Por: Carlos Fernández
El ajuste realizado por el Gobierno nacional empieza a generar “efecto derrame” de impactos negativos en otros niveles del Estado, y la provincia de Buenos Aires no está ausente de esa realidad. La devaluación, seguida del importante aumento en la tasa de interés, provocará problemas graves en la economía bonaerense. Desde el punto de vista presupuestario el impacto más visible es en el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública. Nuestra provincia tiene casi un 50 % del total de su deuda relacionado con moneda extranjera. El incremento en los precios que se generó se transfiere directamente a las licitaciones en marcha y a todas las obras públicas proyectadas en un contexto absolutamente distinto, poniendo en riesgo su inicio y/o continuidad. Los reclamos salariales de los 597.000 empleados provinciales, normalmente canalizados a través de las paritarias, se han multiplicado, incrementando el nivel de conflictividad social.
Su resolución tendrá un fortísimo impacto en el gasto por la altísima incidencia que tiene este rubro en el presupuesto provincial. Los municipios tendrán una conmoción presupuestaria porque al ser el eslabón más débil de la cadena conformada por los distintos niveles del Estado, no tienen herramientas financieras en cantidad y calidad similares a las que poseen los estamentos superiores y menos aún la actualización de la recaudación, producto de los mayores precios relativos en los que pasa a moverse la economía. Dificultades para acceder al crédito y encarecimiento del financiamiento del capital de trabajo son las señales de alerta que comienzan a recibir las distintas cadenas productivas de la provincia.
Estos síntomas son el presagio de deterioro en el nivel de actividad con las consecuencias sociales que eso implica. Esta descripción no es otra cosa que un diagnóstico repetido hasta el cansancio. La falta de reconocimiento por parte del Gobierno de la existencia de la inflación y por consiguiente la carencia de un plan integral que la remediara, generó una distorsión de precios relativos. Su ajuste se realiza hoy, en forma abrupta e intempestiva vulnerando fuertemente los sectores más débiles de nuestra sociedad. Estas distorsiones referenciadas, propias de la macroeconomía, no deben analizarse fuera de un contexto con fuerte retroceso del país federal. Todas las provincias cedieron porciones importantes de autonomía económica y consecuentemente política, siendo la más afectada la provincia de Buenos Aires. En nuestro país el 75% del total de recursos públicos está concentrado en el nivel nacional y se distribuye vía coparticipación el 25% restante entre las provincias. Simplemente para comparar, en la década del ’80 las proporciones eran de 44% para la Nación y el 56% para las distintas provincias. Esta aspiradora de recursos generó que las provincias, y en particular Buenos Aires, fueran incrementando los niveles de presión fiscal sobre sus contribuyentes y actividades productivas, agravando los problemas de competitividad por dos vías. La fuerte suba de los impuestos y el deterioro del mantenimiento de la infraestructura y servicios, por la mengua del equilibrio fiscal. Urge entonces realizar acciones para paliar la crisis, en dos direcciones.
En el sentido de los recursos, reclamando al nivel nacional lo que nos corresponde como bonaerenses, planteando la rediscusión de su distribución, ya que no se puede seguir incrementando la presión sobre la agotada capacidad contributiva sin correr el riesgo de la caída en la recaudación y el agravamiento del impacto negativo sobre el nivel de actividad. Y en el sentido del gasto, es imprescindible la priorización de tal manera que morigere el golpe que los sectores más postergados van a sufrir en su calidad de vida y para garantizar la prestación de servicios básicos e imprescindibles que el estado provincial debe realizar.