El ajuste realizado por el Gobierno nacional empieza a generar “efecto derrame” de impactos negativos en otros niveles del Estado, y la provincia de Buenos Aires no está ausente de esa realidad. La devaluación, seguida del importante aumento en la tasa de interés, provocará problemas graves en la economía bonaerense. Desde el punto de vista presupuestario el impacto más visible es en el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública. Nuestra provincia tiene casi un 50 % del total de su deuda relacionado con moneda extranjera. El incremento en los precios que se generó se transfiere directamente a las licitaciones en marcha y a todas las obras públicas proyectadas en un contexto absolutamente distinto, poniendo en riesgo su inicio y/o continuidad. Los reclamos salariales de los 597.000 empleados provinciales, normalmente canalizados a través de las paritarias, se han multiplicado, incrementando el nivel de conflictividad social.
Su resolución tendrá un fortísimo impacto en el gasto por la altísima incidencia que tiene este rubro en el presupuesto provincial. Los municipios tendrán una conmoción presupuestaria porque al ser el eslabón más débil de la cadena conformada por los distintos niveles del Estado, no tienen herramientas financieras en cantidad y calidad similares a las que poseen los estamentos superiores y menos aún la actualización de la recaudación, producto de los mayores precios relativos en los que pasa a moverse la economía. Dificultades para acceder al crédito y encarecimiento del financiamiento del capital de trabajo son las señales de alerta que comienzan a recibir las distintas cadenas productivas de la provincia.