenos Aires-Rosario se acercaron durante los últimos días, además de los productores y contratistas que buscaron las últimas novedades tecnológicas y cerrar algunos negocios de cara al futuro,  importante  referentes del sector de la agroindustria y los principales políticos de la oposición.

La apertura prevista para el día martes se tuvo que suspender por fuertes lluvias. Para ese día estaba programada una conferencia de prensa de la Mesa de Enlace, en la que se anunciarían medidas de fuerza por la baja rentabilidad de casi todas las actividades, a excepción de las relacionadas con la cadena sojera.  La conferencia no se hizo, pero las medidas de fuerza fueron anunciadas igual: un cese de comercialización simbólico, de  48 horas, que comenzará el próximo 11 de Marzo, justo 6 años después que se iniciara el conflicto por la famosa Resolución 125 de las retenciones móviles. Pero la noticia, mucho más que la protesta, fue que la misma fue anunciada solo por tres de las cuatro entidades que forman la Mesa de Enlace. Federación Agraria, con su nuevo Presidente, Omar Príncipe, informo que no compartía la “metodología de la protesta”, mientras que en mismo momento del anuncio de la misma estaba en el Ministerio de Economía negociando con Axel Kiciloff. De dichas negociaciones se obtuvo el anuncio de un subsidio 30 centavos de peso por cada litro de leche para los productores tamberos de menos de 2900 litros diarios, para compensar la caída de precio. Corrió el rumor que en la mesa de negociaciones se habría también incorporado la promesa de buscar algún mecanismos para “segmentar” las retenciones para pequeños productores, un reclamo tan histórico de esta entidad como difícil de ejecutar en la práctica, sin tener que recurrir a subsidios digitados por el gobierno de turno.

El enojo con la cúpula de Federación Agraria no tardó en hacerse oír: mientras muchos de sus afiliados comentaban que igualmente se sumarian a la protesta, la filial entrerriana decidió adherir formalmente a la misma. Aun más simbólico, la Mesa Nacional de Productores Lecheros (supuestos beneficiados directos de las negociaciones entabladas con el gobierno y conformada en su mayoría por socios de la Federación) también se sumó a la protesta, señalando que el principal problema del sector son las trabas a las exportaciones. Por lo bajo muchos productores y dirigentes se quejaban: “Le regalaron al gobierno la foto de la ruptura de la Mesa de Enlace al comienzo del año electoral, a cambio de subsidios y promesas”, fue, palabras más o menos, la principal queja recolectada en el sector.

Políticos y Promesas

Mientras estas quejas e internas tenían lugar, los políticos no dejaron pasar la oportunidad de visitar la muestra. Julio Cobos recorrió junto con Margarita Stolbizer, apenas un día antes que Binner declinara su candidatura presidencial y la propusiera en su lugar. Tanto Stolbizer como su partido, el GEN, han tenido siempre una postura favorable al campo, en buena medida por estar compuesto principalmente por dirigentes y ex intendentes radicales del interior de la Provincia de Buenos Aires. Quedará por ver cómo se compatibiliza esta postura histórica con su alianza con Libres del Sur y el Partido Socialista.

También  Ernesto Sanz recorrió la muestra, el mismo día que Sergio Massa llego con una comitiva con varios referentes del sector: Eduardo Buzzi (antecesor de Príncipe en Federación Agraria), Carlos Garetto (Ex Coninagro), Jorge Solmi y Felipe Sola. Fiel a su estilo, prometió “sacarle la pata de la cabeza al campo”,  aunque sus definiciones en cuanto a propuesta tuvieron algo de ambigüedad ya que hablo de “suspender” los derechos de exportación al maíz. En la misma línea, su proyecto de Ley presentado en Diputados al respecto mantiene los niveles de retenciones actuales al girasol y todo el complejo sojero.

También Mauricio Macri y el PRO hicieron una apuesta fuerte. Acompañado de sus candidatos a gobernador en los principales distritos productores (Vidal en Buenos Aires, Del Sel en Santa Fe, De Angeli en Entre Rios y Baldassi en Córdoba), y con la compañía de sus recientes aliados “Lole” Reutemann, Luis Juez y Oscar Aguad, se definió en contra de las trabas a las exportaciones, prometiendo eliminación de ROE y retenciones a todos los productos salvo soja, en donde la baja será paulatina. Incluso firmó (literalmente) en una radio una promesa para los productores de trigo, que deben comenzar a sembrar en algunas semanas y cosechar en el verano de 2016: “Siembren todo lo que puedan, que conmigo en el próximo gobierno lo cosechan y venden sin ROE y sin retenciones”.

Las ausencias

Sin embargo también hubo ausencias políticas. A la ya tradicional falta de funcionarios nacionales, incluso de segunda  línea o técnicos, se sumó este año el faltazo de los gobernadores que iban a inaugurar la muestra. De la Sota y Bonfatti se quedaron en sus provincias por razones de fuerza mayor, atendiendo las graves inundaciones de estos días. En el caso de Daniel Scioli, que todos los años abre la muestra, se comentó que este año recibió indicaciones de desistir de dicha costumbre. Quien sí estuvo presente en su lugar el día sábado fue Gustavo Marangoni , presidente de Banco Provincia, una de los principales sponsors. Esa misma noche, el Gobierno Nacional vetaba su participación como precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, al filo del cierre de listas porteñas. Otra visitante habitual que dio el faltazo fue “Lilita” Carrio, también flamante aliada de Macri, quien ya en la Expoagro de 2007 presento un plan para el sector que tituló “Dejar en Paz al Campo”, siendo la primera fuerza política proponer eliminación de permisos para exportar y reducción de todas las retenciones, incluida la soja. A pesar del faltazo, la propuesta para el sector es uno de los puntos de entendimiento que sin duda  allano el camino para el acuerdo entre  el PRO y la Coalición Cívica.

El futuro: cambios y la necesidad de unidad

Además de quejas, también hubo propuestas desde el Sector en Expoagro. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó las propias, elaboradas por el experto Juan Cruz Rey Kelly y enunciadas por su Presidente, Rubén Ferrero, con el objetivo de aumentar la producción un 50% y duplicar las exportaciones de alimentos. Aunque frustrada por el clima, estaba prevista la presentación de 10 puntos de acuerdo que iban ser firmados por más 40 referentes de diversos orígenes de la agroindustria, con la intención de ser “políticas de Estado”, sea cual sea el próximo gobierno, redactados por el GAPU AGRO (Grupo de Acción Política para la Unidad), con el apoyo de varios ex secretarios de Agricultura, como Marcelo Regunaga y Jesus Leguiza.

A pesar de la lluvia y las divisiones, quedó claro para todos los que tiene algo que ver con la agroindustria y la producción del interior del país que la clave para el futuro, más allá de las quejas, estará en nuevas propuestas, en un cambio de políticas, y en logro de la unidad, tanto de los políticos que tienen  ideas similares como hacia adentro del propio sector.

Posibilidad de acuerdos con el campo

Con la apertura de “la Rural”, la tradicional muestra ganadera que todas las vacaciones de invierno tiene lugar en el histórico predio de Palermo, vuelven a estar en el foco de agenda los temas relacionados con el campo. En la actualidad, a más de 6 años del conflicto entre el campo y el gobierno por la famosa Resolución 125, están apareciendo señales que podrían preanunciar cambios en las políticas agroindustriales de nuestro país.

Hace apenas días, la Mesa de Enlace se reunió con José “Pepe” Scioli, y según las partes, en la reunión “debatieron sobre una agenda a futuro”. Esta reunión debe entenderse como un eslabón más de una estrategia desarrollada por la Mesa de Enlace, que se inició en diciembre del año pasado, cuando las 4 entidades presentaron públicamente un documento sobre el potencial de crecimiento que tenía el sector, con la presencia de Alfonsín, Macri, Binner, Duhalde, Cobos y Solanas, entre muchos otros políticos y empresarios. Alli la Mesa de Enlace anuncio que iniciarían una ronda de consultas con los partidos políticos y aspirantes a la presidencia en 2015 para pedirles definiciones concretas sobre las políticas públicas que aplicarían en caso de ser electos.

Las reuniones se sucedieron: en enero fueron recibidos por Sergio Massa en un campo de General Madariaga, donde el líder del Frente Renovador prometió un proyecto de ley que contempla bajarle la presión tributaria al sector agropecuario, con eliminación en caso de trigo, reducción en maíz y sin cambios para girasol y soja. En marzo las cuatro entidades visitaron a Ernesto Sanz en el Comité Nacional de la UCR, quien les entregó un documento titulado “Estamos con el futuro, estamos con el campo”, en el que el radicalismo expresa su visión del sector como políticas para la cadena agroindustrial como país proveedor de alimentos al mundo. En abril, Mauricio Macri recibió a los cuatro presidentes de la Mesa de Enlace y les presentó públicamente 13 propuestas de Política Agroindustrial, elaboradas desde la Fundación Pensar por un equipo que ya incorporo al PRO figuras provenientes del sector, como Alfredo de Angeli, Luciano Miguens y Jorge Srodek. El nivel de acuerdo expresado entre ambas partes fue muy elevado. En mayo participaron del panel de cierre del Congreso de CRA Sanz, Macri y Carrió, con grandes coincidencias en su visión respecto del sector. La líder de UNEN reivindicó haber sido la primera postulante a la presidencia en pronunciarse a favor del campo, usando el ejemplo de la ganadería, sector al que defiende públicamente desde 2005.

No sólo hay movimiento en la oposición: también parece haber cambios desde la vereda del oficialismo y los gobiernos locales. En Expoagro, los ministros de Agricultura y Ganaderia de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe anunciaron que coordinarán esfuerzos conjuntamente, y recientemente en Santa Fe avanzaron en detalles para fomentar la actividad lechera, estancada en su producción desde hace casi una década. Entre esos ministros se encuentra el bonaerense Alejandro “El Topo” Rodríguez, de estrecha confianza con el Gobernador Scioli, quien públicamente se expresó a favor de reducir las retenciones al trigo. Más voces oficialistas se expidieron sobre este tema. “Hemos cometido errores con el tema del trigo”, reconoció Julián Domínguez, quien fuera el primer Ministro de Agricultura y Ganadería de Cristina Kirchner, actualmente presidente de la Cámara de Diputados de Nación y ya lanzado en la carrera hacia el 2015. Ninguno de estos actores juegan un papel de reparto en sus espacios: son voces autorizadas y relevantes, que hablan en el marco de una estrategia política.

En la muestra rural de Palermo también habrá señales de unidad, en este caso de parte de los técnicos. Dos grupos de trabajo compartirán un mismo espacio de discusión: el Grupo de los Ex Secretarios de Agricultura de la Nación, representado por Marcelo Regunaga y Jesus Leguiza, debatirá con el grupo de técnicos de diferentes partidos de la oposición que estamos nucleados en el GAPU AGRO (Grupo de Acción Política para la Unidad), pensando en propuestas concretas de políticas públicas que puedan convertirse en el futuro próximo en políticas de estado.

Hay dos preguntas centrales a responder, para poder saber si finalmente cambiarán las políticas hacia el campo. La primera es el desafío de las propuestas: ¿lograrán las promesas de campaña y los aportes técnicos que se están generando desde diferentes espacios convertirse en propuestas concretas, solventes y aplicables por un gobierno nacional? La segunda es una pregunta temporal: ¿es razonable esperar que el cambio de las políticas se genere desde el propio gobierno que inició la “guerra contra el campo”, o habrá que aguardar a la sucesión en 2015?

Con las puertas de “la Rural” abiertas y pasados 6 años de la 125, hay señales de cambio para el campo en el presente y en el horizonte, pero serán los sucesos políticos de los próximos dos años los que finalmente definan si estas señales se convertirán en realidad, o se apagarán como si no fueran más que fogonazos propios de la disputa por el poder en nuestro país.

Ascenso, derrumbe y futuro de una alternativa valiosa

Después de mucho debate, existe actualmente un consenso global en que los biocombustibles son una alternativa valiosa, al reducir dependencia de combustibles fósiles, mitigar cambio climático, y agregar valor a producción agrícola. Es por ello que el mundo decidió avanzar en ese sentido, en especial Europa y los Estados Unidos. A raíz de esta situación, en esos países surgen las exigencias del llamado “corte”, que no es más que obligar por ley a los combustibles de un país tenga una proporción mínima que sea biocombustible. De esta manera, los países crearon lo que se conoce como “mercados artificiales”, que son aquellos que no surgirían naturalmente de la libre competencia, pero que si pueden surgir con una política pública correcta.

Así las cosas, aparece hace menos de diez años la demanda de los países desarrollados por biocombustibles. Si bien ellos también los producen, como Estados Unidos y Alemania, su consumo de combustibles es tan alto que requieren importar de otros países el biodiesel para cumplir con sus propios cortes internos obligatorios, en especial los países europeos. ¿Quiénes estaban en condiciones de aprovechar esa oportunidad? Un puñado de naciones en desarrollo: Brasil puede transformar la caña de azúcar en etanol, Indonesia y Malasia pueden transformar el aceite de palma en biodiesel, y lo mismo cuenta para Argentina con el aceite de soja.

El éxito del biodiesel argentino (2006-2012)

La industria del biodiesel en Argentina nace en 2006. En 2011 alcanzó su punto máximo: exportó 1700 toneladas por casi 2100 millones de dólares, ubicando al país como primer exportador mundial de dicho producto, todo esto en tan solo 5 años. Este enorme éxito se dio por cuatro factores, en el siguiente orden de importancia: 1) la demanda externa por el corte obligatorio. 2) la competitiva de la cadena de la soja, producto en el cual nuestro país ya en ese entonces tenía claras ventajas competitivas y el complejo de crushing de soja más avanzando del planeta, en torno al puerto de Rosario. 3) El diferencial arancelario que existía para las retenciones: las exportaciones de biodiesel tributaron de 2006 a 2012 un 14%, contra  un 35% del poroto y un 32% del aceite de soja, lo que incentivó a la creación de muchas plantas de biodiesel de diferentes escalas, y 4)  la Ley de Fomento del Biodiesel, impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso durante 2006 (Ley 260936). Esta ley argentina incluyo cortes obligatorios de los combustibles en el mercado local y cupos y precios mínimos que se debían pagar a los productores de biodiesel. El corte interno de biodiesel se fue aplicando paulatinamente, llegando al 10% desde diciembre pasado. Si bien hay acuerdo entre los expertos en considerar valiosa esta ley, ese acuerdo también entiende que el biodiesel en particular es mucho más un negocio de exportación para la cadena sojera argentina que una solución a nuestros problemas energéticos. El éxito del biodiesel estuvo sin dudas en la exportación.

El derrumbe del biodiesel argentino (2012-2013)

Pero las ventajas competitivas no están “dadas” ni son inmutables: cambian con el tiempo y dependen de lo que hagan los países. Argentina durante 5 años (de 2007 a 2012) aprovechó estas ventajas, y desde 2012 hasta la fecha no hizo más que dilapidarlas por errores del gobierno nacional. En agosto de 2012, Axel Kiciloff aumentó las retenciones del 14% al 24%. Esto generó una fuerte caída de rentabilidad en muchas plantas de biodiesel, particularmente medianas y pequeñas, y frenó la producción que venía en aumento. Ante la queja del sector exigiendo cambios y el parate productivo, se dictó otro decreto estableciendo “retenciones móviles” al biodiesel, que con un complejo sistema, las fijó en ese momento en 19,1%. Antes que ocurra esto, en abril del año 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de la empresa Repsol-YPF. Como reacción, España, comprador del 50% del biodiesel que exporta argentina, frenó la importación de biodiesel argentino, e inicio un proceso “antidumping” ante la Unión Europea que termino en la decisión conjunta de la UE de imponer mayores aranceles a nuestro biodiesel, lo que ocurrió en Noviembre de 2013.

El enorme éxito del biodiesel construido en 5 años se derrumbó en menos de un año y medio, con dos medidas equivocadas del gobierno nacional. Del récord de exportación de 2011 (2100 millones de dólares), en 2013 se exporta prácticamente cero (solo 60 millones de dólares). Así las cosas, el 2014 empezó en esta industria con suspensiones de trabajadores, cierres de fábricas, y caída de proyectos de inversión de nuevas plantas que estaban en evaluación o en los primeros pasos de su ejecución.

Actualidad y Futuro

La primera reacción el gobierno intento reorientar la producción de biodiesel al mercado interno. En diciembre de 2010 aumentó el corte obligatorio de gasoil con biodiesel de 7 a 10%. En abril pasado, Cristina Fernández envía un proyecto de ley al Congreso para reducir impuestos internos al biodiesel. En dicho proyecto, ignorando la realidad del mercado mundial y los propios errores de su gestión, el ejecutivo sostiene básicamente que el éxito del biodiesel fue un logro generado solo de la ley de fomento, y que el problema actual es en totalmente “solamente culpa de la Unión Europea”. Aun así, aunque las rebajas de impuestos internos propuestas en dicho proyecto son correctas y ampliamente consensuadas (eximir al biodiesel del impuesto interno a los combustibles líquidos, y eximirlo de impuestos cuando sea vendido a usinas generadoras de electricidad) la realidad es que no atienden ni resuelven los problemas de fondo: el cierre del mercado europeo y las altas retenciones. El proyecto fue obtuvo media sanción en diputados y se tratará hoy en el Senado, con perspectivas claras de ser aprobado. Aun cuando se trasforme, como se espera, en Ley, y como bien señalaron diputados opositores es, cuando mucho, un paliativo.

Mientras la Cámara de Diputados estaba tratando este proyecto, el Poder Ejecutivo aplicó, sin pasar por el Congreso, una nueva y fuerte rebaja de las retenciones. Redujo la alícuota al 11,07%. El efecto fue inmediato: se dispararon nuevamente las exportaciones de biodiésel y las empresas del sector concretaron en un día operaciones por 100.000 toneladas, el 6% del total exportado en 2013.

Esta situación tiene varias singularidades. La primera es que mientras el Congreso tenía un tratamiento una ley sobre impuestos internos al biodiesel para resolver un problema que era externo, el Gobierno redujo las retenciones por sin darle participación al Congreso. La segunda singularidad es que el gobierno, al reducir las retenciones, está reconociendo implícitamente que el problema era externo y que eran sus medidas equivocadas sobre retenciones la causa de dicho problema. La tercera singularidad es el Gobierno toma la medida sobre retenciones por resolución apenas días después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminara como inconstitucional la modificación de las retenciones sin pasar por el Congreso. Al menos podemos afirmar que “tarde y mal”, el gobierno reconoció y corrigió parcialmente su error. La última singularidad en nuestro modesto entender es lo poco que se ha debatido públicamente esta conjunción de singularidades.

Creemos que los problemas del biodiesel argentino en 2012 y 2013 se podrían haber evitado con mejores políticas. Creemos que la salida de la actual coyuntura en 2014 podría haber sido realizada mucho mejor. Planteamos aquí las dudas y singularidades del caso como un aporte para una discusión más solvente e inteligente respecto al tema. Mirando al futuro y pensando propositivamente, el biodiesel argentino puede recuperar el camino del éxito.

Un mensaje político claro

Pocos días atrás la Corte Suprema de Justicia dicto el fallo “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo”, a través del cual resolvió la inconstitucionalidad de la Resolución 11/2002 (Gobierno de Duhalde con Remes Lenicov como Ministro de Economía), que imponía derechos de exportación sobre una gran cantidad de productos (pesca y  agroindustria, entre otros), y ordenó el reintegro de los montos pagados por ese concepto a la empresa exportadora que inicio la demanda.

El fallo se trata de una empresa pesquera que comenzó a pagar retenciones en marzo de 2002, en virtud de dicha resolución, y luego de años de litigio juidicial, la Corte entendió que todo lo actuado por el PEN en materia de Derechos de Exportación entre marzo y agosto de 2002 es inconstitucional. La Corte reitera en este fallo el principio de reserva legal en materia tributaria, es decir, reafirma que la potestad de fijar tributos, aranceles y derechos aduaneros es materia exclusiva del Poder Legislativo. Es mensaje es contundente: es inconstitucional y nula de nulidad absoluta toda modificación hecha sobre Derechos de Exportación por parte del PEN por fuera del periodo en que tuvo facultades delegadas por parte del Congreso.

¿Qué implicancias tiene este fallo? En primer lugar, todos los exportadores de cualquier producto contemplado en la Resolución 11/2002 y modificatorias que han pagado  derechos de exportación por sus envíos al exterior durante el periodo comprendido  entre el 5 de marzo y el 24 agosto de 2002, pueden teóricamente exigir en sede judicial el reintegro de los montos pagados en concepto de Derechos de Exportación. Esto incluye entre otros a los exportadores de productos agroindustriales. El problema reside en que la acción de repetición tiene un plazo de prescripción de 5 años, que claramente se encuentra vencido en la actualidad. Por lo tanto, si bien podrían hacerse los reclamos judiciales, es poco probable esperar un resultado positivo de los mismos.

En segunda lugar, debe destacarse que durante el periodo de marzo a agosto de 2002, mientras regía esta norma inconstitucional, el Estado recaudó un monto total de  2775 millones de pesos, equivalente al tipo de cambio de ese momento a 809 millones de dólares por derechos de exportación. En caso que el Estado nacional oponga la excepción de prescripción contra los pedidos de repetición de los exportadores, el fisco se habrá apropiado indebidamente de esa suma de dinero y  se habrá amparado para hacerlo en una norma ahora declarada inconstitucional por la CSJN.

Las implicancias de cara al futuro son inciertas. A nuestro entender, aplicando esta jurisprudencia por analogía, creemos que todos los cambios hechos sobre derechos de exportación realizados posteriormente a que se vencieran las facultades delegadas para fijar tributos aduaneros con que contaba el Poder Ejecutivo, lo que ocurrió el 24 de agosto de 2010, pueden ser tachados de inconstitucionalidad,  En particular, serían inconstitucionales los aumentos de Derechos de Exportación de Biodiesel (Decreto PEN Nº 1.3397 / Agosto 2012 y modificatorias), y a los alimentos balanceados (Decreto PEN 2014/2013 de  Abril 2013).

¿Puede iniciarse una nueva ronda de reclamos judiciales contra el Estado luego de este fallo? Como dijimos, parece poco claro que haya reclamos por los pagos de 2002, ya prescriptos. Pero diferente es la situación de las empresas exportadoras de biodiesel y alimentos balanceados que han pagado dichos derechos de exportación con posterioridad al dictado de las resoluciones de referencia, las que podrían iniciar judicialmente Acciones de Repetición contra el Estado, como mínimo por el dinero pagado por el diferencial/aumento de impuestos cobrados en función de dichas resoluciones.

¿Cuáles son las implicancias políticas de este fallo? Más allá de la devolución de dinero que el Estado deberá realizar a la empresa Camaronera Patagónica SA, y los juicios por repetición de retenciones pagadas que pueden iniciarse, es innegable la existencia de un mensaje político claro. La Corte ha dado argumentos contundentes respecto  a que toda creación o aumento hecho por el PEN sobre Derechos de Exportación fuera del periodo de vigencia de la delegación es inconstitucional. La Corte Suprema, tomando un caso de hace doce años, ha marcado un claro límite al presente y al futuro: solo con delegación de facultades vigente o bien por Ley del Congreso, se pueden modificar las retenciones. Fue más allá incluso al afirmar que ello implica un avance del Poder Ejecutivo sobre facultades propias del Legislativo, y es contrario a la división de poderes y al sistema republicano.