Hoy a las 11 de la mañana se llevará a cabo una audiencia de presentación de pruebas contra el fiscal José María Campagnoli, en un paso más hacia su destitución por juicio político.

Recordemos que Campagnoli fue suspendido de su cargo y su fiscalía de Saavedra semidesmantelada por haber “investigado de más” en una causa que lo llevó directamente a Lázaro Báez.

Mientras analizaba las conversaciones grabadas de un barra de River con otra persona -que resultó ser el hermano de la actual ministra de seguridad Cecilia Rodriguez-, Campagnoli accedió a pruebas palmarias sobre un caso de lavado de dinero de la empresa Austral Construcciones. Como no podía ser de otra manera, dado su cargo de fiscal, abrió una línea de investigación sobre esos pormenores que, efectivamente, no estaban en la causa original.

Ese es el sacrilegio que le imputan. Según Gils Carbó -la procuradora que más que procuradora del Estado parece ser procuradora del gobierno-, Campagnoli debería haberse abstenido de abrir esa línea de investigación contra Báez porque no era su causa original (la de los barras)

En lugar de mandar a los otros fiscales a imitar a Campagnoli, que honró la excelencia del ministerio público tratando de esclarecer un delito, el gobierno quiere echarlo de su puesto por eso.

El tribunal que lo juzga tiene mayoría kirchnerista de 4 a 3. El fiscal que elevó el dictamen del ministerio público en su contra fue Javier De Luca, el hombre de Justicia Legítima que acaba de enseñarnos que el delito no es delito, sino “conflicto social” y que las penas a los que roban y matan deben ser abolidas porque en realidad esos hechos son la consecuencia de las maldades que la sociedad cometió antes, excluyendo y segregando a parte de la población a la que no le quedó otro camino que volcarse a lo que los burgueses llaman “crimen” y él “conflicto”.

La audiencia que decidió la suspensión y el desmantelamiento de la fiscalía de Saavedra no permitió el ejercicio del derecho de defensa ni la presentación de pruebas a Campagnoli. En un día lo puso fuera de su cargo, le bajó 40% su sueldo y le impidió seguir trabajando. “Estoy a su disposición, Sra. presidente”, había dicho Gils Carbó cuando la Sra. de Kirchner le tomó juramento.

Estas negativas, por cierto, no se tienen ni con el peor de los delincuentes. Si algún juez negara los beneficios de la defensa y de las pruebas al acusado de cualquier delito, terminaría expulsado de su juzgado -como correspondería, por otra parte- al caer en uno de los principales vicios del totalitarismo.

Pero eso, precisamente, es lo que el gobierno ha hecho con Campagnoli, en decisiones tomadas entre gallos y medianoche y sin que ninguna voz haya podido oponerse a ese avance atronador del poder.

Ahora, para la audiencia de hoy, se ha dispuesto un operativo poco menos que secreto. Campagnoli había pedido que el acto fuera abierto, que pudiera ingresar la prensa y los legisladores que quisieran participar y que todos pudieran escuchar los cargos y las pruebas que se presenten, como asi también las que él arrimara para sustentar su posición en el caso. Pero toda esa aspiración no solo fue rechazada sino que se dispuso expresamente que el ingreso sea completamente restringido.

La destitución del fiscal dará un paso más hacia su concreción. El tribunal que lo juzga carece de la más elemental característica que debe tener un juez: la imparcialidad, la equidistancia y la limpieza de los procedimientos.

El caso de Campagnoli es uno de los emblemas de la falta de escrúpulos del gobierno para llevar adelante lo que se propone contra todo y contra todos, a la vista de todo el mundo y sin que le importe en lo más mínimo la forma republicana de gobierno, el respeto a las instituciones y la defensa en juicio.

Cuando Daniel Reposo -el asombroso candidato a procurador que el gobierno presentó al Senado luego de que Boudou consiguiera echar a Esteban Righi- pasara el papelón que pasó en la Comisión de Acuerdos en donde un asistente pelado le soplaba todas las respuestas mientras el senador Sanz se quejaba “che, el pelado le está soplando todo…”, desde estas columnas sospechamos que aquello no podía ser otra cosa que una escenografía plantada: un hombre que nadie podía aprobar, pondría a la oposición frente a la opción de hierro de rechazarlo. Con esa carga sobre sus espaldas, los senadores de la oposición no se animarían a rechazar al siguiente candidato si éste era al menos “presentable”.

Fue lo que ocurrió con Gils Carbó, una verdadra soldado del gobierno. ¿Habría sido aprobada la actual procuradora si hubiera sido candidata de entrada? Nadie lo sabe. Pero lo que sí es seguro es que nadie se animaría a rechazarla después de haber rechazado a otro. Los propios senadores radicales lo admitieron sin disimulo en conversaciones privadas.

Este escenario allanó el camino a Gils Carbó. Lo demás es historia conocida: Justicia Legítima, Campagnoli, e innumerables pruebas de un alineamiento militante desde un lugar que, en una República normal, debería ser garantía de independencia, de investigación y de control.