Es inexplicable que, desde sectores bien informados y “meseros” de la City porteña, pasando por abogados financieros, economistas, periodistas, analistas y políticos de todos los sectores, se haya creído que el gobierno estaba negociando algún tipo de arreglo con los vencedores por una porción de la deuda argentina defaulteada en 2001 tras haber quedado firme en junio el fallo de 2012 del juez Thomas Griesa. El kirchnerismo fue siempre clarísimo: reiteró hasta el cansancio de manera pública que, aunque hubiera sentencia ya inapelable, no pensaba pagar jamás.

Desde luego que su determinación es tan inconveniente para el país, incoherente por haber litigado una década y aceptado la jurisdicción extranjera, que “la lógica” indicaba que había que cerrar trato y pagar, en efectivo o con nuevos bonos pero pagar. Sin embargo, a todos el Gobierno les decía en la cara que no iba a cumplir, aún cuando se ingresara en default por la deuda regularizada del 2005 producto de embargos que afectaran a sus titulares. Pero casi nadie lo quiso creer hasta el discurso del Ministro Kicillof del miércoles 30 de julio desde el Consulado en Nueva York.

El propio juez Griesa es otro de los engañados. Pensó que en verdad Argentina estaba chicaneando sobre la forma de pago, no sobre el hecho mismo del cumplimiento de su fallo. Nombró un mediador para arreglar un modo no ofensivo ni humillante para la Argentina de pago del juicio, pero los representantes del gobierno lo trataron como si comenzara el proceso de vuelta y armaron otra campaña política pública para fundamentar su desconocimiento a la decisión de la Justicia.

Mintieron a todo el país y al extranjero con la cláusula RUFO, alegándola para no pagar el falllo, cuando es tan obvio que no se trata de ningún modo de una liberalidad de Argentina de andar regalando nada distinto a lo de los acreedores 2005/2010 sino que cumple obligadamente porque el proceso llegó al final. Y, por el mismo motivo, mienten ahora si dicen que desde el 1 de enero de 2015 se abre otra oportunidad para acordar no condicionados por la RUFO.

El ministro Kicillof, que hasta frustró una negociación privada de bancos motorizada por otros sectores del gobierno más racionales, representa ahora la ideología financiera kirchnerista que consiste, en esta materia, en lo siguiente:

1) El titular de un título del Estado no tiene derecho a cobrar lo que el bono dice que se debe pagar sino lo que voluntariamente el Gobierno decida que se paga, siempre. Las obligaciones contenidas en el contrato son meramente potestativas, tipificación del Código Civil argentino específicamente prohibida en el derecho nacional, que son aquellas donde el deudor cumple si quiere y si no quiere no cumple. O sea, son obligaciones establecidas “en broma”, no son verdaderas conductas debidas por parte del deudor al acreedor.

2) Quien compra un título del Estado en el mercado secundario a descuento no tiene derecho a percibir aquello que está escrito en el bono sino mucho menos y siempre es lo que el Estado arbitrariamente diga que paga. Se considera injusto que quien compra un papel del Estado barato pueda pretender el 100% del crédito, por más de que las oscilaciones de precios en el mercado sean hechos normales y legales y formen parte de las reglas de juego, y aunque el Estado emisor deba siempre lo mismo con independencia del fenómeno de precios del bono o sea el 100%. Este ha sido el argumento más fuerte para no pagar la sentencia, “pusieron 60 millones y pretenden el 1600% de rentabilidad”, “nosotros les ofrecemos a los buitres el 300% y ellos quieren el 1600%”. Este fraude propagandístico del kirchnerismo lo compró casi todo el país, hasta uno escucha gente de ideología liberal decir que los demandantes no merecen cobrar porque pretendieron ganar demasiado. ¿Cómo es posible que nadie, desde la política o el derecho, descalifique semejante absurda construcción? No se puede confundir una ganancia de capital (resultante de la compra-venta de activos) de la ganancia consistente en la tasa de interés a la que se comprometió el deudor. La ganancia de capital que terceros realicen no le afecta al emisor del bono, cuya obligación pertenece al universo rentístico y no de capital, puesto a que debe solo lo recibido en préstamo más la tasa de interés y su deuda es inflexible al precio cotizado en el mercado. Así lo ha reconocido la Justicia competente de Estados Unidos, tema que ni trata ni discute porque no es jurídico como no jurídico es el concepto de “fondo buitre” tal cual lo manifesté en este medio en 2013.

3) Nos presentamos en los juicios de Nueva York simplemente para ganar tiempo. Si los ganábamos, todo bien. Si los perdíamos, como sucedió, no cumplimos nada. Solo nosotros determinamos qué, cuándo, cómo y dónde pagar. No hay autoridad que esté por sobre nuestra voluntad política absoluta. Las declaraciones de ayer del juez Eugenio Zaffaroni atacando a la Justicia norteamericana son el agregado político final que se necesitaba para confirmar que Argentina hace lo que quiere. El repudio al fallo judicial equivocadamente suele compararse con la decisión de recuperar las Malvinas de 1982. Es un error. El antecedente de este comportamiento es el de la Junta Militar y de Videla del 25 de enero de 1978, cuando insólitamente se decide repudiar el laudo arbitral que determinó que tres islas del Canal de Beagle eran de Chile y no de nuestro país, tras lo cual estuvimos al borde de entrar en guerra solo por el disparate máximo de ir a juicio y, como se pierde, no aceptar la sentencia. No hay modo de que ahora el Gobierno se salga con la suya. Se embargarán bienes del país, inclusive fuera de los EE.UU., y los acreedores “buitres” y “no buitres” cobrarán. En breve llegarán sentencias adicionales por los restantes holdouts, unos 18.000-22.000 millones más, y caerá el canje de bonos de 2005 por reclamos de acreedores que pedirán la aceleración de cobro de sus créditos acorde a los mismos contratos firmados por el gobierno de Néstor Kirchner. Todo esto por la traba ideológica de Kicillof y Cristina Kirchner de no aceptar que los “buitres” tenían razón y que deben cumplir la sentencia que les resultó adversa. La reacción en cadena económica que se libera ahora con estos hechos es de extrema gravedad para el país, y la negación generalizada también. Atención, que la presunta deuda pública “reducida” que tenemos se puede como nada duplicar o más en pocos meses producto del delirio del gobierno de defaultear una sentencia de poca monta y de defaultear los pagos a los bonos de 2005 (aunque pretenda decir que pagó cuando no pagó).

Es mayoritario el sentimiento corporativo político nacional en cuanto a que el pago de un título público es un hecho más de la política económica del Gobierno, es decir, se cuenta con absoluta facultad para cumplir o no cumplir según los intereses y deseos del momento. No se visualiza en Argentina que los contratos financieros como éstos constituyan una actividad que el Estado desarrolla como un privado más y que por ello es susceptible de ser demandado como cualquiera con resultados que en los juicios pueden resultarles favorables o desfavorables.

Esta mentalidad nacional, que nos consagra como campeones mundiales del incumplimiento y que deriva evidentemente en una decisión política de la sociedad, debería generar correlativamente una política permanente de Estado al no endeudamiento por incapacidad psicológica de asumir que lo que una vez se recibe como préstamo tiene un único destino que es la devolución con intereses del capital obtenido acorde a los compromisos del contrato firmado. Analícense los sentimientos de quienes administran el país, provincias o municipios en esta materia. Piden créditos, emiten bonos para formalizarlos, incorporan los fondos a su patrimonio como activos que se gastan, pero directamente borran de sus pensamientos la obligación de repagar la deuda. Alcanzadas las fechas de pago, y no obteniéndose renovación del crédito, comienza la guerra contra el acreedor al que se reputa culpable de haber prestado. Estimo que frente a esta realidad cíclica nacional, la corporación política toda debería decidir no tomar deuda nunca más, ni externa, ni interna, ni de organismos internacionales, nada de nada. Sería lo más prolijo en virtud de la incapacidad para manejarse en este terreno.

Advertencia: Declaro no ser acreedor de la República Argentina, no estar ni haber estado en juicio contra el país por causas de deuda incumplida ni asesorar a acreedores del estado de ninguna clase.