Por: Carlos Mira
Finalmente el Senado le dio sanción a la ley que deroga las leyes cerrojo y de pago soberano para allanar el camino que termine con la salida definitiva del default. Más allá del contenido positivo que en sí misma contiene esta decisión, no se deben dejar de lado las circunstancias políticas que rodearon este comportamiento legislativo, tanto en Diputados como en Senadores.
En efecto, el hecho de que porciones importantes de la oposición más cerrada del peronismo —reunida en el llamado kirchnerismo— hayan votado con el resto de los legisladores del oficialismo y de sus aliados permanentes o específicos para estas leyes constituye un hecho histórico que no debe dejar de mencionarse ni comentarse.
El senador Miguel Ángel Pichetto fue ayer tan lejos como para decir que había “recuperado la capacidad de pensar por sí mismo”, en una tácita confesión de que, durante los años de la “década ganada” no sólo él sino varios peronistas habían sido abducidos por una fuerza centrífuga que secuestró a gritos y prepotencias los más íntimos pliegues de las conciencias de muchos dirigentes que no se atrevieron a saltar ese cerco de esclavitud y estuvieron de acuerdo en rebajarse hasta ponerse de rodillas para darle el gusto a jefes que no se sabe con qué los amenazaban. Resulta obvio que con gente que no piensa por sí misma y que está entregada a un mando mesiánico que cree que es la encarnación misma de la sabiduría no se puede ir muy lejos.
La mayor importancia de lo que se votó ayer en el Senado radica precisamente en eso: en que la Argentina vuelva a ser un país en donde el consenso sea posible y en donde las diagonales de los acuerdos reemplacen los bandos militares que seguirán llevando ese nombre aunque sean emitidos por Gobiernos civiles votados por el pueblo.
Resulta indudable que el primero que debe recibir este mensaje es el peronismo. Para probar ese extremo no hace falta mucho más que decir que poco menos que al mismo tiempo que parte de sus dirigentes daban ese ejemplo en el Congreso, otros encabezados por el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, llamaban a la gente del Conurbano bonaerense a salir masivamente a las calles para voltear al Presidente. Resulta increíble que no haya aparecido hasta ahora ningún fiscal a poner en funcionamiento los mecanismos de la ley de defensa de la democracia y abrir las causas que correspondan y que se desprenden del artículo 22 de la Constitución, que condena con el delito de sedición a los que se alcen contra las autoridades legítimamente constituidas.
En estas cosas se aprecian los aspectos prácticos de un Ministerio Público cooptado por quienes muchos llaman la “encubridora general de la nación”, la Dra. Alejandra Gils Carbó. ¿No encuentra acaso la procuradora motivos suficientes para que algún subordinado suyo abra una causa contra Espinoza y contra los otros dirigentes del Frente para la Victoria que lo secundaron en su delirante propuesta?, ¿o será que la ley para la defensa de la democracia es, en realidad, una ley para la defensa de los Gobiernos de ciertos partidos de la democracia y no de todos?
Lo cierto es que, una vez más, es el peronismo el que le debe una prueba definitiva al país de que realmente se transformó en un partido civilizado, que acepta la alternancia democrática y que no conspira contra todo lo que no le pertenezca. El golpismo declarado que manifestó Espinoza no es extraño a la naturaleza del peronismo. Ya lo había dicho Luis Barrionuevo en la mesa de Mirtha Legrand: “¿Cuánto duraría Macri si nosotros salimos a la calle?”. Esa amenaza con la calle debe terminar. Hace rato que decimos, desde estas columnas, que las calles deben ser para circular, para ir a trabajar, para andar por la vida, para reunirse pacíficamente, para unir un punto con el otro, pero no una propiedad que algún partido se adjudique para, desde allí, extorsionar a quien ese “dueño” se le ocurra.
Volviendo al corazón de lo que el Senado convirtió en ley ayer, debemos decir que se trata de una condición necesaria, aunque no suficiente, para continuar con la tarea de ordenar el colosal desbarajuste dejado por la Sra. Cristina Fernández y su inexperto y arrogante ministro, el pequeño ignorante ilustrado Axel Kicillof.
La derogación de leyes que habían significado un tiro en el pie de la propia Argentina (porque por las leyes cerrojo y de pago soberano el país se había autobloqueado la capacidad de negociar cualquier salida con los acreedores que complicaban seriamente el frente externo) allana el camino de solución al default y al pago de los acreedores que sí habían entrado a los canjes de 2005 y 2010, a los cuales no se les paga desde hace casi dos años. Esa ficha es una más que se pone en su lugar. El armado del rompecabezas que dejó el kirchnerismo es la parte costosa que el nuevo Gobierno debía transitar en estos meses. Otras fichas de ese mismo puzle las componen el reordenamiento de los precios relativos de los servicios públicos, cuyo acomodamiento está generando ruidos en materia de inflación y hasta de convivencia interna en el frente Cambiemos. Pero era imposible evitar este tránsito. Sin un frente externo arreglado y sin precios relativos encuadrados y proporcionalmente armonizados, era imposible sentar las bases del crecimiento genuino de la economía y del empleo.
Esta es otra lección que el peronismo debe aprender y de la cual también debe dar una señal clara a la sociedad de que la aprendió y de que ya no coqueteará con la demagogia fácil para complicar inútilmente el camino del que viene a poner en orden el desarreglo causado por aquellas irresponsabilidades. En este aspecto, es crucial el crecimiento mental de la dirigencia sindical.
Desde que la democracia se recuperó, hace 33 años, se viene hablando de los acuerdos de La Moncloa, como si la experiencia española fuera trasladable así nomás a los márgenes del Plata. Prueba de que eso puede ser deseable pero no posible simplemente porque a alguien se le ocurra ha sido el hecho de que, justamente, ha pasado todo este tiempo sin que esos acuerdos hayan podido alcanzarse.
Quizás —sólo quizás— ahora, sin que nadie lo proponga expresamente, esos acuerdos puedan empezar a gestarse de modo tácito, de a poco y sin que su concreción sea un objetivo buscado específicamente. Por supuesto que, en ese caso, lo que importará es el resultado y no la espectacularidad de un acto transmitido a todo el mundo, en donde la dirigencia argentina se compromete con el sentido común. Si ese compromiso va surgiendo por el imperio de los hechos y no tiene los ribetes pomposos de La Moncloa, no importa. Lo verdaderamente importante es que ese piso de tolerancia, que expulse a los impresentables como Espinoza y multiplique a los racionales como Pichetto, exista y se solidifique. El peronismo tiene una enorme responsabilidad en que eso suceda, porque los impresentables y los racionales le pertenecen por igual.