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La hora del peronismo

Finalmente el Senado le dio sanción a la ley que deroga las leyes cerrojo y de pago soberano para allanar el camino que termine con la salida definitiva del default. Más allá del contenido positivo que en sí misma contiene esta decisión, no se deben dejar de lado las circunstancias políticas que rodearon este comportamiento legislativo, tanto en Diputados como en Senadores.

En efecto, el hecho de que porciones importantes de la oposición más cerrada del peronismo —reunida en el llamado kirchnerismo— hayan votado con el resto de los legisladores del oficialismo y de sus aliados permanentes o específicos para estas leyes constituye un hecho histórico que no debe dejar de mencionarse ni comentarse.

El senador Miguel Ángel Pichetto fue ayer tan lejos como para decir que había “recuperado la capacidad de pensar por sí mismo”, en una tácita confesión de que, durante los años de la “década ganada” no sólo él sino varios peronistas habían sido abducidos por una fuerza centrífuga que secuestró a gritos y prepotencias los más íntimos pliegues de las conciencias de muchos dirigentes que no se atrevieron a saltar ese cerco de esclavitud y estuvieron de acuerdo en rebajarse hasta ponerse de rodillas para darle el gusto a jefes que no se sabe con qué los amenazaban. Resulta obvio que con gente que no piensa por sí misma y que está entregada a un mando mesiánico que cree que es la encarnación misma de la sabiduría no se puede ir muy lejos. Continuar leyendo →

Intocables

La Presidente, el canciller y otros miembros oficiosos del Gobierno (Luis D’Elía fue, sin embargo, un funcionario formal de los Kirchner durante el gobierno de Néstor) han sido imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por el delito de encubrir a los sospechosos de haber volado la AMIA. Se trata de la implementación en los hechos de la denuncia que había presentado el Dr. Nisman cinco días antes de morir.

Ya desde la mañana del viernes tanto Aníbal Fernández como Jorge Capitanich se habían adelantado a estos hechos, calificando a la mera posibilidad de que el fiscal hiciera efectivamente eso como un hecho de “activo golpismo judicial violatorio de la democracia”.

La regla vuelve a cumplirse: cada vez que el poder de control esencial que la Constitución ha organizado para vigilar al Poder Ejecutivo -esto es, el Poder Judicial- amaga con poner en funcionamiento los mecanismos normales de su funcionamiento, la Presidente y sus funcionarios salen a blandir el argumento del golpe.

Es, a todas luces, una apelación vieja, gastada y reveladora del perfil de país que el kirchnerismo tiene en la cabeza. Ese perfil consiste en una organización vertical en cuyo vértice intocable se haya la Presidente en particular y los funcionarios en general, y según la cual la ley común no les es aplicable a ellos, porque todo intento de aplicarles a ellos la ley común es reputado como automáticamente antidemocrático, destituyente y golpista.

Se trata de un “yeite” maravilloso: “Todos son iguales ante la ley, menos nosotros, a quienes la ley no se nos aplica.” Si hay algún motivo por el cual la Constitución fue sancionada, fue, precisamente para terminar con un tipo de organización nacional basada, justamente, en esquemas similares a ese.

El oficialismo tácitamente confiesa, de este modo, la sociedad que busca delinear: una gran masa de zombies a los que tiene controlados y a los que les aplica el rigor de la ley que el mismo gobierno sanciona y una casta de privilegiados que vive de chuparle a la sangre a esos esclavos y que se haya absuelta de dar explicaciones ante la Justicia por sus conductas y completamente liberada de las molestias de los controles externos a su gestión.

Resulta particularmente llamativo cómo siquiera pueda haber una parte de la sociedad que preste su acuerdo a un esquema social como éste. Los militantes dicen que “voluntariamente” se someten a la conducción verticalizada de la líder porque es ella la que “conduce”. El problema es que, lo que ellos aceptan voluntariamente para sí mismos, se lo quieren imponer por la fuerza al resto de la sociedad, que no acepta de ninguna manera vivir bajo ese perfil.

La presidente Dilma Rousseff está luchando para tratar de demostrar que no ha tenido nada que ver con el escándalo Patrobras. Más de una vez en los últimos meses en Brasil se ha pronunciado la temible palabra “impeachment”. Sin embargo, a Dilma no se le ha pasado ni de cerca por la cabeza la idea de acusar a quienes investigan de golpistas destituyentes. El Estado de derecho no es sólo el Poder Ejecutivo. De modo que si para no tocar a éste se impidiera el normal funcionamiento de los mecanismos constitucionales, eso sí sería golpismo, porque se estaría echando mano a recursos de facto para impedir que la Constitución funcione.

En otra salida francamente desopilante del día viernes, la fiscal Alejandra Gils Carbo (que según la Presidente es un órgano extrapoder y una funcionaria independiente) anunció que emitirá una resolución del Ministerio Público avalando las actuaciones de la mandataria en sus negociaciones con Irán, como si la Procuradora General fuera una especie de abogado defensor personal de la Sra. de Kirchner. El Ministerio Público existe para defender a la sociedad. ¿Para defenderla de quién? Justamente del Estado. No está allí para validar la teoría de que el Estado se encarna en la persona de la Presidente  y, como tal,  esta es intocable. No. La Procuradora  -como señala la teoría presidencial aunque no, claramente, su práctica- es una funcionaria independiente del Poder Ejecutivo que no puede ni debe salir en su defensa. ¿Cómo creer, luego de semejante declaración confesional, que la Sra. Carbó manejará las escuchas telefónicas con imparcialidad, de acuerdo a la nueva Ley de Inteligencia?

La Constitución argentina fue sancionada en previsión de todo esto. Más allá del dramatismo de éstos días estamos ante una oportunidad histórica de demostrarnos a nosotros mismos que esos mecanismos sabiamente creados hace más de 160 años pueden funcionar entre nosotros y que es de lo más saludable que funcionen. Solo los que defienden la incivilización política sugieren volver a lo que ocurría en la Argentina colonial y en la de la Guerra Civil del siglo XIX. Quienes queremos vivir en una república moderna en donde nadie esté por encima de la ley, creemos que el tiempo histórico nos ha colocado ante una enorme oportunidad: la de saber que aquí gobierna la ley y no la voluntad de un líder.

Un reino personal

El “episodio Campagnoli” ha sido una especie de vergüenza nacional. Un fiscal a quien se quiere echar por su pretensión de investigar los chanchullos del poder en una maniobra organizada desde la mismísima Procuraduría General, a la vista de todo el mundo, con total inescrupulosidad y sin importarles nada el flagrante atropello a la limpieza de los procederes y la burdez evidente de un trámite que tenía por objeto permitir la impunidad.

¿Y cómo ha terminado el tema? En que los propios fusiladores, reclutados por quien se comprometió ante la presidente a encargarse de que el fusilamiento se lleve a cabo, no han podido fusilarlo. Era tan escandaloso todo que quienes se suponía que no tendrían ni si siquiera vergüenza del escándalo, tuvieron vergüenza.

Todo el episodio debería servir para medir a la procuradora Gils Carbó, que, por un mínimo de dignidad debería renunciar y dejar su cargo.

En otro hecho que repasa la realidad argentina de los últimos días, rusos y ucranianos discuten quién derribó de un misilazo el avión de Malasia Airlines MH17. La fotos de la presidente pavoneándose con Putin nos vuelven a poner en el lugar equivocado; en el lugar de la violencia y de la no-democracia.

Sea que el misil fuera dirigido para matar a Putin o disparado por Putin, la Argentina anda eligiendo este tipo de aliados por el mundo, del mismo modo que antes había escogido suscribir un tratado con Irán, el sospechoso número 1 de ser el autor intelectual de la voladura de la AMIA cuyo vigésimo aniversario se recordó el viernes.

Parece mentira, pero uno llega cada vez con más convicción a la conclusión de que las decisiones de política internacional (y muchas de política doméstica) son simplemente elegidas para irritar a los EEUU, para despechar a quien creemos no nos atiende como merecemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con Rusia? ¿ O con Iran? ¿Qué tienen que ver nuestras tradiciones y nuestras instituciones (si es que queda algo de ellas) con todo eso? ¿Cuáles son los puntos de contacto de la filosofía de nuestra Constitución con esa mezcla de autoritarismo, falta de democracia, yugo, imperialismo y ezquizofrenia religiosa? Evidentemente, con tal de mojarle la oreja a Washington preferimos salir en la foto con derribadores de aviones civiles o con terroristas que vuelan edificios y matan argentinos.

En otra salida incomprensible de falta de consideración y de un desoír completo de las opiniones de la calle, la presidente acaba de crear un cargo de “coordinación” dentro del ministerio de Salud para que se ocupe de cuestiones entre la Nación y la ciudad de Río Gallegos y no tuvo mejor idea que designar allí a su nuera, Rocío García, con un sueldo de $ 30.8000 mensuales. Se trata de una dependencia nueva (“Coordinadora de Articulación Local de Políticas Sanitarias”), creada ad hoc, que no existía hasta el momento y cuya misión aparece envuelta en una nube de sanata parecida a la que dio forma a otro “coordinador”, el del “Pensamiento Nacional”, Ricardo Forster.

Los tres temas comentados parecen no tener un hilo conductor y, al contrario, estar completamente desconectados. Sin embargo, hay en ellos un denominador común. Se trata del “no me importa nada”. ¿Campagnoli es un fiscal probó que hace su trabajo? No me importa nada; me molesta y lo echo.

¿Putin e Irán irritan por lo que implican a muchos argentinos? No me importa nada; me alío con ellos así enfurezco a Obama. ¿La gente está cansada del nepotismo y que los sueldos públicos sean una fuente de fortuna para familiares y “acomodados”? No me importa nada, nombro a mi nuera porque quiero ir construyendo poder para el futuro de mi familia…

En este mar de desconsideraciones se debate la administración del país. Mientras la inseguridad, la inflación, el deterioro, el aumento de las villas miseria, la pobreza, siguen su camino por detrás del relato que asegura que hemos ganado la década.

Haciendo los deberes

Hoy a las 11 de la mañana se llevará a cabo una audiencia de presentación de pruebas contra el fiscal José María Campagnoli, en un paso más hacia su destitución por juicio político.

Recordemos que Campagnoli fue suspendido de su cargo y su fiscalía de Saavedra semidesmantelada por haber “investigado de más” en una causa que lo llevó directamente a Lázaro Báez.

Mientras analizaba las conversaciones grabadas de un barra de River con otra persona -que resultó ser el hermano de la actual ministra de seguridad Cecilia Rodriguez-, Campagnoli accedió a pruebas palmarias sobre un caso de lavado de dinero de la empresa Austral Construcciones. Como no podía ser de otra manera, dado su cargo de fiscal, abrió una línea de investigación sobre esos pormenores que, efectivamente, no estaban en la causa original.

Ese es el sacrilegio que le imputan. Según Gils Carbó -la procuradora que más que procuradora del Estado parece ser procuradora del gobierno-, Campagnoli debería haberse abstenido de abrir esa línea de investigación contra Báez porque no era su causa original (la de los barras)

En lugar de mandar a los otros fiscales a imitar a Campagnoli, que honró la excelencia del ministerio público tratando de esclarecer un delito, el gobierno quiere echarlo de su puesto por eso.

El tribunal que lo juzga tiene mayoría kirchnerista de 4 a 3. El fiscal que elevó el dictamen del ministerio público en su contra fue Javier De Luca, el hombre de Justicia Legítima que acaba de enseñarnos que el delito no es delito, sino “conflicto social” y que las penas a los que roban y matan deben ser abolidas porque en realidad esos hechos son la consecuencia de las maldades que la sociedad cometió antes, excluyendo y segregando a parte de la población a la que no le quedó otro camino que volcarse a lo que los burgueses llaman “crimen” y él “conflicto”.

La audiencia que decidió la suspensión y el desmantelamiento de la fiscalía de Saavedra no permitió el ejercicio del derecho de defensa ni la presentación de pruebas a Campagnoli. En un día lo puso fuera de su cargo, le bajó 40% su sueldo y le impidió seguir trabajando. “Estoy a su disposición, Sra. presidente”, había dicho Gils Carbó cuando la Sra. de Kirchner le tomó juramento.

Estas negativas, por cierto, no se tienen ni con el peor de los delincuentes. Si algún juez negara los beneficios de la defensa y de las pruebas al acusado de cualquier delito, terminaría expulsado de su juzgado -como correspondería, por otra parte- al caer en uno de los principales vicios del totalitarismo.

Pero eso, precisamente, es lo que el gobierno ha hecho con Campagnoli, en decisiones tomadas entre gallos y medianoche y sin que ninguna voz haya podido oponerse a ese avance atronador del poder.

Ahora, para la audiencia de hoy, se ha dispuesto un operativo poco menos que secreto. Campagnoli había pedido que el acto fuera abierto, que pudiera ingresar la prensa y los legisladores que quisieran participar y que todos pudieran escuchar los cargos y las pruebas que se presenten, como asi también las que él arrimara para sustentar su posición en el caso. Pero toda esa aspiración no solo fue rechazada sino que se dispuso expresamente que el ingreso sea completamente restringido.

La destitución del fiscal dará un paso más hacia su concreción. El tribunal que lo juzga carece de la más elemental característica que debe tener un juez: la imparcialidad, la equidistancia y la limpieza de los procedimientos.

El caso de Campagnoli es uno de los emblemas de la falta de escrúpulos del gobierno para llevar adelante lo que se propone contra todo y contra todos, a la vista de todo el mundo y sin que le importe en lo más mínimo la forma republicana de gobierno, el respeto a las instituciones y la defensa en juicio.

Cuando Daniel Reposo -el asombroso candidato a procurador que el gobierno presentó al Senado luego de que Boudou consiguiera echar a Esteban Righi- pasara el papelón que pasó en la Comisión de Acuerdos en donde un asistente pelado le soplaba todas las respuestas mientras el senador Sanz se quejaba “che, el pelado le está soplando todo…”, desde estas columnas sospechamos que aquello no podía ser otra cosa que una escenografía plantada: un hombre que nadie podía aprobar, pondría a la oposición frente a la opción de hierro de rechazarlo. Con esa carga sobre sus espaldas, los senadores de la oposición no se animarían a rechazar al siguiente candidato si éste era al menos “presentable”.

Fue lo que ocurrió con Gils Carbó, una verdadra soldado del gobierno. ¿Habría sido aprobada la actual procuradora si hubiera sido candidata de entrada? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que nadie se animaría a rechazarla después de haber rechazado a otro. Los propios senadores radicales lo admitieron sin disimulo en conversaciones privadas.

Este escenario allanó el camino a Gils Carbó. Lo demás es historia conocida: Justicia Legítima, Campagnoli, e innumerables pruebas de un alineamiento militante desde un lugar que, en una República normal, debería ser garantía de independencia, de investigación y de control.

El truco de los perejiles

El viejo truco de emprenderla contra los giles para hacer un poco de ruido que deje conformes a los que reclaman mientras, por el otro lado, se deja vivitos y coleando a los responsables principales de los hechos. Esto es lo que parece haberse operado en el juzgado de Casanello con el procesamiento de Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

Resulta obviamente más fácil caerle a estos dos “perejiles” que profundizar una investigación sobre el empresario patagónico de las “cavas” domésticas que quién sabe adónde puede terminar.

Empecemos por recordar que, de la carátula del expediente original, el nombre de Lázaro había sido eliminado por presión de la Procuradora General Gils Carbo, la soldado de la presidente que según sus propias palabras se puso “ su disposición” al asumir su cargo.

La militante de Justicia Legítima movió sus fichas para que en la portada del expediente solo quedaran los nombres del valijero Fariña y del arrepentido de sí mismo Elaskar. Solo la presión de la información pública hizo que el nombre de Báez no pudiera seguir ausente del título de aquel expediente.

De todos modos -dado lo que ahora conocemos- la decisión de sacar al dueño de Austral Construcciones del centro de la investigación ya estaba tomada.

Fariña y Elaskar están procesados por el lavado de casi 60 millones de dólares en una causa que involucró la participación de una cadena de empresas fantasma y que recorrió Panamá, EEUU y Suiza.

El valijero declaró públicamente que él trabajaba para Báez y que ese dinero no le pertenecía a él sino al empresario patagónico. El mediático ex esposo de Karina Jellinek también dio a entender que Báez tampoco era el último eslabón de la cadena en esa generación turbia de fondos.

Es esa escalera ascendente en la averiguación del origen de los fondos la que la Justicia se niega a escalar.

Hay documentación que a esta altura es pública y que ha circulado desde la televisión hasta las manos del fiscal Campagnoli que deja a los procesados de ayer a la altura de unos nenes de pecho cuando se compara su involucramiento con el de otros peces gordos.

Resulta obvio que Fariña y Elaskar han puesto a disposición su “trabajo” (uno su caradurez sin límites y el otro su ingeniaría financiera) para canalizar ciertas operaciones que permitieran sacar dinero al exterior y para volcarlo al circuito legal, pero que no son ni los cerebros ni los generadores de los hechos que terminan produciendo estas avalanchas de fortunas.

La Justicia debería investigar el origen final de los fondos. Casanello se apoya justamente en esos vericuetos para justificar por el momento el no procesamiento de Báez. Pero si la investigación va a continuar algún día por el sendero del sentido común, no caben dudas de que el hilo debería desenredarse hacia las actividades que generaron esos dineros.

Luego, por su puesto, está la ingeniería que constituye empresas aquí y allá par confundir y hacer dificl la trazabilidad de la ruta. Pero el núcleo central de la investigación debería consistir en averiguar qué produjo esas fortunas.

Y es allí donde la investigación a Lazaro Báez puede volverse vidriosa. El empresario patagónico, que era oficial de cuentas del Banco de Santa Cruz, tenía una amistad muy cercana con los Kirchner, fundamentalmente con Néstor. Fue el ex presidente el que lo sacó del Banco para aprovechar todo el conocimiento que Báez tenía de la gente con deudas en Santa Cruz.  Con esa base de datos Kirchner se constituyó en un financista paralelo al sistema financiero oficial de la provincia. Hasta aquellos días se remonta su amistad.

Cuando Kirchner llega al gobierno, Báez se transforma milagrosamente en un empresario de la construcción con una capacidad admirable para ganar licitaciones.

Si bien Casanello fundamentó su decisión respecto de Elaskar y Fariña en el hecho de que se trata de operaciones realizadas en el mercado local y que, respecto de Báez, aún está esperando información internacional, lo cierto es que unas operaciones (las de expatriación de capitales en la que está acusado Báez) no podrían ser posibles sin las otras.

La señal dada ayer por la Justicia ayer parece dar validez a la versión más farándulezca de los episodios sin vocación por profundizar los costados más oscuros del caso.

Cuando los nombres de Fariña y Elaskar saltaron al dominio público, el gobierno hizo un esfuerzo muy notorio para llevar el caso a los programas mediáticos de chimentos, aprovechando la aparición de algunos personajes que tenían que ver con el mundo del espectáculo como la mujer de Fariña, Karina Jellinek, o Ileana Calabró, la esposa de Fabián Rossi, uno de los involucrados en los trámites de constitución de empresas en el exterior que llevaba adelante “la Rosadita” de Elaskar.

Pero la Justicia no debería “comerse ese amague” y, al contrario, debería tratar de profundizar la línea de investigación que intente descubrir dónde se originaba el dinero que Báez confiaba a Fariña y Elaskar para que lleven de un lado a otros en una maraña financiera-legal que, sobre todo Elaskar, daba muestras de manejar con maestría.

Yendo al grano

Las audiencias que propuso la Corte Suprema a las partes en conflicto por la Ley de Medios sirvieron como escenario para un nuevo round de actuaciones que poco tienen que ver con lo único que importa en esta cuestión: saber si la ley supera el test de constitucionalidad.

Hacer ese análisis es bastante sencillo y queda muy lejos de las consideraciones incendiarias que se escucharon en las encumbradas salas del más alto tribunal del país.

Aquí no está en juicio el “ocultamiento de un genocidio” como afirmó actoralmente la defensora del público Cynthia Ottaviano, o la “violación de los derechos humanos” como aseguró la épica pomposa de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Aquí, de nuevo, lo único que se necesita saber es si la Ley de Medios viola o no la Constitución.

Los artículos discutidos de la ley son el 41, el 45 y el 161. Lo que hay que ver es qué dicen esos artículos y qué dice la Constitución. Todo lo demás es cartón pintado, como diría Kicillof.

El artículo 41 establece la prohibición de la transferencia de licencias de radio y televisión (abierta y por cable). El 45 impone límites a la propiedad territorial de licencias de radio y TV (abierta y por cable). El 161, finalmente, obliga a deshacerse de todas las licencias sobrantes a los que caigan en ese encuadre según la aplicación del 45. Este es el corazón discutido de la ley.

Veamos ahora el contraste de esos artículos con lo que dice y garantiza la Constitución.

El artículo 17 de la Ley Fundamental asegura que la propiedad es inviolable y garantiza a su titular su uso y disposición. En ese sentido, el artículo 41 es inconstitucional porque con su prohibición para transferir licencias borra el derecho del dueño de comercializar su derecho, de vender y de comprar. Pone fuera del comercio una actividad completa, una actividad a la que el titular ingresó legalmente y sin violar el orden jurídico.

Si bien en la Argentina los dueños de licencias no tienen la propiedad de la “onda” (que sigue en poder del Estado), sí son propietarios de su usufructo y ese derecho es susceptible de uso y disposición en los términos de la garantía constitucional del artículo 17. Por eso toda norma que lo restrinja viola esa garantía.

El artículo 45 es inconstitucional porque le prohíbe a unos lo que le permite a otros en igualdad de circunstancias. En efecto, el artículo establece límites a la titularidad de empresas de TV abierta y por cable (estas últimas que no ocupan espacio del espectro radioeléctrico) mientras que no establece ningún limite para las empresas de TV satelital. Se trata de una norma escrita poco menos que con nombre y apellido, lo cual es violatorio del artículo 16 de la Constitución. Además, el silenciamiento de las voces que hoy se escuchan por las señales que se cerrarían es violatorio del artículo 14 que garantiza la libre expresión de las ideas por la prensa, sin restricciones y sin censura previa.

El artículo 161 es inconstitucional porque por lo dispuesto en el artículo 19 de la CN, en la Argentina “nadie esta obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de los que ella no prohibe”. El Grupo Clarín -para hablar sin rodeos- adquirió todas las licencias de que dispone en un momento en el que la ley “no lo privaba de hacerlo”. Adquirir esos bienes no estaba prohibido por lo que nadie podía privar a nadie de adquirirlos. Por las garantías del artículo 14 (“las leyes deben ser anteriores al hecho del proceso”) una ley posterior no puede transformar en propiedad ilegal la propiedad que era legal al momento de ser adquirida y por lo tanto nadie puede obligar a su dueño a desprenderse de ellas.

Este es el análisis puro y simple de la “cuestión constitucional”. Los demás aditamentos son apelaciones panfletarias para la consecución de un fin. En ese marco deben ser analizadas las declaraciones poco felices de ayer de la presidente sobre las “balas de tinta” que utiliza el periodismo.

Un gobierno está en todo su derecho de ordenar las licencias de los medios audiovisuales. Pero no puede hacerlo violando los derechos adquiridos. Para eso hay que esperar que se venzan los plazos de las licencias actuales (que, en muchos casos, este mismo gobierno concedió) y aplicar el nuevo marco de allí en adelante.

El gobierno tendrá, en este aspecto, un poder de organizador, pero nunca podría bajo el ejercicio de esa excusa violar el artículo 32 de la Constitución que le impide al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa o establecer sobre ella la jurisdicción federal. Algún juez ultra expeditivo podría incluso fulminar toda la ley de medios por violar este último artículo, si no quisiera tomarse el trabajo de analizar puntualmente cada uno de los otros.